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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos tengan derecho de iniciar leyes o decretos, con exclusividad de que sean en su materia o función.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIóN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone otorgarles a los órganos constitucionalmente autónomos, el derecho de presentar iniciativas exclusivamente en su materia o función.

La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos tengan el derecho de iniciar leyes o decretos, con la exclusividad de que sea en su materia o función, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS

México transita a una democracia donde la participación sea un eje medular. Donde la pluralidad de voces sea escuchada, sobre todo la de aquellos en situación de vulnerabilidad. Donde las ideas que contribuyan a un mejor país deban ser consideradas, empero aquellas voces especializadas. Nuestra labor como legisladoras y legisladores es eliminar candados e involucrar a más agentes de cambio. Todo por el bien de la nación y de sus habitantes. La cuarta transformación al servicio de las personas, más sustancial, más tangible.

Para ello, la presente iniciativa de ley pretende involucrar a los órganos constitucionalmente autónomos como facultados para la creación de leyes, exclusivamente en su ramo o materia, atendiendo los principios establecidos en la Constitución, que hasta el momento, en nuestro marco jurídico fundamental, solo es facultad del Presidente de la República, del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, y de los ciudadanos en un número exorbitante como lo es el 0.13% de la lista nominal de electores, algo así como más de 800 mil firmas y que este Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentará más adelante iniciativa para que los ciudadanos se les permita, con mayor facilidad, presentar leyes y así poder apoyarnos de la democracia participativa para consolidar los anhelos de un pueblo cansado de que sus servidores públicos no los oigan, al contrario, pareciera ser que los cosifica, que los olvida, que los enmudece; en palabras de Octavio Paz, nuestro Nobel de Literatura, que los ningunea.

Llamemos a esta iniciativa, iniciativa de órganos autónomos. Ellos, que con niveles altos de especialización y conocimiento en su materia, y a la cual quedarán delimitados, puedan ayudarnos a repensar un mejor derecho, más incluyente, más participativo, más plural. Todas las mexicanas y mexicanos anhelamos un cambio y, como dijera aquel pensador portugués, Boaventura de Sousa Campos, este cambio debe de ser por medio de las reformas, del replanteamiento de ideas.

Los órganos constitucionalmente autónomos  vinieron a modificar, a ser un nuevo paradigma, en el tradicional principio de División de Poderes. Recordemos que en la obra El espíritu de las leyes de Montesquieu  se expone un sistema dividido en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Nuestro país así lo adoptó desde el pensamiento y obra de José María Morelos y Pavón y fue replicado en el devenir de nuestras Constituciones hasta la que nos rige, de 1917, entrañándose en el artículo 49 constitucional.

Este principio de división de poderes de Montesquieu debe contemplarse también a la luz de dos grandes pensadores:

  1. Aristóteles, en su obra La política, refiere tres operaciones de la potestad estatal: la deliberación, el mando y la justicia, como mecanismo de equilibrio entre las esferas distintas de poder del Estado: 

“En todas las constituciones hay tres elementos con referencia en los cuales ha de considerar el legislador diligente lo que conviene a todo régimen de estos tres elementos, uno es el que delibera sobre los asuntos comunes; el segundo es el relativo a las magistraturas; y el tercer elemento es el Poder Judicial.”

  1. John Locke, en su obra Ensayo sobre el gobierno civil, que identifica en el Estado tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Federativo, cuyo énfasis atiende a que los dos primeros no se encomienden al mismo sujeto por la frágil condición humana ante el poder:

“Tampoco es conveniente, pues sería una tentación demasiado fuerte para la debilidad humana, que tiene tendencia a aferrarse del poder, confiar la tarea de ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la misión de hacerlas.”

No obstante, este principio, inspirado en las teorías de Aristóteles, Locke y Montesquieu, que está concebido para evitar el abuso en el ejercicio del poder, mediante su división y, por tanto, debiéndose impedir que se reúnan dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación y que se impregnó en las  Constituciones de 1824, 1857 y en la vigente, de 1917, ha quedado rebasado en la doctrinal actual.

Con el paso del tiempo, ante el crecimiento y complejidad de las funciones y actividades del Gobierno Federal, ha surgido una nueva categoría de instituciones gubernamentales federales, que se denomina: Órganos Constitucionales Autónomos. Éstos reciben su nombre porque no dependen jerárquicamente de ninguno de los tres poderes; la instauración de dichos entes se explica como una medida para delimitar el poder en el ejercicio administrativo del Presidente de la República.

En palabras de jurista español Manuel García-Pelayo, son órganos que están explícitamente establecidos y configurados por la Constitución que participan directamente en la dirección de la política del Estado, en la formación de la voluntad estatal. Por lo que deben tomar decisiones por y en nombre del Estado que vinculen o que comprometan a la sociedad nacional; deben ser instancias que no se limiten a aplicar o a interpretar normas diseñadas por otras instituciones sino que determinen por ellas mismas las políticas y lineamientos generales de actuación de las autoridades públicas.

Los consensos políticos partidarios en el Congreso de la Unión, han venido prefiriendo crear este tipo de instituciones autónomas de los tres Poderes, para resolver cuestiones técnicas, económicas y políticas. Se trata de órganos administrativos que se desprenden de antiguas potestades de alguna dependencia del Ejecutivo, pero que ahora ya no se subordinan a sus determinaciones y responsabilidades dentro de la administración pública.

Sus órganos de gobierno, por lo general, se constituyen por cuerpos colegiados (con excepción de la Fiscalía General de la República); designados o ratificados por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, a la usanza de los gobiernos parlamentarios y, al ser órganos deliberativos, con mayor pluralidad, refuerzan la participación de ideas. Algo que se debe tener muy presente si en realidad deseamos un cambio.

José Luis Caballero señala que el doble aspecto fundamental de estas entidades  estriba, por una parte, en que son organismos del Estado,  por otra, en su previsión en el texto constitucional como autónomos, es decir, no subordinados al Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

El doctor Jaime Cárdenas define a los órganos constitucionalmente autónomos “como aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado.”

Ileana Moreno señala, para el caso mexicano, que del esquema legal de los órganos autónomos ya existentes, no se desprende cuál es el fin que motivó su creación. Esto es, no queda claro si lo que se buscaba era entender a la división de poderes como frenos y contrapesos ante la actuación de otros poderes; o bien, si se quería producir entes completamente aislados, independientes, intocables para los demás poderes y entidades públicas.

Cuáles son los órganos constitucionalmente autónomos

En julio de 1929, la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo su estatuto de autonomía, la cual quedó plasmada en 1945, mediante una Ley Orgánica expedida por el Congreso de la Unión que, hasta la fecha, la rige. La UNAM, nuestra Alma Mater, dotada de dialéctica, con esa comunidad universitaria llena de ideas, debe participar más en la toma de decisiones.

En agosto de 1993, se elevó a nivel constitucional la autonomía de la administración del Banco de México, como una medida que limitara el manejo discrecional del Presidente en materia monetaria, cambiaria y macroeconómica.

Luego, en 1996, se incluyó al recién desaparecido y sustituido Instituto Federal Electoral por el ahora Instituto Nacional Electoral. Le siguió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en septiembre de 1999.
En la actualidad, los Organismos Constitucionales Autónomos que la Constitución considera en su texto, son:

  1. Universidades públicas, Artículo 3, fracción VII.
  2. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Artículo 3, fracción IX.
  3. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Artículo 6, inciso A, fracción VII.
  4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Artículo 26, inciso B.
  5. Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Artículo 26, inciso C.
  6. El Banco de México, Artículo 28, párrafo sexto.
  7. Comisión Federal de Competencia Económica, Artículo 28, párrafo catorce.
  8. Instituto federal de Telecomunicaciones, Artículo 28, párrafo quince.
  9. Instituto Nacional Electoral, Artículo 41, fracción V, Apartado A.
  10. Fiscalía General de la República, Artículo 102, Inciso A.
  11. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Artículo 102, Inciso B, párrafo 1 y 4.

La tradicional doctrina de la división de poderes ha quedado rebasada. Los órganos autónomos –por mandato constitucional- no se subordinan a ninguno de los tres poderes y se encuentran en coordinación. Algunos órganos constitucionalmente autónomos tienen la facultad de ejercer el mecanismo de control de la constitución a través de acciones de inconstitucionalidad , tal es el  caso del INAI (en materia de transparencia y rendición de cuentas) o la CNDH (en materia de Derechos Humanos) o la Fiscalía General de la República (en materia penal o procesal penal). A esos niveles de compromiso constitucional se encuentran los tan mencionados órganos constitucionalmente autónomos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el  artículo  71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

  1. Al Presidente de la República;
  2. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
  3. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México;
  4. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.
  5. A los órganos constitucionalmente autónomos, exclusivamente en su materia o función.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciocho.  

A T E N T A M E N T E

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

En el Libro XI, Capítulo VI, De la Constitución de Inglaterra, de la obra en referencia, Montesquieu refiere textualmente:
“Hay en todos los Estados tres especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello que depende de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil.
Por el primero, el príncipe y el magistrado hace leyes, para algún tiempo o para siempre, y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga  los pleitos de los particulares. Este último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado.”

Véase Sentimientos de la Nación, en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf  (fecha de consulta: 16/10/2018).

Aristóteles, La política, traducción de Antonio Gómez Robledo, México, Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, 1963, p. 124.

Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, traducción de Lázaro Ros, México, Aguilar, 1983, p. 110.

Cfr. García-Pelayo, Manuel. El estatus del tribunal Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, vol. I, 1981, pp. 11-34.

Caballero Ochoa, José Luis, Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la división de poderes, Anuario del Departamento de la Universidad Iberoamericana, México, núm. 30, 2000, p. 156.

Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, 2ª. Ed. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 244.

Moreno Ramírez, Ileana, Los órganos constitucionalmente autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano, México, Porrúa, 2005, p. XIV.

Cfr.

Entre ellas están: la UNAM, Universidad Autónoma Chapingo, UAM.

Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 26 de febrero de 2013.

Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 7 de febrero de 2014.

Mediante reforma constitucional publicada en DOF el 7 de abril de 2006, se creó el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 10 de febrero de 2014.

Creado en sustitución del Instituto Federal Electoral que ya gozaba de autonomía, mediante reforma constitucional publicada en DOF el 10 de febrero de 2014.

Se establece la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, en sustitución de la Procuraduría General de la República, mediante reforma constitucional publicada en DOF el 10 de febrero de 2014.

Véase artículo 105, fracción II, incisos g), h) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.