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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso e) al artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.


Propone que la violencia política de género sea planteada en los medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales, siendo la vía más adecuada para impugnar este tipo de violencia.

It proposes that political gender violence is raised in the media challenged before the electoral court authorities, the most appropriate way to challenge this violence.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E) AL ARTÍCULO 80 RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

Las que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM  BAJO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E) DEL ARTÍCULO 80, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.,al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es un principio general, un derecho de aceptación universal reconocido tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales. Este principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las personas e implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, edad, creencias, idioma, etnia o cultura, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra situación social. Se considera que la igualdad ocurre al menos en dos dimensiones: la formal y la sustantiva. La igualdad formal –de jure o normativa- se refiere a la igualdad ante la ley y supone que las personas tienen los mismos derechos.

La igualdad sustantiva, de facto o material, supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades por medio de medidas estructurales, legales o de política pública que garanticen en los hechos la igualdad. La visión del desarrollo humano basada en la noción de capacidades requiere como primera condición la igualdad de oportunidades. Esto significa que la acción pública puede y debe garantizar que los individuos tengan acceso a un conjunto equitativo de opciones de vida, sin importar las limitaciones individuales o del contexto y con ello la posibilidad de elegir con conocimiento y libertad.

El Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), fue quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N° 25 de 2004, hasta entonces, se habían usado conceptos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto 10 o igualdad de hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres y mujeres. [*]

En los párrafos 8 y 9 de la RG 25 (2004) del Comité CEDAW dice:

“8. En opinión del Comité, un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr la igualdad de facto con el hombre, que el Comité interpreta como igualdad sustantiva. Además, la Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer.

9. La igualdad de resultados es la culminación lógica de la igualdad sustantiva o de facto. Estos resultados pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, es decir que pueden manifestarse en que, en diferentes campos, las mujeres disfrutan de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, en que tienen los mismos niveles de ingresos, en que hay igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política y en que la mujer vive libre de actos de violencia.

La mujeres han ampliado en el mundo su participación en la política en las últimas cuatro décadas, sin embargo, pese a los progresos alcanzados, las esperanzas de igualdad están lejos de verse realizadas. Cuando se realizó la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México, en 1975, las mujeres representaban el 10.9 % de todos los escaños parlamentarios a nivel mundial; veinte años después, en la Conferencia Mundial de Beijing en 1995, este porcentaje se había elevado apenas a 11.6%, a pesar de la ampliación de parlamentos de 115 a 176. En septiembre de 2015, a nivel global, las mujeres ocupan el 22.5% de todos los escaños parlamentarios y sólo el 16.8% de los 273 puestos de presidencia en las Cámaras Parlamentarias en el mundo, es decir, solo ha habido un aumento de alrededor de 10 puntos porcentuales más en un lapso de casi 20 años.

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.

En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral.

El 15 de octubre de 2015, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, en donde se adoptó la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”, en ella se reconoce que:

“Que es responsabilidad del Estado, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, desarrollar cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político, según las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará.

“Los derechos políticos son derechos humanos”, derechos que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar. Pero también es una obligación estatal, el crear condiciones y remover obstáculos, a fin de que las mujeres puedan acceder a cargos decisorios en todas las estructuras de poder.

Sin embargo, aunque a las mujeres y a los hombres les corresponden los mismos derechos, ellas han visto limitados éstos a partir de construcciones sociales que han dado lugar a considerar de un mayor valor a las características masculinas, cuyo resultado es que las discriminan y les impiden el ejercicio pleno de todos los derechos, como son los derechos civiles y políticos, que se refieren a la posibilidad de toda persona a participar en el gobierno de su país.

La violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales.

Las mujeres que hacemos política o quienes pretenden acceder a ella, enfrentamos diversos obstáculos y resistencias que dificultan una participación en términos de igualdad respecto a los hombres. Para muestra, un botón: con las cuotas de género, cuando se coloca a las mujeres en lugares con escasa o nula posibilidad de triunfo, cuando se nos cuestiona sobre nuestras capacidades, cuando se nos ofende, descalifica o denosta, no olvidemos las frases con doble sentido, comentarios sarcásticos y burlas sexistas.

En los procesos electorales 2015 – 2016, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha iniciado carpeta de investigación en 29 casos, en los que el común denominador son: las amenazas, intimidación, ofensas, difamación, agresiones, etc.

El último ejemplo de esto es el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien presentó su “licencia al cargo”, luego de que durante cinco días, habitantes de la localidad tzotzil mantuvieran tomada la Alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena en demanda de su destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió.

Esta situación es reflejo de las continuas amenazas y “peticiones “por parte de sectores de la población que solicitaron su renuncia desde que en, un proceso democrático y legal ella ganara las elecciones el pasado mes de julio de 2015. La demanda de los habitantes está sustentada en los usos y costumbres, en donde se estipula que las mujeres son relegadas, por el simple hecho de ser mujer.

Rosa Pérez Pérez es la tercera alcaldesa del Partido Verde Ecologista, que el machismo desplazó y colocó a un hombre como munícipe. En el municipio de Oxchuc, pasó lo mismo con María Gloria Gómez Sánchez, en el que no sólo ella renunció sino también las regidoras. En el municipio de Tila, pobladores destituyeron a Fabiola Vázquez Ortíz, con lujo de violencia sin que haya un sólo detenido. Mientras que en el municipio de Chanal, la Presidenta Municipal Olga Gómez renunció para que el cargo lo ocupará su esposo, que se desempeñaba como síndico.

Recordemos que los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, se refieren a asegurar precisamente el goce y ejercicio pleno de los mismos, y por lo tanto, deben ser incorporados al cuerpo normativo nacional.

En el contexto regional, destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [*], la cual señala que los derechos de las mujeres deben ser reconocidos, gozados, ejercidos y protegidos, entre estos derechos se encuentran el derecho a la libertad y a la seguridad personales, así como una vida libre de violencia, “tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 3°).

En este instrumento se reconoce el derecho de las mujeres “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de su país, incluyendo la toma de decisiones” (artículo 4°). En esta Convención se aborda el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia en los espacios públicos, en específico, a garantizar su participación política sin violencia.

Resulta indispensable recordar los planteamientos derivados del Consenso de Quito [*]en el cual se analizaron temas como la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, además se recomendó la adopción de cuotas que aseguren la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política; estimular mecanismos de formación y capacitación política para el liderazgo femenino, impulsar que los partidos políticos incluyan en sus agendas la perspectiva de género, así como:

Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto nacional como localmente, así como en los partidos y movimientos políticos.

En la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe [*], entre los acuerdos adoptados para ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder, se encuentra:

Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido.

Algunos países de la región cuentan con leyes específicas como es el caso de Bolivia (Ley Nº 243)o iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres como Costa Rica, Ecuador y Perú.

En el Senado de la República, se han presentado diversas iniciativas al respecto [*], todas tienen como coincidencia reformas cinco leyes (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Delitos Electorales)

Uno de los principales retos para el acceso a la justicia y la reparación del daño es casos de violencia política, es la forma en que habrán de aprobarse los hechos, es decir, las circunstancias en que estos casos tienen lugar complican la obtención e interpretación de las pruebas. Por ellos las autoridades que conocen de ellos deberán de actuar con enfoque de género.

Resulta fundamental que la violencia política de género sea planteada en los medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales, siendo la vía más adecuada para impugnar este tipo de violencia en contra de las mujeres es el juicio para la protección de los derechos político – electorales, medio constitucional idóneo para la defensa de esos derechos.

Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E) DEL ARTÍCULO 80, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

PRIMERO.- Se adiciona el párrafo 2 y 3 del artículo 5 y un inciso e) del artículo 80, recorriéndose el subsecuente en su orden de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

LIBRO TERCERO
Del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano

TITULO UNICO
De las reglas particulares

CAPITULO I
De la procedencia

Artículo 80

1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:

a)      Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto;

b)     Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

c)      Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

d)     Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por ésta, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

e) Considere la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género, con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales;

f)      Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política;

g)      Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior, y

h)     Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable.

2. El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político–electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto.

3. En los casos previstos en el inciso g) del párrafo 1 de este artículo, el quejoso deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE

____________________________________
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

____________________________________
SEN. AGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ


[*]http://oig.cepal.org/sites/default/files/la_hora_de_la_iguldad_sustantiva_180915_2.compressed.pdf

[*]Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (oea) el 9 de junio de 1994. Publicada el Diario Oficial de la Federación (dof) el 19 de enero de 1999.

[*] Consenso de Quito. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto del 2007.

[*]Consenso de Brasilia. En el marco de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Brasil, Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010.

[*]Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Senadora Lucero Saldaña Pérez.; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en materia de Delitos Electorales, de las Senadoras Pilar Ortega Martínez y Marcela Torres Peimbert; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, de las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez y Adriana Dávila.; Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General fe Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, de la Senadora Martha Tagle Martínez; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 20 Bis, 20 Ter, 20 Quater y 20 Quintus de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, de las Senadoras Yolanda de la Torre, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Escalera y María Elena Barrera Tapia.; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo.

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