+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone insertar en los ordenamientos citados, el concepto de “Violencia política” el cual incluye cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Proposes to insert in the systems mentioned, the concept of "political violence" which includes any action, conduct or omission that based on gender elements, has the purpose or effect of impairing annular impede or restrict the recognition or exercise of rights women politicians, their participation in public, or the prerogatives inherent in public office affairs.

La Suscrita Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia se ha abordado desde diferentes disciplinas científicas, en Ciencia Política, implica realizar un vasto derrotero entre la conformación del Estado, la teoría del mismo y del poder.

De acuerdo al filósofo Thomas Hobbes, en su obra El Leviatan (1651), el Estado surge de la necesidad de un poder superior al de los hombres que viven en el llamado “estado de naturaleza”, cada hombre es el encargado de velar por su seguridad, y ante esta necesidad de contar con un poder que ordene la convivencia humana y que les proporcione el ansiado sentimiento de seguridad, los hombres  renuncian a su poder individual para concentrarlo en un solo ente.

Así, el Estado nace cuando cada hombre en un contrato no determinado otorga a este ente llamado Estado, el uso de la violencia, reservando en todo momento la facultad para reclamarlo cuando el Estado fracase en su misión primordial.

Sin embargo, una de las principales afirmaciones de Hobbes es el reconocimiento de la capacidad de los seres humanos de identificar sus propios límites y dar origen a un sistema de poder, que impedirá que por medio de la fuerza el Estado de naturaleza continúe imponiéndose.

Por su parte Max Weber define en El Político y el Científico (1918): “El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”.

Tanto Thomas Hobbes y Max Weber, filósofos de distintas corrientes de pensamiento y en diferentes etapas de la historia, aluden a la violencia en la conformación de Estado, ya sea como un elemento del estado de naturaleza que atenta contra la convivencia pacífica y armónica de la comunidad o como un elemento que solo el Estado es capaz de monopolizar.

Para aterrizar la idea sobre el concepto de violencia, la filósofa HannaArendt en su obra intitulada “Sobre la Violencia” (1963), hace un análisis sobre el papel predominante que la violencia ha tenido en cada uno de los acontecimientos que han marcado a la humanidad.Arendt la define de la siguiente manera:

“La violencia no es sino la más flagrante manifestación de poder. Toda la política es una lucha por el poder; el último género de poder es la violencia

Por su parte el filósofo francés Michel Foucault [*], en su teoría sobre el poder, ubica al género como un dispositivo de este que opera produciendo desigualdades; a esto podemos añadir lo que HannaArendt cita en torno a la violencia en el terreno político donde liga al poder con esta:

 “Poder, corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder no es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido”.

Así más allá de ser una ecuación violencia y poder, podemos hablar como un binomio que ha prevalecido desde los inicios de la acepción del Estado y que desde sus orígenes ha estado monopolizado por una elite androcentrista.

Así Foucault ve al género como dispositivo de poder que realiza la producción y regulación de las relaciones de poder entre varones y mujeres, aunque el poder esté en todas partes, el dispositivo de género opera, de maneras distintas, subordinando las mujeres.

Esta teoría del poder se contrapone a la visión androcentristaque permaneció desde el origen del Estado, pero que se agudizó enla constitución del Estado surgido de la Ilustración, [*] el movimiento político‐filosófico desarrollado en el siglo XVIII a través del cual se reconocieron como atributos exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía de los sujetos (Sánchez, en Beltrán y Maquieira, 2001:17).     

Según la teoría de género este período es una de las raíces de la desigualdad en la participación política de las mujeres. Así, el proyecto ilustrado no permitió la inclusión de las mujeres en el pacto social, de tal manera que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) reafirmó la exclusión de las mujeres como titulares de derechos, negándoles la categoría de  ciudadanas y, por ende, los derechos inherentes a dicha condición.

La filosofía de la Ilustración puso en entredicho la calidad de humanas de las mujeres, toda vez que sus planteamientos expresaban que su “minoría moral” les impedía formar parte de la ciudadanía y, por tanto, ser sujetas de derechos y deberes jurídicos y políticos [*] (Canterla, 2002: 19‐20). Al excluirlas del estatus de individuos, se les privó de la participación en el mundo público de la igualdad, el consenso, la convención y el pacto social (Pateman, 1996:31‐32). Así, se sentaron las bases de la política como un ámbito pensado y definido a partir de normas, mecanismos y prácticas consideradas propiamente masculinas.    

La dicotomía entre lo público y lo privado situó a mujeres y hombres en una división sexual del trabajo caracterizada por la definición de jerarquías, disparidades y relaciones de poder entre los géneros. Lo masculino se impuso sobre lo femenino a través de la oposición de los roles, actividades, capacidades, actitudes y motivaciones definidas como “intrínsecas” de mujeres y hombres (Sánchez, en Beltrán y Maquieira, 2001); todo ello se tradujo en múltiples dimensiones de desigualdad y expresiones de discriminación hacia las mujeres en el acceso, uso y control de oportunidades, adopción de decisiones, manejo de recursos y de servicios, así como en la falta del reconocimiento de sus derechos.  

La exclusión del género femenino del espacio público motivó una serie de cuestionamientos y críticas para exigir el reconocimiento pleno de la ciudadanía femenina. Entre las pioneras de dicha exigencia destacó Olympe de Gouges, quien propuso una constitución en la que mujeres y  hombres fuesen considerados igualmente ciudadanos, partícipes en el contrato social. En su Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana (1791) exigía para las mujeres los derechos inalienables de libertad e igualdad proclamados por la Revolución Francesa. [*] Se trató del primer documento en el que se exigió el voto femenino, así como la igualdad de derechos y deberes para la mujer y el hombre a través de la equiparación de todos los seres humanos ante la ley.    

Por su parte, Mary Wollstonecraft escribió: Vindicaciones de los derechos de la mujer (1792), texto en el cual se defendían los derechos de las mujeres, su libertad y autonomía individual y se exigía que las leyes del Estado se usaran para terminar con las tradiciones de subordinación femenina, a través de un sistema de educación igualitaria para mujeres y hombres.      

La aspiración de igualdad entre mujeres y hombres expresada en estas reivindicaciones retomaba los principios de la Ilustración y los ampliaba a la población femenina, centrando su exigencia en el reconocimiento a la ciudadanía e igualdad de las mujeres, así como su derecho a participar en los asuntos considerados del interés público. De esta forma, las mujeres empezaron a reclamar para sí mismas y sus congéneres los beneficios, derechos y responsabilidades monopolizados por el mundo masculino.

La igualdad jurídica de mujeres y hombres parte de la premisa de que la asignación igual de los derechos fundamentales para todas las personas elimina per se los obstáculos para que cada individuo desarrolle sus capacidades en las distintas esferas de la vida. Bajo este supuesto el sufragio sería pensado como una prerrogativa cuyo disfrute es igual para toda la ciudadanía (mujeres y hombres), al ser un derecho universal que no distingue las diferencias individuales o colectivas, diferencias sociales o de grupo, así como las desigualdades en términos de riqueza, estatus y poder.

Al respecto, diversas autoras como Moller, 1996; Phillips, 1996; Young, 1996; y Astelarra, 2002; han planteado que la participación política, definida como un derecho universal, se basa en la idea de “la homogeneidad”, traducida en los principios de imparcialidad y objetividad de la ley, los cuales buscan trascender las situaciones e intereses particulares–de tal manera que mujeres y hombres, en tanto sujetos políticos, tendrían la misma capacidad de participar en el ámbito de la política.

Dado lo anterior, el limitar y controlar el poder ha sido una labor constante desde la construcción y evolución del Estado, en el que la violencia ha sido un instrumento para ejercer el dominio del hombre sobre el hombre.

Donde el género, entendido como construcción histórica, que edifica una pauta de expectativas y creencias sociales, sobre lo que se considera propio de cada sexo, ha invisibilizado a las mujeres.Sin embargo, en la conformación del Estado mexicano, los conflictos sociales y la constante movilización social han dado el carácter reconstructor y consolidación al Estado actual, los movimientos en defensa y reconocimiento de los derechos de las mujeres no son ajenos a esto.

Desde la reforma constitucional de 1953 que reconoció a las mujeres el derecho al sufragio, y con ello su incursión en el espacio público, se ha hecho evidente que las mujeres han enfrentado una serie de obstáculos, que limitan el ejercicio de sus derechos políticos y las sitúa en desventaja frente a los hombres, al participar en la vida pública del país.

La política constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Sus dispositivos y estructuras restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios de toma de decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave de poder, determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad.

El reconocimiento del derecho al sufragio femenino se ha constituido como necesario, pero no suficiente, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y acceso a los espacios de poder, dado que no se ha logrado superar las desventajas derivadas de su condición y posición de género, [*] a las cuales se suman otras, como: la  etnia, la edad, el grupo social de pertenencia, etcétera, pese a que dispongan formalmente de idéntico estatus de ciudadanía con respecto a los hombres.    

La desigualdad de género es uno de los grandes dilemas de la democracia mexicana, que no solo afecta a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto, toda vez que la democracia implica inclusión; la ciudadanía hace posible que las personas se conviertan en sujetos políticos, actores en la vida pública, participando en los espacios de la toma de decisiones y claves del poder que determinan el interés público, al tiempo que guarda un vínculo intrínseco con los derechos reconocidos por el Estado y su ejercicio, por lo que el déficit de la presencia de las mujeres en los espacios de adopción de decisiones públicas da cuenta de una inminente crisis de representación y con ello de  legitimidad en nuestro sistema político.

Sin embargo, la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, ha visibilizado la discriminación estructural que se encuentra enquistada en las instituciones y la cultura política, en respuesta a esto, comenzaron a concebirse acciones afirmativas.

En nuestro país, las cuotas de género en materia electoral se introdujeron para lograr un equilibrio de género en las asambleas políticas; estas cuotas asumen principalmente dos formas: cuotas legisladas (o legales) y cuotas de partidos. Las cuotas de género legisladas se han introducido ahora en casi 60 países en el mundo. En aproximadamente 50 países más, algunos partidos políticos representados en el parlamento han introducido las cuotas de partidos en sus estatutos (http://www.quotaproject.org). Este desarrollo ha tenido lugar principalmente en los últimos 15 años después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer de Beijing en 1995. Las cuotas de género en materia electoral, por lo tanto, representan uno de los cambios más innovadores en la legislación electoral nacional en las épocas recientes [*]

En este sentido, las cuotas de género han contribuido para obtener hoy en día, una mayor representación descriptiva en los órganos legislativos federales, pero los cambios no han sido tan evidentes en los cargos de representación en el ámbito estatal y municipal, así como en los espacios de toma de decisiones en el ejecutivo y judicial.

Este cambio en la política de igualdad vía las acciones afirmativas está respaldado por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) adoptada por las Naciones Unidas (ONU), que establece que los países que la han suscrito tienen que informar con regularidad su avance. También está respaldado por las Conferencias Mundiales para las Mujeres de la Organización para las Naciones Unidas y la Plataforma de Acción de Beijing.

Dentro de los 12 objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial para las Mujeres en 1995, se formuló la necesidad de lograr la igualdad de acceso de las mujeres y la total participación en las estructuras de poder y en la toma de decisiones.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad.

En Octubre de 2015 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (OEA) emitió la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres,  en la que se reconoce:

Que tanto la violencia, como el acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres;

Que es responsabilidad del Estado, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, desarrollar cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político,

Que el problema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres pone de manifiesto que el logro de la paridad política en democracia no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure por un lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en el ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política.

Aunado a ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos [*] ha reconocido que la violencia basada en género es una forma de discriminación en contra de las mujeres.

Ante tal situación y derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011, colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente. [*]

Con esto se concibió un nuevo control de convencionalidad, aunado a la responsabilidad de legislar bajo los principios pro persona, no regresión, y  armonización legislativa en el marco jurídico nacional.

Así dentro del Corpus Iuris Interamericano en materia de Derechos Humanos de las mujeres encontramos los siguientes:

  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Convención de Belem do Pará.

  • Estatuto de la Comisión Interamericana de Mujeres

  • Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer

  • Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer

  • Reglamento de la Comisión Interamericana de Mujeres

  • Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer

Violencia Política de Género

Los obstáculos que las mujeres tienen que librar para decidir participar en el ámbito político son diversos, no obstante, las mujeres que han llegado a los espacios de toma de decisión se han unido para promover mejores condiciones y abrir paso a las que vienen atrás de ellas, el logro de la paridad en el nivel constitucional fue fundamental, lo preocupante es el incremento de la violencia de género que trajo consigo ese avance, y vale la pena hacer hincapié en que se trata de un asunto de violencia de género, ya que, esta violencia hacia las mujeres es por ser mujeres y tiene un impacto que les afecta  desproporcionadamente [*]; esta violencia es claramente un acto de discriminación, que mantiene a las mujeres en situación de subordinación limitando su acceso a mejores oportunidades, educativas, laborales y de desarrollo para acceder a una mejor calidad de vida.

El proceso electoral de 2015 visibilizó, prácticas comunes y frecuentes al interior de los partidos políticos y en las contiendas electorales, que denotan la gravedad de la situación de violencia hacia las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, este hecho urgió a diferentes instancias a realizar propuestas, así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) presentaron recientemente el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres.

Dicho protocolo es un gran avances pues, acorde a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la prevención, la atención resulta de suma importancia pues garantizar una investigación eficaz y el acceso a la justicia para evitar la impunidad de lo contrario se envía el mensaje de que “la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación  social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres” [*]

Entendamos que el Estado de derecho, implica efectividad de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito, de no ser así, no estamos abonando a una democracia sustantiva, solo colocamos una espada de Dámocles en cada una de las mujeres que ejercen su derecho a votar y ser votadas.

Datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales arrojan que durante el proceso electoral 2014-2015 se registraron ocho casos de violencia política (contra mujeres y contra instituciones electorales). De ellos, cuatro son en contra de autoridades electorales, tres en contra de candidatas o mujeres cercanas a los candidatos y una en contra de una ciudadana.

La violencia política ha estado presente en la lucha y ejercicio de los derechos de las mujeres, podemos remontarnos a 1923 donde Elvia Carrillo Puerto, la primera Diputada local en el estado de Yucatán, renunció a su cargo dado que fue amenazada de muerte.

En los recientes procesos electorales podemos mencionar los siguientes:

29 Enero 2015. La precandidata a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, Gabriela Pérez Cano, sufrió un ataque en su domicilio. Durante el hecho los agresores se llevaron objetos de valor y documentos importantes, además  dejaron el mensaje “Abandona la candidatura” a través de la agresión a su hijo de 14 años.

8 Marzo 2015. El Instituto Nacional de las Mujeres se suma a la indignación que provocó el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid cuando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, manifestó que las mujeres “están re buenas todas para cuidar niños, atender la casa, para cuando uno llega…”

10 Marzo 2015. En la máxima expresión de violencia política, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue hallada decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político.

30 Abril 2015. Aparecen mantas en Hermosillo Sonora con la frase: “las mujeres como las escopetas, cargadas y en un rincón” en alusión a la participación de las mujeres en política.

12 Mayo 2015. La candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo (PT), Jessica Salazar denunció que ha sido víctima de agresiones y amenazas y que tuvo un intento de secuestro el pasado 11 de mayo en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado de 13 sujetos la agredió de manera física y verbal y dos de sus colaboradores resultaron heridos.

13 Mayo 2015. La candidata a diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en Guerrero, Silvia Romero Suárez, quien fue secuestrada el día 12 de mayo por la tarde, fue liberada por sus captores un día después. Ella se encontraba en campaña electoral por los municipios de Arcelia y Tlapehuala cuando fue interceptada.

14 Mayo 2015. Condenan  El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Nacional de la Mujeres, el secuestro que sufrió la candidata a diputada por el PRD en el estado de Guerrero, Silvia Romero; también denunciaron que la violencia de género es una práctica que se está llevando en nuestro país.

19 Mayo 2015. Denuncian la agresión que sufrieron dos brigadistas del equipo de campaña de la candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca, Maricela Velázquez Sánchez, los cuales fueron detenidos y golpeados por policías del Mando Único cuando repartían propaganda electoral.

11 de julio de 2015. La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía del municipio de Reforma, en el estado de Chiapas, Yesenia Alamilla Vicente, fue interceptada, detenida y golpeada por un grupo de encapuchados cuando se dirigía a la vecina entidad de Tabasco. Los agresores le dijeron que la golpiza era un mensaje del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Herminio Valdez Castillo. [*]

24 Julio 2015. Una Candidata del Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas, denunció fue víctima de violación sexual el pasado 27 de junio en su casa en el municipio de Reforma. Compañeras afirmaron que fue agredida por participar en las elecciones ya que su agresor lo dijo: “eso le pasa por estar en la planilla” [*].

2 de Enero 2016. La presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota fue asesinada en su domicilio un día después de haber asumido el cargo.

25 de Febrero 2016. Amenazan a precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Hilda Medina Macías. Dejan en la puerta de su casa, una corona de muerto.

 

 

 

Así, el objetivo de la presente iniciativa es colocar en la picota pública la violencia política contra las mujeres como un fenómeno que viven al acceder y ejercer sus derechos políticos, exponiendo las prácticas enraizadas y prevalecientes que en torno al género se traducen en interseccionalidad, reforzando comportamientos sociales y políticos discriminatorios que debilitan nuestra democracia.

En el entendido que Derechos humanos y democracia van de la mano, la presencia de las mujeres es indispensable para fortalecer nuestra democracia, de no ser así estamos creando un sistema artificial, anomia y con ello un Estado fallido.

No omito manifestar que en materia de violencia política se han realizado múltiples aportes durante la LXII y LXIII Legislatura en el Senado de la República, entre estos se encuentran las Iniciativas presentadas por las Senadoras: Lucero Saldaña Pérez, Diva HadamiraGastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ma. del Pilar Ortega Martínez y  María Marcela Torres Peimbert.

En la LXII y en el transcurso de la LXIII Legislatura en la colegisladora las y los siguientes diputadas y diputados han presentado iniciativas: Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina, Aleida Alavez Ruiz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina Navarrete Contreras y los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, ArletMólgoraGlover y Maricela Contreras Julián.

 Segura estoy que cada una de las propuestas presentadas enriquecerán  y perfeccionarán los ordenamientos jurídicos que hagan efectiva la participación de las mujeres en la vida política sin violencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA.

Artículo Primero.  Se adiciona al Título II un nuevo Capítulo V denominado “De La Violencia Política”se adicionan dos nuevos artículos 21 y 22recorriéndose en el orden los subsiguientes Títulos; se adiciona una fracción al artículo 36, se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo47; se adiciona una nueva Sección Décima Primera intitulada Del Instituto Nacional Electoral, adicionando un artículo 48 Bis, fracciones I, II, III y  IV, recorriéndose en el orden los artículos subsiguientes, para quedar como sigue:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,

Título II Modalidades de Violencia

Capítulo V

De la Violencia Política

Artículo 21.- Violencia política: Incluye cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Artículo 22. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, el Instituto Nacional Electoral, la Procuraduría General de la República mediante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y demás integrantes del Sistema, coordinarán las acciones e instrumentos interinstitucionales que permitan avanzar en materia de violencia política contra las mujeres.

Se recorren los subsecuentes.

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de:

I-IX…

X. El Instituto Nacional Electoral

XI – XIII…

Sección Novena. De la Procuraduría General de la República

ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I.- XI…

XII. Promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política contra las mujeres.

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Sección Décima Primera. Del Instituto Nacional Electoral

ARTÍCULO 48 BIS. Corresponde al Instituto Nacional Electoral:

l. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra de las mujeres,

II. Garantizar la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres,

III. Realizar difusión permanente en los medios de comunicación respecto a las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política, la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres,

IV. Capacitación sobre violencia política contra las mujeres a: simpatizantes, militantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos de los partidos políticos o independientes, a funcionarias y funcionarios de mesas directivas en jornada electoral y personal que labora en los Organismos locales electorales y el Instituto Nacional Electoral,

V. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Se recorren las subsecuentes.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XV al artículo 3, se adiciona una fracción XXII al artículo 7; se adiciona una fracción XI al artículo 9; se adiciona una fracción VII al artículo 11 y se reforma el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I-XIV…

XV. Violencia Política: Incluye cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I – XXI…

XXII. Ejerza violencia política contra las mujeres

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I-X…

XI. Ejerza violencia política contra las mujeres

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I-VI…

VII.Ejerza violencia política contra las mujeres

Artículo 16. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o ejerzan violencia política.

Artículo tercero. Se adiciona un inciso l) al numeral 1 del artículo 4, se reforman los incisos b) y o) del numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 4.

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por

a) – k)…

l. Violencia Política: Incluye cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Artículo 25.

  1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a)…

b) Abstenerse de recurrir a la violenciapolítica contra las mujeres, y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c) –n ) …

o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres, denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas;

p)-u)…

Artículo Cuarto. Se reforma el numeral 2 del artículo 247, se reforma el inciso f) del numeral 1 correspondiente al artículo 380, se reforma el inciso i) del numeral 1 correspondiente al artículo 394, se adiciona un nuevo inciso n) del numeral 1 del artículo 443 recorriéndose los subsecuente, se adiciona un nuevo inciso f) al numeral 1 del artículo 445 recorriéndose los  subsecuentes, se adiciona un nuevo inciso ñ) al numeral 1 del artículo 446 recorriéndose los subsecuentes, se adiciona un nuevo inciso e) al numeral 1 del artículo 447 recorriéndose los subsecuentes, se adiciona un nuevo inciso e) al numeral 1 del artículo 452 recorriendo se los subsecuentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 247.

1…

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenersedecualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres,de expresiones que calumnien a las personas. El Consejo General está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.

3-4…

Artículo 380.

  1. Son obligaciones de los aspirantes:

a)-e)…

f) Abstenerse de cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeresproferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas;

g) - i)…

Artículo 394.

  1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:

a)- h)...

i) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros candidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas, o cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres,

j)-o)… 

Artículo 443.

  1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a)- m)...

n)El incumplimiento de las obligaciones  en materia de violencia política contra las mujeres

o) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

Artículo 445.

  1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) -e)…

f) Cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 446.

  1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:

a)– n)

ñ) Cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

o) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 447.

  1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

a)-d)…

e) Cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 452.

  1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión:

a)-d)…

e) Cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículos Transitorios.

Primero. La reforma al presente artículo entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Presente Decreto.

Segundo. Los Poderes Legislativos de las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar la armonización y homologación legislativa a las que se refieren las disposiciones de esta ley.

Sen. Martha Tagle Martínez

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 12 de Abril de 2016.


[*]Arendt, Hanna. “Sobre la Revolución”. Alianza Editorial Madrid, 2005, Página 48.

[*]García, María Ines. Foucault y el poder. México. D.F. 2002. UAM-Xochimilco.

[*] La Ilustración se originó en Europa, particularmente en Francia e Inglaterra durante el siglo XVIII. Este movimiento reivindicó una nueva ideología que buscaba iluminar al mundo (“Siglo de las Luces”), a través del uso sistemático de la razón

[*] Hubo honrosas excepciones de hombres que se manifestaron en contra de la exclusión de las mujeres de la esfera pública y del contrato social, tal fue el caso del constitucionalista  alemán Von Hippel, el filósofo francés Nicolás de Condorcet y el politólogo inglés John Stuart Mill

[*] La propuesta de Olympe de Gouges fue calificada por los hombres de la clase política de su tiempo como subversiva, motivo por el cual fue guillotinada.

[*]UNIFEM (2007) señala que la condición de las mujeres hace referencia a las características socio‐ económicas que configuran sus niveles materiales de vida; mientras que la posición de las mujeres alude a su ubicación social con relación a los hombres, medida en términos de diferencias de oportunidades entre ambos en el acceso diferenciado al poder político, a los recursos productivos etcétera. Por tanto, trabajar en torno a la condición y posición de las mujeres significa introducir cambios sustantivos en las estructuras y factores sociales que determinan la discriminación hacia las mujeres y la desigualdad de género en los distintos ámbitos de la sociedad

[*]“Cuotas de Género. Visión Comparada”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en línea. México 2013, dirección URL: http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Salida%20Libro%20Tribunal%20para%20web_0.pdf

[*] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de Mayo de 2014. Serie C No. 277, párrafo 207.

[*]Mac-Gregor, Eduardo.“Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Control difuso de Constitucionalidad y Convencionalidad” . Página Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). México. 2013

[*] SEMINARIO: VIOLENCIA POLÍTICA: LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Ponencia: Protección Judicial de la Violencia Política, Ma. Del Carmen Alanís. 12 de octubre de 2015.

[*]CoIDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, párrafo 400. Ponencia Magistrada Alanís Figueroa, 12 de 0ctubre de 2015.

[*]CIMAC. “Caso Yesenia refleja agudización de violencia política de género” En línea México, 22 de Julio de 2015 , dirección URL: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/70262

[*]¡Basta de violencia política hacia las mujeres! En línea. México. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. A.C. En línea México. Dirección URL: http://bajoelmicroscopio.org/basta-de-violencia-politica-hacia-las-mujeres/

Documentos Relacionados: