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Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

QUEDó DE PRIMERA LECTURA.


Se pretende establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen la educación básica y media superior en los centros educativos.

It is intended to establish mechanisms so that educational authorities, schoolchildren and individuals with authorization or recognition of official validity of studies, notify the corresponding Protection Attorney, cases of irregular attendance, abandonment or school dropout that are identified with respect to students who cursen the basic education and superior average in the educative centers.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente

METODOLOGÍA

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Minuta que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

  1. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite legislativo dado a la Minuta referida.
  2. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA MINUTA” se hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.
  3. En la parte de “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de las Comisiones Unidas expresan los argumentos y razones con los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de agosto de 2016, el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. El 15 de diciembre de 2016, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la Iniciativa referida en el numeral que antecede, siendo remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos Constitucionales, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-1602, expediente número 3344.

3. Con fecha 02 de febrero de 2017, en sesión plenaria del Senado de la República, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio con el que se remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su estudio y resolución.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Colegisladora señala que el artículo 4º constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Expone que la deserción escolar es uno de los principales problemas actuales, por lo cual se comparte la intención de la iniciativa de configurar un mecanismo eficiente para la identificación, denuncia y la atención de los casos que se registren a fin de a fin de garantizar el derecho a la educación previsto en el artículo 3º Constitucional.

Asegura, que si bien la Ley General vigente ya contiene disposiciones en torno a implementar medidas para prevenir la deserción escolar sea cual sea su origen, no cuenta con herramientas eficaces para erradicarla a fondo.

Afirma que la adición propone un mecanismo eficaz que permite identificar y atender los casos de asistencia regular, abandono y deserción escolar; que establece una coordinación más clara entre autoridades educativas y las procuradurías de protección, ampliando lo que el artículo 121 ya determina.

Explica que la propuesta es congruente con las atribuciones de la Procuraduría de Protección tal y como se estipula en el artículo 122 de la Ley General.

Asevera que es oportuna la modificación propuesta con la finalidad de identificar, denunciar y atender los casos de abandono o deserción escolar ya que permite que se tomen las medidas y procedimientos necesarios y pertinentes por parte de las procuradurías de protección correspondientes, y, en su caso, de las autoridades jurisdiccionales en atención a lo notificado por las autoridades educativas, con la intención de restituir el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Menciona que con la finalidad de ajustar el texto a los conceptos que se disponen en la normativa educativa, y en específico a la distribución de competencias que realiza la Ley General de Educación para la Prestación de Servicios Educativos se efectuaron ajustes al mismo.

Por lo anterior, se propone la siguiente enmienda legislativa:

  • Adicionar la fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Legislación vigente

Propuesta de modificación

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Capítulo Décimo Primero
Del Derecho a la Educación

 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

Artículo 57. ...

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el artículo 103 de esta Ley.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I a XIX (…)

l. a XIX. ...

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación, y

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación;

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional.

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional, y

 

 

(Sin Correlativo)

XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos.

 

 

(Sin Correlativo)

Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

 

(Sin Correlativo)

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a la normatividad en la materia.

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

Transitorios

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Segundo. Los instrumentos normativos que derivan del presente Decreto, así como los que integran el Sistema Nacional de Protección Integral deberán adecuarse a la presente reforma.

 

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos —de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República—, son competentes para emitir el dictamen correspondiente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDA. La asistencia irregular, el abandono o la deserción escolar revisten múltiples aristas, causas multifactoriales ligadas indisolublemente a la condición socioeconómica de los núcleos familiares donde están insertos niñas, niños y adolescentes.

Situación que da pie a la vulneración absoluta de derechos o en el mejor de los casos en el goce limitado de los mismos.

En palabras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): en México existen factores sociales, económicos y de dispersión geográfica que representan un reto a los esfuerzos por garantizar el derecho a la educación, y suponen dificultades, sobre todo para la población que sufre pobreza y marginación, pero también para quienes se hallan en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes, los indígenas, así como los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad. Estos grupos presentan un riesgo mayor de abandonar la escuela [*].

En términos numéricos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) precisa [*] que en 2015 de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal [2015], la población de tres a 17 años asciende a 33 064 767 personas que representan 84.3% del total de niñas, niños y adolescentes. Este grupo de población está en edad escolar por lo que demandan atención en el Sistema Educativo Nacional (…)

De ese modo, abunda el INEGI: con base en los datos de la Encuesta Intercensal se tiene que uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes no asiste a la escuela. Los mayores porcentajes se registran en las edades de 3 a 5 años, con 49.3% y en los adolescentes de 12 a 17 años, con 36%, situación que aumenta su vulnerabilidad a la marginación.

Asimismo: del total de adolescentes de 15 a 17 años que no asisten a la escuela, solo 56.0% completó su educación básica que incluye la secundaria terminada, 41.0% no concluyó sus estudios básicos y 2.8% no completaron ningún año escolar.

A la luz de las problemáticas sociales que registra el México actual, resulta ineludible ligar la condición de estar fuera de la escuela con la persistencia nociva, en muchos aspectos, del trabajo infantil, como derivación de los factores sociales, económica y geográfica a los que alude el UNICEF.

Así, en contraste, de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil (MIT) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2015, 8.4% (2 475 989) de los niños, niñas y adolescentes realizan alguna actividad económica; de ellos, 69.8% (1 728 240) son niños y 30.2%(747 749) son niñas. El 14.0% tiene de 5 a 11 años; 21.8% son adolescentes de 12 a 14 años; mientras que la mayor proporción se presenta en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años con un 64.2 por ciento [*].

Igualmente, se señala que de la población infantil que trabaja, 89.6% (2 217 648) realiza actividades económicas no permitidas. De estos, 40% no tienen la edad mínima para trabajar y 60% realizan actividades que resultan peligrosas para su salud, seguridad o moralidad y que afecta el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral [*].

Al observar los motivos que los llevan a trabajar: 23.5% declaró que trabaja para pagar la escuela y/o sus propios gastos; otro 23.5% dijo que lo hacía por gusto o solo por ayudar. Uno de cada 10 manifestó que el hogar necesita su aportación económica. Mientras que para 16.8% el hogar necesita de su trabajo. En lo que respecta a la persona para quien trabajan, seis de cada 10 (59.2%) lo hacen para un familiar y 3.8% trabajan solos o por su cuenta [*].

Finalmente, por lo que toca a la asistencia escolar, se tiene el siguiente panorama:

La asistencia escolar, además de ser un derecho fundamental, es un factor importante que contribuye a prevenir y erradicar el trabajo infantil. De los niños, niñas y adolescentes que trabajan, 37% (915 309) no asisten a la escuela, ante un 4.3% (1 165 034) de infantes que no están ocupados realizando alguna actividad económica.
La razón de no asistencia escolar en dos de cada 10 (24.9%) niños, niñas y adolescentes ocupados, es el trabajo [*].

TERCERA. Por otra parte, en el documento Niñas y Niños Fuera de la Escuela (UNICEF, 2016), se expone un panorama similar que refuerza la visión anterior. En él se señala, en cuanto al diagnóstico:

Con base en la estadística oficial recabada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Formato 911 y las pro­yecciones de población realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), durante el ciclo escolar 2013-2014, la tasa de no asistencia por edad específica de NNA de entre 3 y 17 años fue 11.5%. Esto representa 3, 890, 941 NNA. La cifra incluye a quienes no asistieron a la escuela independientemente del nivel que les correspondía por edad normativa. Dicha tasa aumenta a 18% cuando se trata de la tasa neta (6, 085, 279 NNA). Lo anterior significa que hubo más de dos millones de NNA que asistieron a la escuela en una edad diferente de la normativa (se incluyen quienes entraron antes o después a los niveles de primaria, secundaria o media superior).

En todas las dimensiones [rangos de edad] presentadas en este estudio, los resultados muestran que los grupos que menos ven cumplido su derecho a la educación son los siguientes: 1) niños y niñas con alguna discapacidad; 2) quienes residen en ámbitos rurales; 3) la población de origen indígena; 4) los niños que trabajan, y 5) quienes habitan en hogares de bajo nivel de ingreso. Asimismo, se observa una relación más estrecha entre la condición de asistir a la escuela y al­guna de las siguientes características: el jefe de familia es analfabeto; tiene baja escolaridad; es hablante de alguna lengua indígena; el hogar es de tipo familiar ampliado y/o el hogar tiene jefatura femenina.

En el caso de la educación media superior:

En el caso de los factores de riesgo, la repetición de grados, los resultados deficientes en las asignaturas, el ingreso tardío, el ausentismo y la extraedad (estudiantes con edad superior a la recomendada para el año escolar que cursan, causada generalmente por la repetición de grados escolares), son los principales factores para determinar la permanencia de los NNA en la escuela. La SEP ha identificado tres tipos de factores asociados al abandono escolar en la educación media superior: económicos, personales y escolares. Estos últimos pueden prevenirse, en mayor medida, desde los centros escolares. Vale la pena tomar en cuenta que las estrategias y programas que se planteen para combatir el abandono escolar tendrán mayor efectividad si cuentan con el apoyo de toda la comunidad escolar

CUARTA. Cabe destacar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé en su actual artículo 57, el que las autoridades competentes han de velar por la consecución del ejercicio pleno del derecho a la educación:

(…)
(…)
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación;
III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación;
(…)
V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes;
VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo;
VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;
(…)
IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes;
XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;
XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional.

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por tanto, asumir la creación de mecanismos de denuncia en torno a casos de asistencia irregular, abandono o deserción, por parte de autoridades educativas, para notificarlas a las procuradurías de protección pareciera pasar por alto las responsabilidades básicas establecidas principalmente en las fracciones II, V, VI, VII, IX, XVI y XXI, así como el cuarto párrafo del artículo 57, que mandata a dichas autoridades escolares a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En todo caso, la intervención de las procuradurías, de acuerdo con el artículo 123, en el seguimiento del procedimiento de la protección y restitución de derechos, se vuelca a acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución de derechos (fracción V) para después darle el seguimiento necesario.

Así lo observa también, el UNICEF en el documento anteriormente citado (Niñas y Niños Fuera de la Escuela, 2016), donde se presume que en cuanto al papel que juegan las procuradurías como entes coordinadores y de seguimiento de las medidas de protección especial, y de restitución de derechos:

Una nueva institución llamada Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes se encargará de coordinar y dar seguimiento a estas medidas de protección especial, además de que representará, protegerá y defenderá legalmente a niños, niñas y adolescentes. En la práctica, la Procuraduría de Protección interconectará y coordinará a las instituciones del Estado que, desde su área de especialización, sean las adecuadas para ejecutar las medidas de protección (como las instituciones de asistencia social, de salud, justicia, educación, protección social, cultura, deporte, entre otras) y dará seguimiento a su trabajo para asegurarse de que actúen de manera oportuna y articulada.
Su responsabilidad terminará cuando todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados.

QUINTA. No obstante ello, a juicio de estas Comisiones dictaminadoras, la intención de la Colegisladora al remitir la enmienda, es la de ir más allá de los supuestos establecidos en el vigente artículo 57; es decir, considerar causas distintas a las derivadas de la acción administrativo-presupuestal por parte de las instituciones involucradas para dar paso a un protección integral que identifique e inhiba conductas irregulares que vulneren el ejercicio pleno del derecho a la educación.

En ese tenor, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 3º y 4º Constitucionales, en relación con el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño el cual señala que los Estados Parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular […] adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, las Comisiones Dictaminadoras valoran que la enmienda, como lo considera la Colegisladora, permitirá identificar y atender los casos de asistencia irregular, abandono y deserción escolar; así como a establecer una coordinación más clara entre autoridades educativas y procuradurías reforzando lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 121 de la Ley General que nos ocupa, a la par que es congruente con las atribuciones que se le confieren el artículo 122.

Así mismo, esta enmienda refuerza lo establecido en el artículo 12 de la LGDNNA, que establece que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niñas y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, esto con la finalidad de que se instrumente y determine la protección y restitución de sus derechos de conformidad con la ley.

En razón de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, sin objeción alguna respecto a la Minuta analizada, someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 57 (…)
(…)
(…)
I a XIX (…)
XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación;
XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional, y
XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos.

Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a la normatividad en la materia.
(…)

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los instrumentos normativos que derivan del presente Decreto, así como los que integran el Sistema Nacional de Protección Integral deberán adecuarse a la presente reforma.

Así lo acordaron y votaron en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, realizada en el Senado de la República, a los 04 días del mes de octubre de 2017.

 

_________________________
Sen. Martha Elena García Gómez
Presidenta

Sen. Angélica de la Peña Gómez
Secretaria

Sen. Yolanda de la Torre Valdez
Secretaria


[*] Ver: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). México, 2016. Niñas y Niños fuera de la escuela.

[*] Ver: INEGI. Estadísticas “A propósito del Día del Niño (30 de abril) 27 de abril de 2017.

[*] Ibídem.

[*] Ibídem.

[*] Ibídem.

[*] Ibídem.