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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone señalar con claridad, que la suspensión de operaciones, actos o servicios, sólo se dará previo juicio ante la Unidad de Inteligencia Financiera y agotados los recursos legales ante las instancias jurisdiccionales competentes, siempre respetando el debido proceso, particularmente, el derecho de audiencia de los afectados.

It proposes to clearly indicate that the suspension of operations, acts or services will only be given before the Financial Intelligence Unit and after the legal remedies are exhausted before the competent jurisdictional instances, always respecting due process, particularly the right to a hearing the affected.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El combate al lavado de dinero es una de las directrices esenciales para atacar la estructura financiera de los grupos de la delincuencia organizada y, con ello garantizar la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.

Una de las herramientas técnicas de mayor eficacia en este combate lo es la facultad asignada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para expedir una lista de personas bloqueadas, derivado de la naturaleza de los actos, operaciones y servicios relacionados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en nuestro país, en términos de lo mandatado por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Dicha facultad que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerce por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, consiste en ordenar a las entidades financieras la suspensión “de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con el Cliente o Usuario identificado en la Lista de Personas Bloqueadas”, en términos de la Disposición 72º de la Resolución que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de abril de 2014.

Aunado a ello, es importante destacar que el marco regulatorio internacional en materia de combate al lavado de dinero, conducta tipificada en nuestro país bajo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contenido en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal, basado en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (en adelante “Recomendaciones GAFI”), publicadas en 2012, señalan expresamente en su numeral 4, lo siguiente:

“4. Decomiso y medidas provisionales

Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes , (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente.

Estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas.

Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales.” [*]

Aunado a lo anterior, es importante mencionar la nota número 4 de la Nota Interpretativa 6 “SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS RELACIONADAS AL TERRORISMO Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” de las propias Recomendaciones GAFI, enfatiza expresamente la obligación de los Estados parte de diversos instrumentos internacionales, todos ratificados por el Estado mexicano, respecto a congelar, incautar y decomisar activos relacionados con el combate a la delincuencia transnacional, en los términos siguientes:

“Sobre la base de los requisitos definidos, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988 (la Convención de Viena) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, 2000 (la Convención de Palermo), las cuales contienen obligaciones sobre el congelamiento, incautación y decomiso en el contexto de la lucha contra la delincuencia transnacional. Además, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 1999 (el Convenio de la Financiación del Terrorismo) contiene obligaciones sobre el congelamiento, incautación y decomiso y en el contexto del enfrentamiento al financiamiento del terrorismo. Esas obligaciones existen por separado y aparte de las obligaciones plasmadas en la Recomendación 6 y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al financiamiento del terrorismo.” [*]

En este tenor de ideas, es un imperativo del Estado mexicano contar con la facultad legal de congelar, incautar y decomisar los activos como una herramienta indispensable en el combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo cometidos por la delincuencia organizada.

No obstante lo anterior, el pasado 4 de octubre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1214/2016, promovido por la empresa Soluciones y Estrategias Wirken, en su carácter de quejosa, que la facultad asignada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública relativa a la inclusión de clientes y usuarios de entidades financieras en una lista de personas bloqueadas, contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es inconstitucional, en los términos siguientes:

“El asunto tuvo origen en el acuerdo que dictó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para incluir a la empresa quejosa en la Lista de Personas Bloqueadas.

Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala resolvió a favor el amparo en revisión 1214/2016, asignado a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La decisión derivo en la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que se suspendiera a la quejosa, de manera inmediata, la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con ésta o a través de ella.

Ello le imposibilitó a la firma tanto la apertura de nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como para que se le impidiera la disposición de los recursos que contuvieran.

De igual manera, se ordenó que fuesen las dos instituciones financieras en que se encontraban registradas las respectivas cuentas bancarias, las que deberían comunicar por escrito al cliente o usuario que fue introducido en la Lista de Personas Bloqueadas.

La quejosa se enteró de la maniobra de Hacienda cuando no pudo acceder por Internet a las referidas cuentas.

De inmediato acudió a las instituciones bancarias a preguntar la causa de ese bloqueo, según informó Notimex.

Tras conocer los detalles, Soluciones y Estrategias Wirken promovió juicio de amparo en el que la juez de Distrito que conoció del asunto determinó que el referido artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito no vulneraba la garantía de audiencia.

No obstante, sí se concedió el amparo a la firma demandante, únicamente para que supiera que estaba incluida en la lista de personas bloqueadas y se le otorgara la garantía de audiencia.

La quejosa promovió recurso de revisión en el que sustentó los agravios y la Primera Sala resolvió que sí resulta inconstitucional la medida aplicada por Hacienda.” [*]

La Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación consideró que el señalado artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es violatorio del derecho humano a la presunción de inocencia de los imputados de un delito, así como, del debido proceso, en su vertiente de no garantizar el derecho de audiencia a los afectados de dicha medida, en concreto, la inclusión en la lista de personas bloqueadas, cuyos efectos son la suspensión de todo tipo de actos, operaciones o servicios por parte de las entidades financieras sobre los clientes o usuarios incluidos en dicha lista.

Es importante destacar que la Resolución que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de abril de 2014, ya regulaba en su Capítulo XV denominado “Lista de personas bloqueadas”, lo relativo al derecho de audiencia al cliente o usuario incluido en la citada lista, así como, la fundamentación y motivación de la sanción a aplicar, particularmente en la disposición 73º, en los siguientes términos:

CAPITULO XV

LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS

70ª.- La Secretaría pondrá a disposición de las Entidades, a través de la Comisión, la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones.

Las Entidades deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista de las Personas Bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas Operaciones que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar. Dichos mecanismos deberán estar previstos en el documento a que se refiere la 64ª de estas Disposiciones.

71ª.- La Secretaría podrá introducir en la Lista de Personas Bloqueadas a las personas, bajo los siguientes parámetros:

I.     Aquellas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sucesivas, y 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales;

II.    Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la Secretaría en términos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano con dichas autoridades, organismos o agrupaciones, o en términos de los convenios celebrados por la propia Secretaría;

III.    Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos señalados, previstos en el Código Penal Federal;

IV.   Aquellas que se encuentren en proceso o estén compurgando sentencia por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal;

V.    Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal, y

VI.   Aquellas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal o los relacionados con éstos.

72ª.- En caso de que la Entidad identifique que dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, se encuentra el nombre de alguno de sus Clientes o Usuarios, deberá tomar las siguientes medidas:

I.     Suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, Operación o servicio relacionado con el Cliente o Usuario identificado en la Lista de Personas Bloqueadas, y

II.    Remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de Operación Inusual, en términos de la 41ª de las presentes Disposiciones en el que, en la columna de descripción de la Operación se deberá insertar la leyenda "Lista de Personas Bloqueadas".

Las Entidades que en términos de la presente Disposición hayan suspendido los actos, Operaciones o servicios con sus Clientes o Usuarios, de manera inmediata deberán hacer de su conocimiento dicha situación por escrito, en el que se deberá informar a dichos Clientes y Usuarios que podrán acudir ante la autoridad competente para efectos de la 73ª de las presentes Disposiciones.

 73ª.- Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría conforme a lo siguiente:

I.     Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que tenga conocimiento de la suspensión a que se refiere la Disposición 72ª anterior, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso.

II.    El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma. (énfasis añadido)

74ª.- La Secretaría deberá eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas, a las personas que:

I.     Las autoridades extranjeras, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades mexicanas competentes eliminen de las listas a que se refieren las fracciones I, II y III o se considere que no se encuentra dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones V y VI, de la disposición 71ª;

II.    El juez penal dicte sentencia absolutoria o que la persona haya compurgado su condena en el supuesto de la fracción IV de la disposición 71ª;

III.    Cuando así se resuelva de conformidad con el procedimiento a que se refiere la 73ª de las presentes Disposiciones, y

IV.   Cuando así lo determine la autoridad judicial o administrativa competente.

Para los casos, en que se elimine el nombre de alguna de las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, las Entidades deberán reanudar inmediatamente la realización de los actos, Operaciones o servicios con los Clientes o Usuarios de que se trate.

75ª.- La Secretaría autorizará a la Entidad, sin perjuicio de lo establecido en el presente capítulo, el acceso a determinados recursos, derechos o bienes, así como actos, Operaciones y servicios, para efectos del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, en términos de la resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, así como para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con alguna Entidad.

Por tal motivo, se propone elevar a rango de ley, el contenido de las citadas Disposiciones de carácter general a efecto de garantizar el debido proceso, en su vertiente del derecho de audiencia, para los clientes o usuarios de las entidades financieras cuyas operaciones, actos o servicios, sean suspendidos con motivo de su inclusión en dicha lista, señalando con claridad en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que la suspensión de las operaciones, actos o servicios, sólo se dará, previo juicio ante la Unidad de Inteligencia Financiera y agotados los recursos legales ante las instancias jurisdiccionales competentes, siempre respetando el debido proceso, particularmente, el derecho de audiencia de los afectados.

Por tal motivo, la presente iniciativa plantea atender los elementos esenciales del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando a la vez subsistente la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar la suspensión de actividades, operaciones y servicios de los clientes o usuarios incluidos en la lista de personas bloqueadas, garantizándoles a los mismos el debido proceso, en la vertiente del derecho de audiencia y la fundamentación y motivación que resuelva imponer la medida de congelamiento de la cuenta bancaria correspondiente, en los siguientes términos:

Texto vigente

Iniciativa

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 115. (…)

(…)

Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 115. (…)

(…)

Las instituciones de crédito serán informadas sobre el inicio del procedimiento de suspensión de la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les notifique mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

La suspensión únicamente será aplicada, una vez que la resolución que la funde y motive haya causado estado, al no admitir recurso legal alguno en su contra.

Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo siguiente:

I.     Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que le sean notificado el inicio del procedimiento de suspensión, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, deberá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso,

II.    El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante recurso de revisión ante el titular de la Servicio de Administración Tributaria, siendo optativo agotar dicho recurso, cuyo promoción se realizará en los términos de lo señalado artículo 110 de la presente Ley.

La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

ÚNICO.- Se modifica el artículo 115 de la Ley de las Instituciones de Crédito, en los siguientes términos:

Artículo 115. (…)

(…)

Las instituciones de crédito serán informadas sobre el inicio del procedimiento de suspensión de la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les notifique mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

La suspensión únicamente será aplicada, una vez que la resolución que la funde y motive haya causado estado, al no admitir recurso legal alguno en su contra.

Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo siguiente:

I.     Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que le sean notificado el inicio del procedimiento de suspensión, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, deberá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso,

II.    El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante recurso de revisión ante el titular de la Servicio de Administración Tributaria, siendo optativo agotar dicho recurso, cuyo promoción se realizará en los términos de lo señalado artículo 110 de la presente Ley.

 (…)

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 22 de noviembre de 2017.

A t e n t a m e n t e

Sen. Yolanda de la Torre Valdez


[*] ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN, LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI, FEBRERO 2012, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf

[*] Ibidem.

[*] “La SCJN considera inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias por parte de Hacienda”, 4 de octubre de 2017, Revista Proceso, http://www.proceso.com.mx/506237/la-scjn-considera-inconstitucional-bloqueo-cuentas-bancarias-parte-hacienda

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