+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Dictámenes de Primera Lectura

VOTACIÓN
41
0
0
44
0
0
15
0
0
4
1
0
7
0
0
SG
1
0
0
TOTAL
112
1
0

De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA.
LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN ESTUVO A CARGO DE LOS SENADORES:
JUAN CARLOS ROMERO HICKS, POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

EN LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL, PARTICIPARON LOS SENADORES:
MANUEL BARTLETT DÍAZ, PT EN CONTRA
GERARDO FLORES RAMÍREZ, PVEM A FAVOR
RAÚL MORÓN OROZCO, PRD A FAVOR
LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, PAN A FAVOR
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD A FAVOR
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, PAN A FAVOR
ARMANDO RÍOS PITER, PRD A FAVOR
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD A FAVOR
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRD A FAVOR
MARIO DELGADO CARRILLO, PRD A FAVOR
DANIEL AMADOR GAXIOLA, PRI A FAVOR
LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ ENTREGÓ EL TEXTO DE SU INTERVENCIÓN Y SE INTEGRA AL DIARIO DE LOS DEBATES.

LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA DE LAS RESERVAS AL DICTAMEN:
• DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, A LOS ARTÍCULOS 2, 14, 33 Y 63.
• DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A LOS ARTÍCULOS 14 Y 61.
FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS.
LA SECRETARÍA DE LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON LAS RESERVAS DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA A LOS ARTÍCULOS 2, 14, 33 Y 63. NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN.
SE DIO CUENTA TAMBIÉN DE LAS RESERVAS DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA A LOS ARTÍCULOS 14 Y 61. NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN.
LOS ARTÍCULOS 2, 14, 33, 61 Y 63 DEL PROYECTO DE DECRETO FUERON APROBADOS EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN.
SE DECLARÓ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL PROYECTO DE DECRETO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Dic_EDU_ELG_Inic_Preferente.pdf)
Descargar Documento (Reserva_Sen.Guevara_Art.14y61-LDE.pdf)
Descargar Documento (Reservas_Sen.Benjamin_Robles_Arts.2-14-63-33-LDE.pdf)
Descargar Documento (01_INT_Zoe_Robledo_LGE.pdf)
Descargar Documento (02_INT_Jorge_Arechiga_LGE.pdf)
Descargar Documento (03_INT_Martha_Palafox_LGE.pdf)

Propone establecer que todos los habitantes del país tendrán las mismas oportunidades de tránsito en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Busca que la Secretaría de Educación Pública dentro de sus atribuciones se encuentre la de regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por el Sistema Educativo Nacional; así como, la de expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de los educandos, además de que corresponderá de manera exclusiva a las autoridades educativas locales vigilar que se cumpla dicha atribución.

De la misma manera, se propone que las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida en términos de la Ley.

Así mismo, establece que las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción; propone que las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la Secretaría de Educación Pública; además, de suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia.

Se propone que las autoridades educativas dentro de sus medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad deben estar dirigidas de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.

El dictamen establece que las autoridades educativas tomarán medidas que garanticen el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad; ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, saberes que previa evaluación demuestren los educandos; y se busca que se promuevan acciones similares para el caso de la educación superior.

Propone que las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado a revalidar o equiparar estudios.

Se busca que los certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos que expidan las instituciones educativas nacionales se registren en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República.

La reforma establece que los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos asignaturas u otras unidades de aprendizaje.

Una de la reformas a la ley, establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional.

Señala que las revalidaciones y equivalencia otorgadas en términos del artículo 63 tendrán validez en toda la República y que las autoridades educativas podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida.

Se propone que las autoridades educativas puedan revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse.

En su régimen transitorio, se establece que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación del Decreto se realizará mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Establece que en un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, la Secretaría de Educación Pública emitirá la normatividad que se propone; así mismo, para la emisión de los lineamientos, normas y criterios la Secretaría dispondrá de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Señala que las instituciones públicas de educación superior podrán celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación de estudios, en tanto información pública, de acuerdo con la fracción II del artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa; finalmente, se estipula que las autoridades educativas podrán coordinarse con otras instituciones para implementar planes de emergencia y acciones afirmativas dirigidos a atender a las personas en situación de vulnerabilidad a las que se refiere la Ley.

SYNOPSIS: It proposes to establish that all the inhabitants of the country will have the same opportunities of transit in the national educational system, only satisfying the requirements that establish the general applicable dispositions.

It seeks that the Secretariat of Public Education within its powers is to regulate a national framework of qualifications and a national system of academic credits, which facilitate the transit of students through the National Education System; As well as, to issue, in the case of basic education studies, school control norms, which should facilitate the enrollment, re-enrollment, promotion, regularization, accreditation and certification of students' studies, besides correspondingly Exclusive to the local educational authorities to ensure that this attribution is fulfilled.

Likewise, it is proposed that the federal and local educational authorities concurrently may authorize or delegate, as the case may be, that particular institutions with official recognition of studies and public institutions that in their regulations do not have the Faculty express, grant revalidations and partial equivalences of studies regarding the plans and programs that they give, in accordance with the general guidelines that the Secretariat issues in terms of the Law.

Likewise, it establishes that the educational authorities may revoke said authorizations when there is a breach that in terms of the mentioned guidelines merits said sanction; Proposes that the records of revalidation and equivalence of studies must be registered in the Information and Educational Management System, in the terms established by the Ministry of Public Education; In addition, to sign the agreements and conventions that facilitate the national and international transit of students, as well as to promote the signing of treaties in the matter.

It is proposed that educational authorities, within their measures tending to establish conditions that allow the full exercise of the right to quality education, should be directed preferentially to those who belong to groups and regions with greater educational lags, dispersed or facing situations Of vulnerability due to specific socioeconomic, physical, mental, cultural identity, ethnic or national origin, migratory situation, or related to gender, sexual preference, religious beliefs or cultural practices.

The opinion states that educational authorities will take measures to guarantee access to basic and upper secondary education, even if applicants do not have academic or identity documents; This obligation will be satisfied with the provision of quality educational services; They will offer options that facilitate the obtaining of the referred documents, as well as, in the case of basic and upper secondary education, the location by grade, school cycle or corresponding educational level, according to age, evolutionary development, cognitive and maturity, And, if applicable, know that the students demonstrate prior evaluation; And seeks to promote similar actions in the case of higher education.

Proposes that the educational authorities publish, in the corresponding official information body and on their electronic portals, a list of the institutions to which they have granted authorization or recognition of official validity of studies, as well as those which they have authorized to revalidate or Equate studies.
It is sought that the certificates, certificates, diplomas, degrees or degrees issued by the national educational institutions are registered in the Information and Educational Management System and will be valid throughout the Republic.

The reform states that studies conducted within the national education system may be declared equivalent to each other by educational levels, grades or school cycles, academic credits, or other learning units.

One of the reforms to the law, establishes that educational authorities and institutions that grant revalidations and equivalences will promote the simplification of these procedures, according to the principles of celerity, impartiality, flexibility and affordability. In addition, they will promote the use of electronic verification mechanisms for the authenticity of documents issued outside and within the national education system.

It points out that the revalidations and equivalence granted in terms of article 63 shall be valid throughout the Republic and that educational authorities may authorize or delegate, as the case may be, that private institutions with official validity of studies and public institutions Their regulations do not have the express faculty, they grant revalidations and partial equivalences of studies with respect to the plans and programs that they give, in accordance with the general guidelines that the Secretariat issues.

It is proposed that the educational authorities may revoke said authorizations, when there is a breach that in terms of the aforementioned guidelines merits said sanction. The above regardless of any infractions that could be configured.
Under its transitional regime, it is established that the expenses generated by the entry into force of the decree must be covered by the budget approved to the Secretariat of Public Education in the current fiscal year and subsequent, so any changes to its Organic structure derived from the application of the Decree will be made through compensated movements in accordance with the applicable legal provisions.

Stipulates that within a period not exceeding twelve months, counted from the entry into force of the Decree, the Secretariat of Public Education will issue the proposed regulations; Likewise, for the issuance of guidelines, standards and criteria, the Secretariat will have 60 calendar days from the entry into force of the Decree.

It points out that public institutions of higher education may conclude agreements with the federal educational authority so that information related to their formalities of revalidation and equalization of studies, as public information, according to fraction II of article 75 of the General Law of Transparency and Access to Public Information, be incorporated into the Information and Educational Management System; Finally, stipulates that educational authorities may coordinate with other institutions to implement emergency plans and affirmative actions aimed at caring for people in vulnerable situations to which the law refers.

Documentos Relacionados: