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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar la paridad de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura electoral a nivel federal.


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO AL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A OCUPAR UNA MAGISTRATURA ELECTORAL A NIVEL FEDERAL.

La suscrita senadora Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

Han pasado más de 35 años desde que, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), y 37 años desde que México la ratificó en 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país.

La CEDAW ¾instrumento considerado la carta de las mujeres¾ señala que "la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad."

La discriminación contra las mujeres, de acuerdo a la CEDAW puede presentarse, tanto en la ley como en los diversos actos en que ésta se aplique, así un acto discriminatorio se determina no sólo a partir de su objeto o propósito, sino también de acuerdo con el resultado de su aplicación. Así, una ley será “discriminatoria por resultado” cuando su aplicación u operación provoque un impacto diferenciado en hombres y mujeres, en razón del arreglo social en torno al género, que se traduzca en una diferencia injusta, arbitraria o desproporcionada.

De acuerdo con lo anterior, la CEDAW establece la necesidad de dar el paso de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Con este fin, el Estado debe proporcionar las condiciones para el goce y ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres, en igualdad y no discriminación. Es decir, se deben establecer acciones integrales ¾de legislación y política pública¾ del Estado en su conjunto y de los poderes que lo conforman (Ejecutivo, Legislativa Judicial y Electoral) para propiciar la igualdad, considerando que para las mujeres es fundamental alcanzar:

  • Igualdad de oportunidad: se deben traducir en hechos concretos y reales las oportunidades, más allá de lo simplemente establecido en la Ley.
  • Igualdad de acceso a las oportunidades: Avanzar en el ámbito donde operan las expresiones más sutiles de discriminación.
  • Igualdad de resultados: Se deberá disminuir la brecha entre la igualdad jurídica (iure) y la igualdad real (facto).

La CEDAW establece que los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para garantizar en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a "Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales".

En el caso del Poder Judicial de la Federación en 2016, según cifras del INEGI, se registraron un total de 828 órganos jurisdiccionales, siendo un total de mil 471 las personas que imparten justicia, de las cuales únicamente el 26.64% son mujeres, es decir hay solo 391 juzgadoras en el ámbito federal. El ejemplo más evidente, de la desigualdad en los cargos esta la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual se integra por 11 ministros, de los cuales, sólo dos son mujeres: las ministras Margarita Luna Ramos y Norma Lucía Piña Hernández, que representan el 18.2 %.

Por su parte, el Tribunal Electoral se integra por siete magistrados, de los cuales, también sólo dos son mujeres. Sin embargo, en este caso, dicho órgano está presidido una mujer. De las seis salas regionales con 18 magistrados en total, seis son mujeres, de las cuales tres son presidentas de Sala. Asimismo, en el Consejo de la Judicatura Federal hay siete consejeros de los cuales sólo dos son mujeres.

Es claro que la composición actual del Poder Judicial de la Federación contraviene nuestro marco jurídico constitucional al no garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello, deben tomarse medidas para revertir esta situación. En ese sentido, el garantizar una cuota de género es una medida idónea para revertir estos números, y así ampliar el número de mujeres en el Poder Judicial de la Federación. Este cambio no es sólo deseable, sino obligatorio como ya se mecionó de acuerdo con nuestro marco jurídico vigente sobre el derecho a la igualdad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los Estados a ampliar las medidas especiales de carácter temporal para asegurar la participación de las mujeres en todos los ámbitos (legislativo, ejecutivo y judicial), ha reconocido la importancia del nombramiento de juezas y magistradas, ya que ha identificado que la presencia de las mujeres en los tribunales y las Cortes de la Región Americana ha sido mínima, y que los avancen dentro del poder judicial ¾a decir de la CIDH¾ han sido muy lentos, heterogéneos y diversos.

Para las mujeres en general, abrirse paso en la vida pública no ha sido fácil, sobre todo en espacios que han sido considerados históricamente como masculinos, como es el Poder Judicial. Si revisamos las leyes, en papel se habla de una igualdad. ¿Pero en la práctica? La inequidad se refleja porque las mujeres simplemente no están en los espacios de decisión.

El conjunto de obstáculos que no aparecen en la ley, que en realidad son invisibles, pero sabemos que existen porque en la práctica limitan o anulan la posibilidad de las mujeres de ascender a los espacios de toma de decisiones, independientemente de sus calificaciones o logros, es lo que se ha llamado como “techo de cristal”.  Estos obstáculos se consideran invisibles porque, en teoría, no hay una limitación explícita pero existe. Para remediar esta situación, se deben tomar medidas de carácter especial que contribuyan a alcanzar la paridad en los tres ámbitos y órdenes de gobierno. 

El pasado 11 de septiembre este Senado de la República aprobó la convocatoria donde señala el procedimiento de elección de 15 magistrados electorales para 12 entidades federativas. Con el objetivo de que un elemento a considerar por este Senado de la República sea el de garantizar el principio de igualdad sustantiva, someto ante esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se exhorta a la Comisión de Justicia de este Senado de la República a incorporar el principio de igualdad sustantiva en el procedimiento de evaluación de las y los candidatos a ocupar alguna magistratura electoral.

SEGUNDO. - Se exhorta al pleno de este Senado de la República a garantizar la paridad en la elección de las candidatas y los candidatos propuestos por la Comisión de Justicia a ocupar una magistratura electoral.

SEN. MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA


Para un análisis sobre el tema de la conformación en términos de género del resto del Poder Judicial Federal, revisar el estudio “Carrera judicial y género: de Secretarias a Juezas, un techo de cristal (diagnóstico)” del Consejo de la Judicatura Federal (de diciembre de 2014), que incluye recomendaciones específicas para cerrar la brecha de género en la judicatura federal.