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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone que las Instituciones de Seguros, ofrezcan planes para las personas que padezcan enfermedades preexistentes o congénitas.

It proposes that the Insurance Institutions offer plans for people suffering from pre-existing or congenital diseases.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN MATERIA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES O CONGÉNITAS, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la salud es un derecho humano. La salud no se limita a la inexistencia de afecciones o enfermedades, sino a un umbral mucho más amplio de protección de la dignidad de la persona y de bienestar social. [*] No es solo un problema de derechos humanos, sino uno de los elementos fundamentales del desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la prosperidad económica. [*]

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se reconoce que, “[t]oda persona tiene derecho a la protección de la salud”. [*] Dicha protección estará sujeta a las bases y modalidades de acceso y concurrencia que establezca la ley. [*] Sin embargo, las disposiciones normativas deberán cumplir en todo momento lo dispuesto por el artículo 1 de la CPEUM que prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” [*] (Énfasis añadido.)

A nivel internacional, el Estado mexicano se ha obligado en diversos instrumentos a garantizar el disfrute del más alto nivel de salud posible. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) se reconoce el derecho a la salud y los Estados deberán adoptar las siguientes medidas con el fin de garantizarlo: (1) reducción de mortalidad, particularmente infantil; (2) mejoramiento de la higiene laboral y medio ambiente; (3) prevención y tratamiento de enfermedades; y (4) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. [*]

De igual forma, se encuentra reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que la niñez deberá disfrutar del “más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”. [*] También se reconoce en otros instrumentos como en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEFDM). [*]

A nivel regional, el derecho al disfrute más alto del bienestar físico, mental y social lo encontramos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se reconoce que, para hacerlo efectivo, los Estados parte deberán adoptar las siguientes medidas: (1) atención primaria de salud; (2) la extensión de los beneficios de salud a todas las personas sujetas a la jurisdicción estatal; (3) total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; (4) prevención y tratamiento de enfermedades; (5) educación a la población sobre prevención y tratamiento de los problemas de salud; (6) satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. [*]

Como se observa, el derecho a la salud implica el “disfrute del más alto nivel de salud que permita vivir dignamente”. [*] De igual forma, vale la pena enfatizar que el derecho a la salud tiene una condición de interdependencia con otros derechos humanos, inter alia, el “derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación”. [*]

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: respetar, proteger y cumplir. [*] Estas obligaciones podrán ser de efecto inmediato o progresivo. [*] Es una tentación circunscribir a los derechos económicos, sociales y culturales bajo la progresividad que se encuentra en el párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC. Sin embargo, existen elementos de aplicación inmediata en los términos que se aluden en otros instrumentos, notablemente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Desde un punto de vista integral del derecho a la salud, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha interpretado que el ejercicio efectivo de este derecho se puede lograr a través de diversos procedimientos complementarios, por ejemplo: “la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos”. [*] Las medidas y procedimientos complementarios deberán contar con los siguientes elementos esenciales: (a) disponibilidad; [*] (b) accesibilidad; [*] (c) aceptabilidad; [*] y (d) calidad. [*]

De hecho, así se reconoce en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al señalar que, “[p]ara promover la salud y el bienestar físico y mental y prolongar la esperanza de vida de todas las personas, debemos lograr que la cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad sean universales, sin excluir a nadie. [*]

En los Objetivos sobre el Desarrollo Sostenible (ODS) se establece que los Estados deberán “[l]ograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos”. [*]

Para muchos, se reconoce que el pleno acceso al derecho de salud sigue siendo remoto. [*] En el caso de México no estamos exentos de esta realidad. En una primera instancia, desde el punto de vista de las obligaciones progresivas, el Estado mexicano ha mostrado avances.

Acorde a las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 82% de los mexicanos se encuentra afiliado a los servicios de salud. [*] Desde la década de los años cuarenta que se crearon las primeras operadoras públicas de los subsistemas en materia de salud, se ha avanzado progresivamente en la ampliación de la cobertura en el ejercicio del derecho a la salud. Particularmente, en los últimos 10 años se extendió la cobertura a más de 50 millones de mexicanos que se encontraban sin protección. [*] Entre los factores más importantes para un amplio número de mexicanos, se encuentra la informalidad laboral. [*]

A pesar de los avances, aún se reflejan retos concretos para el país. Acorde a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el bajo gasto público y la limitada inversión total en el sistema de salud se reflejan claramente en la realidad del país: 2.2 médicos por cada mil habitantes, uno por debajo de la media de la OCDE; 1.6 camas por cada mil habitantes, 3.4 por debajo de la media de la OCDE y, de hecho, la más baja entre los países que la integran. [*]

El gasto de salud en relación con el ingreso familiar es 4%, lo que representa 1.9% por encima del promedio de la OCDE. [*] Por subsistema, representó $440 pesos para los afiliados al Seguro Popular; $657 para los afiliados al IMSS; y $1,209 para los afiliados al ISSSTE. [*] Los gastos de bolsillo efectuados por los afiliados al seguro popular representaron $5,251 millones de pesos. [*]

Conforme a la OCDE, el gasto de bolsillo sostenido se debe, en parte, a la insatisfacción en la accesibilidad o calidad de los servicios prestados por los servicios a los cuales se encuentran afiliados. [*] Dos vertientes se reflejan en el estudio: calidad deficiente o no consigue los servicios que necesita a través de su institución. [*]

Difícilmente se podría esperar que un Estado pudiese garantizar la buena salud o brindar protección contra todas las causas posibles de las enfermedades. [*] No obstante, es necesaria realizar una evaluación constante a la estrategia que permita el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente aquellos que son fundamentales para la dignidad de la persona.

Como se refleja de los datos más recientes, los recursos financieros, materiales y humanos demandan que los derechos económicos, sociales y culturales coloquen obligaciones progresivas. Sin embargo, además de un análisis de los avances y retos para este umbral del derecho a la salud, deben observarse, de igual forma, los avances en lo que corresponde a las obligaciones inmediatas para el Estado mexicano.

Uno de los elementos más preocupantes en lo que corresponde a las obligaciones internacionales de efecto inmediato y al artículo 1 de la CPEUM es el trato discriminatorio en el ejercicio del derecho a la salud. Dentro del umbral, consterna un elemento en concreto: la dificultad de asegurarse cuando se enfrenten precondiciones médicas o enfermedades preexistentes.

Son diversas las disposiciones que encontramos en el marco que impide el acceso a la salud cuando se padezcan enfermedades preexistentes. Por ejemplo, encontramos manifiesto en los artículos 82, 87 y 109 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (Reglamento IMSSMACERF). Si una persona que padezca cualquiera de las enfermedades establecidas de forma enunciativa mas no limitativa en el artículo 82(1) del Reglamento IMSSMACERF quisiera ingresar de forma voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no sería sujeta de cobertura. En el mismo sentido, podría darse por terminado sin responsabilidad para el instituto el Seguro de Salud para la Familia.

Programas como el Seguro Popular se han enfocado en la atención de los mexicanos que padecen este tipo de enfermedades, particularmente los más vulnerables. [*] Sin embargo, no puede permitirse, desde el punto de vista normativo, prácticas discriminatorias para aquellas personas con enfermedades preexistentes. En este mismo sentido, como se observó con anterioridad, por razón de insuficiencia o falta de calidad, se acude a proveedores privados. Por tal motivo, debe ser categórico el derecho a toda persona al acceso a un seguro de gastos médicos cuando cuente con enfermedades preexistentes o congénitas.

Para fortalecer los argumentos anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido que, “teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del [PIDESC], se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud”. [*]

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 55, fracción II, someto a la consideración de la Cámara de Senadores, el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DERECHO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN MATERIA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES O CONGÉNITAS.

DECRETO

Único.- Se reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para adicionar el inciso c) a la fracción VI. para quedar como sigue:

ARTI?CULO 200.- Las Instituciones de Seguros, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes principios:

I a V. (…)

VI. En el caso de las Instituciones de Seguros que operen el ramo de salud, deberán:

a)  Informar a los asegurados por escrito o a través de cualquier medio convenido por las partes, dentro de los quince días hábiles siguientes, de los cambios en la red de servicios médicos e infraestructura hospitalaria ofrecidos por la Institución de Seguros, los cuales deberán mantenerse de tal forma que sean suficientes para cumplir los contratos suscritos, y

b)  Ofrecer planes donde el beneficiario pueda elegir médicos distintos a la red de la Institución de Seguros, mediante el pago de la cantidad diferencial que resulte entre el tabulador respectivo de la propia Institución de Seguros y el costo de servicio que le preste el medico conforme a lo pactado.

c) Ofrecer planes para las personas que padezcan enfermedades preexistentes o congénitas.

TRANSITORIOS

 Único. El presente Decreto entrara? en vigor al día siguiente de su publicación.

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintinueve días del mes de noviembre del 2017

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ


[*] Conferencia Sanitaria Internacional, «Constitución de la Organización Mundial de la Salud», 7 de abril de 1948, sec. Preámbulo.

[*] Paul Hunt, «Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental», A/HRC/7/11, 2008, párr. 12.

[*] «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» (1917), Artículo 4.

[*] Ibid.

[*] Ibid., Artículo 1.

[*] «Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» (1966), Artículo 12.

[*] «Convención sobre los Derechos del Niño» (1990), Artículo 24.

[*] «Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial» (1969), Artículo 5(e)(iv); «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer» (1981), Artículos 11 y 12.

[*] «Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» (1999), Artículo 10.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», 2000, párr. 1.

[*] Ibid., párr. 3.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», 2000, párr. 33. "La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud”.

[*] «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» (1966), Artículos 2(3), 3 y 26; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 3», 1990, párr. 9; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», párr. 30.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», párr. 1.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», 2000, párr. 12(a). "Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas”.

[*] Ibid., párr. 13(b). “Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna”. Este elemento tiene cuatro dimensiones: (1) no discriminación, deberán ser accesibles de hecho y derecho para todos; (2) accesibilidad física, incluye con el alcance geográfico de todos los sectores de la población y a servicios médicos y los factores determinantes de la salud; (3) accesibilidad económica, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos; y (4) acceso a la información, comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas relativas a la salud.

[*] Ibid., párr. 12(c). "Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados.”

[*] Ibid., párr. 12(d). "[L]os establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad”.

[*] United Nations General Assembly, «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», 2015, párr. 34.

[*] Ibid., Objetivo 3.8.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», párr. 5.

[*] «Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015», Resultados Jalisco (Instituto de Información Estadística y Geográfica, 2016).

[*] «Presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 - OECD», accedido 12 de agosto de 2017, https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.htm.

[*] OCDE, «Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México», 2016, 53.

[*] Ibid., 67.

[*] Ibid., 70.

[*] Ibid., 72.

[*] Ibid.

[*] Ibid.

[*] Ibid.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», párr. 9.

[*] «Ssa: Seguro Popular llega a 24 mil niños con cáncer», El Universal, 30 de junio de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/30/ssa-seguro-popular-llega-24-mil-ninos-con-cancer.

[*] TESIS AISLADA. SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO., No. 2a. CVIII/2014 (10a.) (s. f.).

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