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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Joel Padilla Peña, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se plantea reforma constitucional en materia de democracia participativa para garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


La iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos.

Del senador Joel Padilla Peña a nombre de las senadoras y lo senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que se plantea: reforma constitucional en materia de democracia participativa para garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos.
 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VOZ CIUDADANA EN PARLAMENTOS, CABILDOS Y CONCEJOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  1. Introducción

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” [*] De acuerdo con nuestra Carta magna, el pueblo mexicano es el titular de la soberanía, del poder público. Sin embargo, el artículo 40 constitucional establece que el pueblo ha decidido constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. Por lo tanto, México es una democracia representativa.

En México, la representación de la soberanía la ejercen los Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas, como lo establece el artículo 41 constitucional. Para el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, “no hay mayor expresión soberana del pueblo que el establecimiento de bases sobre las cuales se desarrollarán los mecanismos de representación política y la elección de los integrantes del poder público.” [*] Por lo tanto, el pueblo y la ciudadanía deben participar activamente en las decisiones públicas de nuestro país.

Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una democracia meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros mecanismos formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios electorales de manera periódica.  En ese año se introdujeron a la Constitución una serie de mecanismos innovadores tanto de democracia representativa como de democracia directa.

Por primera vez, desde 1946 la Constitución y la normativa electoral rompieron el monopolio democrático de los partidos políticos y se reconoció el derecho al voto pasivo de los ciudadanos mediante la figura de las candidaturas independientes. Asimismo, se introdujeron dos elementos innovadores de democracia directa o participativa al marco constitucional: la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Sin embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes en la realidad ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas.

De esta manera, en la Cuarta Transformación de la República es necesario consolidar la transición a la democracia sustantiva y directa. Para lograrlo, se deben eliminar los candados y requisitos que hacen nugatorio el derecho a la participación política de la ciudadanía en las deliberaciones públicas e incluir mecanismos que la amplíen, tal como la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos.

2. Democracia directa

En los últimos años, ha surgido un importante debate en México que confronta dos tipos de democracia: la democracia directa (o participativa) con la democracia representativa. De hecho, la discusión actualmente está en auge ante la consulta que conduce el Presidente electo sobre la continuación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.
Jean Jacques Rousseau notó la tensión en estos conceptos hace algunos siglos y se convertiría en uno de los máximos exponentes de la democracia directa. Para él, los representantes usurpan la autoridad del pueblo, pues la soberanía reside en el pueblo. Para el autor,  “la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula.” [*]

                Sin embargo, hoy la concepción dominante de democracia es la democracia representativa y procedimental. Benjamin Constant, en su ensayo “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los modernos” analiza las diferencias entre la libertades moderna y antigua a partir de la democracia.  Para Constant, “la finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria” [*]. Constant prefiere el método representativo sobre el directo, pues garantiza las libertades individuales. Sin embargo, afirma que se debe ejercer vigilancia sobre las autoridades electas y “reservarse, en épocas que no estén separadas por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si han equivocado sus votos, y de revocar los poderes de los que ya han abusado” [*]. Así, Constant propone generar un equilibrio entre mecanismos de representación y de democracia directa.

En una discusión con Michelangelo Bovero, Luigi Ferrajoli hace una crítica a la concepción actual de la democracia, pues la definición actual o dominante -como él la denomina- únicamente se reduce a una serie de mecanismos por medio de los cuales se forman preferencias. A esta definición, Ferrajoli la denomina democracia procedimental. Se le denomina de esta manera ya que los procedimientos son los únicos relevantes para determinar si una sociedad en específico es democrática o no. Sin embargo, Ferrajoli afirma que se trata de una condición necesaria mas no suficiente para considerar a un sistema democrático.  Así, propone la inclusión de elementos sustantivos a la definición de democracia por lo que se estaría ante la democracia sustantiva.

                En su concepción originaria, el demos es órgano encargado de tomar las decisiones públicas de manera directa, sin intermediarios. El demos, a su vez, está integrado por individuos. Sin embargo, el Estado debe garantizar que estos individuos se integren y participen de manera activa en las deliberaciones de los asuntos públicos. Es decir, no se trata de atomizar a los individuos como lo propone el neoliberalismo, sino generar cohesión e inclusión para practicar la democracia. En este sentido, la democracia se entiende como la efectiva participación no solo del pueblo, sino también de sus integrantes en la vida pública. Garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos se convierte, entonces, en la reapropiación de estos espacios por parte del pueblo, del demos.

                Por su parte, Robert Dahl sostiene que la democracia es el derecho que tiene todo ciudadano de antagonizar al gobierno en turno. Para él, la democracia se trata de la efectiva revelación de las preferencias. En otras palabras, la democracia es una serie de mecanismos mediante los cuales las autoridades y representantes escuchan efectivamente a la ciudadanía y con base en este diálogo se ejercen actos de autoridad. Nuevamente, nos enfrentamos a la democracia procedimental. Pero, se debe aceptar, deben existir mecanismos para que todos los individuos puedan participar en los asuntos públicos.

                Para Cornelius Castoriadis, la única democracia es la directa. Así, argumenta que “una democracia representativa no es democracia, sobre esto estoy de acuerdo, no ya con Marx , sino sencillamente con Rousseau, que observaba que los ingleses solo eran libres el dia que elegían a sus representantes. Y ni siquiera ese día. Porque cuando llega ese dia ya no  hay nada que decidir. La próxima primavera habrá elecciones a presidente de la República. ¿ en que va a consistir la libertad de los franceses? En elegir entre Balladur y Chirac o Chirac y Delors. Eso es todo. No hay otra libertad. No hay nada más.” [*]

                Castoriadis afirma que el argumento poblacional en contra de la democracia directa no es válido, pues podría aplicarse a comunidades más pequeñas o, bien, con los avances en la tecnología y las burocracias de los Estados modernos puede ejercerse. Como se observó, los teóricos anteriormente estudiados argumentan a favor de la democracia representativa y la contrastan con la directa. Sin embargo, si se toman sus precauciones, los argumentos que plantea Constant, por ejemplo, carecen de validez. Al contrario de lo que argumentan, hay que procurar que los habitantes de un país se involucren en los asuntos públicos.

Los grandes movimientos sociales que han luchado por el reconocimiento de los derechos fundamentales han utilizado los mecanismos de la democracia directa. Esto se puede observar en la Comuna de París o en los soviets. La democracia sólo puede entenderse con la activa participación del pueblo, por lo que cualquier democracia debe incorporar mecanismos de democracia directa. Por lo que ésta sólo puede surgir desde el pueblo a través de la lucha permanente y los movimientos sociales.

3. Parlamento abierto

De acuerdo con la Alianza por el Parlamento Abierto, un parlamento abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas-; que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva -es decir es transparente-; que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana- y que; para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y comunicación.

En suma, un parlamento abierto:

  1. Rinde cuentas
  2. Es transparente
  3. Fomenta la pluralidad y la participación ciudadana
  4. Utiliza la tecnología

Existen 10 principios o variables que determinan qué tan abierto es un órgano legislativo:

  1. Derecho a la información
  2. Participación ciudadana y rendición de cuentas
  3. Información parlamentaria
  4. Información presupuestal y administrativa
  5. Información sobre legisladores y servidores públicos
  6. Información histórica
  7. Datos abiertos y software libre
  8. Accesibilidad y difusión
  9. Conflictos de interés
  10. Legislación a favor del gobierno abierto

La presente iniciativa tiene por objeto impulsar en México y, en específico en los parlamentos, cabildos de los municipios y concejos de las alcaldías de la Ciudad de México, el parlamento abierto fomentando la pluralidad y la participación ciudadana. Para lograrlo, hay que reconocer el derecho que tiene todo habitante de participar de manera activa en las deliberaciones de los órganos representativos. Es fundamental, reconocer el derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos.

4. Derecho comparado
El derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos es un concepto innovador y un mecanismo de vanguardia que garantiza y promueve los derechos políticos de la ciudadanía. Uno de los casos más notables a nivel mundial es el caso del Parlamento de Andalucía en España en donde se introdujeron dos figuras parlamentarias: las preguntas ciudadanas y las comparecencias de agentes sociales.

                Por su parte, en México este derecho se ha ejercido en el Ayuntamiento de Durango durante la administración del entonces Presidente municipal Alejandro González Yáñez. Asimismo, este derecho se ha ejercido en las otrora delegaciones de la Ciudad de México como audiencias públicas de los Jefes delegacionales.

4.1 Parlamento de Andalucía
El reglamento del Parlamento andaluz incorpora la figura de las preguntas de iniciativa ciudadana. Este procedimiento se contempla en el artículo 165 del Reglamento del Parlamento de Andalucía que se transcribe a continuación:
Artículo 165
1. Los andaluces y el resto de los ciudadanos residentes en Andalucía, o las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma, podrán formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros.
2. Las preguntas se presentarán por escrito en el Registro General del Parlamento, y deberán contener los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los Grupos parlamentarios si cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en este Reglamento para igual tipo de iniciativas.
4. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en Comisión, deberán ser asumidas por algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa de la Cámara. Si fueran varios los Diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primer Diputado o Diputada que manifieste su intención de hacerlo.
5. La decisión de formularla en Pleno o en Comisión corresponderá al Diputado o Diputada a quien le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.
6. En cada sesión plenaria sólo podrá formularse un máximo de cuatro de estas preguntas, y su inclusión en el orden del día respectivo consume cupo.
7. Será de aplicación a estas iniciativas el régimen de caducidad anual previsto en el artículo 191 de este Reglamento.

Asimismo, el marco normativo andaluz incorpora otra figura igual de innovadora: las comparecencias de los agentes sociales. Mediante esta figura se busca la participación activa de la ciudadanía, específicamente sindicatos y organizaciones empresariales, en los debates del parlamento andaluz. Los agentes participan con voz en las deliberaciones del parlamento.

Artículo 112 [*]
1. Celebrado el debate de totalidad, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de quince días para proponer a la Comisión la comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las Administraciones públicas.
2. Quienes comparezcan habrán de tener la consideración de representantes de colectivos sociales, sean éstos públicos o privados, afectados por el contenido del proyecto de ley. Sólo con carácter excepcional podrán ser llamadas a comparecer personas a título individual.

4.2 Municipios y alcaldías

En el artículo 41 del Bando de Policía y Gobierno de Durango se establece el derecho de los habitantes del municipio a participar con voz en las sesiones del Ayuntamiento:

ARTÍCULO 41 [*]
Los vecinos del municipio podrán participar, individual o colectivamente, para mejorar su calidad de vida y procurar el bienestar común. El Gobierno Municipal garantizará y promoverá la participación ciudadana. En función de ello los vecinos del municipio podrán:

II. Estar presentes en la Sesiones Públicas del Ayuntamiento y participar en las mismas con voz, pero sin voto, conforme al procedimiento señalado en el Reglamento del Ayuntamiento del Municipio de Durango;
...
Por su parte, en la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México se contempla la participación activa de la ciudadanía en las alcaldías:

Artículo 211 [*].
Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias públicas deliberativas a fin de informar, consultar y rendir cuentas a los habitantes de sus respectivas demarcaciones territoriales sobre la administración de los recursos y la elaboración de políticas públicas.
Artículo 212.
Las solicitudes de audiencia pública deliberativa, así como los mecanismos en los que los habitantes de la Alcaldía podrán participar y las obligaciones y responsabilidades de las autoridades en éstas, se establecerán en la ley aplicable.

Sin embargo, la regulación en la Ciudad de México es ambigua, pues no se contempla como un derecho ciudadano, ni se establecen la obligatoriedad de otorgar la voz a un ciudadano o ciudadana durante una sesión del concejo local.

5. Derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos

La Soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. A su vez, el pueblo ha optado por organizarse en una democracia representativa. Por lo tanto, los representantes del pueblo tienen un mandato del pueblo. Para ser una democracia sustantiva, el pueblo puede en cualquier momento revocar el mandato que le confirió a sus representantes o, bien, no optar por la representación y ejercer la soberanía de manera directa. El núcleo de la presente iniciativa y de la figura parlamentaria planteada es precisamente garantizar el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo. Es importante señalar que en los parlamentos, en general, y en el Senado de la República, en particular, manda el pueblo. Se ha generado la confusión que quien decide es el representante. Nada puede estar más equivocado.

                A través de la presente iniciativa se adiciona una fracción novena al artículo 35 constitucional para que sea derecho de la ciudadanía participar con voz en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en las legislaturas de las entidades federativas; en los ayuntamientos de los municipios; y en los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México. Se garantiza el derecho de la ciudadanía a participar en el pleno de estos órganos, así como en sus comisiones.

                Se establecen dos supuestos normativos o vías para el ejercicio del presente derecho: (1) recabar el apoyo ciudadano requerido y (2) contar con el apoyo de un número determinado de integrantes electos de estos órganos. Los ciudadanos pueden optar por ejercitar el derecho por la primera o por la segunda vía, según convenga a sus intereses legítimos. El derecho podrá ejercitarse de manera individual o colectiva.

                En el caso del primer supuesto, la ley que reglamente este derecho -ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal- no lo podrá hacer nugatorio solicitando un apoyo ciudadano excesivo, por lo que se establece un límite de 0.01% del ámbito correspondiente. En la implementación de la consulta popular, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes se estableció un umbral tan alto que hizo imposible el ejercicio de este derecho en la práctica.

                . Asimismo, los ciudadanos deberán establecer en su solicitud si desean ejercitar su derecho en una sola intervención o sesión o, bien, si prefieren participar durante la totalidad de la deliberación parlamentaria sobre un asunto específico. La normativa correspondiente deberá otorgar los mismos derechos parlamentarios a los ciudadanos que se encuentren en el ejercicio de sus derecho y los miembros electos del órgano deliberativo respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único: Se adiciona la fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:








IX. Participar, con voz, en las sesiones de:

  1. El Pleno y las comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
  2. El Pleno y las comisiones de la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
  3. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
  4. El Pleno y las comisiones de las legislaturas de las entidades federativas;
  5. Los Ayuntamientos de los municipios; y
  6. Las Concejos de las alcaldías de la Ciudad de México.

El derecho a la voz en las sesiones del órgano respectivo corresponde a los ciudadanos, grupos de ciudadanos  y organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten y que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación y los reglamentos aplicables. En ningún caso, se podrá solicitar un respaldo ciudadano mayor al .01% de la lista nominal de electores del ámbito correspondiente para ejercitar este derecho.

Asimismo, los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil podrán hacer uso de la voz cuando así lo soliciten cinco senadores, diez diputados federales, cinco diputados de la legislatura local, un regidor, un síndico, o un concejal en el órgano respectivo los cuales deberán adoptar la figura en sus reglamentos internos.

La legislación deberá garantizar el derecho de los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil a hacer el uso de la voz en la presentación y discusiones subsecuentes de las iniciativas ciudadanas, a presentar en viva voz puntos de acuerdo y participar, en general, en los debates de los órganos respectivos. 

Los reglamentos internos de los órganos garantizarán que el uso de la voz en las sesiones por parte de los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se ejerza en términos igualitarios con los integrantes electos del órgano correspondiente.

En el ejercicio de este derecho, los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil podrán participar en una única sesión o en el conjunto de deliberaciones sobre un tema en específico.

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley para Garantizar el Derecho a la Voz Ciudadana en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.

TERCERO: Las legislaturas locales deberán expedir las leyes para garantizar el derecho a la voz ciudadana en los respectivos congresos y ayuntamientos o concejos en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.

CUARTO:  La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las legislaturas locales, los ayuntamientos de los municipios y los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México deberán incorporar en sus reglamentos internos el derecho a la voz ciudadana en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

S u s c r i b e,

Senador Joel Padilla Peña
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo



[*] Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

[*] Cossío Díaz, J. (2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Comentada. PP 797 Ciudad de México: Tirant lo Blanch.

[*] Rousseau, Jean J., “El Contrato Social”, El Aleph, pág 89

[*] Constant, Benjamin. “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los modernos”

[*] Ibid

[*] Castoriadis, Cornelius.“Democracia y relativismo: debate en el MAUSS”. Trotta  2007

[*] Artículo 112 del Reglamento del Parlamento de Andalucía

[*] Bando de Policía y Buen Gobierno de Durango

[*] Ley de Alcaldías de la Ciudad de México