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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de los informes especiales por auditorías practicadas.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.


CC. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPUBLICA.
P r e s e n t e.

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276, fracción III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita, con toda atención, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación se sirva tomar medidas extraordinarias a fin de evitar el desfalco de la Hacienda Pública del Estado de Baja California en el último año de gobierno, con base en las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Desvíos y desfalcos en Baja California.

La inversión pública representa uno de los principales factores para el desarrollo de cualquier entidad de la República. Los recursos canalizados tanto a infraestructura como a la prestación de los servicios públicos y los programas sociales tienen el objetivo de crear condiciones idóneas para mejorar el nivel de vida de la población. Es por ello que, en un país emergente con casi la mitad de su población en situación de pobreza, circunstancias de las que participa desde luego Baja California, se ha tenido cuidado de crear reglas claras para cuidar de malos manejos a los recursos públicos. La preceptiva fue elevada a rango constitucional estableciendo en el artículo 134 de la Ley Fundamental que el erario se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez además de dejar en claro que habrán de satisfacer los objetivos a los que estén destinados. De ahí que los malos manejos en la Hacienda pública van más allá de la simple violación a las disposiciones en materia presupuestaria, y entrañan un pesado obstáculo a la viabilidad de las actividades productivas en la entidad, además de que condenan a decenas de miles de personas a padecer la pobreza durante varias generaciones.

En la ingeniería constitucional mexicana, destaca la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. El organismo goza de autonomía técnica y de gestión y tiene encomendada la función de fiscalización que deberá ejercer conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, en términos del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre sus actividades, destaca la fiscalización directa de los recursos federales que reciban los Estados, así como los empréstitos que cuenten con garantía de la Federación. Para los fines anteriores, las entidades fiscalizadas como el gobierno de Baja California deben llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos federalizados, es decir, que le sean transferidos y asignados por parte de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo revisiones poniendo en contraste los registros anteriores, contra las operaciones materiales llevadas a cabo por el ente fiscalizado y las compulsas que son la comprobación de las operaciones registradas en las cuentas de terceros, como pueden ser los proveedores o beneficiarios.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que se proclama que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, la fiscalización adquiere un papel de la mayor importancia, pues es a través de los recursos que aportan los propios ciudadanos, que se llevan a cabo las acciones, planes y programas en su beneficio. En torno a la trascendencia de esta tarea, la Doctora Cecilia Licona Vite, investigadora A del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias considera que "La fiscalización es un elemento esencial para la gobernabilidad y el desarrollo de las sociedades. En nuestros días, es común observar que el Estado otorga el control financiero a un órgano representativo del mismo, para que fiscalice el gasto público. Dicho control se lleva a cabo mediante entidades de fiscalización superior.” [*]

A pesar de la conciencia creciente que se tiene en torno al valor estratégico de la inversión pública para mantener la dinámica de la economía estatal así como de los esfuerzos para lograr consensos que permitan un catálogo de leyes y reglamentos para asegurar el óptimo ejercicio de los dineros públicos, lamentablemente el gobierno de Baja California ha incurrido en hechos de corrupción. La Auditoría Superior de la de la Federación lleva a cabo una planeación de sus actividades con una proyección anual. De las auditorías y acciones practicadas es evidente que el gobierno del Estado incurrió en irregularidades de diversos tipos hasta por un monto de $1,432,000,000 En congruencia con su carácter de espacio en el que se expresa el Pacto Federal, el Senado de la República no puede dejar pasar desapercibidos estos hechos y, por el contrario, como sede de la representación de los Estados Libres y Soberanos, ha de exigir la recuperación de los fondos y que se finque Responsabilidad a quienes encontrándose encargados de cuidar los recursos para el Pueblo, fallaron en su encomienda.

Resultados de las Auditorias.

La Auditoría Superior de la Federación emitió el Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016 (visible en su portal de Internet). En el tercer apartado, denominado Resumen de los Resultados de la Fiscalización del Gasto Federalizado, se encuentra lo siguiente:

En cuanto al Gasto Federalizado Programable, se hicieron Observaciones por un monto de $2,497.9 millones de pesos. En torno a las Participaciones Federales el monto observado ascendió a $583.9 millones de pesos. El total de las Observaciones ascendió a la cantidad de $3,081 millones de pesos. Lo anterior representa el 8.3% de la muestra auditada, lo cual quiere decir que de cada $100 recibidos de la Federación se incurrió en irregularidades en más de ocho pesos. Resultado de las revisiones, acciones y auditorías, el gobierno de Baja California ocupa el noveno lugar en cuanto a observaciones recibidas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, esto es, 22 entidades federativas y la Ciudad de México fueron mejores en el manejo de los recursos públicos. [*] La Auditoría Superior clarifica que, los conceptos más observados a las entidades federativas son: a) La falta de documentación comprobatoria del gasto, b) Recursos no ejercidos, c) Falta de acreditación del pago a terceros de las participaciones federales, d) Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, y e) Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, entre otras.

La Auditoría Superior también verifica el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, el cual resume de manera ponderada varios indicadores vinculados con los resultados de la gestión de los fondos y programas fiscalizados. [*] Dicho índice para Baja California en el ejercicio 2016 fue de 77.7, por abajo de entidades como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, Colima, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Lo anterior implica que el arduo trabajo de formulación de diagnósticos, elaboración de proyectos y organización de las poblaciones receptoras de las acciones, programas y servicios públicos no produce resultado alguno en más de un 20% del volumen de fondos. Sin duda, la ineficacia en el ejercicio de las ministraciones provenientes de los distintos ramos que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación inciden en el deterioro del nivel de vida del pueblo de Baja California, e impiden aprovechar las ventajas comparativas con que cuenta la entidad derivadas de su envidiable ubicación geográfica en el extremo occidental de la frontera norte de la República Mexicana.

Por otra parte, en relación con las Observaciones con Impacto Económico Pendientes de Solventar de 2012 a 2016, en el concepto de Gasto Federalizado Programable, considerando el importe de procedimientos resarcitorios en desahogo 2012-2013 y el monto de denuncias de hechos, se tiene que para Baja California el monto pendiente de solventar, derivado del Pliego de Observaciones a las Cuentas Públicas 2012-2015, asciende a la cantidad de $4,661.4 millones de pesos.

Cabe mencionar que a procedimientos resarcitorios en desahogo, relativos a las cuentas públicas 2012 2013 corresponden $129.9 millones de pesos y a denuncias de hechos derivadas de la fiscalización de la cuenta pública $129.6 millones de pesos y vinculadas con la simulación de reintegros $88.3 millones de pesos. [*]

En cuanto a las Participaciones Federales 2016, respecto de Baja California se registraron Observaciones con Impacto Económico pendientes de solventar por $583.9 millones de pesos, de los cuales $235.7 corresponden a gobiernos municipales de la entidad. [*]

La Auditoría Superior se avoca también a llevar a cabo la evaluación de la Deuda Pública Fiscalizable, de conformidad con los artículos 1°, fracción IV, 2°, fracción I, 4°, fracción XIV, inciso d, numeral iii y 17, fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En este orden de ideas, las obligaciones financieras contraídas por el gobierno de Baja California pasaron de $6,438.2 millones de pesos en el 2008 a $15 593 millones de pesos en el 2016, lo cual representa un incremento de más del 200%

Este desmesurado incremento en la deuda contraída por el gobierno del estado, representa el 99.5% de las Participaciones Federales y, lo más alarmante, radica en que tiene un plazo de vencimiento de escasos 12 años: en otras palabras, los fondos que debieran destinarse a programas sociales para paliar la pobreza lacerante de amplios sectores de la población, se van a los bolsillos de instituciones financieras seguramente con elevadas tasas de interés, muy superiores al reducido riesgo que implica la garantía de las mismas con Participaciones Federales. Es de atraer la atención la fiscalización llevada a cabo por la Auditoría Superior en el municipio de Tijuana. El saldo de la deuda asciende a $3,154.1 millones de pesos, la cual fue auditada en su totalidad y arrojó los hallazgos siguientes: De 2013 a 2016, en un fideicomiso se administran recursos de distintas fuentes de financiamiento que no se han registrado en la contabilidad del gobierno municipal por $182.9 millones de pesos. En 2016 se contrataron financiamientos a corto plazo por $450 millones de pesos, de los cuales se destinaron 250 a gasto corriente, aunque en los contratos se estableció como destino inversión pública productiva. No se vigiló que un fiduciario devolviera $1.7 millones de pesos de la plusvalía por valuación de títulos del patrimonio al 31 de diciembre de 2016. Y no acreditó, con documentación soporte, el pago por $0.3 millones de pesos registrado como gasto relacionado con el servicio de la deuda pública en 2016. [*]

En cuanto a la posición fiscal de las entidades federativas 2016, resulta que Baja California, junto con otras 14 entidades federativas, no cumplió con el principio de sostenibilidad establecido en la ley.

La bancarrota en que el gobierno del Estado ha colocado a Baja California se hace evidente con el hallazgo de la Auditoría Superior de la Federación del déficit en el balance primario de recursos disponibles, al no contar la entidad con recursos suficientes para pagar el costo de la deuda pública y haber sido necesario cubrir parte de los intereses con nuevos endeudamientos. Consecuencia de la mala administración a cargo del gobierno del estado es que Baja California dependa en más del 90% de sus ingresos de las transferencias que recibe de la Federación, nivel superior al promedio nacional que es del 86.4%.

Finalmente, además de lo anterior, la Auditoría Superior presentó la Orden de Auditoría 569-GB-GF “Financiamiento Público Local: Gobierno del Estado de Baja California”, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017.

Urgente necesidad de racionalidad y orden en el gasto.

Además de los hechos de corrupción e irresponsable deuda pública detectados por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno del estado ha tomado decisiones que comprometen la viabilidad económica tanto de la administración como de la entidad en perjuicio de las futuras generaciones. Se trata del Decreto 95, relativo a la habilitación por parte de la Legislatura del Estado, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, de proyectos de asociación público privada. En etapas atropelladas que indujeron vicios en el proceso legislativo, las y los diputados del grupo mayoritario aprobaron esquemas abusivos para la participación de empresas privadas en compañías desalinizadoras. Lo anterior sin reparar en la movilización social que logró la abrogación de la Ley de Aguas para el Estado, a través de la cual el Gobernador buscaba, a espaldas de la población, crear el marco jurídico idóneo para privatizar el recurso hídrico en la entidad.

Baja California es un estado con características específicas. La entidad se ve obligada a albergar a un enorme segmento de población flotante, el cual se integra por los numerosos contingentes de personas del interior de la República y aún provenientes de Centro y Sudamérica que se acumulan en nuestro territorio con el propósito de cruzar al vecino país del norte. Estas rutas de migrantes tienen un impacto en la estructura de servicios públicos y programas sociales de la entidad que no se registra en ningún otro estado de la República. Al mismo tiempo, la proximidad con el estado más dinámico de la Unión Americana, hace de Baja California una entidad con un amplio potencial para todo tipo de actividades productivas, lo cual requiere de contar con una infraestructura que permita aprovechar ésta y otras ventajas comparativas.

Por ello, la adecuada administración de los recursos públicos no solamente deriva del espíritu de las normas constitucionales y legales, sino que reviste trascendencia estratégica para la supervivencia de la población. Las desviaciones y sustracciones de dinero de las arcas del Estado y municipios impiden que las actividades de los habitantes de la entidad alcancen los objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo que, de esta manera, quedan en simples buenos deseos. Mientras los problemas sociales se agudizan, como la inseguridad con el retorno a altos índices delictivos, la expansión de problemas de salud pública como las adicciones, la obesidad en particular la infantil y la multiplicación de enfermedades crónico degenerativas, se susraen los fondos que debieran tener como destino precisamente la solución de estas dificultades. De ahí que resulta impostergable que la Auditoría Superior de la Federación ejerza de manera integral las atribuciones con que, dentro de su competencia constitucional, cuenta para atender casos excepcionales y, así, preservar y recuperar los fondos públicos en beneficio de los habitantes de Baja California. El Senado cuenta con elementos de prueba de sobra, contenidos profusamente en el Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, para ejercer la atribución prevista en la fracción III del artículo 276 de su Reglamento para el efecto de recomendar a la Auditoría Superior de la Federación el cumplimiento de los preceptos que se invocan en esta proposición parlamentaria.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta, con toda atención, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación para que se sirva dar inicio al procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016 así como de los Informes Especiales por auditorías practicadas, procediendo de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67, fracción I y 68 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y, asimismo, se sirva informar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del resultado de su gestión.

SEGUNDO. Dar vista a las autoridades competentes con el propósito de que el gobierno de Baja California cumpla con sus obligaciones a fin de observar los límites y modalidades de la deuda pública contratada, en términos de lo dispuesto por el artículo 53 en relación con el 70 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

TERCERO. En razón de que, derivado de los desvíos y demás irregularidades encontradas a través de las acciones, revisiones y auditorías a que se refiere el Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016 así como de los Informes Especiales, existe la presunción seria y grave de que en el último año del gobierno del estado de Baja California proliferen los hechos de corrupción, se sirva promover, con base en los elementos de prueba hasta ahora recabados, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, presentándolo ante la autoridad competente según la autoridad y/o servidores públicos que resulten probables responsables, como medio para proteger los recursos públicos destinados al pueblo de Baja California, en particular los relativos a infraestructura y programas sociales para los grupos vulnerables.

Con toda atención.

Dado en la Sede del Senado de la República en la Ciudad de México, a 1° de octubre de 2018.

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM.


[*] Quórum 103 Legislativo, octubre diciembre 2010, LXI Legislatura, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, “Fiscalización superior en Brasil, Canadá y Ecuador”, Cecilia Licona Vite, página 299.

[*] Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, página 116; consultado en el vínculo digital siguiente el 27 de septiembre de 2018: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/documentos/InformeGeneral/IG2016.pdf

[*] Ibidem, Página 17.

[*] Misma cita, Página 121.

[*] Ibidem, página 122.

[*] Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, página 141.