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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Auditoría Superior de la Federación la práctica de auditoría ante el desfalco por parte del gobierno del estado de Baja California, que ha provocado dejar sin pago a docentes jubilados, pensionados así como interinos.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.


C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

SENADO DE LA REPUBLICA.

P r e s e n t e.

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, fracción III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se requiere, con toda atención, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación la práctica de auditoría ante el desfalco por parte del Gobierno del Estado de Baja California que ha provocado dejar sin pago a docentes jubilados, pensionados así como interinos, con base en las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Desfalco en Baja California.

Un millón trescientos mil niñas y niños han perdido días de clase en la entidad. El sistema de educación básica se encuentra dislocado. Las y los docentes se vieron obligados a irse al paro. Van tres días sin personal docente en las aulas y tres de protestas: plantones en los centros de gobierno de los cinco municipios. Quedaron cerradas alrededor de mil escuelas en toda la entidad. Tan solo en Ensenada, donde se encuentran más de mil quinientos profesores jubilados y pensionados, cerraron sus puertas 117 planteles. En este Municipio, las escuelas afectadas son 38 jardines de niños, 34 primarias, 33 secundarias y 2 centros de educación especial. En las 332 escuelas estatales de Tijuana tampoco hubo clases: de niveles de preescolar, primaria y secundaria. Se sumaron a las muestras de inconformidad 14,500 docentes y trabajadores de apoyo a la educación por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE y siete mil del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación SETE.

Con antelación, habían interpelado a las autoridades tanto educativas como de finanzas del Estado para que resolvieran su problemática. Anticiparon que se verían forzados a recurrir a su legítimo derecho y llevaron a cabo suspensiones de labores. Solicitaron resultados y por única respuesta recibieron evasivas. Los trabajadores de la educación reclaman el pago inmediato a maestros pensionados y jubilados. También a doscientos trabajadores interinos se les adeuda por los servicios prestados. Se trata de siete mil quinientos jubilados y pensionados que no recibieron su depósito. El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California ISSSTECALI, a requerimiento de la Secretaria General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, manifestó que no está en aptitud de realizar la operación pues la parte patronal, es decir, el Gobierno del Estado no concretó las ministraciones de recursos. En esta ocasión el faltante asciende a la cantidad de $305’000,000. Los afectados son 8,239 docentes: 7,039 pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación así como 1,200 al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Al resultar infructuosos los llamados de las organizaciones de trabajadores, por conducto de sus dirigentes, el personal docente en activo se sumó a las justas demandas y acompañan con el paro de labores a las y los pensionados.

El daño ocasionado a los pensionados y jubilados es grave. Todos ellos prestaron servicios educativos por más de 30 años para alcanzar su jubilación o, en su caso, una pensión. Son, sin excepción, personas adultas mayores. Requieren, en consecuencia, de su ingreso con urgencia pues tienen gastos extraordinarios que no cubre la seguridad social como medicamentos, complementos alimenticios, entre otros. El grueso de las pensiones va de cinco a diez mil pesos, de modo que la mayoría de los trabajadores que dedicaron toda una vida a la formación de la niñez y juventud de Baja California, prácticamente viven al día. El retraso en el pago de sus pensiones tiene carácter catastrófico pues incurren en mora en los servicios públicos como suministro de energía eléctrica, de agua potable y gas, entre otros, los que deberán de cubrir con recargos e intereses. Las personas adultas mayores, de por sí un grupo vulnerable, incrementan sus carencias y los colocan al borde del nivel de pobreza, a pesar de haber prestado los servicios personales subordinados que exige la ley. La distracción de los recursos de las pensiones propicia el abandono y expone a las y los maestros a la exclusión. En pocas palabras, la falta de solvencia en las pensiones entraña, sin duda, un acto de discriminación en agravio de los pensionados y jubilados por parte de las autoridades que se supone tienen precisamente la obligación de asistirles y protegerles, en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7° de la Constitución Política del Estado.

El 30 de octubre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Baja California encontró vacías las arcas y no pudo hacer la dispersión de dinero a las cuentas de jubilados y pensionados. El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado adujo que la Federación no les había enviado los fondos. Sin embargo, en contraste, el Delegado de la Secretaría de Educación Pública externó que "La Federación en todo momento ha cumplido con sus compromisos presupuestales con el sector educativo, brindando apoyos extraordinarios las veces que se le ha solicitado en tiempo y forma.” Una y otra versión se produjeron a través de los medios de comunicación, nada de manera formal y menos de cara a los trabajadores de la educación y su organización sindical. Los dirigentes, formalmente reconocidos ante las autoridades laborales, se han quejado de que el Gobierno del Estado no da importancia al problema ocasionado por las propias autoridades, pues han sido omisos tanto el señor Gobernador como los titulares de las carteras de finanzas y educación en atenderlos, siendo canalizados con servidores públicos de segundo o tercer nivel sin poder o facultad alguna de resolución.

Malos manejos de los recursos públicos.

En su origen, la Ley Fundamental de 1917 colmaba la Parte Orgánica con enunciados normativos en torno a la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el esquema federal. Sin embargo, la corrupción galopante obligó años después a introducir sendos Títulos relativos al recto ejercicio del servicio público. En esta preceptiva destaca lo dispuesto en el artículo 134 constitucional que, por su trascendencia, se transcribe:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Con el propósito de que la integridad de la Hacienda y Finanzas Públicas no quedaran solamente en buenos deseos, se tuvo especial cuidado de establecer también en la Constitución la función de fiscalización. Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación la práctica de revisiones y auditorías para verificar el ejercicio y destino correcto de los dineros públicos. [*]

No es la primera vez que el Gobierno de Baja California incurre en anomalías graves en el ejercicio del gasto. Con frecuencia se registran irregularidades que trascienden al conocimiento público ya que se llega al extremo de no poder honrar los compromisos a su cargo, a pesar de encontrarse explícitamente establecidos en las partidas específicas del Presupuesto de Egresos para el Estado en los sucesivos ejercicios. La inmediata y clara respuesta del Gobierno Federal, a través del Delegado de la Secretaría de Educación Pública, respecto a la excusa esgrimida por el Secretario General de Gobierno en el sentido de no haber recibido los recursos de la Federación para hacer el pago a jubilados y pensionados, es razón más que suficiente para llevar a cabo una Auditoría. El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone expresamente lo siguiente, en su fracción III:

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos.

Es impostergable, ante la situación de urgencia en que se ha colocado a las personas adultas mayores que ejercieron la docencia en el Estado, que se aclare cuál fue el destino de los fondos que de origen iban dirigidos a pensionados, jubilados y maestros eventuales. El ocultamiento de los altos funcionarios públicos, empezando por el señor Gobernador del Estado, que resultan omisos en la atención del problema en demérito de la gobernabilidad democrática de la entidad, incrementa la necesidad de revisiones por terceros a las operaciones que se vienen mencionando en la entidad.

Es importante destacar que la probable sustracción de recursos que debían hacerse llegar al ISSSTECALI se inscribe en un contexto de operaciones cuestionadas por la sociedad civil organizada. En efecto, en lugar de hacer acopio de recursos que permitan hacer frente a las obligaciones periódicas para con los pensionados y jubilados del sector educativo, el Gobierno del Estado opta por canalizar recursos a proyectos y obras cuestionadas por destacadas organizaciones civiles, reconocidas como de interés público por la ley. Se trata de la implementación del C5 (Centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo), sin transparencia ni rendición de cuentas, tal y como lo ha señalado el Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública. En un marco de opacidad absoluta, el Gobierno del Estado comprometió recursos para los próximos años hasta por la cantidad de 789 millones de pesos, habiendo hecho el primero de múltiples desembolsos mensuales que ascienden a 19 millones de pesos. A lo anterior hay que sumar la manifestación hecha por el Gobernador de falta de liquidez en la última etapa de su administración, sin brindar a los habitantes de Baja California explicaciones claras, racionales y ordenadas al respecto. Es un principio de contabilidad y auditoría generalmente aceptado que allí donde se detecta desorden, irregularidades o anomalías, o al menos la falta de una explicación razonable en orden a los ingresos y egresos, se ha de practicar una revisión. Tomando en cuenta la situación de deterioro agudo en que se ha colocado a más de 1,500 maestros jubilados y pensionados, así como 200 profesores en activo que venían cubriendo interinatos en períodos del ciclo escolar, se requiere que la Auditoría Superior de la Federación intervenga por medio de la práctica de una auditoría para que de manera minuciosa se revise la congruencia entre el gasto y las partidas presupuestales, así como la debida observancia de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno del Estado de Baja California.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se requiere, con toda atención, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación para que disponga la práctica de una auditoría con carácter extraordinario en torno al destino que hayan tenido los recursos, ahora faltantes, para el pago a trabajadores de la educación pensionados y jubilados, así como profesores que cubrieron interinatos y, asimismo, se deslinden responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos tanto el Titular del Poder Ejecutivo del Estado como los funcionarios que sigan sus instrucciones en las diversas dependencias y que dejaron a personas adultas mayores sin los ingresos que en Justicia y Derecho les corresponden.

Atentamente.

Dado en la Sede del Senado de la República en la Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2018.

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM.


[*] Véase el artículo 79constitucional.