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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIóN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


La iniciativa tiene como propósito reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas, con el objetivo de crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Antonio García Conejo, Senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, PARA CREAR LA SECRETARÍA DE  ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Frente a la propiedad privada existen otras formas de propiedad que determina de manera puntal el artículo 27 de nuestra Constitución, la propiedad colectiva social y la propiedad pública del Estado.

La sectorización de la economía, tal y como está regulada en el artículo 25 constitucional (sector público, social y privado), se deriva de la forma en que se determina el control de la tierra, el capital y los medios de producción. El sector social  de la economía se caracteriza en razón de que estos son propiedad social de la clase trabajadora.

Frente a la propiedad privada y la propiedad pública, se encuentra la propiedad social, cuyo objeto central es liberar a los trabajadores de las relaciones capital trabajo y burocracia trabajo, mediante la autogestión económica. El sistema de organización de empresa social, en el que los trabajadores determinan las decisiones de desarrollo o funcionamiento económico. La autogestión desplaza al capital privado que genera relaciones de explotación y al capital público que construye relaciones paternalistas y burocráticas.

La naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917 de Querétaro que estableció en el artículo 27 de la Carta Magna, que la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación y no al Estado o a los individuos en particular.  El significado social de esta decisión política fundamental en el texto de 1917, implica que dentro de nuestro Estado de Derecho, la propiedad en origen es colectiva y no privada o estatal. Nación es un concepto sociológico que implica a la comunidad social que adquiere una identidad cultural. La Nación es el pueblo y es a ella que en forma común y colectiva le corresponde antes que a nadie la propiedad de las tierras y aguas: el derecho a la tierra y el derecho al agua.

La existencia del derecho social, de un derecho económico social contrapuesto a los derechos público y privado (derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un desarrollo urbano equilibrado y el derecho a la propiedad social y colectiva del sector social), está en la declaración de los Derechos Sociales del Hombre y del Ciudadano de nuestra Constitución de 1917, tal y como lo señalaran los diputados constituyentes Alfonso Cravioto y  Pastor Roix.

Para nuestro régimen jurídico hay tres formas de propiedad, la pública o del Estado, la colectiva o social y la privada: el sector público, el sector privado  y el sector social. La propiedad social está representada por  los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las cooperativas y las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores.

Entre las personas y entre los pueblos, la independencia y la libertad reales existen, cuando la propiedad de los medios de producción les pertenecen a los trabajadores. Una de las particularidades de mayor relevancia del sector social de la economía, es su carácter democrático económico, que pone en el centro de la productividad la calidad de vida y no la ganancia económico especulativa.

En el entorno global, la tasa promedio del crecimiento económico de México en los últimos 35 años no es de lejos suficiente para resolver las crecientes necesidades sociales, sea por la vía de las actividades económicas del sector público como del privado, con todo lo que ello implica.

Así, desde hace décadas el país atraviesa por una parálisis macroeconómica y socialmente regresiva, resultado de un desequilibro entre los intereses del mercado financiero y oligopólico cada vez más desregulado, en menoscabo del interés público y que atenta contra la garantía del bienestar de la población, con empleos escasos y precarios, inestabilidades sectoriales y regionales, desigualdad, pobreza y migración crecientes.

En el año 2014, tanto el CONEVAL como el INEGI difundieron informes de resultados en los que claramente se advierte la extrema, histórica y progresiva brecha de desigualdad y pobreza que desde hace casi cuatro décadas prevalece en México, a pesar de los miles de programas y los miles y miles de millones de pesos que se han “invertido” para combatirla y superarla. En la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que se presentó el 23 de abril de 2015 para garantizar constitucionalmente el Ingreso Básico Ciudadano (IBAC) como instrumento para reducir la desigualdad y la pobreza, ajustando el gasto asistencial para su financiamiento, se incluyó un diagnóstico exhaustivo referido a estos temas.

Las estadísticas principales indican que, en el periodo 2012-2014, se sumaron dos millones de pobladores a la pobreza, un promedio de 2 700 cada día, para un total  de 55.3 millones de personas en ese lapso.

El porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 45.5% en 2012 a 46.2% en 2014. Y aunque se registran 87 000 pobres extremos menos, para transitar del 9.85% al 9.5%, es importante  precisar que eso no es para festejar, pues vamos a la baja en el logro de resultados, si consideramos que en el periodo 2010-2012, la reducción fue de 1.4 millones de personas en dicha situación. A mayor abundancia, la inequidad, la desigualdad y la pobreza extrema prevalecen en la región Sur-Sureste del país: en Chiapas tres de cada cuatro personas son pobres (76.2%) y casi un tercio de la población se encuentra en pobreza extrema; en Oaxaca el 66.8%, en Guerrero el 65.2% y en Puebla, 64.5%.

Por cuanto a los ingresos se refiere, los resultados son los siguientes: el ingreso corriente per cápita es 9.3% inferior al de hace 23 años, pues en 1992 el ingreso mensual per cápita era de 3 322 pesos; mientras que en 2014 es de 3 015 pesos. Más aún: mientras que en 1992 la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar era de 53.1%, en 2014 se incrementó al 53.2%. Por otra parte también se registra que en 2014, el 64% de los asalariados recibió un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos. Y de quienes ganan un salario mínimo, el 58% son pobres y el 12% son pobres extremos. A su vez, de quienes reciben dos salarios mínimos, 42.3% son pobres moderados y  4% son pobres extremos. Es decir, se trata de dos millones de hogares en donde viven diez millones de personas, que representan  la quinta parte del total de pobres que ganan salarios menores a 140 pesos diarios. A ello debe agregarse que la población excluida del mercado de trabajo formal se suma a la población de trabajadores excluidos del sistema de derechos laborales.

De acuerdo con el "Diagnóstico de desarrollo regional: México", de la OCDE, México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza, debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos.

Por cuanto a la desigualdad se refiere, México se ubica en el 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Así, mientras la pobreza aumentó, la riqueza de los millonarios en el país se incrementó un 32% entre 2007 y 2012. Así y de acuerdo con el Global Wealth Report 2014, el 10% más rico concentra el 64.4% de toda la riqueza del país.

Quienes desde hace más de tres décadas orientaron y sometieron la rectoría del Estado en favor de los intereses monopólicos y oligopólicos globalizadores, a través del Consenso de Washington, sabían que dicha estrategia concentraría los beneficios y generaría severas desigualdades e inequidades socioeconómicas, tanto entre países como entre clases sociales, de manera que diseñaron una política y un sistema asistencial supuestamente para combatir la pobreza pero en realidad para evitar que la inconformidad política se desbordara.

Más aún en el contexto de una cultura corporativista y de partido hegemónico autoritario, pronto se reveló que esa política asistencialista también estaba destinada a ser utilizada con fines políticos y electorales, además de ser un instrumento ideal para la opacidad y la corrupción.

Veámoslo así: la política neoliberal degrada las condiciones existenciales de los ciudadanos y, luego, los retribuye con limosnas, mediando un cinismo que además exige agradecimientos y lealtades. Se crean pobres con la derecha y los maicean con la izquierda.

La pregunta es, ¿cuáles estrategias y políticas públicas deben innovarse para revertir esta situación? La respuesta es cambiar los dos paradigmas sobre los que se ha sustentado la economía capitalista de los siglos XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta: El Estatismo populista y el Neoliberalismo.

Se trata de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores,  una economía social y colaborativa, indiscutible garante de la inversión de capital bruto fijo nacional, para producir mercancías, bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de pobres que saturan el mercado interno, y a la vez idónea para generar empleos formales y dignos, de manera que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro País desde 1989.

Al respecto un hecho resulta revelador y contundente: el auge de la economía social es mundial, y se calcula que representa entre el 5% y el 10 % del PIB global . Es decir, es tan eficiente, productiva y competitiva como la de los sectores de las empresas privadas o públicas, con el agregado de que su objeto no es la acumulación de capital sino la calidad de vida.

Así, las cooperativas ejemplifican la importancia de la Economía social, pues a nivel mundial cuentan con casi mil millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, o sea un 20 % más que las firmas multinacionales (2012) y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo. Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares. (De acuerdo al INEGI el PIB de México en 2013 fue de poco más de 16 billones de pesos) .

Ejemplos:

  • El Ministerio de la Economía Social de Francia promueve a 200 mil empresas que generan dos millones de empleos y el 10% del PIB .
  • En España hay más de 42.680 empresas que generan más de 2.560.000 empleos, con una facturación que representa algo más del 12% del PIB. Más de 15.000.000 de personas están vinculadas a alguna entidad de Economía Social .
  • A su vez, según datos oficiales de Instituto de Estadística de Italia, el tercer sector genera anualmente el 14% del PIB y 700.000 empleos, con 4.7 millones de voluntarios. En total, hay 351.000 organizaciones, de las cuales 301.000 son entidades non profit (sin fines de lucro) y más de 50.000 son empresas cooperativas .
  • En Alemania y Holanda, representan el 22% y 25% del mercado, respectivamente .

A su vez, de acuerdo con un diagnóstico del Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria (INAES), el Diario Oficial de la Federación consigna que: […]

El papel de la economía social en Europa es relevante en términos sociales y económicos, pues proporciona empleo remunerado a más de 14.5 millones de personas, cerca del 6.5% de la población ocupada de los países que integran la Unión Europea (UE) y aproximadamente el 7.4% de la de los antiguos 15 países miembros de la UE.

En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos, las personas empleadas en el Sector Social de la Economía representan entre el 9% y el 11.5% de la población ocupada. En el periodo 2002-2010, el empleo generado por el Sector Social de la Economía en los 15 países fundadores de la UE tuvo un crecimiento global de 25.1%. Los efectos de la crisis de 2008-2012 sobre el empleo en Europa han sido en general más moderados en la economía social que en las empresas privadas tradicionales.

En Italia, los niveles de empleo en el conjunto de la economía social continuaron aumentando en 2010 y 2011. Esto ha quedado patente especialmente en las grandes empresas: las 106 mayores cooperativas sociales italianas pasaron de tener más de 75 mil empleados en 2008 a más de 81 mil en 2009 y a 84 mil en 2010.

En España, país europeo con la mayor tasa de desempleo, el empleo en las cooperativas cayó un 9% entre 2008 y 2012, mientras que el empleo asalariado en el sector privado cayó un 19%.

La importancia de la economía social en la UE ha crecido de tal forma que en octubre de 2011 se publicó una nueva Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales”.

A nivel global, la aportación que hacen las cooperativas al PIB de distintos países es relevante. Encontramos que la mayor proporción corresponde a Kenia con el 45%, seguido por Nueva Zelanda con el 22%.

Por otra parte, las cooperativas siendo una de las figuras más identificadas de la economía social aportan entre el 80 y el 99% de la producción lechera en Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos; el 71% de la actividad pesquera en Corea, el 40% de la agricultura en Brasil, el 25% del ahorro en Bolivia,  el 24% del sector de la salud en Colombia, el 55% del sector de ventas al menudeo en Singapur, el 36%  en Dinamarca y el 14% en Hungría.

Por lo que respecta a los socios comerciales de México en el TLCAN, destaca que en Canadá las cooperativas representan 7.8% del PIB (mayor que el sector automotriz o manufacturero), empleando alrededor del 11% de la población económicamente activa. El banco cooperativo más grande de Canadá facturó casi 13 mil millones de dólares estadounidenses.

En los Estados Unidos se registra el mayor movimiento global de facturación de las cooperativas, con 662.23 mil millones de dólares, cifra aproximada al 3.9% del PIB total de ese país. Las operaciones más grandes se encuentran en el sector de servicios de salud donde las dos cooperativas líderes facturaron 7.35 mil millones de dólares en 2013. La cooperativa de seguros más grande facturó más de 57 mil millones y los cinco mayores bancos cooperativos sumaron facturaciones por más de 16 mil millones de dólares. En la región Latinoamericana destaca Brasil, donde el cooperativismo representa el 6% del PIB. Con estas magnitudes económicas, es posible constatar que el modelo de la Economía Social ha consolidado ejes de desarrollo fundamentales en varias economías del mundo, especialmente en las más desarrolladas, las cuales cuentan con marcos de equidad económica más favorables .

Evidentemente, en muchos de los citados ejemplos existen instituciones, sistemas, políticas y financiamiento público de gran envergadura. Ese no es el caso de México, pues tanto las políticas públicas como el financiamiento para impulsar las actividades de la economía han sido, a propósito, no sólo olvidadas sino combatidas en beneficio del sector privado. 

En este sentido, históricamente destacan los siguientes eventos: la reforma constitucional a los artículos 28 y 123 de 1990 para eliminar la banca pública y debilitar la banca social. La Reforma Agraria impulsada en 1992, con el objetivo de privatizar y comercializar la propiedad de la tierra, debilitando la economía campesina sustentada en la producción ejidal y comunal. Y la reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas de 1994 que afectó severamente a dichos organismos, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, es lógico que la inversión real en sector social sea de menos del 1% del gasto total federal, según datos estadísticos presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados.

La inversión real en sector social es de menos del 1% del gasto total federal, según datos estadísticos presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Impulsar la economía social, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar un valor social agregado, a través de la creación de empleos, la cohesión social, la reconstrucción del tejido social, la democracia directa, la innovación social, el desarrollo comunitario, los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una visión orgánica y no asistencialista, que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado.

Así, para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla en igual magnitud a los sectores público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema público, tanto al nivel federal como en los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente, fortalecido además, por una sólida banca social y popular.

Es importante recordar que la Economía Social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico, al servicio de su bienestar.

Para logar tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la administración pública centralizada dedicada exprofeso a tal cometido: la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

La creación de esta nueva Secretaría supone un cambio más profundo al realizado el año pasado mediante el Decreto publicado el 30 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, que adicionó, entre otros cambios, las fracciones XIV y XV al artículo 32 de la Ley de la Administración Pública Federal, aumentando la competencia de asuntos de la Secretaría de Desarrollo Social y trasladó a ésta el órgano administrativo desconcentrado denominado Instituto Nacional de la Economía Social, que anteriormente dependía de la Secretaría de Economía.

La actual situación económica y social de nuestro país hace necesario avanzar en la concepción tradicional de la administración pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o bien, como apéndice de la política de desarrollo social. Es necesario establecer que la economía social es una función sustantiva del Estado en los términos establecidos en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución, que el mejor cumplimiento de lo ahí señalado requiere elevar a rango de Secretaría a la institución de la administración pública federal responsable, concentrando las atribuciones que en la actualidad se encuentran dispersas en diferentes instancias.

El financiamiento de la nueva Secretaría, no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución. De esta forma la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado cuyo objeto económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los cambios estructurales que sean necesarios y avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social, regida por un Estado Social, Democrático y de Derecho.

De acuerdo con lo anterior pongo a su consideración la siguiente INICIATIVA CON  PROYECTO DE

DECRETO

Artículo 1.- Se reforman los artículos 26, 32, 32 bis y 34, y se adiciona un artículo 34 bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
...














...
Secretaría de Economía Social y Solidaria, y
...

Artículo 32…

I. a XIII. ...
XIV.    derogado;
XV.     derogado, y
XVI.    Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:




XXXIV. Elaborar y aplicar en coordinación con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Economía Social y Solidaria; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático;


Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:


IX.- Participar con las Secretarías de Economía Social y Solidaria , de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

Artículo 34 bis.- A la Secretaría de Economía Social y Solidaria corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

  • Regir las políticas públicas orientadas al fomento, desarrollo, promoción y financiamiento de la Economía Social y Solidaria.
  • Fomentar y propiciar la organización del sector social para generar las condiciones favorables para su crecimiento y consolidación, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución y mediante el establecimiento del Programa de Expansión y Fomento a la Economía Social y Solidaria;
  • Aplicar las disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria;
  • Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector Social de la Economía;
  • Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector Social de la Economía, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;
  • Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de la economía social y solidaria.
  • Realizar estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector Social y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;
  • Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el Sector Social, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de su propia metodología, la firma de convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la Administración Pública Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas, Municipios y universidades e instituciones de educación superior;
  • Brindar asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y créditos para el financiamiento de proyectos productivos, comerciales o de servicios en la economía social.
  • Proponer políticas, directrices, lineamientos, normas, instrumentación técnica y jurídica para garantizar el desarrollo y la promoción en el ámbito de su competencia.
  • Promover la articulación de las políticas con organismos públicos, privados y organizaciones sociales para fomentar las redes de la economía sociales.
  • Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector Social, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la Ley de la Economía Social y Solidaria;
  • Desarrollar los Programas y Proyectos de la Cartera de Inversiones e instituir y cumplir los indicadores de desempeño.
  • Establecer el Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del Sector;
  • Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital e impresa sobre los Organismos del Sector, que incluya a todos aquellos organismos beneficiados;
  • Apoyar la cooperación con organismos internacionales para planes, programas, proyectos relacionados con la economía social.
  • Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país;
  • Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan para el escalamiento progresivo de los Organismos del Sector.
  • Monitorear y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e indicadores de la economía Social de los Estados y los Municipios.
  • Disponer y validar el ingreso de datos en el sistema informático institucional en el ámbito de su competencia.
  • Coordinar las acciones que incidan en la Economía Social, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento  propiciar  la  simplificación  de  los  procedimientos  y  el  establecimiento  de  medidas  de seguimiento y control.
  • Fomentar las actividades realizadas por las organizaciones del sector social de la economía.
  • Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de la Ley de la Economía Social y Solidaria.
  • Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer la economía social y solidaria, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado.
  • Asegurar la adecuada organización, distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de la economía social en el mercado interno y externo.
  • Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 2.-  Se reforman, derogan y modifican las siguientes disposiciones de la  LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA:

  • Se modifica la fracción III del Artículo 5 para quedar:

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I…
II...

III.    Secretaría, a la Secretaría de Economía Social y Solidaria

  • Se derogan los capítulos I y II del  título II
  • Se reforma el artículo 41, para quedar como sigue:

Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas organizaciones que, en su caso, hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y estén considerados en alguna de las categorías del catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, elaborado por la Secretaría.

  • Se reforma la fracción IV del artículo 44 para quedar como sigue:

Artículo 44 …
...
...
...
IV.     Realizar observaciones y propuestas a la Secretaría en relación con las políticas, programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades;

  • Se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII y XIII del artículo 45, para quedar como sigue:

V. Informar a la Secretaría anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento;

VI.     Proporcionar la información que les sea requerida por la Secretaría sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII.    Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por la Secretaría;

VIII.   Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga la Secretaría;




XIII.   Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con la Secretaría;

….

  • Se reforman los artículos 55 y 56 para quedar como sigue:

Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, así como a las comisiones de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados y de Fomento Económico de la Cámara de Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del público en general a través de las páginas web de dichas instancias públicas.

Artículo 56. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, la Secretaría podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

  • Se reforma el artículo 58 para quedar como sigue:

Artículo 58. La Secretaría podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que simulando ser Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por esta Ley.

Artículo 3.- Se reforma el ARTÍCULO 17 de LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Las oficinas encargadas del Registro Público de Comercio, deberán expedir y remitir en forma gratuita, a la Secretaría de la Economía Social y Solidaria, copia certificada de todos los documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas, así como la información que solicite la propia dependencia, a fin de integrar y mantener actualizada la estadística nacional de sociedades cooperativas.

Artículo 4.- Se derogan la fracción V del Artículo 1 y el capítulo V del título II de la LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Transitorios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Senador Antonio García Conejo


http://www.ambafrance-cl.org/Francia-y-la-economia-social-y

http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%20web/index.html

http://www.ambafrance-cl.org/Francia-y-la-economia-social-y

http://miradaglobal.mensaje.cl/site/economia-social-y-solidaria-un-fenomeno-irrelevante/

http://www.emol.com/noticias/economia/2015/05/07/715948/cooperativas-en-chile-fds.html

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015


Total de Facturaciones de las Cooperativas por País
(Miles de millones de dólares)

Estados Unidos

662.2

 

Nueva Zelanda

30.2

Francia

363.6

 

Noruega

29.1

Japón

358.8

 

Bélgica

23.4

Alemania

284.1

 

Suecia

21.1

Holanda

116.2

 

Australia

19.1

Italia

95.1

 

Singapur

5.3

España

85.6

 

Irlanda

5.2

Suiza

85.5

 

India

4.4

Reino Unido

84.2

 

Colombia

3.2

Finlandia

64.1

 

Argentina

2.0

Canadá

52.3

 

Portugal

1.9

Dinamarca

51.6

 

Malasia

1.7

Corea del Sur

39.4

 

Arabia Saudita

1.2

Austria

31.4

 

Otros Países

4.5

Brasil

30.3

     

Fuente: EURICSEICA, World Co-operative Monitor, Trento, 2013, en www.monitor.coop