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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 6 y la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)


La presente iniciativa tiene el objetivo de reformar la Ley General de Educación, con la intención de establecer la completa gratuidad en la educación que imparta el Estado, prohibiendo la solicitud de cualquier tipo de donativo en especie o económico a cambio de alguna contraprestación educativa.

This initiative aims to reform the General Law of Education, with the intention of establishing full free education provided by the State, prohibiting the application of any economic donation in kind or in exchange for some educational consideration.

La suscrita, María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 6 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene el objetivo de reformar la Ley General de Educación, con la intención de establecer la completa gratuidad en la educación que imparta el Estado, prohibiendo la solicitud de cualquier tipo de donativo en especie o económico a cambio de alguna contraprestacion educativa.

La educación es un derecho fundamental reconocido en múltiples tratados y protocolos internacionales internacionales signados por nuestro país, que permite a las personas coadyuvar al ejercicio del resto de sus derechos, promueve la libertad y la autonomía generando múltiples beneficios para el individuo; su impacto es de suma relevancia tanto en la vida privada de la  poblacióncomo en la comunidad.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, quedo establecido que toda persona tiene derecho a la educación y que al menos la instrucción elemental y fundamental debe ser gratuita, comprometiendo a las naciones a establecer medidas progresivas con el fin de garantizar su reconocimiento y aplicación efectiva y universal.

Adicionalmente, este derecho está fundamentado en un amplio contexto de esfuerzo constante de parte de la comunidad internacional a lo largo de los años, entre los que podemos encontrar varios pactos y convenciones de los que nuestro país es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales que establecen la gratuidad de la educación, la Convención por los Derechos del Niño y la Convención contra la Discriminación en Educación.

En nuestro país, el derecho a la educación es el resultado de los avances conseguidos a lo largo de grandes luchas en la historia de México, que han dado lugar a que la misma Carta Magna plasme el espíritu y voluntad del Estado para garantizar este derecho entre toda su población; la fracción IV del artículo 3° señala que está se impartirá de manera gratuita.

Pese a esto, existe un tema que sigue siendo ambiguo y permite que se generen situaciones lamentables que vulneran la accesibilidad efectiva a este derecho básico, como lo son el cobro de cuotas o el condicionamiento del servicio.

Ante esta problemática, la presente iniciativa pretende contribuir a fortalecer el andamiaje legal que permitirá eliminar estas discrecionalidades, debido a que es un tema que lleva mucho tiempo en debate pero que aún en la actualidad sigue presentándose.

En este sentido, desde hace años la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FNAP) ha denunciado reiteradamente que en muchas ocasionesel manejo de las cuotas voluntarias no es transparente, ni existe garantía de que los recursos obtenidos sean realmente usados para el fin que fueron solicitados, además,  en muchas escuelas prácticamente pasan de ser voluntarias a exigirse con el argumento de que los montos son usados para el mantenimiento de los planteles, por lo tanto, han solicitado que se atienda la recomendación del relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, que desde el 2010 sugirió eliminar las cuotas de cooperación en las escuelas, pero que después de 6 años sigue siendo un término  confuso en la legislación y da lugar a que esta situación sea frecuente en todo el país.

Tan solo el año pasado, en el 2015,  un amparo fue concedido a una niña en el estado de Tabasco, donde un juez federal ordenó a una guardería del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) devolver las cuotas que la institución cobraba mensualmente, donde los directivos del centro escolar incluso amagaron con suspender a la menor por el adeudo de las mismas por 3 meses. Este tipo de acciones justifican el objetivo de la presente iniciativa, pues a lo largo de nuestro país continúan dándose este tipo de problemasque ni siquiera se documentan y violentan tanto los derechos de los padres o tutores como el de los infantes.

Basta revisar los medios de comunicación para darse cuenta que desde hace años muchas escuelas han utilizado estas “cuotas voluntarias” para cooptar el derecho a la educación y frecuentemente sirven como medio de presión para solicitar dicha aportación, por ello, el Estado debe atender la situación de una manera contundente, para garantizar que los más de 25 millones de alumnos que cursan la educación básica puedan gozar plenamente de sus derechos.

Mientras en la Ley de Educación no señale explícitamente la prohibición de estas cuotas, bajo el término tácito de ser voluntarias,pueden seguirse dando situaciones en donde se pretende condicionar el servicio o bien, donde las autoridades abusen excusándose en una redacción poco explicita en la Ley General de Educación, por lo tanto, debemos legislar en esta materia para hacer efectivo el texto de nuestra Constitución; el Estado debe asumir la  ineludible obligación  de garantizar el ejercicio, goce y disfrute del derecho a la educación de manera integra, buscando que sea accesible sin mayor requisito que la voluntad de educar y aprender.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS


TEXTO VIGENTE

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 6o.-La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Artículo 6o.-La educación que el Estado imparta será completamentegratuita, queda prohibido a las autoridades escolares y a las asociaciones de padres de familia solicitar cualquier tipo de donativo en especie o cuota económica voluntaria.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna o a la entrega de algún tipo de donativo en especie.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

II. a XII. (…)

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior de manera completamente gratuita, sin condicionamiento a la entrega de cualquier tipo de donativo económico o en especie.

La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

II. a XII. (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN el artículo 6 y la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Educación

Artículo 6o.-La educación que el Estado imparta será completamente gratuita, queda prohibido a las autoridades escolares y a las asociaciones de padres de familia solicitar cualquier tipo de donativo en especie o cuota económica voluntaria. 

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna o a la entrega de algún tipo de donativo en especie.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior de manera completamente gratuita, sin condicionamiento a la entrega de cualquier tipo de donativo económico o en especie.

La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

II. a XII. (…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los19 días del mes de abril de 2016.

SUSCRIBE,

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ