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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica


De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender las convocatorias abiertas del referido Consejo; y exhorta al Presidente electo y a su equipo de trabajo a abstenerse de solicitar cualquier medida que pudiera afectar a los beneficiarios de los programas de este Consejo.

SE TURNó A LA COMISIóN DE CIENCIA Y TECNOLOGíA.


Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el Que se Exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que no suspenda las convocatorias abiertas del referido Consejo y por el que se exhorta al equipo de trabajo de la próxima administración federal a abstenerse de solicitar cualquier medida que pudiera afectar a los beneficiarios de los programas de este Consejo, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que no suspenda las convocatorias abiertas del referido Consejo y por el que se exhorta al Presidente electo y a su equipo de trabajo a abstenerse de solicitar cualquier medida que pudiera afectar a los beneficiarios de los programas de este Consejo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 24 de septiembre, la ciudadana María Elena Álvarez-Buylla Roces, propuesta por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante la próxima administración del Gobierno Federal, remitió al Director General de dicho Consejo el oficio CONACYT/TRAN/003, por el que solicita suspender “toda convocatoria abierta dentro del CONACYT que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de julio”.

Posteriormente, el 2 de octubre, la ciudadana en mención, envió una “Carta aclaratoria” a los medios de comunicación, en la que reitera que solicitó suspender diversas “convocatorias abiertas que puedan ‘afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes’”.

Entre las convocatorias que solicita suspender, se encuentran la “Convocatoria 2018-2. Programa de apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación”, misma que busca incentivar y potenciar los proyectos en investigación, desarrollo, comunicación pública de la ciencia y vinculación. Vale la pena destacar que dicha convocatoria establece que “En caso de ser aprobados para recibir el apoyo, los recursos económicos otorgados se ejercerán a partir de la fecha de suscripción del Convenio de Asignación de Recursos (CAR), y a más tardar el 30 de noviembre del 2018.”

Es decir, dicho programa en su convocatoria establece claramente que el recurso y el apoyo otorgado tendrá que ser ejercido a más tardar el 30 de noviembre de 2018, por lo que la solicitud de la ciudadana María Elena Álvarez-Buylla Roces, además de constituir un exceso, no es acorde a la exigencia que manifestó en su carta.

Otra convocatoria a la que hace mención la carta suscrita por la Álvarez-Buylla Roces es la “Convocatoria 2018-01 SAGARPA-CONACYT, enfocada a apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a atender problemas y necesidades en materia de cambio climático, conservación de suelos y agua para uso agropecuario, así como para la producción nacional de semillas mejoradas. En total, la solicitante busca suspender 11 convocatorias del CONACYT.

María Elena Álvarez-Buylla Roces fundamenta su petición en el artículo 61 del “ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal”, emitido por la Titular de la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017, que a la letra señala:

ARTÍCULO 61. Los titulares de las Dependencias y Entidades, de la Procuraduría General de la República, y de las empresas productivas del Estado, de la administración saliente facilitarán el acceso a la información de los procesos de entrega-recepción institucionales y, en caso de requerirse, de los procesos de entrega-recepción individuales, a la administración entrante.

Como se puede observar dicho artículo pretende facilitar el acceso a información pertinentes para el proceso de entrega-recepción, sin facultar para tomar decisiones sobre los programas en curso. En otros términos, el Acuerdo en comento no faculta al equipo de trabajo del Presidente electo, para pedir que se suspenda “toda convocatoria abierta dentro del CONACYT que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de julio”.

Adicionalmente, resulta notorio que dicha carta carece de motivación y fundamentación, puesto que dicho Acuerdo tiene por objeto lo siguiente:

ARTÍCULO 2. Son objetivos de los Lineamientos:

I. Establecer las disposiciones necesarias para que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, y las empresas productivas del Estado, a nivel institucional, así como los servidores públicos, en lo individual, realicen los procesos de entrega-recepción de manera ordenada, eficiente, transparente, confiable, oportuna y homogénea;

II. Coadyuvar a la conclusión de una administración o de un cargo, y a la continuidad en el servicio público y la gestión gubernamental de los asuntos, programas, proyectos, acciones y compromisos, así como fomentar el cumplimiento de las funciones que tienen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, y las empresas productivas del Estado, y los servidores públicos que las integran;
 
III. Contribuir a la integración de la información que coadyuve a facilitar la toma de decisiones y la planeación estratégica en la Administración Pública Federal;

IV. Contar con información de los programas, proyectos y acciones realizados por cada administración de gobierno, y por cada unidad administrativa o cargo público, y

V. Promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental a nivel institucional y en el actuar de los servidores públicos en lo individual.

Además de lo señalado anteriormente, la referida solicitud suscrita por María Elena Álvarez-Buylla Roces podría derivar en una afectación a los beneficiarios de las convocatorias que se pretenden suspender, lo que constituye una violación a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.

Sobre este particular sirven de sustento los siguientes criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación:

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.

De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Por todo lo anterior, resulta indudable que la solicitud de la ciudadana María Elena Álvarez-Buylla Roces, propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, carece de fundamento legal y no sólo resulta inatendible, sino que puede generar efectos negativos graves.  

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como institución del Estado mexicano, tienen la obligación de seguir cumpliendo con su mandato legal y continuar con las convocatorias legalmente emitidas, que además son de vital importancia para el desarrollo, la investigación y la divulgación científica en México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que no suspenda las convocatorias abiertas del referido Consejo y continúe cumpliendo con sus obligaciones legales y la ejecución de los programas a su cargo.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al equipo de trabajo de la próxima administración federal, a que se abstengan de solicitar cualquier medida que pudiera afectar a los beneficiarios de los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura

A 3 de octubre de 2018
  


Sen. Dante Delgado Rannauro

Sen. Verónica Delgadillo García


La carta en mención puede consultarse en la cuenta de Twitter de la reportera y columnista Peniley Ramírez: https://twitter.com/penileyramirez/status/1047253825902370816?s=19