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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia pesquera en las zonas marinas mexicanas.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
P R E S E N T E

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Y DE MARINA, A QUE FORTALEZCAN LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA PESQUERA EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La pesca es una actividad fundamental para el desarrollo de nuestro país, sobre todo porque es generadora de alimento y fuente de empleos permanentes y eventuales, que se distribuyen en las diferentes etapas la cadena productiva, lo cual contribuye significativamente a mejorar el nivel de vida de quienes se dedican a ella.

No obstante la importancia social y económica de la pesca, ésta enfrenta múltiples problemas, entre los cuales destaca el de la pesca ilegal en todo el territorio nacional, que ha ido creciendo como parte de los problemas de corrupción e impunidad que enfrenta nuestra Nación, pero también en gran medida por la ineficiencia y la falta de atención de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), responsable de esta tarea por disposición de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De acuerdo a un estudio de la FAO de 2010 denominado: “Estudio social de la pesca en México: diagnóstico sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión sobre las posibles soluciones a los problemas que afectan la pesca”, se registró que de las cinco regiones pesqueras que establece la CONAPESCA para el país, un 26% de los pescadores considera la inspección y vigilancia como buena o muy buena, mientras que 69% califica su desempeño en esta tarea como regular o mala.

La pesca furtiva o ilegal ocasiona sobreexplotación, la captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de pesca prohibidas, entre otros efectos adversos, lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca y la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos.

En la Constitución General de la República, en los acuerdos internacionales que México ha suscrito y en su propia legislación interna, se establece la obligación de llevar a cabo la inspección y vigilancia como parte de las medidas gubernamentales para la aplicación efectiva de la legislación relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala como objeto de la misma garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado fomento y administración, y a través de un amplio número de preceptos señala esta obligación, a través de la atribución de inspección y vigilancia, entendida como acto de autoridad cuyo fin último es garantizar, por vía pacífica y coactiva, el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que impone el sistema jurídico a las personas que se dedican a la pesca y la acuacultura.

De acuerdo al estudio denominado: “La pesca ilegal e irregular en México: Una barrera a la competitividad”, elaborado por el Centro de Colaboración Cívica A.C.; la Comunidad y Biodiversidad, A.C, Environmenral Defense Fund de México A.C.; Fundación Idea A.C., el IMCO y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C., las principales causas de la pesca ilegal en México son: (1) la carencia de personal, (2) las bajas sanciones comparadas con los beneficios que se pueden obtener por esas malas prácticas, (3) la falta de participación pública, (4) el gasto público inadecuado, (5) la falta de efectividad en las estrategias, entre otras.

A pesar de la falta de información sobre los efectos adversos de la pesca ilegal, la FAO planteaba hace algunos lustros que ésta significaba en México el 30% de las capturas totales; las organizaciones del sector pesquero mencionan que puede constituir más del 40%, aunque el estudio citado en el párrafo anterior, bajo una estricta metodología, concluyó que la pesca ilegal representa en promedio el 56% de la producción nacional.

Este problema no ha decrecido, por el contrario, sus repercusiones negativas en la sustentabilidad pesquera y en la competitividad de la pesca nacional se han ido agravando en los últimos años. La disminución de algunas especies pesqueras encuentra su explicación más clara, además de los fenómenos climáticos, en la elevación de los índices de la pesca ilícita.

Según la Carta Nacional Pesquera, instrumento fundamental derivado de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el año 2000 el 31% de las pesquerías tenían potencial para ser desarrolladas, mientras que el 50% estaban en un grado de explotación máximo y el 19% restantes se encontraba sobreexplotados (69 por ciento de las pesquerías a nivel nacional se encontraban a su máxima capacidad o sobreexplotadas.

En el 2010 sólo el 16% de las pesquerías tenían potencial de desarrollo, mientras que 67% se encontraban a su máxima capacidad y 17% estaban sobreexplotadas (84 por ciento a su máxima capacidad o sobreexplotadas). Además de las erráticas políticas en materia de inspección y vigilancia, una de las causas principales de la pesca ilegal es la falta de los recursos necesarios para combatirla.

Del análisis sobre los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados en los últimos años a la inspección y vigilancia, se advierte que éstos han ido disminuyendo cada año. En el año 2007 se presupuestaron 249 millones de pesos, no se le etiquetaron en el siguiente año y de 2009  a 2015 los montos aprobados fluctuaron entre 60 y 100 millones de pesos por año.

En tal sentido, se puede observar la siguiente gráfica de los últimos siete ejercicios presupuestales, como antecedente de esta disminución de recursos:


2011

Inspección y Vigilancia Pesquera

100 millones de pesos

2012

Inspección y Vigilancia Pesquera          

80 millones de pesos

2013  

Inspección y Vigilancia Pesquera    

100 millones de pesos

2014

Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas

66.9 millones de pesos

2015

Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas

69.1 millones aprobado y 53 millones (modificado)

2017

Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola

32 millones de pesos

2018

Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola

33.5 millones de pesos

En el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, se fusionaron algunos programas como el de “Inspección y Vigilancia Pesquera”, que en el ejercicio 2015 estaba a cargo de la CONAPESCA, con el Programa “Regulación, Supervisión y Aplicación de las Políticas en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquera” a cargo del SENASICA y la CONAPESCA, quedando fusionados como “Regulación, Supervisión y Aplicación de las Políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquera”, bajo el argumento de que esta fusión tenía como finalidad ejercer estrategias que mejoren el ámbito agropecuario, agrícola y pesquero.  La verdad es evidente: el gobierno federal no quiso etiquetar el recurso respectivo, la inspección y vigilancia sanitaria y de la producción pesquera lícita no han tenido prioridad para este gobierno.

De este análisis a los recursos otorgados a inspección y vigilancia pesquera (en el mejor de los casos de que no se subejerzan o se transfieran), queda claro que resultan insuficientes para una tarea tan importante, que demanda no sólo el pago a inspectores, sino también gastos para alimentación del personal, combustibles, vehículos, motores, etc.

Visto desde otro ángulo, destinar a esta función 33.5 millones en este año, cuando la producción pesquera nacional supera los 38 mil millones de pesos y litorales de más de 11 mil kilómetros, significa que no hay una valoración adecuada del costo-beneficio de la inspección y vigilancia, y no interesa el cumplimiento de la regulación pesquera como parte del desarrollo del sector.

Por esta causa, así como la falta de una adecuada política pública de coordinación y colaboración entre los diversos entes gubernamentales competentes que permita enfrentar este problema, no es extraño que la situación de la inspección y vigilancia en el país sea un desastre absoluto, toda vez el Gobierno federal abdicó de su responsabilidad en este rubro.

De manera particular deseo señalar el caso del litoral de Baja California Sur, donde los problemas de inspección y vigilancia siguen siendo una de las denuncias más recurrentes en la entidad. En gran parte se debe a que la entidad se caracteriza por la abundancia de recursos pesqueros, los cuales son base importante de la economía de las comunidades locales, con un fuerte componente social en comunidades pesqueras, organizadas mediante sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, permisionarios y sector privado.

El problema se ha agudizado en los últimos años porque la flota camaronera de mediana altura, sobre todo de los estados de Sonora y Sinaloa, han estado migrando a las costas de Baja California Sur, lo cual ha generado conflictos con los pescadores ribereños por las capturas que realizan de especies de alto valor (aduciendo la pesca incidental) y la destrucción de artes de pesca, lo cual ocasiona un fuerte menoscabo para la economía de las comunidades ribereñas.

En todos los sitios pesqueros que visitamos se escucha la misma denuncia contra la práctica de la pesca ilegal y la falta de atención al problema. Son continuas las denuncias de los pescadores contra las embarcaciones foráneas porque muchas han sido sorprendidas capturando especies en veda o sin permisos, justificándolo como pesca incidental, lo cual ha derivado en enfrentamientos y detenciones de embarcaciones mayores, aunque estas han sido liberadas y regresan de inmediato a pescar impunemente, no obstante que se haya acreditado su responsabilidad penal.

Es decir, el problema de la pesca furtiva “tradicional” ahora se ha agravado por las afectaciones causadas por los barcos de otras entidades. Baste citar las denuncias de los últimos años en que más de 300 (trescientos) barcos camaroneros arrastran durante varios meses en la zona Pacífico Norte de la entidad, con las graves consecuencias biológicas que ello implica, lo cual es causa de la reducción de las capturas de diversas especies y de los daños a artes de pesca de pescadores locales.

A pesar de esto, y de contar con más de 2,200 kilómetros de litoral y una gran diversidad biológica de especies pesqueras, muchas de alto valor comercial como   langosta, abulón, caracol, camarón, pepino de mar, o las especies destinadas a la pesca deportiva, Baja California Sur cuenta con solo 5 (cinco), escucharon bien, 5 (cinco) inspectores federales de pesca. Así de importante es el sector para el Gobierno federal.

Otro de los rubros donde impacta la falta de inspección y vigilancia es la que está provocando la pesca ilegal de las especies de pesca deportiva en el litoral de Baja California Sur, sobre todo en la parte sur del Estado, cuya comercialización en todo el país de manera abierta e impune es la muestra más evidente de la falta de interés de la autoridad por hacer cumplir la Ley. El resultado es que cada día disminuyen las tallas de estas capturas, lo cual afecta de manera importante a quienes se dedican lícitamente a la pesca deportiva.

Las denuncias del saqueo indiscriminado de las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa han ido en ascenso en los últimos años, muchas de ellas cobijadas bajo el amparo de la NOM-029, que se expidió para regular las especies de tiburones y rayas, pero que le ha servido sobre todo a la flota de mediana altura para capturar estas especies como pesca incidental dentro de la franja de las 50 millas, y comercializarlas, no obstante que esté prohibida esta actividad lucrativa.

Ante estos abusos y como parte de la irritación social causada por la pesca ilegal y su tolerancia oficial, se ha planteado la creación de una nueva Área Natural Protegida que abarque los litorales de Baja California Sur, incluyendo al Mar de Cortés y el Pacífico Sudcaliforniano, como respuesta a una exigencia de gran parte de la población sudcaliforniana que se siente impotente y agraviada ante la devastación de nuestros litorales, sin que exista ninguna restricción para quienes cometen esas tropelías.

La propuesta de crear una nueva Área Natural Protegida nos parece atendible para garantizar la pesca sustentable en la zona, preservando los diversos ambientes marinos, la prohibición de las actividades mineras y de extracción de hidrocarburos y fortalecer la sustentabilidad de nuestros litorales. Reclamamos el derecho de los sudcalifornianos a que se preserven sus litorales y que la actividad pesquera se realice ordenadamente, sin afectar a quienes habitan en sus costas.

No obstante este justo reclamo, el Gobierno de la transición, sin un análisis de estas causas, ha declarado en voz del Presidente Electo la virtual suspensión del proceso de declaratoria de esa área natural protegida, sin valorar los estudios previos justificativos que hubieran permitido abrir el debate sobre este tema, sustentado en argumentos técnicos y científicos.

Empero, lo anterior queda como antecedente para continuar la exigencia al próximo Gobierno federal  de una adecuada inspección y vigilancia de nuestros litorales, a la par que insistiremos en la necesidad de que se lleve a cabo el ordenamiento pesquero que, a 10 años de entrada en vigor de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aún está pendiente, lo cual ha permitido el profundo desorden de las embarcaciones foráneas, que en la situación actual no conocen límite alguno en sus capturas.

Otro problema relacionado con las deficiencias de la inspección y vigilancia es la impunidad que goza un sector de la pesca, a quienes nunca se sanciona aun cuando violen la Ley. Un caso paradigmático lo tenemos hoy en la pesquería del atún aleta azul y la sobrepesca realizada por dos barcos contratados por una empresa, que excedieron la cuota pesquera comprometida por México ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) por 483 toneladas, sin que se haya sancionado a los verdaderos responsables.

Además, en el Capítulo de Medio Ambiente negociado como parte del recién suscrito Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá (ACMEUC), que inició su proceso de consulta antes de ser firmado, se incorporaron para las partes obligaciones de pesca prohibida, no sustentables, furtiva, ilegal, que no proteja especies marinas en peligro de extinción y el compromiso de proteger hábitats marinos, lo cual implica obligaciones muy concretas en este sentido para el Estado Mexicano en su conjunto.

En tal sentido, en el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México", presentado al Pleno este 9 de octubre del año en curso, se da cuenta de lo siguiente en lo relativo a Medio Ambiente: “Se discutió la mayor parte de las disciplinas que componen este Capítulo, registrando un avance considerable en la discusión sobre el Artículo de Asuntos Procedimentales, además de nuevas atribuciones y mayor consolidación del texto en los artículos correspondientes a Pesca de captura marina y Manejo Sostenible de las pesquerías”.

Con ello, cumplir con la inspección y vigilancia ya no será sólo una exigencia interna para la autoridad, sino que este Capítulo de Medio Ambiente quedará sujeto a un Mecanismo de Solución de Diferencias del Tratado, el cual integra un procedimiento de consultas técnicas y de alto nivel la evaluación, hasta llegar a un panel arbitral. Hoy más que nunca será necesario que se cumpla con lo que se las administraciones públicas federales posteriores a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables han dejado de hacer por falta de recursos, carencia de talento para gobernar y un absoluto e intolerable desinterés gubernamental por el desarrollo de las pesquerías mexicanas.

Incluso, en un apartado de este Informe, denominado “PRIORIDADES DE MÉXICO EN EL ENTENDIMIENTO MEXICO-ESTADOS UNIDOS”, se destaca de manera expresa como uno de los logros alcanzados en esta negociación comercial el de “ampliar los compromisos en materia de protección del medio ambiente, incluyendo la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo el fomento a la transparencia y participación de la sociedad en el cuidado del medio ambiente”.

Como parte de este Acuerdo que podrá aprobarse por esta H. Soberanía en las próximas semanas, será necesario, como parte de su cumplimiento, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se etiqueten recursos reales y suficientes para la inspección y vigilancia en materia pesquera, y eliminar de nuestra realidad el hecho de que la pesca ilegal siga siendo la amenaza más grave para nuestros ecosistemas marinos.

Es importante que el nuevo Gobierno mexicano que iniciará en unas cuantas semanas, realmente realice cuanto sea necesario en el ámbito público por la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, lo cual se podrá lograr con la implementación de nuevas políticas en la materia, y con acciones de inspección y vigilancia adecuadas que enfrenten el agudo problema de pesca ilegal que sufrimos hoy en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la próxima Administración Pública Federal a que ante la falta de resultados de la administración actual, modifique las políticas públicas y los programas en materia de inspección y vigilancia pesquera, a fin de lograr la preservación de los recursos pesqueros del país, así como para dar cumplimiento con lo dispuesto en la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina, y al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, cumplan su mandato y ejerzan sus atribuciones de inspección y vigilancia pesquera, a fin de que se atienda y no se tolere el problema de la pesca ilícita en el país y a que dentro de la temporada de camarón de altamar en el litoral del Océano Pacífico instrumente un programa emergente de inspección y vigilancia en los litorales de Baja California Sur, para evitar los problemas recurrentes de pesca ilegal, principalmente por los barcos camaroneros que arrastran en esa región.

TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el marco de la discusión y aprobación del Decreto  de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, sea considerado un incremento sustancial y etiquetado de los recursos destinados para la inspección y vigilancia pesquera, a fin de que se cuente con las condiciones económicas suficientes para realizar los actos de autoridad necesarios en el combate de la pesca ilegal.

Atentamente,

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 11 de octubre de 2018.