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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Se propone que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tome en cuenta en la programación y presupuestación anual del gasto público, los proyectos de inversión contemplados dentro de los Planes de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, a fin de garantizar recursos para crear un ambiente de negocios que genere certidumbre a las inversiones a largo plazo, eleve los niveles de capital humano y acabe con las carencias de infraestructura que reducen la productividad de las regiones.

It is proposed that the Federal Law on Budget and Fiscal Responsibility take into account in the annual budgeting and programming of public expenditure the investment projects contemplated in the Special Economic Zones Development Plans in order to guarantee resources to create an environment business that generates certainty for long-term investments, raise human capital levels and end the infrastructure shortages that reduce the productivity of the regions.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, EN MATERIA DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES.

El suscrito, Óscar Román Rosas González, Senador de la República por el Estado de Campeche en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción IV del artículo 34; y se adicionan la fracción VII al artículo 25; la fracción VI al artículo 28; el inciso w) de la fracción II del artículo 41 y un párrafo quinto al artículo 84 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las Zonas Económicas Especiales representan una gran oportunidad como factor de impulso para el desarrollo regional del Sur-sureste de nuestro país.

La Región Sur-sureste de México integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, refleja un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país.

En el sureste mexicano la incidencia de pobreza patrimonial es del 72.2%, en esa región se localiza el 60% de los municipios con niveles de marginación altos y muy altos; es decir, concentran los niveles de mayor pobreza y pobreza extrema.[*]

Un radiografía más completa de la situación que persiste en los estados del Sur-Sureste considerados para que se instalen Zonas Económicas Especiales, la realizó el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, en la cual se señala que en Campeche el 47.6% de la población vive en condiciones de pobreza, en Chiapas 78.7%, en Guerrero 67.9%, en Michoacán 63.3%, en Oaxaca 68.8 %, Tabasco 51.9%  y Veracruz 6.3%, respectivamente.[*]  

Como se ha anunciado las Zonas Económicas Especiales serán cuatro, una estará en torno al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Llegará hasta la frontera de ese estado con Guerrero. La otra ocupará lo que conoce como el corredor interoceánico entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, en Veracruz. La tercera estará en Puerto Chiapas, junto a Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, y la cuarta, se trata de un programa de reactivación económica y desarrollo productivo para Campeche y Tabasco, para apoyar a estas dos entidades que dependen fuertemente de la actividad petrolera y que han visto afectada su economía debido a la realidad compleja que plantea el entorno internacional.

Ley Federal de Zonas Económicas Especiales tiene como objeto regir la planeación, establecimiento y operación de las Zonas como instrumentos para contribuir al crecimiento y desarrollo económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor rezago social, a través del impulso a la inversión.

Las Zonas Económicas Especiales se definen como las áreas geográficas del territorio nacional, determinadas en forma unitaria o por secciones, sujetas al régimen especial previsto en la Ley que incluye beneficios fiscales, financieros, administrativos, entre otros.

Dada su importancia como instrumento de fomento al crecimiento económico, la Ley dispone que el establecimiento de Zonas es un área prioritaria del desarrollo nacional, en consecuencia con la participación conjunta de los sectores público y privado en el establecimiento de Zonas y el desarrollo económico y social de las regiones en que se ubiquen las mismas.

Cabe destacar que, con el fin de desarrollar las regiones con mayor rezago, se plantea que las Zonas  sólo podrán establecerse en alguna de las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza multidimensional, de acuerdo con los datos del Coneval, y en localidades con población de entre 50 mil y 500 mil habitantes.

Sin embargo, estos requisitos, por sí mismos, no son suficientes para aplicar el régimen de Zonas, puesto que adicionalmente se requiere que éstas se establezcan en áreas que representen una ubicación estratégica, debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, corredores interoceánicos, y potencial de conectividad, dado que se pretende que las Zonas generen valor agregado en la producción de bienes para mercados objetivo de tamaño relevante.

En ese tenor, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo Federal la emisión de la declaratoria de las Zonas, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y opinión favorable de éste por parte de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales.

Por ello, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales plantea que en el dictamen relativo al establecimiento y desarrollo de la Zona, se deberá incluir un estudio que muestre la viabilidad económica, industrial, ambiental, social, de uso de suelo, entre otros, así como información sobre las necesidades de infraestructura y las acciones de política pública que se requieran para el desarrollo de la Zona y su Área de Influencia. Esta información servirá de base para la elaboración, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Programa de Desarrollo que también deberá ser aprobado por la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales con la participación de un consejo consultivo.[*]

Es de destacar que existirán dos mecanismos de planeación: i) el Programa de Desarrollo a cargo del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios, con la participación que corresponda a los sectores social y privado que prevé el ordenamiento territorial, así como la infraestructura que se requiere ejecutar al exterior de la Zona para la Operación de la misma y otras que sean  complementarias, es decir, políticas públicas para impulsar el desarrollo en el Área de Influencia, y ii) el Plan Maestro de la Zona, elaborando y ejecutando por el Administrador Integral, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que prevé los elementos y características de infraestructura y servicios asociados que regirán la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento al interior de la Zona.

Cobra relevancia el hecho de que este ordenamiento articula un mecanismo convencional de coordinación con las entidades federativas y municipios (el Convenio de Coordinación), a fin de contar con su colaboración y compromiso expreso para el establecimiento de la Zona, así como las acciones de apoyo para su operación, incluyendo su participación en la ejecución del Programa de Desarrollo. En este sentido, se considera la participación de las entidades federativas y municipios respecto a las decisiones fundamentales de operación de la Zona, asegura su consolidación a largo plazo.

Otro de los factores esenciales para el éxito de las Zonas es la participación activa de los sectores social y privado en las decisiones más relevantes. Al efecto, la Ley prevé un consejo técnico para cada Zona, integrado por representantes de instituciones de educación superior e investigación, organizaciones sociales, cámaras empresariales, administradores integrales e inversionistas, el cual fungirá como instancia de asesora y de vinculación con el sector público en el desarrollo y funcionamiento de la Zona y su Área de Influencia. Algunas de sus funciones serán opinar el Programa de Desarrollo, el Plan Maestro de la Zona y formular las recomendaciones que estime pertinentes, así como dar seguimiento al desempeño de la Zona y sugerir acciones de mejora.[*]

Asimismo, con la finalidad de tener certeza sobre las externalidades que podría producir el desarrollo de cada Zona en términos de impacto social y ambiental, la Ley plantea que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la participación que corresponda ejercer a las secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las demás dependencias y entidades competentes, en coordinación con las entidades federativas y municipios correspondientes, realizará un estudio informativo de impacto social y ambiental.[*]

En cuanto a los derechos de comunidades y pueblos indígenas, se establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la participación de las entidades federativas y municipios involucrados, deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para la salvaguarda de sus derechos.[*]

Por su parte, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), corresponderá la gestión del procedimiento expropiatorio, incluida la emisión de la declaratoria de utilidad pública y la tramitación del expediente a que refiere la Ley de Expropiación. Para efecto de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le aportará toda la información que resulte necesaria para respaldar jurídica y técnicamente, el decreto expropiatorio que en su caso emita el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Ahora bien, para la construcción, desarrollo y mantenimiento de la Zona, el Administrador Integral podrá obtener las concesiones y otros derechos sobre bienes del dominio público de la Federación, así como los servicios públicos que sean necesarios, en términos de las leyes federales específicas (tierras, puertos, caminos, aeropuertos, etcétera, según sea el caso). En suma, se pretende que el Administrador Integral cuente con los instrumentos necesarios y las responsabilidades correspondientes para operar la Zona.

Se pretende que el titular del Ejecutivo Federal se auxilie, primordialmente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Entre las Principales atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Ley destacan las siguientes: i) diseñar e implementar la política para el establecimiento y desarrollo de Zonas; ii) elaborar el dictamen para el establecimiento, ampliación o modificación de las Zonas correspondientes, iii) formular en coordinación con las dependencias y entidades, así como con la participación de las entidades federales y los municipios involucrados, el Programa de Desarrollo de Cada Zona y someterlo a aprobación de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales; iv) resolver sobre el otorgamiento, modificación, cesión, terminación de los permisos, asignaciones y autorizaciones previstas en la Ley, así como verificar el cumplimiento de dichos títulos habilitantes; y v) aprobar el Plan Maestro de la Zona y las reglas de operación de la misma.[*]

A fin de garantizar una intervención transversal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que resulten competentes, en el diseño institucional de la Ley se contempla la creación de una Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales. Dicha Comisión Intersecretarial tendría el mandato de coordinar las políticas, estrategias y acciones relativas a la planeación y regulación de las Zonas; para tal efecto, en correspondencia, las dependencias y entidades deberán implementar los acuerdos adoptados por aquella para asegurar la operación de las Zonas y el desarrollo de las Áreas de Influencia, incluyendo, por supuesto, lo previsto en el Programa de Desarrollo.

Entre las facultades más importantes con que esta Ley dota a esta instancia auxiliar del Ejecutivo Federal, están: i) opinar el dictamen que al efecto realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el establecimiento de las Zonas; ii) aprobar el Programa de Desarrollo de las Zonas; iii) determinar y dar seguimiento a las acciones concretas que deben ejecutar las dependencias y entidades paraestatales en congruencia con el Programa de Desarrollo, y iv) evaluar el desempeño económico y social de las Zonas y Áreas de Influencia.[*]

La Ley contempla un apartado en materia de transparencia y de rendición de cuentas, en la cual se establecen obligaciones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de poner a disposición de la ciudadanía diversa información en la materia regulada por la Ley. De este modo, en aras de una transparencia proactiva, dicha Secretaría deberá poner a disposición del público, entre otros, las disposiciones administrativas en materia de Zonas; el Dictamen de cada Zona; los Programas de Desarrollo; los Planes Maestros de Zona y las reglas de operación de las mismas; el listado de permisos, asignaciones y autorizaciones que se encuentren vigentes, así como las estadísticas generales sobre la operación de cada Zona.

Todo ello nos habla de que la consolidación de las Zonas Económicas Especiales representa un gran reto político de repercusiones sociales y de seguridad. Los proyectos que puedan establecerse podrán convertirse en polos de desarrollo regional que ayuden a mitigar la pobreza y brindar capacidades locales para el beneficio de los habitantes que interactúan con ellos.

Las oportunidades que pueden brindar las Zonas Económicas Especiales pueden ser mayúsculas si somos capaces de alinear los esfuerzos institucionales de los tres órdenes de gobierno, con los sectores social y privado.

Objeto de la iniciativa

En este sentido, el presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) puede convertirse en un eje de acción muy importante para lograr este propósito, ya que es el principal instrumento del Estado mexicano para promover el desarrollo nacional. Es un documento jurídico que establece el monto y destino del gasto público que se aplica en un ejercicio fiscal determinado para cumplir con los objetivos de los programas sectoriales que son comprometidos.

De ahí la importancia de lograr que el Presupuesto de Egresos de la Federación sea eficiente y tenga una verdadera orientación para lograr las mejores prácticas regionales, a través de criterios de responsabilidad presupuestal que ayuden a potenciar los fondos regionales y lograr experiencias prolongadas y fructíferas en la implementación de políticas locales y territoriales para reducir la pobreza e impulsar el crecimiento de la productividad.

En este sentido, cabe destacar que con la creación de las Zonas Económicas Especiales habrá que hacer mayores esfuerzos a través del Presupuesto de

Egresos de la Federación para mantener programas y políticas públicas para la consolidación de polos de desarrollo que permitan la creación de infraestructura, capital humano y el desarrollo de capacidades para fomentar una mayor dinámica económica y productiva de las regiones a largo plazo.

Para lograrlo, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria debe contener una mejora en el diseño del marco normativo que contenga criterios que impulsen una política nacional en las Zonas Económicas Especiales de alto impacto para la economía.

Es momento de alinear el Presupuesto Federal con el enfoque macroregional establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de hacer más eficiente la planificación nacional y regional, especialmente aquella que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura social y productiva, medio ambiente, energía y transporte. Lo que se busca es lograr que los proyectos a desarrollar en las Zonas Económicas Especiales tengan un enfoque territorialmente integrado que evite duplicaciones en el gasto y generar economías de escala que ayuden a reducir los costos de inversión e incrementar la productividad.

Es por ello, que este Proyecto de Decreto busca reformar y adicionar a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para consolidar criterios económicos que nos ayuden a diseñar una mejor planificación del desarrollo regional y construir capacidades a nivel estatal y municipal a favor de las Zonas Económicas Especiales.

Para este efecto, es indispensable que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tome en cuenta en la programación y presupuestación anual del gasto público, los proyectos de inversión contemplados dentro de los Planes de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, a fin de garantizar recursos para crear un ambiente de negocios que genere certidumbre a las inversiones a largo plazo, elevar los niveles de  capital humano y acabar con las carencias de infraestructura que reducen la productividad de las regiones.

De conformidad con lo anterior, el suscrito Senador de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción IV del artículo 34; y se adicionan la fracción VII al artículo 25; la fracción VI al artículo 28; el inciso w) de la fracción II del artículo 41 y un párrafo quinto al artículo 84; todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Único.- Se reforma el inciso d) de la fracción IV del artículo 34; y se adicionan la fracción VII al artículo 25; la fracción VI al artículo 28; el inciso w) de la fracción II del artículo 41 y un párrafo quinto al artículo 84, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , para quedar como sigue:

Artículo 25.-…

I. a VI. …

VII. Los Programas de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales que elabore la Secretaría.

Artículo 28.-…

I. a V.…

VI. La del desarrollo regional que agrupa las previsiones de gasto que tienen por objetivo lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno  tanto en el ordenamiento sustentable del territorio, como en el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda; así como el fomento económico enfocado a incrementar la productividad de los sectores social y privado en las Zonas Económicas Especiales y sus áreas de influencia.

Artículo 34.-…

I. a III. …

IV.…

a) a c)…

d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión, tomando en cuenta las Zonas Económicas Especiales.

Artículo 41.-…

I…

II.…

a) a v)…

w) Las previsiones de gasto que correspondan al desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Artículo 84.-…

En el caso de las Zonas Económicas Especiales, la Secretaría tomará en cuenta la distribución de los recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura que formen parte de los programas de desarrollo en cada una de ellas.

Transitorios

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Óscar Román Rosas González

Senado de la República, a 04 de septiembre de 2017.

 


[*] Cámara de Diputados. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Disponible en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/presentaciones/2016/precefp0062016.pdf

[*] Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Artículo 9. Disponible en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFZEE.pdf  

[*] Ibídem. Artículo 16.

[*] Ibídem. Artículo.17.

[*] Ibídem. Artículo 18.

[*] Ibídem. Artículo 36.

[*] Ibídem. Artículo. 37.

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