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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos a cumplir cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.

SE SOLICITó DISPENSA DE TRáMITES, QUE NO FUE OTORGADA POR LA ASAMBLEA.
SE TURNó A LA COMISIóN DE SEGURIDAD PúBLICA.


Proposición con Punto de Acuerdo

La suscrita SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIHUAHUA Y MORELOS, PARA QUE CUMPLAN CABALMENTE CON LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La trata de personas es un fenómeno delictivo presente en México y que se encuentra extendido en el mundo. Cabe resaltar que se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y armas; acorde a la Organización de Naciones Unidas (ONU) se estima que las ganancias de la referida conducta van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, lucrando de la esclavitud y explotación de unas 27 millones de personas en el mundo.

            Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las mujeres víctimas de dicha conducta se ubicaron entre 66 y 74%; de niñas, entre 15 y 20%; de niños, entre 12 y 16%, y de varones, entre 3 y 9%. De tal suerte, la población más afectada, y por ende más vulnerable a este delito, fueron las mujeres y las niñas.

            Ahora, en México, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16,000 y 20,000 [*], sin embargo, otros estudios calculan que dicha cifra asciende a 70,000 [*]; de los cuales 50,000 son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país. Por otro lado, las estimaciones del total de las víctimas en el país oscilan entre 50,000 y 500,000 casos [*].

            Como se puede apreciar, la exactitud de los datos no ha podido ser corroborado, pero los mismos pueden ser un indicador valido, tomando en cuenta la presencia de los grupos del crimen organizado, un crecimiento en los giros negros, así como la creciente oferta de servicios sexuales en México.

            Por desgracia, este delito constituye un fenómeno creciente. En nuestro caso, somos un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Aunando a lo anterior, se tiene una dinámica migratoria complicada, atendiendo a la situación geográfica de México, así como el aumento en el intercambio de bienes y servicios derivados de la globalización; situaciones que incrementa la incidencia de la referida acción.

            Con el fin de combatir este tipo de conductas se han realizado diversos esfuerzos internacionales, el más importante es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre del año 2000, mejor conocido como la “Convención de Palermo”. En conjunto, representantes de 147 países, entre ellos México, se comprometieron a combatir la trata en forma integral, es decir, investigar, disminuir la impunidad, brindar protección, atención y asistencia a las víctimas, e implementar medidas de prevención.

            En este sentido, con el fin de armonizar el sistema jurídico nacional con los instrumentos internacionales, a finales de 2007 se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas [*]. A nivel local, casi todas las entidades federativas han tipificaron el delito de trata de personas, y muchas de ellas han promulgado leyes especiales.

Después de un gran dinamismo legislativo y social en el tema que nos incumbe, el 14 de junio de 2012, se publicó la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”; misma que sustituyo y abrogo la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Incorporándose, de esta forma, las hipótesis normativas de los instrumentos internacionales al ordenamiento jurídico mexicano. En este sentido, el tipo base de trata de personas quedo plasmado en el numeral 10, de la siguiente manera:

“Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

  1. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;  
  2. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;  
  3. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;  
  4. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley; 
  5. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;  
  6. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley; 
  7. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;  
  8. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;  
  9. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;  
  10. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente Ley; y  
  11. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley.” 

Como se puede apreciar, en dicha definición se prevé un catálogo de conductas delictivas, relacionadas principalmente con la captación, transporte, retención y entrega de una persona, y diversas modalidades de explotación a las que atiende la acción de los delincuentes. También se puede concluir válidamente que otras hipótesis normativas contenidas en tipos penales diversos no son capaces de encuadrar la conducta antes mencionada, es decir, no se pueden sancionar como lenocinio, como corrupción de menores, violación, entre otros, como se desgraciadamente sigue sucediendo en ciertos estados de la república.

            ¿Por qué se tipifican conductas referentes a la trata de personas como otros delitos?, lo anterior surge por diversas razones, sin embargo, las principales son: la falta de armonización legislativa de las entidades federativas y la inaplicación por parte de las instancias de procuración de justicia estatales de la ley federal. ¿Cuál es la trascendencia de que no se armonice la ley federal en las entidades federativas?, no existe un verdadero análisis, investigación, prevención y castigo de la conducta objeto del presente punto de acuerdo, es decir, se deja a las víctimas en un verdadero estado de indefensión.

De tal suerte, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, estableció condiciones para poder establecer que se ha homologado o armonizado la ley federal en la materia, mismas que se transcriben a continuación:

  1. Las entidades federativas han emitido una nueva Ley o su marco legal se ha reformado expresamente para armonizar con la Ley General, y  
  2. Han derogado el tipo penal de sus códigos; de su Ley local en la materia o sus códigos penales remiten a la Ley General. 

Condiciones necesarias para poder cumplir de manera cabal con los compromisos establecidos en el convenio de Palermo, así como para velar con los derechos de las víctimas y que el delito no quede impune. En este sentido, y no obstante los constantes esfuerzos del estado mexicano y del legislativo federal existen varios estados que no han realizado la labor de armonización correspondiente con la nueva ley, así como con los instrumentos internacionales. Los estados de la republica que no han realizado el referido esfuerzo son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos.

            Como consecuencia, existen diversas dificultades para poder investigar, prevenir y castigar estas conductas. Por una parte, el desconocimiento que persiste sobre el tema por parte de las autoridades y, por otro lado, la falta de mecanismos legislativos para incorporar o remitir a la nueva ley en relación con trata de personas, refuerza la incompetencia de los órganos de procuración de justicia para encuadrar la conducta pertinente; y no una que pudiera considerarse análoga.

            Resulta verdaderamente alarmante que, a más de 19 años de haberse suscrito el Convenio de Palermo, no todas las legislaturas estatales han homologado o armonizado sus ordenamientos en la materia, lo que deja en un estado de indefensión a todas las víctimas, más aún en el contexto de violencia y auge de dichas conductas que se registra en gran parte del territorio nacional.

            Por las razones aquí expuestas, es pertinente realizar un exhorto a los congresos de las Entidades Federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos), para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos, para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.


[*] Secretaría de Turismo/Universidad del caribe, Propuesta técnica para las asesorías para identificar los factores que permiten la trata de personas en el Sector Turístico (…). México, ap. III, t. I, 2011, p. 24, con más referencias (en lo sucesivo: Sectur, La trata de personas en el Sector Turístico - Propuesta técnica)

[*] Fondation Scelles, Rapport mondial…, p. 101

[*] Sectur, La trata de personas en el Sector Turístico - Propuesta técnica, p. 7.

[*] Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 2007. Esta ley fue reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2011, por el que se adicionaron diversas disposiciones a los artículos 5 y 13, en relación con los anuncios publicitarios que fomenten la trata de personas