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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone reformar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para promover la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y la eliminación de estereotipos y prácticas que desvaloricen a las personas por origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Establece que el ejercicio de los derechos y el cumplimento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por el principio de la no violencia.

Los partidos políticos deben observar en todo momento la distribución equitativa de los tiempos de radio y televisión para todas las precampañas y campañas en forma paritaria.



Mandata que en los procesos de precampaña y campaña se abstengan de realizar expresiones que calumnien y constituyan violencia de género.

Establece sanciones para los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas, Aspirantes, Precandidatos, Candidatos, Candidatos Independientes, ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su caso de cualquier persona física o moral que impidan o restrinjan los derechos político-electorales.

Proposes to amend various provisions of the General Law of Institutions and Electoral Procedures to promote equality between women and men, non-discrimination and the elimination of stereotypes and practices that devalue people by ethnic origin, gender, age, disability, social status, health conditions, religion, opinions, sexual preferences, marital status or any other discrimination that violates human dignity and is intended to nullify or undermine the rights and freedoms of individuals.

It provides that the exercise of rights and fulfillment of obligations of citizens in the electoral political arena, is governed by the principle of nonviolence.

Political Parties must observe at all times the equitable distribution of radio and television time for all primary elections and campaigns on a parity basis.

Command in the pre-campaign and campaign processes refrain from slander and expressions of gender violence.

Establishes penalties for Political Parties, Political Groups, Aspirants, candidates, candidates, candidates Independent, citizens, leaders and members of political or in case of any natural or legal person that impede or restrict the political parties and electoral rights.

Quienes suscriben Angélica de la Peña Gómez y Diva HadamiraGastélum Bajo, Senadoras de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos los artículos 71, fracción II y 73 fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral 1 y 165 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri­minación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,como en la Conven­ción Americana sobre Derechos Humanos,se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En consecuencia, los Estados deben tomar todas las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país […] garantizando, en igual­dad de condiciones con los hombres el derecho a […] ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.”Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.

La Constitución reconoce también el principio de igualdadpara el ejercicio de los derechospolíticos a votar y a ser votados en las elecciones, contenidos en su artículo 35. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman el principio pro persona, y la no discriminación, desde el enfoque de universalidad, interdependencia, indivisibi­lidad y progresividad.

En suma se trata de violencia contra las mujeres en cualquier de sus modalidades y/o tipos , las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Aunado a lo que señala el artículo I para la protección y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas es importante referir que el artículo 2 establece que autoridades o representantes de pueblos indígenas para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizaran que las mujeres y los hombres indígenasdisfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.” Además, agrega que “[e]n ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Si consideramos la alta discriminación que sufren las mujeres indígenas por el sólo hecho, es necesario invertir en su respeto.

Conforme con todo ello, la fracción I del artículo 41 constitucional, determina que, entre los fines de los partidos políticos, se encuentran el de promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad y obliga a  que ésta se ejerza en todas las candidaturas del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea de la Ciudad de México.

En el marco de la reforma político-electoral que inició con cambios sustantivos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y culminó con la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), México se suma a un total de seis países en América Latina que han adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular.

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen diversas reglas cuya finalidad es garantizar el principio de paridad así como la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad; la suplencia y alternancia de género se constituye como la forma de integración de candidaturas las cuales deberán conformarse con personas del mismo género  y se integran en forma alternada hasta agotar cada lista como garantía al principio de paridad. El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales están facultados para rechazar el registro del número de candidaturas de un género, esto es, más del 50%, exigiendo sustitución improrrogable en un plazo establecido y de no ser sustituidas se harán acreedores a la negativa de registro.

En la Ley General de Delitos Electorales, se establece como una obligación promover los valores cívicos y cultura democrática en niñas, niños y adolescentes, así como la participación efectiva de mujeres y hombres en integración de órganos internos y candidaturas. Determinar criterios y hacerlos públicos para garantizar la paridad de género en ambas Cámaras, Congresos Locales y la Asamblea de la Ciudad de México. Se incrementó del 2 al 3 % de financiamiento ordinario del partido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como los rubros en los que se deberá aplicar los recursos referidos.

Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional. Sin embargo, persistela violencia política, que obstaculiza el ejercicio de dichos derechos y que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público.

“Muestra de ello fue el proceso electoral de 2014-2015 en México. En las entidades de Chiapas,Ciudad de México,Colima,Estado de México,Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabascoy Yucatán se presentaron casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con armas de fuego a personas que fungieron como precandidatas, precandidatos, candidatos, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, colaboradores y colaboradoras, así como familiares de candidatas.”

“Por lo que se refiere a casos de violencia política en contra de las mujeres, la Fiscalía Especia­lizada para la Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos en dicho proceso electoral, ubicados en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.”

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.

En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral.

El 15 de octubre de 2015, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, en donde se adoptó la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”, en ella se reconoce que:

“Que es responsabilidad del Estado, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, desarrollar cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político, según las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará.

El 27 de marzo, del presente, se firmó el Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres que fue elaborado por a propuesta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conjuntamente con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)  y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El propósito del Protocolo es permitir a todos los servidores públicos de esa institución, y de la FEPADE, una fácil identificación de actos o agresiones que se puedan calificar y abordar como casos de violencia política contra las mujeres, los cuales van desde obligarlas a competir en distritos y alcaldías en los que no tienen posibilidades de ganar una elección, el uso de frases denigrantes en contra de las mujeres hasta el asesinato de la víctima para evitar que acceda a un cargo de elección popular.

Como ya se ha mencionado, tanto el Cámara de Diputados, así como en la Cámara de Senadores se han presentado diversas iniciativas, teniendo como resultado la conformación de una mesa de trabajo conformada por representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las presidentas de las Comisiones para la Igualdad de Género, de ambas cámaras, así como las Senadoras y Diputadas autoras de las respectivas iniciativas.

Como un insumo más a la discusión y urgente necesidad de tipificar y sancionar el delito de la violencia política de género, es que presentamos la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.

ARTÍCULO PRIMERO.Se adiciona el párrafo 2 del artículo 6; se reforma el título del Título Primero, del Libro Segundo; se adiciona el numeral 5 del artículo 7; se adiciona el numeral 3 del artículo 26; se reforma el numeral 2 del artículo 159; se reforma el numeral 3 del artículo 227; se reforma y adiciona el numeral 2 del artículo 246; se adiciona un artículo 447 bis; se reforma el inciso V del artículo 456; se reforma el numeral 5 del artículo 458; se reforma el inciso (a) y (b), y se adiciona un inciso (d) del artículo 470; se reforma y adiciona el numeral 3 del artículo 471 recorriéndose los subsecuentes todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6. …

...

En el cumplimiento de estas obligaciones se promoverá la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y la eliminación de estereotipos y prácticas que desvaloricen a las personas por origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

LIBRO SEGUNDO

De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de las Entidades Federativas, así como de los Ayuntamientos

TÍTULO PRIMERO

De la Participación de la Ciudadanía en las Elecciones

Capítulo I

De los Derechos y Obligaciones

Artículo 7.

[…]

5. El ejercicio de los derechos y el cumplimento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por el principio de la no violencia.

El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los Tribunales Electorales, los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, en términos de los  artículos 1°, 2°, y 4° de la Constitución, y en el ámbito de sus atribuciones,  establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género.

TÍTULO TERCERO

De la Elección de Gobernadores, Legislaturas Locales y Ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y los Titulares de los Órganos Político- Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones Generales

Artículo 26.

  1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán y organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes respectivas.

2 . Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y no violencia política de género.

LIBRO CUARTO

TÍTULO SEGUNDO

De las Prerrogativas de los Partidos Políticos

CAPÍTULO I

Del Acceso a Radio y Televisión

Artículo 159.

1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

  1. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo, debiendo observar en todo momento la distribución equitativa de los tiempos para todas las precampañas y campañas en forma paritaria.

LIBRO QUINTO

Título Segundo

De los Actos Preparatorios de la elección Federal

Capítulo II

De los Procesos de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular y las Precampañas Electoral

Artículo 227

  1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

2. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La cual deberá de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas o que constituyan violencia política de género.

Título Segundo

De los Actos Preparatorios de la Elección Federal

Capítulo IV

De las Campañas Electorales

Artículo 246.

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 2do, III 4to, y 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. Así como el derecho a la igualdad entre la mujer y el hombre a  una vida libre de violencia, y el respeto a la conformación pluricultural de la nación.

LIBRO OCTAVO

De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno

TÍTULO PRIMERO

De las Faltas Electorales y su Sanción

CAPÍTULO I

De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones

Artículo 447 Bis

Constituyen infracciones de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas, Aspirantes, Precandidatos, Candidatos,  Candidatos Independientes, ciudadanos,  dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su caso de cualquier persona física o moral a la presente ley:

1. Cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género, con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio pleno de sus derechos político electorales o incumplir con sus atribuciones;

2. Imponer, por razones de género, la realización u omisión de actos o actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función;

3. Restringir, por razones de género, la realización de actos o actividades inherentes a su cargo o función;

4. Proporcionar, parcial o totalmente información o documentación incompleta o errónea que no permita el ejercicio pleno de sus derechos políticos- electorales o que induzca al ejercicio indebido de sus atribuciones.

5. Ocultar, parcial o totalmente, información o documentación que limite o impida el ejercicio de sus derechos político-electorales o que induzca al ejercicio indebido de sus atribuciones;

6.Proporcionar o difundir información personal con el objeto de denostar y menoscabar su dignidad, con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de sus derechos político-electorales o incumplir con sus atribuciones y

7. Impedir o restringir, total o parcialmente, su reincorporación al cargo o función posterior cuando haga uso de una licencia, permiso o derechos conforme a las disposiciones aplicables.

Las infracciones señaladas serán sancionadas con:

  1. Amonestación Pública;

  2. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México;

  3. Con la pérdida del derecho del precandidato o aspirante infractor a ser registrado como candidato o candidato independiente, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.

Artículo 456.

1. Las infraccionesseñaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

 a) Respecto de los partidos políticos:

  1. … 

  2. Con la cancelación del número de registros excedentes del género favorecido incialmente, para el caso de reincidencia respecto a la no observancia de registros de candidaturas paritarias en cualquier proceso electivo. El partido deberá indicar cuáles registros desea cancelar. Si no lo hace en el término señalado, la autoridad procederá a la cancelación sustituta al azar, mediante un sistema electrónico validado previamente por los  mismos partidos.

  3.  

Artículo 458

  1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente:

  1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, tales comola observancia a  principio de igualdad entre mujeres  y hombres, no discriminación y la no violencia política de géneroentre otras, las siguientes:

LIBRO OCTAVO

De los Regímenes Sancionadores Electoral y Disciplinario Interno

Capítulo IV

Del Procedimiento Especial Sancionador

Artículo 470.

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

a) Violen lo establecido en la fracción I, párrafo IIy Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que constituyan violencia política de género 

c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

d) Constituyan Violencia Política de Género

Artículo 471.

  1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.

  2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

  3. Los procedimientos relacionados con infracciones por violencia política de género, sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.

4. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

[…]

SEGUNDO.- Se reforman y adicionan el numeral, 3, 4 y 5 del artículo 3; los incisos (c) y (d) y se recorren los subsecuentes, se reforma el inciso (n) y (o) y se adicionan los incisos (w) y (x) del artículo 25; se adicionan los incisos (l), (m) y (n) del artículo 39 y se reforma el numeral V del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I

Disposiciones Preliminares

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y

c) Cualquier forma de afiliación corporativa.

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, ygarantizarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, en la postulación de candidaturas, así como en la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre los géneros.

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales así como para la integración de los ayuntamientos. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos, Municipios o Entidades Federativasen los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso elector

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO III

De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c) Prevenir, atender, sancionar y erradicar actos u omisiones que constituyan violencia política de género;

d) Abstenerse de limitar, condicionar, excluir impedir o anular la pretensión de participación de las mujeres en sus órganos internos de dirección, precandidaturas, candidaturas o espacios de toma de decisiones en los ámbitos legislativos o ejecutivos en los tres órdenes de gobierno;

e) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro;

f) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;

g) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

h) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

i) Contar con domicilio social para sus órganos internos;

j) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

k) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

l) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

m) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

n) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;

o) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

p) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados, así como en términos de lo previsto en el artículo 3, numeral 3 de esta Ley;

q) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas o que constituya violencia política de géneroo discriminación.

r) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

s) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

t) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales;

u) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley;

v) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone,

w) Abstenerse  de cualquier acto u omisión, que limite, condicione, excluya, impida o anule el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales y el acceso o pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función partidista.

Lo anterior a través de actos u omisiones que impliquenpresión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenaza o privación de la vida en razón del género.

x) Prevenir, atender, sancionar vigilar y erradicar, actos y omisiones que constituyan violencia política de género o inobservancia al principio de paridad.

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Artículo 39.

1. Los estatutos establecerán:

a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

….

l) Promover la formación de liderazgos políticos de mujeres;

m) Implementar mecanismos que garanticen la promoción, protección y respecto de los derechos políticos electorales de las mujeres establecidos en la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

n) Implementar mecanismos que garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación, de la violencia política de género.

TÍTULO QUINTO

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

Del Financiamiento Público

Artículo 51.

  1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a)    Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

  1. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

V.    Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario, debiendo informar mensualmente su aplicación a efecto de que conforme a la Ley General y en términos del reglamento, el instituto verifique su cumplimiento, y en su caso aplique la sanción correspondiente.

TERCERO.- Se adiciona una fracción XV al artículo 3 y un último párrafo al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.


LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Objeto y Definiciones

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XV. Violencia política de género, la definición prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

La pena se aumentará hasta el doble cuando las conductas,contenidas en las fracciones IV y XVI del presente artículo, se cometan en contra de mujeres.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las Legislaturas de las entidades federativas, promoverán las reformas conducentes en la legislación local, conforme a las reformas y adiciones aquí realizadas, dentro de un término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO.- Los partidos políticos se obligarán a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del presente decreto en la siguiente asamblea estatutaria posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

ATENTAMENTE

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ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

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DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

Véase. Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015.

Ibídem. Página 10.

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