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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.


Propone insertar como principio de la Ley, a la “comunicación” el cual consistiría en favorecer el diálogo y la convivencia como herramientas prioritarias para la construcción del tejido social a través de la tolerancia y la comprensión de los intereses y necesidades de los actores y grupos sociales, particularmente aquellos en conflicto.

Pretende insertar como prevención social de la violencia a estrategias y acciones de protección a las familias para evitar su desintegración y violencia interna, a través de la educación y el empoderamiento de todos sus miembros sin discriminación por género o edad.

Dentro de la prevención en el ámbito comunitario inserta a la difusión de contenidos sobre las formas de violencia de género e intrafamiliar, privilegiando los espacios de expresión y retroalimentación de las víctimas de violencia, así como la promoción de contenidos tendientes a disminuir las adicciones, principalmente de alcohol, tabaco y estupefacientes y la recuperación de espacios públicos, con la participación de la comunidad incluyendo todos los grupos que la conforman, clasificados por edad, género y condición económica.

Asimismo, inserta dentro de la prevención en el ámbito psicosocial a la detección y prevención del acoso entre niñas, niños y adolescentes, en las escuelas y comunidades, así como la creación de espacios de expresión para jóvenes y mujeres víctimas de acoso y violencia, privilegiando la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad.

Proposes to insert as a principle of the law, "communication" which would be to promote dialogue and coexistence as priority tools for building the social fabric through tolerance and understanding of the interests and needs of actors and groups social, particularly those in conflict.

Insert intended as social violence prevention strategies and actions to protect families to prevent their disintegration and domestic violence through education and empowerment of all its members without discrimination by gender or age.

Within prevention at the community level inserts the dissemination of content on the forms of gender violence and domestic, privileging spaces of expression and feedback of victims of violence and the promotion of content aimed at reducing addictions, mainly alcohol, snuff and drugs and the recovery of public spaces, with the participation of the community including all groups that form, classified by age, gender and economic status.

Also inserted into prevention in the psychosocial field to the detection and prevention of bullying among children and adolescents in schools and communities, and the creation of spaces of expression for young people and women victims of harassment and violence, privileging feedback from their experiences in the community.

La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de laLey General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia de acuerdo a la antropología social desarrollada por Michael Foucault, tiene como objetivo la resolución de conflictos para mantener una estructura ordenada, a través de actos agresivos tendientes a restar atributos de una persona y negar su empoderamiento e igualdad con su agresor. Dentro de la estructura social observamos las familias como el elemento principal que fortalece y construye las relaciones en la comunidad y en las instituciones. La violencia es una acción ciertamente individual pero con un impacto social trascendente, puesto que al no existir acciones de contención y prevención de la violencia en el ámbito familiar, las personas la trasladan a la comunidad y a las instituciones donde se relacionan, particularmente la escuela. Más aún la desintegración familiar ha sido considerada como uno de los factores directamente relacionados con la violencia social, al expulsar a sus miembros sin ninguna protección y con una carga de frustración contenida que encuentra cauce en la calle y el espacio público.

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros.

 La violencia que se vive cotidianamente en este espacio [la familia], constituye un componente esencial que dificulta el proceso de socialización de los individuos, principalmente niños y jóvenes, aumentando su propensión a transgredir la norma social y jurídica. No obstante, la violencia que se ejerce en contra de los propios miembros de la familia es escasamente tratada como un problema del orden publico.

Como parte de este entorno social, la violencia en el hogar contra mujeres y niños, constituye un componente esencial de las conductas delictivas, pues reproduce las relaciones de subordinación de la mujer y menoscaba la capacidad de los menores para integrarse a la vida social.

Por tanto es el interés de la Iniciativa incorporar acciones que prevengan y detecten la violencia intrafamiliar como un objetivo de la Ley sujeta a reforma, a través de la creación de espacios de expresión y retroalimentación que aumenten la resilencia de las familias hacia la violencia.

El tejido social de una comunidad es una metáfora de las relaciones comunitarias, donde cada uno de los hilos de este virtual tejido se entrelaza para formar una estructura donde se construye el espacio que se comparte, para lograr una adecuada cohesión social, es necesario que existan proyectos comunes de desarrollo, es decir el desarrollo comunitario tiene que tener cierta colectividad para que alcance sus objetivos, de lo contrario se genera una profunda exclusión social.

La visión de desarrollo debe ser coincidente con la problemática comunitaria, que al mismo tiempo refleje las necesidades de las familias y sus individuos, id est la construcción de un espacio que sea ajeno a las decisiones de las personas, con frecuencia transformará el espacio público, en un baldío donde se reproducirán constantemente los problemas sociales, incluida la violencia.

Esto genera una ruptura fijada por grupos clasificados por su poder económico, es decir las clases con mayores ingresos defienden posturas contrarias a la construcción de un espacio común con las personas usualmente llamadas “urbano marginales”, estigmatizándoles como un grupo de carácter violento.

La “violencia de los marginales” ha llevado a que desde algunos sectores se le impute a estos grupos una capacidad salvacionista o emancipadora, mientras desde otros se los percibe como una amenaza para el orden social que tarde o temprano hay que extirpar. Estas dos interpretaciones opuestas están basadas, sin embargo, en una misma sociología de la pobreza, según la cual ella estimula una actitud de frustración y esta a su vez instiga el radicalismo o la predisposición a la violencia colectiva.

En correlación resulta que el instrumento que posibilita la construcción de un espacio que satisfaga los intereses, pero sobre todo las necesidades de las personas es en sí, la tolerancia expresa a través del diálogo y son justamente las autoridades quienes deben moderar este debate para producir cambios que se reflejen en una mejor convivencia social, alejada de la violencia como forma de resolución de conflictos.

Más aún al interior de las comunidades se encuentran grupos en mayor situación de vulnerabilidad a la violencia, particularmente las mujeres y los menores de edad, estos se insertan en una estructura social compleja, ya que, por un lado, constituyen un grupo social sujeto al maltrato, prostitución, explotación laboral y otras formas de violencia y, por otro, constituye un sector que tiene cada vez más presencia en la comisión delictiva.

La violencia que se ejerce en el medio familiar sigue las líneas de subordinación: el hombre “jefe de familia” ejerce la violencia hacia la mujer y la mujer hacia los menores [de edad].

Es por tanto que la iniciativa se pronuncia por señalar la importancia de prevenir la violencia en los menores de edad, no sólo en el ámbito familiar sino también en el acoso que sufren por sus pares, este acoso no se limita territorialmente la escuela, sino que transgrede los muros de la institución escolar, para trasladarse a la calle y a cualquier espacio público donde convivan menores, es singular el dato que las pandillas callejeras, reclutan nuevos miembros a través del acoso, obligando a la víctima a unirse al grupo para cesar la violencia en su contra.

Por ello es necesario que las políticas que identifiquen y prevengan esta conducta violenta, a través de canales de visibilización y comunicación, donde no se criminalice o se estigmatice la expresión juvenil e infantil. De acuerdo con lo postulado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13 fracciones VIII y XIV .

Estas acciones deben realizarse en conjunto de acuerdo a una visión programática que considere la recuperación y el uso de los espacios públicos, como un mecanismo de convivencia y diálogo de la comunidad. El espacio que las comunidades comparten debe usarse fundamentalmente en acciones que permitan la libre expresión de las ideas y la retroalimentación a través de las mismas, no solamente deben usarse para el ejercicio del arte, la cultura y el deporte, antes bien debe fungir como un centro neural de la comunidad donde se reflejen las necesidades particulares de los habitantes.

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural.

La mejor manera de garantizar la seguridad del espacio público es la continuidad de su uso social, es decir, la presencia de la gente, lo que quiere decir que correspondan a trayectos, que sean agradables, que se permita su utilización a todo tipo de personas y grupos, asumiendo que hay veces que es necesario reconciliar o regular intereses o actividades contradictorias.

El espacio público es un mecanismo fundamental para la socialización de la vida urbana. La negación de la ciudad es precisamente el aislamiento, la exclusión de la vida colectiva, la segregación. Quienes más necesitan el espacio público, su calidad, accesibilidad, seguridad son generalmente los que tienen más dificultades para acceder o estar: los niños, las mujeres, los pobres, los inmigrantes recientes.

Lo anteriormente citado, expresa la necesidad de la intervención de la comunidad para el apropio del espacio común y colectivo en las comunidades priorizando las necesidades de los grupos vulnerables, de esta forma se genera una política de inclusión que abona a las acciones en contra de la violencia.

En conclusión la violencia intrafamiliar debe ser atendida por las autoridades como un factor para la violencia comunitaria y social, las víctimas u ofendidos de este tipo de violencia tienen el derecho de contar con mecanismos donde puedan a través del diálogo y la retroalimentación, expresar sus experiencias para incrementar su resiliencia ante este fenómeno y evitar sus efectos negativos en su persona.

Los grupos vulnerables particularmente los menores de edad, sean niñas, niños o jóvenes tienen el derecho de recibir protección contra el acoso, no sólo en las escuelas, sino en cualquier otro espacio, sea público o privado. Así mismo deberán contar con espacios de expresión, libres de estigmatización, discriminación y criminalización, donde puedan participar activamente en las decisiones que construyen su entorno, mismo al que puedan acceder en igualdad de condiciones.

Finalmente la construcción del espacio público debe realizarse a través del diálogo comunitario, priorizando las necesidades de aquellos que no pueden acceder a él, manteniendo canales de comunicación, donde la tolerancia sea el principio rector.

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Único.- Se reforman las fracciones I, II, III y V del artículo 7 y  la fracción II del artículo 8 y se adicionan la fracción X del artículo 3, la fracción VI del artículo 7, las fracciones VI, VII y VII del artículo 8 y las fracciones IV y V del artículo 10, todos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

I – IX

X.- Comunicación: Consiste en favorecer el diálogo y la convivencia como herramientas prioritarias para la construcción del tejido social a través de la tolerancia y la comprensión de los intereses y necesidades de los actores y grupos sociales, particularmente aquellos en conflicto.

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo rural y urbano;

II. La promoción de actividades que eliminen la marginación, la discriminación y  la exclusión;

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos a través del diálogo bajo los principios de tolerancia, igualdad y no discriminación;

IV

V. Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, marginación, pobreza extrema o afectación.

VI. Estrategias y acciones de protección a las familias para evitar su desintegración y violencia interna, a través de la educación y el empoderamiento de todos sus miembros sin discriminación por género o edad.

Artículo 8.- La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria y comprende:

I

II. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicosy de desarrollo del entorno físico en los asentamientos humanos.

III – V

VI. La difusión de contenidos sobre las formas de violencia de género e intrafamiliar, privilegiando los espacios de expresión y retroalimentación de las víctimas de violencia.

VII. La promoción de contenidos tendientes a disminuir las adicciones, principalmente de alcohol, tabaco y estupefacientes.

VIII.- La recuperación de espacios públicos, con la participación de la comunidad incluyendo todos los grupos que la conforman, clasificados por edad, género y condición económica.

Artículo 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente:

I – III

IV.- La detección y prevención del acoso entre niñas, niños y adolescentes, en las escuelas y comunidades.

V.- La creación de espacios de expresión para jóvenes y mujeres víctimas de acoso y violencia, privilegiando la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno del Senado de la República a los doce días del mes de julio de 2016.

Atentamente,

Yolanda de la Torre Valdez

Senadora de la República

La microfísica del Poder, Michael Foucault, …

Inznunza Bizet & Méndez Bahena, Familia, Violencia y Conductas Delictivas den la Ciudad de México, consultado: 15-01-2016, disponible en: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/11105.pdf

Ibíd

Trioni E., Pobreza, Frustración, Violencia, Hellen Kellog Institute, consultado 15-01-2016, disponible en: https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/123.pdf

Inznunza Bizet & Méndez Bahena, Familia, Violencia y Conductas Delictivas den la Ciudad de México, consultado: 15-01-2016, disponible en: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/11105.pdf

Ibíd.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF: 4-12-2014, consultado: 17-01-2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf

Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía, Borja Jordi, Barcelona, 2000, Pp. 7, consultado: 17-01-2016, disponible en: http://www.esdi-online.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf

Ibíd. Pp. 66

Ibíd. Pp. 69.