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Iniciativa Ciudadana

Iniciativa de ciudadanos, que proponen un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, (Ley 3 de 3 contra la Corrupción), que cumple con el requisito establecido por la fracción IV del artículo 71 constitucional, conforme al Informe presentado por el Instituto Nacional Electoral.

LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE APLICÓ TURNO DIRECTO EL 13 DE ABRIL, A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ADICIONALMENTE, EL PLENO APROBÓ EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA EL DICTAMEN DE LA INICIATIVA.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (INIC_LEY_RESPON_ADMVAS_Oficio_INE_3_de_3.pdf)
Descargar Documento (Inic_Ciudadana_Resp_Admvas_3_de_3.pdf)
Descargar Documento (Acuerdo_MD_Iniciativa_Ciudadana_Ley_3_de_3_14042016.pdf)

La iniciativa que se pretende expedir tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Define las competencias de la Federación y de las entidades federativas, las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, establece los procedimientos de investigación y de sanción y las sanciones por responsabilidad administrativa.

Se establecen las obligaciones del servidor público, las faltas administrativas graves constitutivas de corrupción como el soborno, peculado y el desvío, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia administrativa, la colusión, la utilización de información o documentación falsa o confidencial, nepotismo, la conspiración para realizar un acto de corrupción.

La propuesta de Ley General considera como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos y a los particulares. Como categorías específicas define a las Empresas Productivas del Estado, a las asociaciones, sindicatos u organizaciones de naturaleza análoga que tengan a su cargo la asignación, administración y ejecución de recursos públicos; a los candidatos, partidos políticos, asociaciones y personas electas para el desempeño de un cargo público y que manejen recursos públicos; asimismo, a las personas que forman parte de los equipos de transición federal, local y municipal, quienes serán considerados como servidores públicos a los efectos de esta Ley.

La Ley que se propone contempla un capítulo de integridad de las personas morales que recoge de las mejores prácticas internacionales, las medidas que, en su conjunto, permiten reconocer la voluntad de ser íntegro en el actuar cotidiano.

La propuesta considera como fundamental que las autoridades a cargo de la investigación y la imposición de sanciones deberán contar con herramientas jurídicas y técnicas indispensables para asumir esos supuestos. A efecto de superar las limitaciones la Ley que se propone enfatiza aspectos como: formalidades y garantías en el procedimiento de investigación, protección de denunciantes, testigos y terceros coadyuvantes, instrumentos y técnicas de investigación, medios de control de las decisiones de la autoridad investigadora, facultades del Tribunal de Justicia Administrativa.

Señala el catálogo de posibles sanciones: amonestación; sanciones económicas; resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales; suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; suspensión de actividades; disolución o intervención de sociedades, destitución del puesto; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; e inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, recibir subsidios, donativos, u otros beneficios que establezcan las leyes.

La iniciativa de Ley General, propone la creación de un Registro Nacional en el que obre el registro de las sanciones impuestas; propone como recursos la decisión de conclusión de la investigación y en la resolución definitiva.

La propuesta contempla procedimientos innovadores de corresponsabilidad y participación social como un esquema de participación en la recuperación de los daños al erario, un nuevo sistema que le permite a las personas morales auto denunciarse con el objeto de crear un convenio en el que se pueden establecer reducciones a las sanciones y un nuevo proceso sancionatorio en el que los denunciantes tienen el derecho a ser informados sobre el cauce de éste, y tienen además un recurso eficaz para impugnar el resultado.

La iniciativa prevé a efecto de mejorar los instrumentos de rendición de cuentas que las autoridades encargadas de aplicar e interpretar el presente ordenamiento, llevarán un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la declaración patrimonial de los sujetos obligados.

Finalmente, la propuesta de iniciativa ciudadana establece un plazo no mayor a un año para que las legislaturas federales y locales procedan a armonizar las leyes relacionadas con esta Ley General.

The initiative aims to issue aims to distribute powers between levels of government to establish the administrative responsibilities of public servants, their obligations, penalties for acts or omissions in these incurred and that apply to individuals linked to gross misconduct, and procedures for implementation.

Defines the powers of the Federation and the states, behaviors that lead to administrative responsibilities, establishes procedures for investigation and sanctions and penalties for administrative responsibility.

The obligations of public servants are established, constitute serious administrative offenses of corruption such as bribery, embezzlement and diversion, influence peddling, abuse of office, hidden enrichment, obstruction of administrative justice, collusion, use of information or false or confidential documents, nepotism, conspiracy to commit an act of corruption.

The proposed General Law considers as subjects of responsibility to public servants and individuals. As specific categories defined Productive State Enterprises, associations, unions or organizations of a similar nature that are responsible allocation, administration and execution of public resources; candidates, political parties, associations and elected to perform public office who manage public resources and people; also people who are part of the teams of federal, local and municipal transition who will be considered as public servants for the purposes of this Law.

The proposed law includes a chapter of moral integrity of persons collecting the best international practices, measures, as a whole, can recognize the will to be perfect in the daily actions.

The proposal considers as essential that the authorities in charge of the investigation and the imposition of sanctions must have legal tools and techniques necessary to take those assumptions. The effect of overcoming the limitations the proposed Law emphasizes aspects as formalities and guarantees in the investigation procedure, protection of whistleblowers, witnesses and third aids, tools and investigative techniques, control means decisions of the investigating authority, powers of the Court of Administrative Justice.

Notes the catalog of possible sanctions: warning; economic sanctions; compensation for damages caused to the Treasury or federal, local or municipal authorities; suspension of employment, position or commission for not less than three days nor more than one year; suspension of activities; dissolution or companies, removal of the position; temporary disqualification from holding jobs, positions or commissions in public service; and temporary ineligibility to participate in procurement, leases, services, public works, receive subsidies, grants, or other benefits established by law.

The General Law Initiative proposes the creation of a National Registry in which Bout record of sanctions; resources proposed as the decision to conclude the investigation and the final resolution.

The proposal provides innovative methods responsibility and social participation as a scheme of participation in the recovery of damages to the State Treasury, a new system that allows the auto corporations underreported in order to create an agreement in which they can establish reductions sanctions and a new sanction process in which the complainants have the right to be informed about the course of this, and also have an effective remedy to challenge the result.

The initiative provides in order to improve accountability instruments that the authorities responsible for applying and interpreting this ordinance, shall keep a public system of registration and monitoring of both the declaration of interests as the financial statement of the obligors.

Finally, the proposed citizens' initiative sets a period not exceeding one year for federal and local legislatures proceed to harmonize the laws relating to this Law.