+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIóN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA.


Propone reformar la legislación electoral nacional con la finalidad de fortalecer la paridad de género en el registro y sustitución de candidaturas por parte de los partidos políticos, así como para tipificar como delito el ejercicio de la violencia política encaminada a que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular, con especial protección para las mujeres.

SENADO DE LA REPÚBLICA

LXIV LEGISLATURA

Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES.

En nuestro país viven poco más de 119 millones de mexicanos [*] de los cuales las mujeres representan el 51.4% en población y 51.8% de la lista nacional electores [*] . A pesar de esta mayoría, las mujeres mexicanas han tenido que estar en lucha constante para lograr su incorporación en el ámbito político y del servicio público; de esta forma, poco a poco hemos pasado de una participación limitada a una colaboración más activa.

Dentro de los avances que se han tenido en la participación de las mujeres destaca la obtención del derecho al voto a nivel federal, publicada en 1953 en el Diario Oficial de la Federación [*] .

Las mujeres votaron por primera vez en 1955. Las primeras legisladoras federales electas en México fueron: la Diputada Aurora Jiménez de Palacios (Legislatura 1952-1955), y las Senadoras María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia (Legislatura 1964-1970) [*] .

En 1974 se reformó el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la igualdad de los hombres y mujeres ante la ley.

En 1979, Griselda Álvarez Ponce de León ganó la gubernatura de Colima y se convirtió en la primera mujer gobernadora en la historia de México [*] . En 1982, Rosario Ibarra emergió como la primera candidata mujer a la presidencia de la Republica [*] .

Actualmente nos encontramos ante una participación constante de mujeres y hombres con pleno ejercicio de sus derechos cívicos, con una legislación que respeta la paridad de género. Una de las reformas político electorales que se destacan en nuestro país es la de 2014, plasmando en el artículo 41 constitucional la paridad de género, impulsando un mayor equilibrio en la participación de las mujeres y obligando a los partidos políticos a presentar candidatos y candidatas en igualdad numérica.

En este sentido, el numeral 1 del artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), obliga a los partidos políticos a brindar igualdad de oportunidades para el acceso a cargos de elección popular.

Esto provoca que en el procedimiento de elección de candidatos por parte de los partidos políticos, se tenga que garantizar la paridad entre los géneros. El Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLE) tienen la facultad de rechazar el registro de números de candidatos del género que se exceda; asimismo, la lista de candidatos de representación proporcional debe ser una fórmula de propietarios y suplentes del mismo género [*] .

Dicho principio se ve reflejado en la presente legislatura con un porcentaje de casi el 50 por ciento de mujeres en su integración, en comparación con otras legislaturas. La siguiente tabla refleja el tránsito de los avances en los cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, en materia de paridad de género:

Legislatura

Diputadas

Senadoras

LX

26.2%

35.1%

LXI

31.8%

LXII

41.4%

33.5%

LXIII

42.8%

LXIV

48.2%

49.2%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo.html y de la Cámara de Senadores http://www.senado.gob.mx/64/informacion_historica/LXII_LXIII

En materia de paridad de género el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió el criterio jurisprudencial 20/2018, declarándola formalmente obligatoria, en los términos siguientes:

“PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 4° y, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, párrafo 3 y, 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se desprende que los institutos políticos deben garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos de dirección, así como promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras internas. Por tanto, aunque la normativa interna de los partidos políticos no prevea la paridad de género o no la defina expresamente, éstos se encuentran obligados a observarla en la integración de dichos órganos, por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres” [*] .

Lo anterior, es un reflejo de los avances que han tenido las mujeres en la vida política del país. Sin embargo, debemos fortalecer los esquemas para inhibir la violencia política, definida como “aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo [*] .

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió el criterio jurisprudencial 21/2018, donde se fijaron los elementos que debe se deben cumplir para que se actualice un caso de violencia política de género:

“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género” [*] .

Dichos elementos, también se ven reflejados en un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [*] , quien consideró que se deben apreciar como aspectos de la violencia de género los siguientes:

  • Que la violencia sea dirigida a una mujer por ser mujer. Las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones de estereotipos. En ocasiones, el acto se dirige hacia lo que implica “femenino” y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres; 
  • La violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres. La acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y que la afectación sea en forma desproporcionada; 
  • El menoscabo o anulación del reconocimiento en el goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de la mujer; y 
  • Que la violencia se dé dentro del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

Asimismo, la violencia política contra las mujeres [*] por razón de género, se puede manifestar de la manera siguiente:

  • Puede ser dirigida hacia una o varias mujeres en materia política, por familiares o personas cercanas a la víctima o un grupo de personas; 
  • Puede tener lugar en la esfera política, económica, social, cultura y civil, al interior de una unidad familiar, en un partido o institución política; 
  • Puede ser ejercida por cualquier persona, o grupo de personas, hombres o mujeres, así como integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargo de elección popular o dirigencia partidista, servidores públicos, y 
  • Las mujeres también pueden aplicar actos de violencia política por género en contra de otras mujeres. 

Dentro de las manifestaciones de la violencia política, con objeto de menoscabar o anular derechos políticos [*] , se encuentran las siguientes:

  • Causar la muerte de la mujer por participar en la política; 
  • Agresiones físicas a una o varias mujeres; 
  • Agresiones sexuales; 
  • Amenazas o intimidaciones en cualquier forma a una o varias mujeres; 
  • Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres; 
  • Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas; 
  • Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, u 
  • Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos.  

Sin duda, las trasgresiones a los derechos políticos de cualquier ciudadano son afectaciones que no se deben permitir en nuestro país; por ende, nos corresponde a los legisladores presentar las adecuaciones jurídicas para garantizar la paridad entre géneros en el ámbito electoral, así como combatir e inhibir la violencia política. No debemos permitir ningún tipo transgresiones, sino elevar la libertad y acceso efectivo a los derechos políticos.

Pese a los avances registrados en años recientes, resulta necesario promover modificaciones legales para garantizar la protección de los derechos políticos de los mexicanos, especialmente de las mujeres antes, durante y después de los procesos electorales, promoviendo en todo momento una cultura de igualdad, bajo un ambiente libre de violencia y sin discriminación.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA.

La presente iniciativa tiene por objeto reformar la legislación electoral nacional con la finalidad de fortalecer la paridad de género en el registro y sustitución de candidaturas por parte de los partidos políticos, así como para tipificar como delito el ejercicio de la violencia política encaminada a que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular, con especial protección para las mujeres.

Par lograr lo anterior, se propone reformar y adicionar los siguientes ordenamientos legales:

  • Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

De conformidad con el numeral 1 de su artículo 1, la presente Ley [*] tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y los OPLE.

Su expedición derivó del decreto de reforma constitucional en materia político electoral de 2014 [*] , particularmente de lo previsto en la fracción II del artículo segundo transitorio, que ordenó al Congreso de la Unión ejercer su facultad contenida en la fracción XXIX-U del artículo 73 constitucional, relativa a “expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales”, conteniendo, entre otros aspectos, las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

Derivado del mandato constitucional de referencia, la LGIPE contempla diversas disposiciones encaminadas a garantizar la paridad entre géneros en materia electoral, tales como:

  • El reconocimiento del derecho de los ciudadanos y la obligación para los partidos políticos de garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular (artículo 7, numeral 1); 
  • La obligación de los partidos políticos para promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (artículo 232, numeral 2, y artículo 233); 
  • La facultad del INE y los OPLE para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas (artículo 232, numeral 4, y artículo 241, numeral 1, inciso a)), y 
  • El mandato de que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternen las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista (artículo 234). 

No obstante lo anterior, se estima necesario fortalecer las reglas de paridad de género en la LGIPE, en dos vías:

  • Estableciendo el mandato de que las reglas de los procedimientos sancionadores contenidas en las leyes electorales locales tomen en cuenta criterios para que sus resoluciones garanticen los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución, así como las reglas previstas en la presente Ley, particularmente lo relativo a salvaguardar la paridad entre géneros en el registro de candidaturas y, en su caso, la asignación y sustitución de integrantes de órganos legislativos y ayuntamientos. 

Sobre este aspecto, se debe recordar la naturaleza de la LGIPE como legislación general encargada de distribuir competencias entre los tres órdenes de gobierno en materia electoral, de tal suerte que resulta procedente que desde la legislación nacional se oriente el contenido de las legislaciones locales, en el sentido de garantizar los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución (certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad) [*] , así como las reglas de paridad de género, y

  • Incorporando como infracción de los partidos políticos el incumplimiento de las reglas de paridad entre géneros, en la postulación de candidatos a cargos de elección popular. 

Esto resulta procedente si tomamos en consideración que el párrafo segundo de la fracción I del artículo 41 constitucional determina como fin de los partidos políticos “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”.

De esta forma, por mandato constitucional los partidos políticos son los destinatarios de la obligación de garantizar la paridad entre géneros, por lo cual una manera de reforzar este principio radica en establecer como infracción expresa su incumplimiento.

Para mayor claridad sobre las reformas y adiciones que se plantean a la LGIPE, se presenta el siguiente cuadro que compara los textos vigentes con las disposiciones que se proponen mediante la iniciativa que nos ocupa:


TEXTO VIGENTE LGIPE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) a c) …

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y

e) …

(SIN CORRELATIVO)

2. …

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) a c) …

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local;, y

e) …

f) Criterios para que las resoluciones de las autoridades electorales garanticen los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución, así como las reglas previstas en la presente Ley, particularmente lo relativo a salvaguardar la paridad entre géneros en el registro de candidaturas y, en su caso, la asignación y sustitución de integrantes de órganos legislativos y ayuntamientos.

2. …

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) a l) …

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto, y

n)    La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

(SIN CORRELATIVO)

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) a l) …

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;, y

n)    El incumplimiento de las reglas de paridad entre géneros, en la postulación y sustitución de candidatos a cargos de elección popular;

o) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

  • Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE). 

De conformidad con su artículo 1, la presente Ley [*] tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, además de tener como finalidad general proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y el procedimiento de consulta popular previsto en la Constitución.

Al igual que la LGIPE, la LGMDE derivó del decreto de reforma constitucional en materia político electoral de 2014, la cual facultó expresamente al Congreso de la Unión para expedir, entre otras una ley general en materia de delitos electorales que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

A la luz del objetivo de la presente iniciativa, consistente en tipificar como delito el ejercicio de violencia política o amenaza encaminada a que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular, con especial protección para las mujeres, se estima pertinente incorporar al catálogo de delitos previsto en la LGMDE un tipo penal que sancione con pena de doscientas a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y de dos a nueve años de prisión a quien por sí o por interpósita persona ejerza violencia o amenaza con el propósito de que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.

Asimismo, con la finalidad de incrementar el nivel de protección de las mujeres que sean víctimas de este delito, se propone establecer como causa agravante de la pena, incrementándola hasta en una mitad, cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.

Cabe mencionar que la lógica de este nuevo tipo penal que se propone incorporar mediante la adición de un nuevo artículo 20 Bis a la LGMDE atiende a los siguientes criterios:

  • Tipificar la violencia política en general, es decir, sin distinguir el género de la víctima, pudiendo ser hombre o mujer, pero estableciendo una punibilidad mayor hasta en una mitad en este último caso. 

Al respecto, debemos recordar que la violencia política tiene como finalidad menoscabar o anular el ejercicio de derechos político electorales, como aspirar a un cargo público, ostentar una candidatura o incluso ejercer un cargo de elección popular. En tal sentido, mediante esta descripción típica se reconoce que la violencia política no distingue género, sin perjuicio de la causa agravante de la pena que se propone tratándose de mujeres víctimas de violencia política.

  • Sin perjuicio de las reglas generales en materia de autoría y participación previstas en el Código Penal Federal, aplicables al ámbito material de la LGMDE, se toma en consideración que la violencia política puede ser aplicada: (i) de manera directa por la persona que tiene la intención de ejercerla; (ii) por interpósita persona, a través de la inducción, o (iii) a través de otros medios, 
  • Se caracteriza como verbo núcleo rector del tipo penal el ejercicio de: 
  • Violencia; 
  • Amenazas; 
  • Intimidación; 
  • Presión, o 
  • Engaño. 
  • Se incorpora un elemento subjetivo del sujeto activo, relativo a la intencionalidad de que, a partir del ejercicio de la violencia política, una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular. 
  • En relación con la consecuencia jurídica del delito, se propone una punibilidad de doscientas a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (unidad expresada en congruencia con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo [*] ) y de dos a nueve años de prisión, incorporando la posibilidad de aumentar la pena hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer. 

Cabe mencionar que esta punibilidad es congruente con:

  • La naturaleza del bien jurídico tutelado, que en el caso del tipo penal que nos ocupa es el libre ejercicio de los derechos político electorales, en estricto cumplimiento del principio de proporcionalidad de las penas previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 22 constitucional [*] , y 
  • Las penas y las agravantes previstas en la estructura vigente de la LGMDE. 

Por los argumentos expuestos, los Senadores que suscriben se permiten someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:


DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el inciso d) y se adiciona un inciso f), ambos del numeral 1 del artículo 440, y se reforman los incisos m) y n) y se adiciona un inciso o), todos del numeral 1 del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) a c) …

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local;

e) …

f) Criterios para que las resoluciones de las autoridades electorales garanticen los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución, así como las reglas previstas en la presente Ley, particularmente lo relativo a salvaguardar la paridad entre géneros en el registro de candidaturas y, en su caso, la asignación y sustitución de integrantes de órganos legislativos y ayuntamientos.

2. …

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) a l) …

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;

n)   El incumplimiento de las reglas de paridad entre géneros, en la postulación y sustitución de candidatos a cargos de elección popular;

o) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 20 bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 20 bis. Se impondrá de doscientas a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y de dos a nueve años de prisión, a quien por sí, por interpósita persona o por cualquier medio, ejerza violencia, amenazas, intimidación, presión o engaño con el propósito de que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar sus respectivos marcos legales con el contenido del presente decreto, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

 SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

____________________________________

SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ

COORDINADOR

 __________________________           __            _______________________________

SEN. GABRIELA BENAVIDES COBOS        SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT

  ____________________________           _____________________________

SEN. ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ        SEN. EDUARDO E. MURAT HINOJOSA

__________________________                        __________________________


[*] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, datos de población, México, 2018. Disponible en:  http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

[*] Instituto Nacional Electoral, México, 2018. Disponible en: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/

[*] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2017. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_050.pdf

[*] Número de diputadas y senadoras por legislatura desagregadas por partido político. Centro de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género. Cámara de Diputados, México, 2008. Disponible en:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/DP1/1_19.pdf

[*] Archivo General de la Nación. Gobierno de la República. #AGNRecuerda a Griselda Álvarez, la primera mujer gobernadora en México. Disponible en: https://www.gob.mx/agn/articulos/agnrecuerda-a-griselda-alvarez-la-primera-mujer-gobernadora-en-mexico?idiom=es

[*] Partido Revolucionario de los Trabajadores. Rosario Ibarra. Disponible en: http://www.prt.org.mx/node/451

[*] Artículo 232, numerales 3 y 4, y artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[*] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2018. Disponible en: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=

[*] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Violencia política contra las mujeres en razón de género, México, 2018. Pág. 2. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf

[*] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2018. Disponible en: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=

[*] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Violencia política contra las mujeres en razón de género, México, 2018.  Pág. 3 y 5.Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf

[*] Ibídem. Pág. 4.

[*] Ibídem. Pág. 6.

[*] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

[*] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

[*] Párrafo primero del apartado A) de la fracción V del artículo 41 constitucional.

[*] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

[*] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

[*] Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.