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Proposiciones

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyan y al titular de la Comisión Nacional del Agua se abstenga de llevar a cabo acciones tendientes a implementar los ilegales acuerdos de entrega de agua a los Estados Unidos de América a cambio de obras de infraestructura en la Cuenca del Río Colorado.

SE CONSULTó LA DISPENSA DE TRáMITES, QUE NO FUE OTORGADA POR LA ASAMBLEA.
SE TURNó A LA COMISIóN DE RECURSOS HIDRáULICOS.


 C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE SENADORES.

P r e s e n t e.

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEÓN GASTÉLUM, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, fracción III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea con carácter de urgente resolución la siguiente Proposición con punto de acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN por el que se requiere, con toda atención, a los Titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se sirvan instruir y al Titular de la Comisión Nacional del Agua se abstenga de llevar a cabo acciones tendientes a implementar los ilegales acuerdos de entrega de agua a los Estados Unidos de América a cambio de obras de infraestructura en la Cuenca del Río Colorado, con base en las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Traición a la Patria en la CILA.

La sección mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) pretende dar continuidad a la ilegítima e ilegal entrega de aguas del  Río Colorado a los Estados Unidos de América. A pesar de las  reiteradas muestras de inconformidad en contra de lo pactado en las actas  319  y  323, la Comisión Nacional del Agua, como dependencia integrante de la CILA, tiene planeado llevar a cabo actos en desarrollo del contenido de dichas actas que son desde luego contrarios a la soberanía nacional. Académicos, representantes populares y principalmente los habitantes de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California y Sonora han hecho ver a los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores la falta de equidad que caracteriza a los acuerdos adoptados por la representación mexicana, y de los cuales se dio cuenta en las actas que se han venido mencionando.

Las actas 319 y 323 presentan la imposibilidad jurídica de hacerlas efectivas en razón de que resultan violatorias del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. En efecto, como se puede apreciar tan sólo con una lectura minuciosa y detenida, el instrumento internacional no estableció, por no haberlo pactado así los Estados Partes en ninguna de sus cláusulas, la entrega de agua de una nación a otra a cambio de infraestructura. Contrario al espíritu, letra y alcances del Tratado, la sección mexicana consintió el siguiente acuerdo:

Resolución No. 8:

"Las inversiones en proyectos, así como los intercambios de aguas correspondientes, se llevarán a cabo de manera consistente con las estipulaciones de esta acta, particularmente la Sección IX. "

En dicha Sección IX se establece lo siguiente:

"Los Estados Unidos contribuirá con un monto total de $31.5 millones de dólares a México, a través de la Comisión, para desarrollar proyectos de conservación en México. Toda el agua generada conservada con esta inversión, será asignada a México con excepción de los siguientes volúmenes: 86 Millones de metros cúbicos (70,000 acres pies de agua), para cumplir con el compromiso de Estados Unidos de agua para beneficio del medio ambiente en particular del tramo limítrofe y del Delta del Río Colorado establecido en la sección octava, 62 metros cúbicos (50,000 acres pies de agua) para el sistema en beneficio de todos los usuarios y 135 m3 (109,100 acres pies de agua) para su uso en los Estados Unidos en consideración de las inversiones referidas. "

El Acuerdo anterior está contenido en el Acta 323 de fecha 21 de septiembre de 2017 que afecta a nuestro país y contravienen nuestros principios normativos de política exterior.

Los mecanismos jurídicos para la distribución de aguas, ya sea que se trate de cuencas al interior de un mismo país (Como el Tribunal de Aguas de Valencia en España) o de aguas internacionales que atraviesan los límites de dos o más naciones, giran en torno a un método de interpretación y aplicación que no es otro más que la búsqueda y procuración de la máxima equidad entre las partes. Gracias a la recta aplicación del principio de equidad en materia hídrica alrededor del mundo y en particular en la cuenca del Río Colorado, las comunidades por las que atraviesa el caudal han de beneficiarse de las aguas en la misma medida y proporción, sin más afectación que la producida por los fenómenos climatológicos. En función de la equidad, reconocida en todo el planeta como principal instrumento de justicia entre las partes en materia hídrica, el Tratado de 1944 fijó con claridad los volúmenes de agua y las condiciones en que corresponden a las naciones contratantes. En ninguna parte del Tratado, ni en el cuerpo de las estipulaciones ni en las declaraciones previas, se establece bajo ningún motivo, causa o razón que los volúmenes de agua pactados puedan ser objeto de canje, permuta o trueque. La infraestructura es desde luego necesaria para la adecuada conducción y preservación del recurso hídrico en todo su trayecto desde la fuente hasta la desembocadura en el delta del Alto Golfo de California. Sin embargo, el propio Tratado contiene las bases para que los estados partes asuman el costo y financiamiento de las obras correspondientes. De ahí que no debe tener lugar ninguna acción tendiente a convalidar, confirmar o dar continuidad a los acuerdos ilegales adoptados en las actas 319 y 323 por parte de las autoridades mexicanas en particular de la Comisión Nacional del Agua.

Despojo del recurso hídrico.

Los Estados Unidos de América han pretendido, a partir de la abolición de la esclavitud bajo la presidencia de Abraham Lincoln, convertirse en el faro del mundo que irradie las libertades civiles y los valores de la democracia. [*] Sin embargo, con frecuencia el vecino país del norte ha intentado interferir en los asuntos internos de la República Mexicana con la finalidad de apropiarse, con los mayores beneficios y ventajas, de los abundantes recursos naturales en nuestro territorio. Las maniobras, intrigas y agresiones a fin de apoderarse de nuestro petróleo se encuentran debidamente documentadas en los anales de la historia. En torno al agua, en los últimos 150 años, el gobierno federal al otro lado de la frontera ha tenido que lidiar con los intentos por parte de los estados por donde avanza el Río Colorado, especialmente de los granjeros de Arizona, por agotar y consumir prácticamente en su totalidad el volumen de agua que porta el caudal. El proceso de negociación al interior de la nación vecina, que llevó varias décadas, y que finalmente culminó con la celebración por parte del Ejecutivo y posterior aprobación en el Congreso, así lo demuestra. En esa tarea, el Departamento de Estado tuvo que concientizar y convencer a algunos sectores de la población de los estados de California y Arizona sobre la necesidad de compartir las aguas por tratarse de un río, como el Colorado, de carácter internacional. Sin embargo, los intentos de apropiación indebida por parte de algunos actores al otro lado de la línea divisoria son recurrentes y se atrevieron a proponer en el seno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el canje del recurso hídrico por obras de infraestructura, lo cual, contra toda lógica, sentido de soberanía y en violación a sus obligaciones como servidores públicos, fue consentido, autorizado y aprobado por la sección mexicana.

A lo largo de nuestra historia, y en el marco de la relación bilateral, sólo una línea de conducta ha demostrado ser eficaz frente a los intentos de abuso por parte de los Estados Unidos de América. Se trata de la autodeterminación del pueblo de México y la defensa de la soberanía. La persistencia en un posicionamiento internacional firme y digno, ha terminado siempre por encontrar eco entre los sectores estadounidenses partidarios también del diálogo y el consenso como sustento de la política exterior. Así lo confirman experiencias como la recuperación de la zona de " El Chamizal ", que absorbió la nación vecina al cambiar de cauce el Río Bravo, limítrofe entre ambos países.

A partir de estas y otras experiencias de la nación mexicana, como la “Guerra de los Pasteles”, la invasión francesa y la ocupación del puerto de Veracruz a inicios del Siglo XX, se fue construyendo una política exterior con base en el respeto, el diálogo y la equidad. Las pautas adoptadas gradualmente al paso del tiempo se convirtieron por decisión del Constituyente Permanente en los principios normativos de la política exterior mexicana plasmados en el artículo 89 de la Constitución General de la República al tenor siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Es en la aplicación de dichos principios normativos, en particular de la defensa de la soberanía nacional y la promoción de los derechos humanos, que el gobierno mexicano debe, por todos los medios diplomáticos, dejar sin efecto las actas 319 y 323 en la parte que atentan contra la soberanía nacional.

Como se puede apreciar en el portal en la red informática mundial denominada Internet, la Comisión Internacional de Límites y Aguas tiene adscritas, para el desempeño de sus actividades, a diversas dependencias del ámbito federal. Entre ellas destaca la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la SEMARNAT. En condiciones normales, corresponde a la Comisión Nacional del Agua, dentro de su competencia y en el ejercicio de sus facultades, instrumentar lo que corresponde al Estado Mexicano en función de los acuerdos que se tomen en el seno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. No obstante, excediéndose en sus facultades y atribuciones, a sabiendas de que las actas 319 y 323 contienen acuerdos claramente contrarios a la soberanía nacional, la CONAGUA pretende llevar a cabo acciones que perjudican a los usuarios de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California y Sonora, en ejecución de las cuestionadas actas.

En los Valles de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora el rechazo por parte de sus habitantes a la cesión de agua a cambio de infraestructura es generalizado. En contra del despojo hídrico se han llevado a cabo marchas, mítines y plantones exigiendo a la sección mexicana gestionar la revocación de los acuerdos que causan daño a las y los mexicanos. Tanto la CONAGUA como la propia Secretaría de Relaciones Exteriores han recibido sendos y numerosos escritos haciéndoles ver la violación al Tratado de Límites y Aguas de 1944 en que la representación mexicana ante la CILA incurre al suscribir las multicitadas actas 319 y 323. Sin embargo, en lugar de cumplir con las nuevas obligaciones a cargo de los altos funcionarios de CONAGUA, derivadas de sus deberes de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos así como de prevenir, investigar y sancionar violaciones a los mismos, [*] dichos servidores públicos pretenden desplegar acciones que permitan instrumentar los acuerdos ilegítimos pactados y plasmados en las actas mencionadas.

Sabedores de su ilegítimo e ilegal proceder, en lugar de plantear y poner a consideración las acciones que pretenden llevar a cabo en las sedes del propio Distrito de Riego 14 en el nor-occidente del país, optaron por llevar a cabo, prácticamente de manera clandestina, la comunicación de las acciones solamente a los directivos, sin hacer del conocimiento la información a la asamblea que cuente con la totalidad de los usuarios en su conjunto. Poniendo una distancia de más de dos mil kilómetros de los auténticos usuarios, la CONAGUA pretende presentar los nuevos contratos relativos al Módulo del Distrito de Riego 14 en la ciudad de Ixtapa, en el Estado de México. Busca aprovechar el marco de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) para tratar asuntos de índole particular como los propios de la cuenca del Río Colorado, en lugar de atender asuntos de orden nacional como es el objetivo del evento a desarrollarse en Ixtapa. Es importante destacar que la pretensión de nuevos contratos y acciones para instrumentar los ilegales acuerdos contenidos en las actas 319 y 323 constituye una invasión de facultades. En efecto, la modificación de los tratados en general y del Tratado de Límites y Aguas de 1944 en particular para canjear agua por infraestructura –que desde luego no se acepta- es una facultad única y exclusiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión que usurpó la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y que al pretender instrumentar la Comisión Nacional del Agua resulta partícipe también de una intromisión por parte del Poder Ejecutivo Federal en la esfera de competencias del Senado de la República, en una materia que de antemano se sabe será rechazada. En consecuencia, con el propósito de defender la soberanía nacional, preservar el marco de competencias del Senado de la República como único ente facultado por la Constitución de la República para comprometer a la nación a través de tratados y convenciones internacionales y proteger los derechos de miles de familias en la cuenca del Río Colorado, asentadas en los Valles de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora se eleva a la más alta consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se requiere, con la máxima firmeza, a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambientes y Recursos Naturales a fin de que instruyan y al de la Comisión Nacional del Agua para que se abstenga de llevar a cabo actos tendientes a dar efectos, instrumentar o avanzar en la implementación de los acuerdos ilegales e ilegítimos, por violatorios del Derecho Internacional Público y del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, contenidos en las actas 319 y 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que contrario al espíritu, cláusulas y alcances del instrumento internacional invocado autorizan la cesión de aguas que corresponden a nuestro país, en particular a los habitantes de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California y Sonora, a cambio de infraestructura hidráulica.

Con toda atención.

Dado en la Sede del Senado de la República, a 17 de octubre de 2018.

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEÓN GASTÉLUM


[*] “Las singularidades que los Estados Unidos se han atribuido durante toda su historia han dado origen a dos actitudes contradictorias hacia la política exterior. La primera es que la mejor forma en que los Estados Unidos sirven a sus valores es perfeccionando la democracia en el interior, actuando así como faro para el resto de la humanidad; la segunda, que los valores de la nación le imponen la obligación de hacer cruzada por ellos en todo el mundo.” Tomado de: La Diplomacia, Henry Kissinger, Fondo de Cultura Económica, México, 2000 página 12.

[*] Véase el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.