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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIóN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


La iniciativa tiene por objeto considerar como falta administrativa el desvío de recursos provenientes de donaciones para damnificados. Asimismo, actualiza los artículos 63 y 90 de la Ley General de Protección Civil debido a que hacen referencia a la abrogada Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, A CARGO DE LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD, COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. Al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México se encuentra en un punto geográfico caracterizado por su alta vulnerabilidad a distintos fenómenos naturales como ciclones, sequías, huracanes sismos, entre otros.

Por ello el Estado debe implementar un enfoque de Reducción del Riesgo de Desastres, que no es otra cosa más que la práctica tendiente a reducirlos a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que causan los desastres. Por ejemplo, con políticas tendientes a la reducción del grado de exposición a amenazas; una gestión integral del suelo y del medio ambiente; y/o una disminución de la vulnerabilidad de las personas y sus propiedades.

México es considerado a nivel internacional como uno de los países con la gobernabilidad de gestión de riesgos más consolidada de América Latina. La cruda experiencia del terremoto de 1985 obligó al Gobierno mexicano a transitar a un enfoque moderno de gestión de riesgos que prioriza las actividades preventivas. Con la expedición de la Ley General de Protección Civil se reconoció por vez primera las múltiples funciones del Gobierno Federal en materia de protección, así como el impulso de este enfoque preventivo para la protección civil en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, a pesar de este avance en materia de protección civil y de su respectivo reconocimiento a nivel internacional, México enfrente un problema en términos de corrupción, ya que se ha documentado una serie de desvíos, robos y/o fraudes con los recursos y donaciones destinadas a los damnificados.

El pasado 7 y 19 de septiembre de 2017, una serie de sismos de magnitud 8.2 y 7.1, respectivamente, azotaron al país. Las afectaciones sobre viviendas, edificios y espacios públicos de los sismos alcanzarán los 48 mil millones de pesos . Para enfrentar dichos costos y subsanar las necesidades de la población afectada, se emitió declaratoria de desastre y emergencia, de tal forma que se pudieran acceder a fondos estatales y federales. A su vez, se anunciaron diversas donaciones nacionales e internacionales, tendientes a coadyuvar en dicho proceso.

En razón de lo anterior, el gobierno diseñó la página Fuerza México, la cual es un conjunto de iniciativas para la reconstrucción y apoyo a la ciudadanía derivadas del impacto de fenómenos naturales. Dicha plataforma constituye un ejercicio de rendición de cuentas para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los daños .

Sin embargo, a un año de este suceso, no es posible conocer a detalle la información sobre la asignación y ejercicio de los recursos públicos y privados para la reconstrucción.

#Epicentro, una plataforma de coordinación cívica, académica y empresarial, integró un nodo de trabajo conformado por organizaciones como: Fundar, Transparencia Mexicana, Alternativas y Capacidades, MEXFAM, Mexicanos Primero, entre otras. Todas ellas impulsaron la elaboración de un primer informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados para la reconstrucción . De acuerdo con este estudio, la plataforma Fuerza México ha publicado información gubernamental de las distintas dependencias involucradas en las acciones de reconstrucción. Sin embargo, no se puede dar seguimiento financiero, ya que los datos son inconsistentes. Asimismo, no se encuentra documentada y publicada la información de los recursos públicos, deducidos, transferidos y reintegrados para la reconstrucción. En este sentido, se debe de dar a conocer en dónde se están asignando y ejerciendo estos recursos, particularmente dentro del Fondo de Desastres Naturales. 

En razón de lo anterior es que surge una gran incertidumbre por parte de la ciudadanía a la hora de la asignación de los recursos públicos y privado a través de donativos. Por lo que una forma de combatir esto, es el establecer en la Ley General de Protección Civil (LGPC) un apartado referente a este tema.

Si bien es cierto que el artículo 72 de la mencionada LGPC señala que:

Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y pequeños productores.

No se establece algún tipo de sanción a quien comete algún tipo de falta administrativa como el uso o desvío de recursos de donaciones destinados a los damnificados.

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Instituyéndose como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.

Derivado de lo anterior, se publicaron nuevas leyes y se reformaron algunas ya existentes en materia de faltas administrativas y hechos de corrupción. El 18 de julio de publicó la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la cual tiene como principal objetivo distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Asimismo, con la expedición de esta ley, de conformidad con el último párrafo del artículo tercero transitorio, quedan abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogan los títulos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la LGRA.

En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto considerar como falta administrativa el desvío de recursos provenientes de donaciones para damnificados. Asimismo, actualizar los artículos 63 y 90 de la LGPC debido a que hacen referencia a la abrogada Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Toda vez que de acuerdo con el transitorio segundo de LGRA, se establece que “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”.

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 63 y 90; y se reforma y adiciona un párrafo al artículo 72 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como siguen:

Art. 63.-

La retención injustificada de dichos recursos por parte de los servidores públicos federales involucrados en el procedimiento de acceso será sancionada de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Art. 72.- Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y pequeños productores.

El desvío y retención injustificada de recursos financieros y materiales de donaciones destinados a damnificados, por parte de los servidores públicos o por particulares, será sancionado de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y los tribunales correspondientes.

Art. 90.- La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una falta administrativa grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

Senadora Sasil de León Villard

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 18 de octubre de 2018


Esquivel, Gerardo et al (coord.), (2018), Sismos 2017. Diagnósticos y propuestas para la reconstrucción, México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

https://www.gob.mx/fuerzamexico/ (consultado el 24 de septiembre de 2018).

Transparencia Mexicana / Fundar, Centro de Análisis e Investigación / Alternativas y Capacidades / MEXIRO A.C. / Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, (2018), Informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados para la reconstrucción a seis meses de los sismos, México.