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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de cobranza que gestionan su cartera.

SE TURNó A LA COMISIóN DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO.


Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, continúe dando tramite puntual a las quejas presentadas contra las Entidades Financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los Despachos de Cobranza que gestionan su cartera

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La creciente demanda de servicios financieros ha logrado que se diversifiquen las opciones a las que pueden acudir las personas; sin embargo, paralelamente su dinámica y complejidad también ha evolucionado. Los servicios financieros “son aquellos que comprenden todo servicio de esa naturaleza, bien sea servicio de banca, seguros, valores, factoraje, arrendamiento financiero y finanzas; así como cualquier otro servicio conexo o auxiliar de un servicio financiero”. [*]

Con base en esta definición, se puede analizar el último Reporte Nacional de Inclusión Financiera (RNIF), elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en conjunto con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), el cual señala que de 2012 a 2015 se incluyeron financieramente 12.7 millones de adultos, lo que significa que la población que posee al menos un producto financiero pasó de 39 a 52 millones; lo anterior desde otra perspectiva, significa que anualmente se incorporan casi cuatro millones de personas al sistema financiero formal. [*]

En materia de acceso al sistema financiero, con datos actualizados al segundo trimestre de 2016, el RNIF da cuenta que el indicador de puntos de acceso, considerando sucursales, cajeros automáticos y corresponsales, asciende a 11.5 por cada 10 mil adultos; el 72% de los municipios cuentan con al menos un punto de acceso y el porcentaje de adultos que habitan estos municipios es del 98%. Por otro lado, para dimensionar el avance y crecimiento de los servicios financieros, cabe decir que la infraestructura financiera está conformada por 16 mil 546 sucursales, 38 mil 285 corresponsales bancarios, 47 mil 743 cajeros automáticos y 893 mil 244 terminales punto de venta. [*]

De esta manera, el crédito, préstamo o financiamiento y otros servicios que se ofrecen al público en general, se han convertido en una opción recurrente para los usuarios de los servicios financieros, quienes realizan alguna operación activa, pasiva o de servicios con la entidad financiera de que se trate.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros refiere que, por Entidad Financiera debe entenderse a las instituciones de crédito; a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas; a las sociedades financieras populares; a las sociedades financieras comunitarias; a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; a las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público y a las uniones de crédito. Asimismo, establece que las Entidades Comerciales son aquellas sociedades que de manera habitual otorgan créditos, préstamos o financiamientos al público. En términos generales, el cuerpo de la Ley hace alusión a ambas como Entidades.

Comúnmente la relación entre los clientes o usuarios con las Entidades se plasma mediante un contrato de adhesión, en el cual de forma unilateral la entidad (oferente) establece en un formato uniforme los términos y condiciones aplicables, de carácter inflexible, a fin de que el cliente (ofertado) los acepte manifestando su conformidad sin distinción.

Sin embargo, una vez establecida dicha relación, en algunos casos suele presentarse un problema de endeudamiento o sobreendeudamiento del cliente o usuario con la Entidad. En muchas ocasiones, esta situación es atribuida solo a una de las partes, no obstante, la realidad es que se trata de una responsabilidad compartida. Por un lado, del cliente al incumplir con sus obligaciones respecto de los términos y condiciones establecidas en el contrato o bien por su incapacidad económica para continuarlo; por otro lado, de las Entidades, la cuales con excesiva facilidad ofrecen y aprueban prestamos, créditos o financiamientos con altos niveles de riesgo al incumplimiento.

La moderación del endeudamiento de las personas ha sido un reto que se ha tratado de enfrentar por diversos medios. Si bien propiamente se trata de una relación en la que el acreedor, quien cuenta con los recursos financieros, los entrega con determinados plazos, sujetando al deudor a ciertas condiciones para garantizar su devolución, también es innegable que para asegurarse que los clientes o usuarios se liberen del endeudamiento, las Entidades pueden recurrir a las formas y procedimientos que las leyes les permiten, siempre y cuando no se convierta en un ejercicio desmedido que violente los derechos de las personas.

Lo anterior se menciona a propósito de los métodos de cobranza que utilizan las Entidades para hacer exigible a sus clientes que cubran de su deuda. La cobranza, engloba todas aquellas actividades que la Entidades realizan a través de Despachos con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago al deudor de los créditos, préstamos o financiamientos que le hayan sido otorgados, mediante el uso de contratos de adhesión, o de llevar a cabo operaciones de negociación y restructuración de los mismos.

En ese orden de ideas, un Despacho de Cobranza es la persona física o moral que actúa como prestador de servicios de la Entidad, con el propósito de realizar las actividades que se describieron con antelación. Para poder operar, deben ser dados de alta por las Entidades en el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), el cual “permite al público conocer la información relativa a los Despachos de Cobranza, mediante los cuales las Entidades Financieras se apoyan para realizar la gestión del cobro de sus créditos, préstamos o financiamientos, entre la cual destaca su denominación o razón social, domicilio, teléfonos y correo electrónico utilizados para realizar sus gestiones”. [*]

Las “Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras en materia de Despachos de Cobranza”, [*] publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2014, regulan las obligaciones a las que deben sujetarse las Entidades con relación a los Despachos que gestionan su cartera.

Las disposiciones referidas responsabilizan a las Entidades Financieras para que los Despachos de Cobranza que contraten, se sujeten a múltiples condiciones, entre las que cabe destacar:

  1. Establecer mecanismos que permitan la plena identificación del Deudor, obligado solidario o aval, antes de establecer el primer contacto. 
  2. Indicar al Deudor, en el primer contacto que establezcan, ya sea por escrito o verbalmente, toda la información referente al propio Despacho de Cobranza, a la Entidad Financiera y al contrato u operación que motiva la deuda, las condiciones para liquidar el adeudo, etcétera. 
  3. Dirigirse al Deudor de manera respetuosa y educada. 
  4. Comunicarse o presentarse en un horario de 7:00 a 22:00 horas, de acuerdo a los husos horarios en que se encuentre el Deudor. 
  5. Documentar por escrito con el Deudor el acuerdo de pago, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos. 
  6. Entregar a la Entidad Financiera los documentos que contengan los acuerdos referidos con antelación. 
  7. Abstenerse de llevar a cabo los siguientes actos: 
    1. Utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a las de instituciones públicas;  
    2. Utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como “confidencial”, “oculto”, “privado” o con cualquier otra expresión o denominación semejante que imposibilite su identificación;  
    3. Amenazar, ofender o intimidar al Deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda;  
    4. Realizar gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios, con excepción de Deudores solidarios o avales;  
    5. Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad;  
    6. Establecer registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones, o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los Deudores;  
    7. Recibir por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo;  
    8. Realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo que en el último supuesto se trate de los Deudores, y  
    9. Realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración, de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval.
     
  8. Tratar los datos personales de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

La importancia de las disposiciones citadas radica en que constituyen practicas adecuadas para llevar a cabo las actividades de cobranza; sin embargo, cuando los Despachos no se sujetan a las mismas, se prevé que las personas que se consideren vulneradas en sus derechos, puedan presentar una queja en contra de la Entidad Financiera a través de la REDECO, o bien, en cualquiera de las delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Lamentablemente los Despachos de Cobranza han recurrido a prácticas irregulares que contravienen a las disposiciones, y que, por ende, violentan los derechos de las personas. Al cierre de 2017, la CONDUSEF recibió 28 mil 652 quejas contra despachos de cobranza, un incremento de 1.62% en comparación con el 2016. [*] De la cifra referida, 6 mil 279 involucran a 249 instituciones financieras y a 176 despachos, en las que podría presumirse la comisión de un delito. [*]

Entre las principales inconformidades por la gestión de cobranza predomina la falta de respeto, amenazas, ofensas e intimidaciones dirigidas no sólo al deudor, sino también a los familiares, o terceros sin relación con la deuda, así como la comunicación en horarios fuera de lo establecido. [*]

Por razones como las expuestas, es evidente la inobservancia a las disposiciones generales, es incluso, la probable comisión de conductas constitutivas de delito. Por ejemplo, sobre lo último, el Código Penal Federal, en su Titulo Décimo Octavo (Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas), Capito I (Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal), prevé en el artículo 284 bis que:

Artículo 284 Bis. Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.

Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad.

Si incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal.

Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. No se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles.

Como se infiere del precepto citado, hay una delgada línea para que las actividades de los Despachos de Cobranza puedan encuadrar en la hipótesis penal; sin embargo, aun cuando no constituyan un delito, es una realidad que deben ser sancionadas cuando incumplan las disposiciones de carácter general que rige su actuar.

En este sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene un papel fundamental para preservar y hacer efectivos los derechos e intereses del público usuario; como parte de sus funciones, debe dar seguimiento a las quejas que se presenten ante la misma, o bien ante el Registro de Despachos de Cobranza. Cuando se verifica que estos últimos incurren con sus actividades en violaciones a los derechos de las personas, la CONDUSEF tiene la facultad de sancionar, conforme a las Ley, a las Entidades Financieras que los contratan.

Por los motivos vertidos en las presentes consideraciones, es oportuno realizar un atento exhorto a la CONDUSEF, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, y como principal promotor, asesor, protector y defensor de los derechos e intereses de los usuarios frente las instituciones financieras, continúe dando puntual seguimiento a las quejas presentadas contra las Entidades Financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los Despachos de Cobranza que gestionan su cartera.

Además, la Comisión deberá verificar que efectivamente las Entidades Financieras y Comerciales supervisen las actividades que realizan sus Despachos de Cobranza, y en su caso, sancionar conforme a las Entidades Financieras que incumplan con las disposiciones en materia de Despachos de Cobranza, o bien, dé parte a las autoridades correspondientes respecto de posibles actividades constitutivas del delito de cobranza extrajudicial ilegal.

Asimismo, en aras de fomentar una educación y cultura financiera que beneficie en todo aspecto a los usuarios, se propone exhortar a la misma Comisión para que refuerce las campañas informativas acerca de los mecanismos que los usuarios tienen a su alcance en caso de que los Despachos de Cobranza contratados por las Entidades Financieras violenten sus derechos.

Por último, se propone el fortalecimiento de las campañas informativas en materia de educación y cultura financiera a fin de evitar el endeudamiento o sobreendeudamiento de los clientes o usuarios con las Entidades Financieras y Comerciales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones:

  1. Continúe dando tramite puntual a las quejas presentadas contra las Entidades Financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los Despachos de Cobranza que gestionan su cartera;  
  2. Verifique que las Entidades Financieras y Comerciales efectivamente supervisen las actividades que realizan sus Despachos de Cobranza;  
  3. Sancione a las Entidades Financieras en los casos en que se incumpla con las disposiciones en materia de Despachos de Cobranza, o bien, dé parte a las autoridades correspondientes respecto de posibles actividades constitutivas del delito de cobranza extrajudicial ilegal, y  
  4. Refuerce las campañas informativas dirigidas al público en general en materia de difusión de los mecanismos que tienen a su alcance en caso de que los Despachos de Cobranza contratados por las Entidades Financieras violenten sus derechos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los08 días demarzo de 2018.


[*] Quintana Adriano, Elvia Arcelia, “Los servicios financieros en México y la Organización Mundial de Comercio”, en Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Año XXXVIII, Núm. 111, septiembre-diciembre 2004, pp. 972-973.

[*] Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF). “Reporte Nacional de Inclusión Financiera”, 8 de junio de 2017, consultado el 01/03/2018 [en línea], disponible en: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf

[*] Ídem.

[*] Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. “¿Qué es el REDECO?, consultado el 01/03/2018 [en línea], disponible en: https://phpapps.condusef.gob.mx/redeco_gob/redeco.php

[*] Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza, publicadas en el DOF el 7 de octubre de 2014, consultadas el 01/03/2018 [en línea], disponibles en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/78263/disp_despachos_cobranza.pdf

[*] Hernández, Antonio. “Reciben 28 mil quejas contra los cobrones”, El Universal, 9 de febrero de 2018, articulo consultado el 01/03/2018 [en línea], disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/reciben-28-mil-quejas-contra-los-cobrones

[*] Mendoza, Elva. “Cobranza y bancos, bajo investigación”, El Heraldo de México, 21 de febrero de 2018, articulo consultado el 01/03/2018 [en línea] disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cobranza-y-bancos-bajo-investigacion/

[*] Ídem.

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