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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica











De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizú, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Roberto Albores Gleason, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Vivienda.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.


Propone reformar la Ley de Vivienda a fin de establecer en su texto que los subsidios que en materia de vivienda otorgue el Gobierno Federal también se otorgue a personas con discapacidad.

Proposes to reform the Housing Law to establish in your text subsidies in housing grants the Federal Government will also be given to people with disabilities.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZSenadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hay en el mundo más de 650 millones de personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente un 80% viven en los países en desarrollo. En México este universo es de 7.7 millones de personas.  Generalmente se oponen varios obstáculos al disfrute de su derecho a una vivienda adecuada, en particular: falta de accesibilidad física; discriminación y prejuicios continuos; obstáculos institucionales; falta de acceso al mercado de trabajo; bajos ingresos; y carencia de vivienda social o de apoyo comunitario.

La accesibilidad sigue siendo una cuestión fundamental. La vivienda, los servicios conexos y los barrios son tradicionalmente diseñados para las personas sin discapacidad. La exclusión y marginación frecuentes de las personas con discapacidad tienen como resultado que rara vez se las consulte cuando se desarrollan nuevas estructuras de vivienda o barrios, o se mejoran las condiciones de los asentamientos existentes. Por ejemplo, la falta de instalaciones de saneamiento adecuadas en los asentamientos improvisados les puede ocasionar serias dificultades.

Al respecto, el Alto Comisionado para los derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidades enuncia los elementos con los que debe contar una vivienda digna:

  • Seguridad jurídica de la tenencia: Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de un cierto grado de seguridad de tenencia que garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas; 

  • Gastos soportables: Los gastos personales o del hogar relacionados con la vivienda no deben comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas (por ejemplo, comida, educación, o  acceso a servicios de salud);

  • Habitabilidad: La vivienda no es adecuada si no garantiza elementos como seguridad física, un espacio suficiente, protección del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas para la salud, de vectores de enfermedad y de riesgos estructurales;

  • Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen acceso a agua potable, instalaciones sanitarias y de aseo, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, etcétera;

  • Asequibilidad: La vivienda no es adecuada si las necesidades específicas de los grupos marginalizados y en situación de desventaja no son tomadas en consideración (como las de las personas con escasos recursos, que enfrentan discriminación, con discapacidad, víctimas de desastres naturales);

  • Lugar: Una vivienda adecuada debe habilitar el acceso a opciones de empleo, servicios de atención sanitaria, escuelas, centros de atención para niños y otros servicios sociales y no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación; 

  • Adecuación cultural: Una vivienda adecuada debe respetar y considerar la expresión de la identidad cultural y del modo de vida. 

Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero el reconocimiento a los Derechos Humanos contenidos en  la Constitución y en los Tratados Internacionales, así como el principio de no discriminación; y el derecho a la vivienda en su artículo cuarto.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

El Poder Judicial Federal, en específico la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios para tener por satisfecho el derecho a la vivienda adecuada.

En primer lugar se citan la tesis 1a. CXLVI/2014 (10a.) que establece que la satisfacción al derecho a la vivienda no se da por la designación de un espacio físico para uso particular. Sino que debe cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Comité de Derechos, Económicos, Socialesy Culturales de la ONU.

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.

Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

De lo anterior podemos aprovechar la oportunidad bien detectada por el el poder judicial para a través de esta reforma establecer la medida legislativa para la implementación de una vertiente en la política nacional de vivienda que es la facilitación de herramientas para la obtención y adecuación de vivienda para las personas con discapacidad. Pues al ser un grupo en situación de vulnerabilidad el estado debe establecer políticas afirmativas que permitan el disfrute equitativo del Derecho Humano a la vivienda, así lo deja ver la siguiente tesis:

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Si bien es cierto que el citado derecho fundamental, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, también lo es que no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular o incluso carecen de ella; esto es, el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa protege a todas las personas y, por tanto, no debe ser excluyente. Ahora bien, lo que delimita su alcance es su contenido, pues lo que persigue es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda considerarse una vivienda adecuada, debe cumplir necesariamente con un estándar mínimo, el cual ha sido definido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), al interpretar el artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente. De forma que lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Federal constituye un derecho mínimo, sin que obste reconocer que los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada y, en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas, sin que ello implique hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.

Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

La labor de respetar y satisfacer el derecho de a la vivienda digna, no es un esfuerzo aislado por parte de las autoridades, sino debe ser un esfuerzo conjunto de los sectores social y privado, tal cual lo establece la tesis siguiente:

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. EL ESTADO MEXICANO ESTÁ OBLIGADO A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE VIVIENDA, PERO SU CUMPLIMIENTO NO ES EXCLUSIVO DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, SINO QUE SE HACE EXTENSIVO A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO.

Si bien es cierto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que deja libertad de configuración para que cada Estado sea quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales y climatológicas de cada país. En ese sentido, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normativa que regulen la política nacional en torno al derecho a una vivienda adecuada, en el entendido de que aquélla deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo, y que una vez emitida, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares, sino que corresponde a aquél implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos. En ese tenor, cualquier excepción al cumplimiento de la normativa aplicable debe estar plenamente justificada y, en su caso, autorizada, además de que ha de hacerse del conocimiento del comprador de la vivienda previamente a su adquisición. De forma que si el desarrollador inmobiliario no acredita contar con la autorización para exceptuar el cumplimiento de algún requisito impuesto por la normativa aplicable, y no justifica plenamente las razones por las cuales decidió no incorporar dicho requisito a la vivienda, pero sobre todo, no demuestra haber comunicado en forma expresa y clara al comprador, antes de su adquisición, que ésta carece o carecerá de algunos de los requisitos impuestos por la normatividad aplicable, especialmente cuando la vivienda se adquiere antes de ser construida, entonces, el comprador debe tener expedito su derecho para demandar, ya sea, el cumplimiento forzoso de la normativa y, por tanto, del estándar mínimo requerido para que la vivienda sea adecuada o, en su defecto, la rescisión o nulidad del contrato y la indemnización correspondiente. Consecuentemente, la obligación de implementar las medidas adecuadas para cumplir con la estrategia nacional de vivienda no es exclusiva de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva a los integrantes de los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario; máxime que, por regla general, éstos lo hacen con objeto de lucro. De ahí que sea inadmisible que el derecho fundamental a una vivienda adecuada, esto es, a que cumpla con el estándar mínimo para poder ser considerada como tal -como es el hecho de contar con ventanas-, se condicione a que no se haya pactado en un contrato, puesto que el estándar mínimo con el que debe contar una vivienda para considerarse adecuada no deriva del pacto entre las partes, sino de la Constitución General de la República y de los tratados internacionales, y su cumplimiento no se puede dejar a la voluntad de las partes.

Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Por su parte, la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad es reglamentaria del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece en su artículo 16 el derecho a la vivienda y la accesibilidad universal y mandata al legislativo a emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Asimismo establece la accesibilidad como un requisito para ser considerada vivienda digna en el caso de las personas con discapacidad y establece que las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

Las personas con discapacidad por la dificultad para obtener un empleo les es más complicado tener un ingreso fijo, que en muchos casos se ve disminuido para atender la discapacidad con la que viven. Por lo que la obtención de vivienda es un tema que debe impulsarse en el esquema solidario de nuestro país. Asimismo la discapacidad generada por un accidente provoca que personas deban adaptar su vivienda a fin de poder continuar con la vida que desarrollaban previamente.

Vemos con agrado el esfuerzo por parte de las autoridades en la materia como son INFONAVIT, FOVISSSTE, CONAVI y SEDATU en diseñar subsidios para viviendas accesibles; una trabajo que se verá fortalecido si incorporamos a la legislación vigente las disposiciones que sustenten y promuevan dichas políticas fiscales. 

Por lo anterior, y en pos de armonizar legislativamente todos los ordenamientos en la materia, se propone reformar la Ley de Vivienda a fin de establecer en su texto los subsidios de vivienda para Personas con Discapacidad, pues es la propia ley que establece que  deberá “aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobrezao en los que habite por lo menos una persona con discapacidad, lo cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

ARTÍCULO 62.-

I. Atender a la población en situación de pobrezao con discapacidad;

II. a VI. …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Ciudad de México 8 de junio de 2016

Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.) Página: 801 Tesis Aislada

Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Tesis: 1a. CXLVI/2014 (10a.)  Página: 798 Décima Época, Registro: 2006169, Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada

Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. CXLVII/2014 (10a.)  Página: 799 Tesis Aislada