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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción XIII, deroga la fracción IX del artículo 89 y reforma el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA.


La iniciativa propone establecer un mecanismo de elección para el Fiscal General de la República y de los Fiscales Especializados a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Senado de la República.

Asimismo, evita que el nombramiento o remoción esté a voluntad del Ejecutivo Federal.

Otorga mayor certeza en el procedimiento de nombramiento y establece con claridad las funciones del Ministerio Público.

Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
Presente

Quien suscribe, Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 fracción XIII, deroga la fracción IX del artículo 89 y reforma el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XIII, DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 89 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra Constitución Política existen principios esenciales y estructuras de Gobierno que, en materia de Derecho Constitucional, son considerados como fundamento de toda institución públicas que fortalecen los cimientos de la organización del poder político de nuestro Estado democráticos que conforma a su vez al Gobierno Federal.

Así, nuestra Constitución regula la división de poderes; y sólo este cuerpo normativo se pueden establecer excepciones al principio fundamental de la organización del Estado con el fin de garantizar que los organismos autónomos no pierdan su autonomía.

Se debe entender por órganos constitucionales autónomos aquellos que se encuentran establecidos en la Constitución y que no se encuentran adscritos orgánicamente o vinculado directamente a alguno de los poderes del Estado.

Así la regulación de una Fiscalía General de la República debe ir de la mano de un equilibrio constitucional y político, para que los parámetros bajo los cuales es nombrado su titular y fiscales en materia de Delitos Electorales, Anticorrupción y Fiscales desconcentrados puedan desempeñar su función, ya que su función representa la preservación del orden constitucional y de la democracia y, por ello, es preciso que su nombramiento esté regulado en la Constitución a cargo de instituciones democráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República a fin de que su funcionamiento posterior sea independiente, esta reforma plantea tres aspectos:

1. Autonomía política y financiera, porque implica un organismo constitucional autónomo que no forma parte de los tres poderes tradicionales, aún y cuando sus funciones puedan ser materialmente administrativas, jurisdiccionales en su función de vinculación a proceso o como garante de la legalidad en materia de Amparo, así este nuevo organismo constitucional autónomo podrá ejercer su función de manera independiente, sin sujeción a otro órgano, es decir autónoma.

Y de esta manera, las leyes que rigen su existencia le reconocerán el carácter de autoridad autónoma, porque de esta manera, constitucionalmente la nueva Fiscalía General de la República, no está supeditada a poder alguno y por tanto es la máxima autoridad para ejercer con responsabilidad sus funciones y atribuciones.

Esta autonomía va de la mano de la cuestión financiera que se traduce en garantizar constitucionalmente la independencia económica de la Fiscalía General de la República, necesaria para la consolidación de la autonomía política.

Es total cuando el organismo constitucional autónomo que se pretende crear, tendrá facultades para elaborar, aprobar y ejercer diligentemente su presupuesto asignado; evitando parcialidades como anteriormente se realizaba, es decir, se aprobaba un presupuesto para el órgano encargado de la Procuración de Justicia Federal mismo que carecía de facultades para mantenerlo ante las decisiones del titular del Ejecutivo y no obstante estar facultado para elaborar su presupuesto, debía proponer la manera de ejercerlo, limitando sus funciones a la decisión política

2. Autonomía jurídica. - Esto significa que la Fiscalía General de la República debe ser capaz de autorregularse, a través de la facultad reglamentaria reservada al Poder Legislativo garantizando esta autonomía por estar elevada a nivel constitucional ya que ningún otro poder le impondrá la toma de decisiones, únicamente la exigencia del cumplimiento de sus funciones derivada del ejercicio democrático de su nueva naturaleza.

3. Autonomía administrativa. - Asimismo, como organismo constitucional autónomo la Fiscalía General de la República tendrá la facultad para establecer los parámetros de organización interna, así como la de los organismos que están a su cargo, contará con amplias facultades de administración de los recursos materiales y humanos.

También es importante destacar, que el adecuado funcionamiento de esta nueva Institución será basada en un diseño estructural que permita la permanente interacción entre este órganos federales autónomo y las fiscalías locales, siempre con pleno respeto de sus competencias, pero siempre bajo el supuesto esencial de la indivisibilidad de la función de la Institución del Ministerio Público, la cual permite la actuación conforme al fuero que el propio sistema normativo constitucional permite, lo cual indudablemente permite el fortalecimiento del Estado democrático en nuestro país.

No se descarta que, con posterioridad, en materia de Procuración de Justicia se dé inicio a una inercia legislativa que generé modificaciones a normas constitucionales y legales vigentes, con el propósito de complementar los supuestos normativos que aquí se plantean, superando las limitaciones que actualmente existen y, desde luego ampliando la participación de las entidades federativas y de sus órganos de procuración de justicia autónomos.

El desarrollo normativo en el tema de Procuración de Justicia es una responsabilidad concurrente de todos los ámbitos de gobierno, la cual requiere una coordinación adecuada y permanente entre las distintas autoridades facultadas para atender las problemáticas que les es inherente, de conformidad con el sistema de distribución de competencias, pero en esta ocasión a través de instituciones con carácter autónomo.

La coordinación, desde luego es la base para generar oportunidades y eficiencia de las diversas acciones tendientes al cumplimiento de programas, metas y objetivos que se plantean los organismos encargados legalmente de la Procuración de Justicia, ya que son instancias directamente encargadas del debido cumplimiento de la compleja tarea que representa uno de los problemas que azotan al país.

Consecuentemente, mediante la presente Iniciativa, se propone a esta alta representación federal la reforma al artículo 76 fracción XIII, la derogación de la fracción IX del artículo 89 y la reforma al artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de regular la elección del Fiscal General de la República y Fiscales especializados.

A partir de lo que se plantea en este Proyecto de Iniciativa de Decreto, el órgano autónomo encargados de la Procuración de Justicia en México, estará en aptitud de contribuir al fortalecimiento del régimen federal y del sistema democrático, no sólo de manera política, sino también de manera legal y normativa.

A efecto de llevar a cabo estas modificaciones, se proponen los siguientes cambios
específicos a los artículos constitucionales mencionados:

1.- Se reforma la fracción XIII del Artículo 76 constitucional, para establecer el mecanismo de elección del Fiscal General de la República y Fiscales Especializados mediante un proceso establecido constitucionalmente a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República.

2.- Se deroga la fracción IX del Artículo 89 de la Constitución General para evitar que el Fiscal General de la República este sujeto tanto en su nombramiento como remoción a la voluntad del titular del Poder Ejecutivo.

3.- Se reforma el apartado A del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contar con un marco jurídico a nivel constitucional que, de mayor certeza en el procedimiento de nombramiento del Fiscal General de la República, mismo que asimismo establece con claridad la función de la Institución del Ministerio Público.

INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XIII, DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 89 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 76 fracción XIII, se deroga la fracción IX del artículo 89 y se reforma el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 76. ...

l. a XII. ...

XIII. Participar en la designación del Fiscal General de la República de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución.

XIV...

Artículo 89...

1 a VIII...

IX. Se deroga

X a XX ...

Artículo 102.

A. La Institución del Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya integración directiva estará a cargo de los poderes Judicial y Legislativo de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República.

Su objetivo es la investigación y persecución de las conductas consideradas ilícitas conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de esta Constitución. En el ejercicio de este cometido tendrá como principios rectores la profesionalidad, legalidad, objetividad, certeza, cientificidad, respeto a los derechos humanos e independencia. Contará con un Servicio Profesional de Carrera de carácter obligatorio y académico que evaluará permanentemente a los servidores públicos de las áreas ministerial, policial y pericial.

La Fiscalía General de la República contará con un órgano de Gobierno a cargo de un Fiscal General, e integrado además por Fiscales Especializados. Ninguna autoridad podrá ordenar a la Fiscalía el no ejercicio de la acción penal.

I. En la designación del titular de la Fiscalía General estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso; desempeñará su encargo por un período de siete años, cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrá ser removido por causa grave y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión dentro del ámbito federal, local o municipal con excepción de actividades académicas. El titular de la Fiscalía General de la República podrá ser sujeto de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, haber sido Magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, Fiscal Especializado del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República o Fiscal General de Justicia de alguna entidad federativa.

Deberán contar con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, tener el más alto nivel de escalafón del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República.

Y los fiscales especializados serán designados mediante el siguiente procedimiento:

A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días para emitir convocatoria dirigida a quienes hayan ocupado el cargo de Magistrados de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, Fiscales Especializados y Fiscales Generales de Justicia en alguna entidad federativa; para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y se designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.

Para la formulación y ejecución del examen de oposición a ocupar los cargos de Fiscal General de la República, Fiscales Especializados, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia designará a tres Ministros que serán los encargados de evaluar a los candidatos mediante examen de oposición. El Senado de la República emitirá convocatoria de examen de oposición dirigida a quienes hayan ocupado el cargo de Magistrados de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, Fiscales Especializados y Fiscales Generales de Justicia en alguna entidad federativa.

Las evaluaciones serán públicas y se presentarán ante el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, quien designará, para cada caso, a quienes hubieran obtenido las diez más altas calificaciones.

La lista será enviada al Senado de la República, el cual hará comparecer a los candidatos en audiencias públicas ante las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, las que elaborarán un dictamen de idoneidad que será presentado ante el Pleno de la Cámara.

Para el caso del Fiscal General, previo a la realización de las audiencias, los candidatos deberán presentar para su evaluación una propuesta de Programa General de Procuración de Justica que contendrá, al menos, los siguientes apartados:

a. Diagnóstico general de las actividades criminales en el país.
b. Análisis de la estructura organizacional de la Fiscalía General de la República.
c. Lineamientos generales de Política Criminal
d. Modelo de actualización y formación jurídica.
e. Modelo de policía científica de investigación criminal.
f. Modelo de vigilancia institucional al respeto de los derechos humanos y protección a víctimas del delito.

En sesión del Pleno del Senado se deliberará y se designará por mayoría calificada de los miembros presentes al Fiscal General de la República, a los Fiscales Especializados según se trate. En caso de no lograrse la votación calificada después de dos rondas de elección, serán electos por mayoría simple.

Los cargos de Fiscal General de la República, Fiscales Especializados serán de carácter irrenunciable e improrrogable y sus titulares sólo podrán separarse de ellos por enfermedad grave, responsabilidad penal o administrativa conforme a lo establecido en la Ley. El Fiscal General podrá ser removido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las causas graves que establezca la ley.

II. Corresponde a la Institución del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado en los mismos términos que para el caso del Fiscal General proceda

El Fiscal General presentará anualmente al Senado un informe de actividades dentro del primer período de sesiones. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a informar en cualquier momento de su gestión sobre algún tema en particular.

El Fiscal General de la República como titular de la Institución del Ministerio Público y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SENADOR

Juan Manuel Zepeda Hernández

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores

a los diecisiete días del mes de septiembre de 2018