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Proposiciones

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de Educación Pública y a los rectores de la universidad del país, al gobierno del estado de Michoacán y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia de educación superior y en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.


PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO QUE PRESENTA DIFERENTES EXHORTOS TANTO AL GOBIERNO FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LOS RECTORES DE LA UNIVERSIDADES DEL PAÍS, COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EN LO QUE SE REFIERE AL CONFLICTO DE RECHAZADOS DE ESTA ÚLTIMA UNIVERSIDAD.

Raúl Morón Orozco, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Cerca de un millón de jóvenes por año concluyen sus estudios de preparatoria o bachillerato y se enfrentan, generalmente por vez primera, a la decisión de seguir o no estudiando, o se hacen la pregunta de qué estudiar y en dónde hacerlo.

En México, el número de jóvenes que ingresa a la educación superior se estima con base en el número de los que egresan, que salen de la educación media superior. No obstante, no todos los egresados de la media superior entran a la educación superior, ni todos los que están en ella proceden de la educación media superior del ciclo inmediato anterior.

Las disparidades entre la oferta y la demanda de lugares para cursar la educación superior se manifiestan como una sobredemanda en algunos programas de estudio y en algunas instituciones, dando lugar al fenómeno conocido de los “excluidos o rechazados” de la educación superior. El número de jóvenes que buscan su ingreso a la educación superior en el país rebasa, desde hace mucho, la capacidad de las instituciones; pese a que en cada una de las regiones y los estados del país, la situación se presenta con diferentes características.

Actualmente, en Michoacán enfrentamos las consecuencias de la drástica caída del ingreso en educación superior, un conflicto, que dura ya casi 60 días, entre expresiones y organizaciones de estudiantes “rechazados” y autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No sólo se necesita del diálogo, la tolerancia y de una ética universitaria para resolver el conflicto, también es urgente enfrentar las causas estructurales que en Michoacán –y en nuestro país– están reduciendo de manera importante el ingreso a la educación superior pública.

En el caso particular de la Universidad Michoacana, es indiscutible que el problema estructural tiene relación directa con la falta de recursos financieros para atender las demandas de una población estudiantil creciente que requiere cada vez más de espacios para acceder a los distintos programas académicos del nivel de licenciatura, sin dejar de apuntar que el modelo educativo universitario, acorde a las políticas de evaluación educativa y acreditación de “programas de calidad”, han generado sus propios mecanismos de exclusión de una gran cantidad de jóvenes michoacanos que aspiran a la educación superior, sin encontrar más respuestas del estado, que la de la propia falta de espacios y de capacidad de atencion del incremento de la matricula escolar.

Por ello, desde el pasado lunes 29 de agosto del presente año, un grupo de personas, presuntamente integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), así como algunos de los aspirantes rechazados y estudiantes pertenecientes a las diferentes casas de estudiantes de la Universidad Michoacana, tomaron por tiempo indefinido, las instalaciones de Ciudad Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, para posteriormente el día martes 30 de agosto extender la toma a  las diferentes Preparatorias y Facultades de dicha institución educativa, en demanda de espacios para mas de mil  jóvenes, que fueron rechazados en su ingreso a los diferentes programas académicos del nivel medio superior y superior durante el presente ciclo escolar, por no haber cumplido, según la autoridad universitaria, con los requisitos académicos para dicho fin.

La citada toma de las instalaciones educativas de la Universidad Michoacana, no sólo ha paralizado la vida institucional desde hace casi 60 días, sino que afecta de forma directa a los más de 55 mil estudiantes michoacanos que se han visto impedidos para acceder a las aulas y ejercer su derecho a la educación de calidad que establece el artículo 3º Constitucional, sin considerar los daños académicos, administrativos, económicos, culturales y sociales, colaterales, que dicha contingencia está generando entre la población.

Si bien el citado artículo 3 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a recibir educación, pública, laica, gratuita, obligatoria y de calidad, siendo obligación del Estado proporcionarla, al menos hasta la educación media superior, en el caso de la educación superior o universitaria, sobre todo de carácter autónoma, dicha condición depende en gran medida de las posibilidades financieras y capacidad instalada de las instituciones educativas para atender las demandas de la sociedad.

No es desconocido para los michoacanos, en ese sentido, que desde hace varios años la universidad del estado atraviesa por diversas dificultades financieras y de infraestructura para atender la creciente matricula de su población, viéndose en cierto sentido impedida para responder a las exigencias de jóvenes y estudiantes como los que hoy demandan el acceso a la educación superior pública, a través de la toma de instalaciones universitarias como medida de presión.

Lo que comenzó como una exigencia estudiantil en demanda de acceso a espacios educativos, se ha convertido ya en un conflicto de carácter social, que está perturbando la vida cotidiana de los michoacanos y en particular de aquellos que ante la toma de las diferentes Preparatorias y Facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se les está privando de su Derecho Humano a la educación y al libre acceso de las instalaciones educativas, lo que les ha obligado a propuesta de docentes y directivos, y en ocasiones a iniciativa propia, a  recibir las clases de forma inadecuada, tardía, incompleta y pedagógicamente inapropiada en detrimento de su propia formación personal y profesional.

Frente a tan grave y particular situación, es obligación de las autoridades educativas y gubernamentales, buscar alternativas y procedimientos permanentes de diálogo con los manifestantes inconformes, que conlleve a encontrar soluciones definitivas al conflicto, así como destinar mayores recursos financieros, ampliar los espacios educativos y facilitar los procedimientos de acceso a la educación superior, con la finalidad de garantizar que todo aquel que demande una oportunidad de estudio, pueda acceder a ella con el respaldo absoluto del Estado, pues como bien lo señala Paulo Freire, el gran educador latinoamericano, “la educación es la única vía para la emancipación del pueblo” y “la única forma de cambiar a las personas, hombres y mujeres, que habrán de cambiar al mundo”.

En tal sentido, resulta necesario exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, así como al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que se informe a esta soberanía popular, el estado que guardan las negociaciones entabladas con los inconformes, las diferencias existentes, así como todas y cada una de las acciones del Plan emergente que se proponga para alcanzar una solución definitiva al conflicto de mérito, privilegiando en todo momento la vía del diálogo y la razón social; así como para que se establezcan en lo sucesivo alternativas de crecimiento para la educación pública de las y los michoacanos y mecanismos de fortalecimiento financiero e incremento presupuestal, con la finalidad de otorgarles y garantizarles su derecho a la educación, previniendo futuros conflictos estudiantiles.

No dejamos de advertir que otro problema estructural de las universidades del país, tiene que ver hoy con la pertinencia del modelo educativo, de su oferta académica y la actualización de sus planes y programas de estudios, pues en muchos casos, su acreditación o certificación de calidad de procesos, no es exactamente la solución a la respuesta que los miles de egresados exigen, cuando tras de haber concluido su etapa estudiantil se ven en serias dificultades para encontrar empleo, y es que, hoy debe realizarse un análisis profundo de la vinculación requerida entre el mercado de trabajo y la oferta educativa de las universidades.

Mas aún, resulta indiscutible que la actualización de sus planes y programas de estudios, exigen una adaptación de los métodos pedagógicos y contenidos curriculares a los avances de la ciencia y la tecnología, pues lo que hoy el país y los mercados de trabajo están demandando, es justamente la preparación de estudiantes más competitivos y creativos, capaces no solamente de resolver problemas complejos, sino también de aportar al desarrollo nacional y regional a partir de la innovación tecnológica y social, para contribuir a través de la educación superior al fortalecimiento de una economía y una sociedad del conocimiento.

Volviendo al problema de la exclusión educativa en el nivel medio superior y superior, como resultado de la falta de fortalecimiento financiero de las instituciones educativas, este fenómeno, además de la Universidad Michoacana, también es particularmente evidente y recurrente en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se ubican la UNAM, la UAM y el IPN, tres de las instituciones públicas de educación superior más demandadas.

Es posible observar en varios estudios de especialistas en educación superior que, en este sexenio, la absorción de egresados de educación media superior por parte de las universidades e instituciones de educación superior sufrió una caída drástica respecto al relativo crecimiento de años anteriores. En este sexenio se desfondó la capacidad de ingreso de la educación superior pública en nuestro país.  De un 86 por ciento de absorción se pasó a un 77 por ciento, esto en el ciclo escolar 2013-2014. En este mismo ciclo, el número de egresados de la educación media superior fue de 1 millón 68 mil jóvenes, cifra que de confirmarse supone un aumento de 106 mil jóvenes con respecto al ciclo inmediato anterior, casi lo mismo que la suma de lo crecido en los cuatro años anteriores. De esta forma, si entre 2008 y 2013 el número de egresados de la educación media superior aumentó a razón de poco más de 3% cada año, en el último año ese crecimiento sería de 11 por ciento.

Según un estudio del Dr. Salvador Malo y del Ing. Alfonso Hernández, el número de jóvenes que ingresó por primera vez en la modalidad escolarizada de educación superior había aumentado cada año a partir del ciclo 2009-2010. Igual que con los egresados de educación media superior, ese número ha crecido. En 2009 el primer ingreso a la educación superior fue de 666 mil jóvenes, en 2013 fueron 826 mil los que ingresaron. Ello significó un crecimiento de 160 mil jóvenes en cuatro años, o un promedio de 40 mil más cada año.

A pesar de los avances logrados en los años previos a 2013, con este derrumbe de la capacidad de absorción de la educación superior en México, sigue acentuándose el enorme rezago en materia de cobertura. Para reducir la brecha que separa a México de otros países de desarrollo relativo similar, la ANUIES ha propuesto la meta de alcanzar una cobertura de 60 por ciento en el ciclo 2021-2022, lo que implicaría una adición anual promedio de 2.7 puntos a la tasa de cobertura.

La meta enunciada significaría ampliar la matrícula hasta 5 millones 840 mil estudiantes en el ciclo 2021-2022.

Tal incremento supondría crear, de acuerdo con la ANUIES, 257 mil nuevos espacios en promedio cada año, cifra superior (en alrededor de 55 mil) al aumento promedio logrado en los últimos tres ciclos escolares. Si como ha ocurrido en el pasado reciente, poco más de las dos terceras partes del aumento de la matrícula proviene del régimen de sostenimiento público, esta meta supondría incorporar alrededor de 1 millón 770 mil estudiantes al subsistema público y 800 mil al subsistema particular.

El tránsito a las etapas de “masificación” y “universalización” de la educación superior constituye un complejo desafío tanto para las instituciones de nivel superior como para las políticas educativas. México ingresó apenas en 2010 a la etapa de “masificación” e ingresará en 2017 (de cumplirse la trayectoria prevista por la ANUIES) a la etapa de “universalización”.

La experiencia internacional enseña que todos los sistemas que atraviesan por las etapas de “masificación” y “universalización” se ven obligados a impulsar reformas profundas que transforman la arquitectura institucional, las prácticas y el andamiaje normativo de la educación superior. Estas reformas suelen apuntar, entre otros aspectos, a la diversificación de las fuentes de financiamiento y al fortalecimiento de los mecanismos de inclusión.

Además, no hay duda de que un crecimiento cada vez mayor de la cobertura con equidad y calidad exige un sistema de educación superior más flexible y articulado, un robustecido programa de becas, nuevos y más eficientes modelos de organización, gestión y administración de las propias instituciones de educación superior, así como esfuerzos cada vez mayores de formación e incorporación de docentes (con grados de habilitación adecuados), profundización de los esfuerzos descentralizadores, transformación de los sistemas educativos estatales y una sólida cultura de la evaluación, entre otros aspectos. El futuro nos convoca a revisar políticas, programas, reglas y prácticas de la educación superior.

Otro de los problemas que enfrenta la educación superior en México es la expansión de la educación superior en México ha tenido como precondición el aumento de las tasas de cobertura, retención y graduación en el bachillerato. La cobertura bruta en el nivel medio superior se incrementó sostenidamente en los últimos años, al tiempo que se elevó la proporción de egresados que transitó hacia el nivel superior. En los próximos diez años la presión para la educación superior será aún mayor, pues se prevé que el nuevo ingreso aumentará alrededor de 90 por ciento, impulsado por la obligatoriedad y rápida universalización de la educación media superior.

La SEP no cumple con su obligación de rendición de cuentas por lo que se refiere a datos estadísticos escolares completos, tal es el caso que no hay información desagregada sobre el número de egresados de educación media superior, ni el número de aspirantes a educación superior y respecto al  número de estudiantes que ingresan por primera ocasión a educación superior, solo se presenta de los años 2013-2014 y 2014-2015. No se difunde  el número de rechazados, ni de manera global, ni de manera desglosada por estado, institución educativa y carrera.

En términos demográficos, la creciente demanda de servicios de educación superior es un asunto que debe atenderse cuanto antes. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), hacia 2019 en México llegarán a cumplir 18 años veinte millones y medio de personas. Cerca de 140 mil jóvenes egresados de la Educación Media Superior se quedan sin continuar sus estudios en la Educación Superior, una cifra que asciende a 14 por ciento del total de egresados.

En suma, los rechazados no son sola una cifra en las estadísticas educativas, sino un drama personal y de la nación.

A partir de los anterior, proponemos el siguiente decreto con

PUNTO DE ACUERDO:

Primero.- Exhortamos al Gobierno federal para que aumente el presupuesto en educación superior a todas las universidades e instituciones de educación superior del país, con la finalidad de incrementar anualmente la cobertura de este nivel educativo y así alcanzar una cobertura de 60 por ciento en el ciclo 2021-2022, lo que implicaría una adición anual promedio de 2.7 puntos a la tasa de cobertura.

Segundo.- Exhortamos a la Secretaría de Educación Pública y a los Rectores de las Universidades Autónomas del País, a fin de que sistematicen y publiquen la información estadística de número de solicitudes de aspirantes, así como el número de los que  ingresan y el número de los que no ingresaron a la educación superior, ya que dicha información es necesaria para conocer la situación y evolución que guarda este tema y que sirva de sustento para la generación de políticas públicas y acciones a favor de atender la problemática respectiva.

Tercero.- Se Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, así como a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que el actual conflicto ante la toma por parte del movimiento de rechazados de las instalaciones de la UMSNH encuentre un camino para su solución basado en el diálogo, la tolerancia, así como en los urgentes incrementos presupuestales que demanda la Universidad Michoacana, y que se evite cualquier situación de violencia o represión; además, para que informen a esta Soberanía, sobre todas y cada una de las acciones del plan emergente que se propongan realizar para alcanzar una solución definitiva al conflicto de mérito, privilegiando en todo momento la vía del diálogo y la razón; así como para que se establezcan en lo sucesivo alternativas de crecimiento para la educación pública de las y los michoacanos, con la finalidad de otorgarles y garantizarles su derecho a la educación, previniendo futuros conflictos estudiantiles.

Ciudad de México, 26 de OCTUBRE de 2016

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO

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