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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Guerrero a realizar investigaciones con perspectiva de género y la debida diligencia de la violencia sexual, la tortura y el abuso de autoridad, así como de los actos de hostigamiento y amenazas de los cuales ha sido víctima la defensora de derechos humanos y feminista Yndira Sandoval.

SE TURNó A LA COMISIóN PARA LA IGUALDAD DE GéNERO.


SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

La suscrita Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO A REALIZAR INVESTIGACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA DEBIDA DILIGENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL, LA TORTURA Y EL ABUSO DE AUTORIDAD, ASÍ COMO DE LOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS DE LOS CUALES HA SIDO  VÍCTIMA LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS Y FEMINISTA YNDIRA SANDOVAL; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la información difundida en diversos medios de comunicación y redes sociales, el pasado 16 de septiembre la defensora de derechos humanos y feminista Yndira Sandoval acudió al municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero a realizar un taller de prevención de la violencia de género, en su estancia sufrió un accidente con un clavo oxidado, por lo cual decidió acudir con un compañero con el que viajaba a la Clínica San Antonio de ese municipio, para recibir atención médica.

La activista contó, “que en primera instancia el doctor le cobró 2 mil pesos, pero ante la insistencia bajó el costo del servicio a 900 pesos. Cuando Yndira intentó pagar con su tarjeta, el médico le explicó que sólo aceptaba dinero en efectivo y que tenía que buscar un cajero para poder cubrir los gastos. Cuando salió de la clínica recordó que había olvidado su teléfono celular y regresó. Fue en ese momento cuando se percató de que seis elementos de la policía municipal de Tlapa intentaban detener a su compañero por supuestamente haberse negado a pagar la cuenta del doctor.

La defensora cuestionó a los elementos policíacos sobre la detención que estaban realizando, presentándose como defensora de derechos humanos, ante lo cual los elementos de la policía municipal también la detuvieron.

Yndira Sandoval, relató que se negó a subir a la patrulla, pero una oficial, identificada con el nombre de Claudia Juárez Gómez, la aventó hacia el interior de la batea de la camioneta. Una vez que fue trasladada a la cárcel municipal de Tlapa, Yndira fue ubicada en una celda, en donde fue sometida por la policía y donde sufrió diversos actos de violencia sexual.

Yndira presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Guerrero, en la Unidad de Investigación 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Región Montaña, con la carpeta número 12080470200090170917, y el 13 de octubre ante la Procuraduría General de la República (PGR), con la célula de investigación de la agencia tercera de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/0000634/2017 denunciando la violencia sexual que había recibido por parte de la policía municipal de Tlapa.” [*]

A pesar de las denuncias, la evidencia médica y psicológica, así como la identificación plena que hace de su agresora, la defensora ha sido víctima de violencia institucional por parte de las autoridades del Estado de Guerrero, sufriendo burlas, así como el desinterés y la falta de atención de los servidores públicos. En la Ciudad de México su casa fue allanada y paralelamente ha recibido amenazas por no desistirse de sus denuncias.

Las diversas violaciones de las cuales ha sido víctima Yndira Sandoval evidencian la extrema vulnerabilidad de las defensoras de derechos humanos en nuestro país. De acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en México semanalmente ocurren al menos cuatro agresiones contra defensoras, colocándolo en uno de los países más peligros de la región mesoamericana para ejercer la labor de defensa.

Según el Registro Mesoamericano en los últimos años, los ataques crecieron en 261%, al pasar de 118 en 2012 a 308 en 2014 para el periodo 2012-2014, México ocupó el segundo lugar de la región, después de Guatemala, por la cantidad de agresiones perpetradas contra las defensoras, en total 615. La evidencia apunta a la continuidad y el recrudecimiento de esta violencia.

De acuerdo con el monitoreo de medios, tan sólo en enero de 2017, mes en el que Michel Forst, Relator especial de la ONU, realizó una visita oficial a México, se perpetraron al menos 15 ataques contra defensoras, lo que representa el doble de casos registrados en enero de 2016.

Según la información estipulada en el Registro Mesoamericano, quienes más agreden a las defensoras y periodistas son servidores públicos, prioritariamente policías, a pesar de que, al ser parte de la estructura estatal, están obligados a garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en condiciones de seguridad e igualdad, pero resulta que son los principales verdugos de las defensoras. Asimismo, de acuerdo a la información disponible, uno de las agresiones más recurrentes en contra de las defensoras, es la violencia sexual.

Es menester recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  emitió una recomendación sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo. [*]

En su recomendación, la CNDH dio cuenta de los agravios cometidos contra este grupo de población, así como de los robos y allanamientos contra las instalaciones de sus organizaciones, lo que aunado al incumplimiento de realizar investigaciones efectivas tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones.

El organismo hace hincapié en que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender la problemática que implican las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, ya que sólo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su obligación de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.

De acuerdo con la evaluación hecha por la Comisión Nacional las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos se han incrementado en la última década. Se debe recordar que ya en el año 2014 Margaret Sekaggya, ex Relatora de personas defensoras de derechos humanos, “reiteró su profunda preocupación sobre las alegaciones recibidas indicando la persistencia de un clima de violencia e inseguridad para los defensores y defensoras en México” y llamó la atención sobre “el alto nivel de impunidad que prevalece en torno a las violaciones cometidas con los y las defensoras en el país”.

El caso de la defensora Yndira Sandoval que hoy merece nuestra atención es sólo un ejemplo de la violencia que sufre las personas defensoras de los derechos humanos en México y es una muestra también de la violencia sexual que se sigue cometiendo de manera impune en contras de las niñas y las mujeres mexicanas. La violencia sexual y el abuso de poder en este caso merecen una intervención inmediata y ejemplar por parte de las Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, una investigación que cumpla con los más altos estándares en materia de derechos humanos de las mujeres es una obligación Constitucional para ambas instancias pero sobre todo es una obligación ética frente a las miles de mujeres que diariamente son víctimas de la violencia sexual y de los abusos de poder.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.  El Senado de la República se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a realizar investigaciones con perspectiva de género y la debida diligencia de la violencia sexual, la tortura y el abuso de autoridad, así como de los actos de hostigamiento y amenazas de los cuales ha sido  víctima la defensora de derechos humanos y feminista Yndira Sandoval.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los veinticuatro días del mes de octubre de 2017

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DOLORES PADIERNA LUNA


[*] http://www.sinembargo.mx/22-10-2017/3335280

[*] http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=15002

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