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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL; DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.


Pretende beneficiar a las personas adultas mayores que no cuentan con derechohabiencia en alguna institución de Salud Pública, o aquellas que optan por recibir atención médica en instituciones privadas, así como establecer mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto Nacional de Geriatría (ING)

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

La suscrita, Senadora Sasil de León Villard, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) perteneciente a la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, 76 numeral 1, 135 numeral 1, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta H. soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El envejecimiento a nivel mundial es uno de los fenómenos demográficos más preocupantes del siglo XXI, toda vez que una deficiente atención gubernamental causaría violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos pertenecientes a todo un sector poblacional.

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, en 2017 habían 962 millones de personas con 60 años o más, aproximadamente el 13% de la población mundial, con una tasa de crecimiento anual del 3 por ciento. En este sentido, se calcula que para el 2050, habrá 2100 millones de personas adultas mayores , esto es, más del doble de las que viven en la actualidad.

En México la realidad no difiere, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el 2017 residían en el país 12,973,411 personas adultas mayores.

Asimismo, el órgano considera aplicables las proyecciones internacionales de Naciones Unidas en el ámbito nacional, dado que la población tiene una mayor esperanza de vida (75.3 años para 2017) y la fecundidad es cada vez menor (2.21 hijos por mujer).

En atención a dichas proyecciones, la comunidad internacional y el Estado mexicano han generado un intenso trabajo legislativo que ha devenido en un prolífico marco jurídico, el cual pretende facilitar el acceso de las personas adultas mayores a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, Tratados Internacionales y demás ordenamientos legales vigentes.

En este orden de ideas, dado que la presente iniciativa pretende en última instancia facilitar el acceso al derecho a la salud de las personas adultas mayores, en lo subsecuente se analizará el contenido y alcance de dicha prerrogativa en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales, a fin de fundamentar y motivar la pertinencia de la adición propuesta.

A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, reconoce el derecho a la salud en los siguientes términos:

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

En este punto se puede notar la interdependencia del derecho a la salud con otros derechos humanos, ya que lo señala en correlación directa con el bienestar, así como los derechos de alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Asimismo, en 1991 la Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, reconociendo el derecho a la salud de las personas adultas mayores de la siguiente manera:

11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades.

De este instrumento internacional, se recupera el derecho humano de las personas adultas mayores de tener una atención médica integral y especializada, con relación a que la plena protección y garantía de su derecho a la salud, va más allá de una intervención médica reactiva.

Finalmente, la Asamblea General mediante resolución 2200A (XXI), adoptó el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte. En este tratado se reconoce expresamente la universalidad del derecho humano a la salud, así como la necesidad de adoptar determinadas medidas para su plena satisfacción. A mayor abundamiento, se transcribe la parte conducente:

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Es menester señalar que la plena satisfacción de la porción normativa contenida en el numeral 2, inciso d), implica necesariamente el fortalecimiento de los sistemas de salud en materia de atención médica de las personas adultas mayores.

Al interior del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue omisa en reconocer expresamente el derecho a la salud, sólo señalándolo como una limitante al ejercicio de determinados derechos.

Sin embargo, su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado “Protocolo de San Salvador” , del cual México es parte, conceptúa el derecho a la salud de la siguiente manera:

Artículo 10

Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

La adición que consideramos relevante en materia de atención médica de las personas adultas mayores es el inciso f. del numeral 2, ya que obliga a los Estados parte a adoptar medidas de toda índole con el objetivo de satisfacer las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo, destacando entre estos, las personas con 60 años o más.

Es importante señalar que si bien existe un tratado internacional especializado en la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores (Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores), desafortunadamente el ejecutivo federal no ha firmado dicho instrumento, aun y cuando desde el Senado de la República se le ha exhortado en repetidas ocasiones para que lo signe.

En el orden jurídico nacional, el Derecho Humano a la Salud está reconocido desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que la Ley definirá las bases y modalidades para su acceso, en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a la proteccio?n de la salud. La Ley definira? las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecera? la concurrencia de la Federacio?n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fraccio?n XVI del arti?culo 73 de esta Constitucio?n.

En este orden de ideas, el ordenamiento legal que regula primordialmente el acceso al derecho de salud a las personas adultas mayores es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM), la cual en su artículo 5, fracción III. señala:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

(...)

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.
b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional.
c. A recibir orientacio?n y capacitacio?n en materia de salud, nutricio?n e higiene, asi? como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.
d. A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempen?ar sus roles sociales.

Asimismo, el artículo 18 de la mencionada Ley, establece las obligaciones de las Instituciones Públicas del Sector Salud en materia de atención médica, frente a las personas adultas mayores, en los siguientes términos:

Arti?culo 18.- Corresponde a las Instituciones Pu?blicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. El derecho a la prestacio?n de servicios pu?blicos de salud integrales y de calidad, en todas las actividades de atencio?n me?dica, de conformidad con lo establecido en el arti?culo 33 de la Ley General de Salud;
II. Especial atencio?n debera?n recibir los programas de deteccio?n oportuna y tratamiento temprano de enfermedades cro?nicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, asi? como de atencio?n y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporara?n medidas de prevencio?n y promocio?n de la salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable;
III. El acceso a la atencio?n me?dica a las personas adultas mayores en las cli?nicas y hospitales, con el establecimiento de a?reas geria?tricas en las unidades me?dicas de segundo y tercer nivel pu?blicas y privadas. Las especialidades me?dicas encargadas de la atencio?n de la salud de las personas adultas mayores, son la Geriatri?a y la Gerontologi?a;
IV. Una cartilla me?dica de salud y autocuidado, misma que sera? utilizada indistintamente en las instituciones pu?blicas y privadas; en la cual se especificara? el estado general de salud, enfermedades cro?nicas, tipo de sangre, medicamentos y dosis administradas, reacciones e implementos para ingerirlos, alimentacio?n o tipo de dieta suministrada, consultas me?dicas y asistencias a grupos de autocuidado;
V. Mecanismos de coordinacio?n interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo estudio socioecono?mico para su distribucio?n sin costo alguno;
VI. Cursos de capacitacio?n orientados a promover el autocuidado de la salud para que las personas adultas mayores sean ma?s independientes;
VII. El apoyo a las unidades me?dicas y organizaciones civiles dedicadas a la atencio?n de la salud fi?sica y/o mental de la poblacio?n senecta;
VIII. Convenios con universidades pu?blicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en las a?reas de trabajo social, psicologi?a, medicina, odontologi?a y enfermeri?a para que apoyen las acciones institucionales en la atencio?n de las personas adultas mayores en las unidades geria?tricas y/o domicilio;
IX. Gestiones para apoyar y proteger a los grupos de personas adultas mayores en situacio?n de vulnerabilidad social o familiar, y
X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atencio?n y cuidado, o en su caso por las instituciones pu?blicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprendera?n los siguientes aspectos:
a. Las personas adultas mayores tendra?n el derecho de ser examinados cuando menos una vez al an?o, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso de enfermedad.
b. Sera?n sujetos de la confidencialidad y participara?n en las decisiones que sobre su estado de salud se generen.
c. Tendra?n derecho a una nutricio?n adecuada y apropiada.

De lo previamente fundamentado y argumentado, es correcto señalar que las personas adultas mayores tienen la prerrogativa de acceder al derecho a la salud, así como de obtener ésta de manera integral y de calidad.

A pesar de este marco normativo tan nutrido, la realidad de las personas adultas mayores dista mucho de un entorno ideal.

La vejez está asociada a la aparición y padecimiento de enfermedades crónicas que culminan con la muerte de las personas adultas mayores. Conforme a las estadísticas de mortalidad del 2015, el 15.8% de las personas con 60 años o más que fallecieron, no contaban con derechohabiencia en alguna Institución Pública del Sector Salud.

De igual manera, el 53.7% de los hogares donde habita un adulto mayor han declarado haber realizado uno o más gastos en su salud, correspondiente a la atención ambulatoria, hospitalaria o en medicinas.

En este punto, resulta necesario preguntarnos qué sucederá en 32 años que seamos más del doble de personas adultas mayores, si actualmente el Estado no puede garantizar servicios de salud integrales y de calidad a más de un millón de personas con 60 años o más.

La presente iniciativa pretende beneficiar a las personas adultas mayores que no cuentan con derechohabiencia en alguna Institución de Salud Pública, o aquellas que optan por recibir atención médica en instituciones privadas, así como establecer mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto Nacional de Geriatría (ING)

En este orden de ideas, se propone adicionar las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La primera de ellas plantea lo siguiente:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:
(...)
XXXI. Celebrar convenios con el sector salud, a fin de garantizar descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria.

A través de esta adición, se otorga al INAPAM la facultad expresa para celebrar convenios con el sector salud, a efecto de garantizar a los adultos mayores y sus familias, descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria.

Esta adición se fundamenta originariamente en la realidad social, debido a que los precios al consumidor de bienes y servicios de salud en sector privado resultan, muchas veces, prohibitivos para gran parte de la población y en especial para las personas adultas mayores.

Asimismo, al hacer más accesible estos bienes y servicios del sector privado, se fomentará que cada vez más personas tengan acceso a ellos, reduciendo la sobresaturación de los servicios de salud que brinda el Estado y mejorando la calidad de estos.

En lo referente a la segunda adición, se propone establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre el INAPAM y el ING de la siguiente manera:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

XXXII. Consultar al Instituto Nacional de Geriatría en el ámbito de su competencia, a través del establecimiento de mecanismos de coordinación.

De conformidad con el artículo 25 de la LDPAM, el INAPAM es el organismo público rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto coordinar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella.

Adicionalmente, en el año 2008, por medio de decreto presidencial, se creó el Instituto de Geriatría y, subsecuentemente el 30 de mayo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de creación del Instituto Nacional de Geriatría, por el cual se instituyó el ING con el objeto de formar recursos humanos e investigación del envejecimiento, sus enfermedades y cuidados del adulto mayor.

De lo anterior se desprende que el ING genera y es en sí mismo una acción pública, que desarrolla acciones y programas en favor de las personas adultas mayores, y por tal, debería de tener una relación directa con el INAPAM, el cual es el rector de la política nacional en dicho sector.

Actualmente, la LDPAM no establece una coordinación entre el INAPAM y el ING. De hecho, ni siquiera menciona al ING en la texto de ésta.

Lo anterior se debe a un asunto meramente cronológico, la LDPAM fue publicada el 25 de junio de 2002 y el ING fue instituido casi 10 años después.

La presente adición encuentra sustento en una correcta armonización legislativa que haga expresa la coordinación que debe de existir entre el INAPAM y el ING, en favor de las personas adultas mayores.

En otro orden de ideas, respecto a la tercera adición, se propone el siguiente texto normativo:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

XXXIII. Las demás que la Ley señale.

El espíritu de la presente adición radica en el reconocimiento de todas las facultades que, por ley, ya le corresponden al INAPAM, evitando el uso limitativo del lenguaje en perjuicio de las personas adultas mayores.

Adicionalmente, es de resaltar que por técnica legislativa es un práctica común y encomiable, ya que permite el reconocimiento de las demás facultades y atribuciones que no están circunscritas en dichos catálogos normativos. Favoreciendo una interpretación originaria de la LDPAM.

En ese sentido y para reforzar lo anteriormente fundado y motivado, se presenta el siguiente cuadro comparativo.


LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Arti?culo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendra? las siguientes atribuciones:

 

I. a XXX. …

 
 

XXXI. Celebrar anualmente convenios con el sector salud, a fin de fijar un fondo financiero para promover descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria.

 

XXXII. Consultar al Instituto Nacional de Geriatría en el ámbito de su competencia, a través del establecimiento de mecanismos de coordinación.

 

XXXII. Las demás que la Ley señale.

Por todo lo anterior, me permito presentar ante el Pleno de esta Cámara de Senadores la siguiente:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. – Se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Arti?culo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendra? las siguientes atribuciones:

I. a XXX. …

XXXI. Celebrar anualmente convenios con el sector salud, a fin de fijar un fondo financiero para promover descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria.
XXXII. Consultar al Instituto Nacional de Geriatría en el ámbito de su competencia, a través del establecimiento de mecanismos de coordinación.
XXXIII. Las demás que la Ley señale.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 27 de septiembre de 2018.

SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD

De conformidad con el artículo 3, fracción I. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores publicada el 25 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, las personas adultas mayores son aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

Envejecimiento, Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html . Recuperado el 22 de septiembre del 2018.

“Estadísticas a propósito del… Día Internacional de las Personas de Edad” Datos Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf .Recuperado el 22 de septiembre del 2018.

Ibidem.

Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ . Recuperada el 22 de septiembre de 2018.

Punto 11 del capítulo de CUIDADOS, Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, disponible en https://undocs.org/es/A/RES/46/91 . Recuperado el 22 de septiembre del 2018.

Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx . Recuperado el 22 de septiembre del 2018

Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobe Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html . Recuperado el 22 de septiembre del 2018.

 Op cit, “Estadísticas a propósito del… Día Internacional de las Personas de Edad” Datos Nacionales.

Ibidem.