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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica


Del Sen. Joel Padilla Peña, a nombre del Sen. Alejandro González Yáñez, en nombre de las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Iniciativa 3 de 3 que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que las declaraciones sean auditables y sancionables.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


La iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de hacer auditables y sancionables las declaraciones patrimoniales y de intereses.

INICIATIVA 3 DE 3, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA QUE LAS DECLARACIONES SEAN AUDITABLES Y SANCIONABLES

Senador Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

El suscrito, Alejandro González Yáñez, Senador de la República de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa para adicionar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Separar la corrupción del neoliberalismo es imposible, desde nuestras concepciones hay dos causales para la corrupción: el Capital y el Poder. Además, no toda acción de corrupción se basa en el apoderamiento del dinero, también hay malversación, dolo, distracción, discriminación, maltrato, explotación despiadada, negligencia, nepotismo y amiguismo entre otras. Para hacerle frente, la corrupción no debe ser vista como un problema policiaco o judicial. Identificar sus orígenes sin embargo, resulta fundamental para proponer leyes apropiadas y acciones políticas que las hagan aplicables.

La corrupción, contrario a lo que insisten los medios de comunicación, no es solo responsabilidad del sector oficial, el estado o el gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado. Este sector privado tiene una gran influencia sobre el estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.

Existen dos formas de tratar el problema de la corrupción. Podemos abordarla desde el punto de vista normativo o desde el positivo. En la primera perspectiva se discute el deber ser. En la segunda, el ser. Así, en una se analiza lo que se debe hacer con la corrupción mientras que en la otra se trata de entender primero por qué ella existe.

Ahora bien, sólo una correcta visión positiva, es decir un diagnóstico acertado de lo que es la corrupción permite hacer una adecuada recomendación normativa, lo que debe ser, es decir una ley apropiada.

Con la corrupción sucede que las contradicciones políticas de los principales actores, se impone la visión normativa sobre la positiva. Todos y cada uno de los miembros de la sociedad mexicana creen tener la solución contra la corrupción y el castigo para los corruptos y son raros los que primero han intentado comprenderla.

Como resultado, la corrupción es rechazada y condenada por todos pero las políticas y las normas destinadas a combatirla son ineficaces, lo que genera una permanente insatisfacción ciudadana.

Según el Informe de Transparencia Mexicana (2017), en México, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción va en aumento. También 6 de cada 10 mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad corruptos y creen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción. El mismo informe arroja, por fortuna, que  7 de cada 10 están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción

Por otra parte, de acuerdo al ‘Barómetro Global de Corrupción 2017’, México es el país más corrupto de América Latina.

Los mexicanos perciben la corrupción de dos formas: La corrupción de los demás, que se refiere principalmente a la corrupción de los políticos y los poderes fácticos y la corrupción propia, que es percibida como una forma aceptable de justicia social o redistribución de riqueza.

Pero en concreto, senadoras y senadores, ¿qué es la corrupción? La palabra corrupción, del término latín corruptio, encierra diferentes significados que van desde la acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien.

 En los 3 índices más importantes del mundo el panorama de la corruptio de México es desolador, por decir lo menos. Según Transparencia Internacional: Somos el 123 de 176. En el Foro Económico Mundial somos el 116 de 137 y en los índices de Proyecto de Justicia Mundial somos el 99 de 113 en “Ausencia de Corrupción” y el 108 de 113 en “Justicia Criminal”.

Es bueno recordar, compañeras senadoras y compañeros senadoras, que la combinación de estos índices se usan como parámetro de medición de Riesgo País, por empresas e instituciones.

La corrupción es un fenómeno de muchos factores y múltiples causas, de manera que las soluciones que se propongan deben tenerlas en consideración Es la gran enfermedad que entorpece y dificulta la capacidad del Estado mexicano para crear mejores condiciones de vida para todos. No es un crimen sin víctimas. Cada acto de corrupción, además de beneficiar a un corrupto, genera daños, costos y perjuicios para toda la sociedad.

Investigar, hacer justicia y sancionar en cada caso que se presenta, es la única manera de recuperar la legalidad y la legitimidad que debe acompañarla.

El diseño del sistema para combatirla, debe partir de las mejores prácticas y experiencias internacionales, pero debe crearse con base en un profundo conocimiento y entendimiento del fenómeno propio de México.

Los mexicanos debemos dejar atrás la idea de la que corrupción es parte ineludible del destino de México. Estamos persuadidos de que es posible construir un país mejor.

Según las últimas cifras de la organización Transparencia Internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la corrupción mexicana equivale a 2% del PIB, unos 347,000 millones de pesos (mdp) anuales, aproximadamente.

 Para hacernos una idea, con ese dinero se podría duplicar el gasto del IMSS y atender al doble de gente, o al mismo número, pero con mejores equipos, medicinas, instalaciones y doctores. Si se dedicara a la educación, alcanzaría para multiplicar por diez el número de alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El fenómeno de la corrupción política en la actualidad suele verse como un elemento inherente a la realidad mundial, y una nación podrá alcanzar una mejor imagen internacional cuando menos condescendiente sea con este fenómeno. Su nivel de tolerancia o la fortaleza de sus leyes para combatirla evidencia la madurez política de cada país.

Es una tendencia social que en países con determinados intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se den con más frecuencia. Por esta misma razón deben existir organismos nacionales e internacionales, oficiales y privados, que tengan por tarea supervisar el nivel de corrupción administrativa del país.

No debe existir conducta administrativa grave y no grave que no tenga sanción, la transparencia es parte de la Cuarta transformación.

Debemos garantizar que los eventuales infractores, no queden sin sanción y que las innumerables conductas que transgreden la legalidad administrativa estén claramente tipificadas en la ley y nada abra espacios a la impunidad.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la presente iniciativa para quedar como sigue:

Sección Segunda

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Artículo 32. Estarán obligados a presentar de manera pública las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las

Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores

Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Para todo efecto, estas declaraciones deberán ser auditables y, en su caso, los transgresores deberán ser sancionables.

Transitorios

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 23 de octubre del 2018.

Senador Alejandro González Yáñez

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo