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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIñEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


La iniciativa tiene como propósito eliminar la figura de emancipación.

Verónica Martínez García, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del artículo 8, numeral 1, fracción I del artículo 163, 164 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como parte de los pendientes legislativos que deben ser desahogados, el de la armonización de la legislación y su adecuación a la realidad en que vivimos, son una prioridad, ya que de esa manera el entramado jurídico podrá responder a las necesidades de la sociedad mexicana, máxime si dichas disposiciones tutelan derechos fundamentales de algún sector poblacional que pudiera encontrarse en condición de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes. 

Del análisis de los diferentes ordenamientos legales vigentes como lo son la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, en relación con la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales, advertimos que existen disposiciones que no guardan uniformidad en su regulación, por lo que resulta necesario atender tal deficiencia y evitar la existencia de incongruencias normativas.

Al respecto, el párrafo noveno del artículo 4º constitucional, en relación con el artículo 1º constitucional , señala lo siguiente:

“…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…”

En ese sentido, es claro su contenido al señalar que el principio del interés superior de la niñez prioriza el cumplimiento y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como un factor que impulsará su sano desarrollo físico y mental.

En consonancia con lo anterior, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de manera genérica tutela la protección de los derechos de la niñez, solo que en su artículo 45 establece la prohibición expresa para que puedan participar en la celebración de un matrimonio, lo cual es una recurrente práctica que se ha tenido por años, por razones culturales o sociales, y que desafortunadamente se ha pasado por alto las afectaciones que ocasionan a los menores de edad que han contraído nupcias, lo anterior en los siguientes términos: 

“Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”

El espíritu de dicha prohibición es que las niñas, niños y adolescentes no vean truncado su desarrollo físico y mental, así como el personal, permitiéndoles que paulatinamente vayan construyendo un proyecto de vida que puedan llevar a cabo, por lo que contraer matrimonio durante esta etapa de formación y desarrollo resulta un obstáculo para ello y un compromiso impropio para su edad, incluso, según las circunstancias en que sucediera su participación, estos menores de edad puede ser víctimas de la comisión de algún delito.

Desafortunadamente, el contenido de algunas disposiciones del Código Civil Federal no ha sido armonizado con la Constitución Política y con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente, ya que su redacción atenta contra los derechos fundamentales de la niñez, al permitir que los menores de edad puedan contraer matrimonio, así como también crea las condiciones legales para que ello suceda.  

En relación a ello, es inconcebible que se contemple la posibilidad de que los menores de edad puedan contraer a matrimonio con una edad mínima, 14 años en el caso de las mujeres y 16 en el caso de los varones, a través de la dispensa de ese requisito a través del consentimiento que otorguen los ascendientes o incluso instituciones gubernamentales, lo que por sí misma es una transgresión múltiple a los derechos humanos.

Sobre el particular, existe una recomendación realizada al Estado mexicano por parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 2015, misma que consiste en lo siguiente:

“A la luz de la observación general número 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.”

Tal como se advierte de la recomendación anteriormente transcrita, resulta necesario que la legislación sea homogeneizada para brindar una eficaz protección a los derechos de los menores de edad.

Simultáneamente a ello, tal recomendación también advierte una realidad muy alarmante al estimarse que la población de niñas es la que mayormente se ve involucrada en la celebración de matrimonios, ya sea por prácticas sociales o usos y costumbres que violentan sus derechos humanos, o bien, también puede ser el desafortunado inicio de una preocupante cadena delictiva que tiene presencia de diversas formas con igual grado de peligrosidad, la cual debe romperse a través del trabajo legislativo que se realice para modernizar la leyes que así lo requieran.     

El artículo 45 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  es claro al establecer que es requisito indispensable haber cumplido 18 años de edad para contraer matrimonio, por lo que toda disposición legal que permita lo contrario o que regule las consecuencias de la celebración de un matrimonio con menores de edad, deberán ser reformados o derogados.

Por ello, es que se considera oportuno que la emancipación derivada del matrimonio, también sea suprimida de la legislación vigente, al ser una consecuencia jurídica de la participación de menores de edad en la celebración del matrimonio, ya que los menores de edad al contraer nupcias, por ese solo hecho quedan liberados de la patria potestad o tutela que se ejerza sobre ellos para poder tomar decisiones sobre su nueva condición personal y los bienes que adquiera.

En ese sentido, la eliminación de la emancipación obedece a que si la figura principal, como lo es el matrimonio en menores de edad, queda prohibida, resultaría ocioso que permaneciera vigente en la ley la regulación de sus consecuencias jurídicas.

En defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de su sano desarrollo físico, mental y personal, es que se presenta está propuesta con la idea de que nuestra legislación sea armonizada y que cuente con los elementos que permitan eliminar los obstáculos que pongan en riesgo el bienestar de esta población, creando condiciones para contribuir a la reducción de esta problemática y de otras amenazas que afectan a los menores de edad.

Siempre será mejor ver el desarrollo adecuado de la niñez en nuestro país, ver como se preparan académicamente los adolescentes o adquieren los conocimientos necesarios para ejercer un oficio, con la finalidad de preparar un proyecto de vida, en lugar de ver truncadas sus aspiraciones por su participación en un matrimonio, circunstancia que les complicara la vida  y propiciara diversos problemas como los de salud, deserción escolar, discriminación por razón de genero, rezago económico y social, mortalidad materno-infantil, entre otros, además de asumir la gran responsabilidad de todo lo que implica un matrimonio y una familia.       

Es importante eliminar las incongruencias normativas que pudieran existir en nuestra legislación, pero es de mayor trascendencia proteger los derechos de los menores de edad para darles la posibilidad de que tengan un sano desarrollo físico, mental y personal, pensando en su bienestar presente y futuro.

Por lo antes expuesto, la suscrita propone ante el Pleno de este Senado de la Republica, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se derogan el artículo 93, las fracciones II y VII del artículo 98, la fracción IV del artículo 103, los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, la fracción II del artículo 156, 173, 181, el segundo párrafo del artículo 187, el segundo párrafo del artículo 209, 229, 237, 238, 239, 240, el tercer párrafo del artículo 272, la fracción II del artículo 443, 451, la fracción II del artículo 624 y 641 del Código Civil Federal; Se reforman, la fracciones I y V del artículo 98, el artículo 100, las fracciones II y V del artículo 103, el primer y segundo párrafo del artículo 113, el artículo 148, la fracción I, así como el último párrafo del artículo 156, el artículo 172, el primer párrafo de artículo 187, el primer párrafo del artículo 209, el artículo 265, el primer párrafo del artículo 272, la fracción I del artículo 438, todos del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 93. Derogado.

Artículo 98. ...

I. El acta de nacimiento de los pretendientes;

II. Derogado.

III. a IV. ...

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

...

VI. ...

VII. Derogado.

Artículo 100. El Juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 serán ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del Registro Civil. Este, cuando lo considere necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el certificado médico presentado.

Artículo 103. ...

I. ...

II. Que los contrayentes son mayores de edad.

III. ...

IV. Derogado.

V. Que no hubo impedimento para el matrimonio.

VI. a IX. ...

Artículo 113. El Juez del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio, está plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad, de su mayoría de edad y de su aptitud para contraer matrimonio.

También podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados presenten, y a los médicos que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 98.

Artículo 148. Para contraer matrimonio se requiere que el hombre y la mujer contrayentes, cuenten con dieciocho años de edad;

Artículo 149. Derogado.

Artículo 150. Derogado.

Artículo 151. Derogado.

Artículo 152. Derogado.

Artículo 153. Derogado.

Artículo 154. Derogado.

Artículo 155. Derogado.

Artículo 156. ...

I. Que los contrayentes no tengan 18 años de edad, como mínimo;

II. Derogado.

III. a X. ...

De estos impedimentos sólo puede dispensarse el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.

Artículo 172. El marido y la mujer, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 173. Derogado.

Artículo 181. Derogado.

Artículo 187. La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los esposos.

Derogado.

Artículo 209. Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la sociedad conyugal.

Derogado.

Artículo 229. Derogado.

Artículo 237. Derogado.

Artículo 238. Derogado.

Artículo 239. Derogado.

Artículo 240. Derogado.

Artículo 265. Los que infrinjan el artículo anterior, así como las personas mayores de edad que contraigan matrimonio con algún menor de edad, incurrirán en las penas que señale el Código de la materia.

Artículo 272. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.

...

Derogado.

...

Artículo 438.

I. Por la mayoría de edad de los hijos;

II. …

III. …

Artículo 443. ...

I. ...

II. Derogado.

III. ...

Artículo 451. Derogado.

Artículo 624. ...

I. ...

II. Derogado.

Artículo 641. Derogado.”

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 8 de octubre de 2018.

Atentamente

Primer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece…”

  Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, UNICEF, ONU, ONU DERECHOS HUMANOS, 8 de junio de 2015, página 12.