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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


Propone reformar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de los concesionarios tengan la obligación de hacer uso de las lenguas nacionales, entendidas éstas, como las lenguas indígenas y el español en conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

It proposes to amend Article 230 of the Federal Telecommunications Law for transmissions of broadcasting stations dealers are obliged to make use of national languages, understood them as indigenous languages and Spanish in accordance with the General Law Linguistic Rights of Indigenous Peoples.

El suscrito senador Sofío Ramírez Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA el artículo 230 de la ley federal de telecomunicaciones, al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S

“Dialogar es reconocer al otro.
Las leyes, cuando tienen voluntad de permanencia,
no pueden ser otra cosa que conversaciones.
Y cuanto más universales,
mayor voluntad tienen de hablar con todo el mundo. [*]

El 14 de julio de 2014 se publicó el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), misma que entró en vigor el 13 de agosto del mismo año, conforme al transitorio primero del decreto. [*]

En el cuerpo de dicha ley, el artículo 230 en su primer párrafo establece lo siguiente:

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.” [*]

Desde el mismo julio de 2014, el Colectivo “Artistas contra la Discriminación Lingüística”, comenzó una batalla legal interponiendo un amparo por considerar discriminatorio, el término “idioma nacional” que por inferencia hace referencia al español, y excluía a por lo menos 68 lenguas de los pueblos originarios de las 11 familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México (y de las que se derivan 364 variantes lingüísticas), de las transmisiones de radiodifusión emitidas por las concesionarias, discriminándolas a únicamente poder ser utilizadas en las “concesiones de uso social indígena”, es decir, en las pocas radios comunitarias utilizadas principalmente por quienes descienden más directamente de los pueblos nativos mexicanos. [*]

El Colectivo, representado por el reconocido artista Mardonio Carballo, solicitó en primera instancia amparo y protección de la justicia federal mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en ejercicio de sus derechos individuales y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, pues a decir de ellos, se violaba su derecho a la libertad de expresión tanto para difundir contenidos en lenguas autóctonas, como para recibirlos.Además, de restringir las posibilidades de financiamiento de los integrantes del colectivo y de las comunidades indígenas que desearan vender proyectos comunitarios en su lengua, pues los concesionarios no querrán difundir contenidos culturales en náhuatl u otras lenguas ante la prohibición prevista en el artículo 230 de la LFTR. Asimismo, apeló a la violación de sus derechos fundamentales vigentes por la legislación nacional y tratados ratificados por México. [*]

Marco Jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 2, 6 y 7 establece que en nuestro territorio todas las personas gozarán de los derechos humanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. De igual forma, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. [*]

Además, nuestra Carta Magna reconoce que la “Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, así como es derecho de las comunidadesoriginarias preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan sucultura e identidad. [*]

Sumado a lo anterior, nuestra legislación garantiza que toda persona tenga derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibiry difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

En materia de radiodifusión y telecomunicacionesespecifica que: las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

En su artículo 7° la Constitución determina que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", vigente para México a partir del 24 de marzo de 1981 y su Protocolo Adicional, establecen que “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos ylibertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda personaque este (sic) sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional osocial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. [*]

De igual manera, determina que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derechocomprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,o por cualquier otro procedimiento de su elección. Además, no se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos, talescomo el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuenciasradioeléctricas…” [*]

Asimismo, dentro del apartado “Derecho a los Beneficios de la Cultura”, específicamente en el artículo 14 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como “Protocolo de San Salvador”, vigente para nuestro país a partir del 16 de noviembre de 1999 se manifiesta que:

Los Estados partes del Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:
Participar en la vida cultural y artística de la comunidad y a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. [*]

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que México se adhirió el 23 de marzo de 1981 y el cuál entró en vigencia tres meses después, compromete a nuestro país en su artículo 19 a garantizar la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad debuscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, yasea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento desu elección.

Además, en los artículos 26 y 27, el Pacto protege la igualdad de todas las personas pues prohíbe toda discriminación garantizando protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posicióneconómica, nacimiento o cualquier otra condición social. Enfatizando que:

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a laspersonas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con losdemás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propiareligión y a emplear su propio idioma”. [*]

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente para nuestro país desde el 23 de junio de 1981, en su artículo 15 numeral 1 establece que los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones;

Y en su numeral 2, determina que “entre las medidas que los Estados Partes en el Pacto deberán adoptar para asegurarel pleno ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias para la conservación, el desarrollo yla difusión de la ciencia y de la cultura”. [*]

En adición a lo anterior, el artículo 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo vigente para México a partir del 5 de septiembre de 1991 plantea que “deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidadde llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país” y adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblosinteresados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. [*]

Con base en lo anterior, el Colectivo demandó que “como consecuencia de la ‘restricción arbitraria’ prevista en el artículo 230 de la LFTR, aduce que resultan violados su derecho a la libertad de expresión, así como su derecho a la igualdad y no discriminación, en tanto se da un trato diferenciado e injustificado a los contenidos en lengua indígena. Por otra parte, señala transgredido su derecho a participar en la vida cultural. Finamente, argumenta que también se transgreden colectivamente los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a la autonomía, a preservar y enriquecer sus lenguas originarias, conocimientos, cultura e identidad”. [*]

Al respecto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, admitió la demanda de amparo, no obstante, dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, por estimarlo improcedente, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El quejoso debía acreditar un interés jurídico y no un interés legítimo dado que alegó violaciones a derechos subjetivos, asimismo, no aportó pruebas o ningún medio de convicción que acreditara que poseía alguna de las cualidades de poeta, actor o periodista en lengua náhuatl, de tal suerte que no se probó que el artículo 230 generara consecuencias jurídicas sobre su esfera de derechos o que la norma impugnada afectara su esfera jurídica. Entre otras razones jurídicas.

Inconforme con la resolución anterior, el Colectivo interpuso recurso de revisión, que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; el cual determinó revertir el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito por estimar que no se actualizó ningún motivo de improcedencia, y reservar la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que en el recurso subsistía el problema de constitucionalidad. Lo anterior, por considerar en primer lugar que bastaba acreditar un interés legítimo para la procedencia de juicio de amparo, en tanto el acto reclamado era de naturaleza legislativa.

En este aspecto, el Tribunal Colegiado estimó que la norma reclamada se relaciona con los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas por su contenido normativo, y determinó que era autoaplicativa, pues a partir de la entrada en vigor de la misma los concesionarios del sector de radiodifusión quedaron obligados a usar el idioma nacional y las lenguas indígenas en los términos de la LFTR, generando repercusiones en las personas indígenas – esto último, con respaldo en el criterio de la Primera Sala de la SCJN de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVA Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO.” [*]

Debido a lo anterior, el Tribunal Colegiado resolvió remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la fracción III del Acuerdo General 5/2013.

Con esos antecedentes, el 21 de mayo de 2015, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión, y ordenó radicar el asunto en la Primera Sala con el número de expediente 622/2015 y turnó el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo

En el estudio de fondo, la SCJN retomó la demanda original de amparo sobre la inconstitucionalidad del artículo 230 de la LFTR, al considerar que dicho precepto viola sus derechos a la no discriminación, libertad de expresión, y derechos lingüísticos de las personas indígenas.

“Lo anterior, en tanto establece que en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras deberá hacerse uso de la lengua nacional – entendida ésta como el idioma español –, mientras que el uso de las lenguas indígenas se limita a las concesiones sociales. Ello, restringe indebidamente el derecho de las personas indígenas a expresarse en su lengua originaria. A juicio de esta Primera Sala, dicho concepto de violación es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional al quejoso”. [*]

En el mismo estudio desarrolló, los siguientes puntos: “(i) los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas; (ii) la composición pluricultural del país; y (iii) el análisis de constitucionalidad del precepto combatido”. [*]

  1. Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas 

El quejoso plantea violaciones a diversos derechos, la Primera Sala entiende que tales afectaciones encuentran protección en un derecho más específico, el derecho a expresarse en su lengua indígena, reconocido en los tratados en materia de derechos humanos, en el Derecho Internacional, y en la Constitución General.

Por ejemplo, señala que “el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen la importancia que para los pueblos indígenas y tribales tiene “asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de desarrollo económico y de mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”. Para lograr este objetivo se estipuló que deberá otorgarse la protección especial de las lenguas indígenas a través de disposiciones que permitan su preservación”. [*]

De igual manera retoma cada una de los compromisos internacionales adoptados por México en los demás instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, revisa la legislación nacional y basa su resolución tanto en el artículo 2° de la Constitución General, y el objeto por el que se expidió laLey General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual reconoce en el artículo 3°, que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

En adición a lo anterior, esta Ley establece el derecho de todos los mexicanos a comunicarse en la lengua que hablen sin restricciones, en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.

Cabe señalar, que además, el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se ve totalmente contravenido, pues el mismo señala que:

“El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que losmedios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la NaciónMexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicaciónmasiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en lasdiversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los quese promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversasregiones del país.” [*]

Adicionalmente, se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener acceso a la jurisdicción del Estado en su lengua y respetando su cultura, así como el derecho a la educación bilingüe e intercultural. [*]

En consecuencia, del artículo 2° de la Constitución General, de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de los tratados internacionales, es posible derivar como derecho humano, el derecho de los pueblos indígenas a preservar y emplear su lengua.

Y aclara que aunque dicho derecho se encuentra reconocido en el artículo 2° fracción IV de la Carta Magna como un derecho de los pueblos indígenas, el mismo también tiene una faceta individual, es decir, constituye tanto un derecho de los pueblos como un derecho de las personas indígenas. En efecto, el lenguaje es un componente esencial de identidad de los pueblos y de las personas en lo particular, pues constituye uno de los principales factores de identificación. Es por tanto, un derecho social o cultural con incidencia individual y colectiva. [*]

Además, el derecho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la pluriculturalidad, el derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión. [*]

Y destaca: “La lengua es mucho más que un medio de comunicación. ‘Las lenguas constituyen una parte integral de toda cultura; por medio de su lengua, un grupo expresa su propia cultura e identidad social; las lenguas están vinculadas a procesos mentales y a la forma en que los miembros de determinada comunidad lingüística perciben la naturaleza, el universo y la sociedad. De igual manera, expresan patrones culturales y relaciones sociales y a su vez ayudan a moldear estos patrones y relaciones’”. [*]

En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sostenido que la potestad de los Estados de regular la actividad de radiodifusión implica la “obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como en el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas” [*]

  1. Pluriculturalidad y lenguas indígenas 

Delo anterior la SCJN manifiesta que puede concluir que la Constitución otorga protección a las lenguas indígenas, demandando acciones positivas para su preservación y difusión. El reconocimiento constitucional a la diversidad cultural, llevó además, a que en nuestro país no se estableciera una sola lengua nacional. Más aún, en el artículo cuarto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se señala que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionalespor su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.

  1. Análisis de constitucionalidad del artículo 230 de la LFTR 

En su análisis, la Primera Sala de la SCJN señala que: “la LFTR tiene como objeto, de acuerdo con el artículo 1º de la misma, regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores”. [*]

Y que es en ese marco en el que se inserta el artículo 230, el cual a la letra dispone que:

En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. (…)” [*]

Continuando su análisis, la Primera Sala de la SCJN señala que “este precepto establece dos cuestiones: por un lado, que las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán realizarse en el idioma español; y por otro, que las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de uso social indígena deberán realizarse en la lengua del pueblo originario que corresponda”. [*]

Por lo que puede interpretarse que la primera parte del precepto se refiere al idioma español, pues habla de una sola lengua nacional, en oposición a las lenguas indígenas que están previstas en la segunda parte del artículo. Así, parecería que se establecen dos regímenes diferenciados: uno para la transmisión de contenidos en español, y otro para la transmisión de contenidos en lenguas indígenas; es decir, si se trata de un uso único o exclusivo, o bien, de un uso preferente.

Así, cabrían dos interpretaciones, la primera en el sentido de que las concesiones no podrán transmitir en lenguas indígenas, ni las concesiones de uso social indígena en el idioma español. La segunda, entendiendo que las concesiones sí pueden transmitir lenguas indígenas, pero deberán preferir el idioma español, mientras que las concesiones indígenas sí podrán transmitir contenidos en español, pero mayoritariamente deberán hacer uso de las lenguas indígenas. No obstante lo anterior, cualquiera de las dos interpretaciones; uso “exclusivo” o “preferente”, resultan inconstitucionales.

Explica que: disponer el uso exclusivo o preferente del castellano en la concesiones de radiodifusión es inconstitucional, pues la Constitución protege expresamente a las lenguas indígenas, y no reconoce a una sola lengua como la nacional. Además, la disposición contraviene los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas pues impone una barrera al uso de las lenguas indígenas sin justificación alguna. Lo anterior por los siguientes argumentos:

La Carta Magna no establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que se le da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. En el orden jurídico nacional, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales.

Además, la pluriculturalidad demanda la convivencia de todas las lenguas nacionales, sin establecer regímenes exclusivos o dar preponderancia o preferencia a alguna de ellas.

Distingue entre el concepto de idioma oficial y el de lengua nacional. El primero, se refiere al idioma en el que normalmente se emiten las comunicaciones del Estado. La lengua nacional en cambio, denota el idioma en el que un país sustenta su identidad y raíz cultural. Así, aun cuando algunos trámites ante el Estado se realicen en español, éste no constituye el único idioma de la Nación.

Por otra parte, el uso de las lenguas en condiciones de igualdad, no implica que no puedan establecerse acciones afirmativas con el objeto de promover y proteger a aquellos grupos que se han encontrado en situaciones de discriminación y vulnerabilidad histórica.

Por lo que determina finalmente que el artículo 230 de la LFTR contraviene los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, pues aunque del análisis del proceso legislativo que le dio lugar se puede desprender que tuvo como propósito “la promoción, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas”, tal objeto no se logra a través de imponer un esquema de radiodifusión en el que se use “exclusiva o preferentemente” el idioma español, sino a través de brindar espacios adicionales a los pueblos indígenas de difundir sus lenguas. Incluso, norma y fin se contraponen, pues la exclusividad o preferencias en el uso del idioma suponen una barrera para los pueblos indígenas para acceder a las concesiones comerciales.

Cabe señalar que el dictamen del proyecto de decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión realizado por la propia Cámara de Senadores señala que el fin de la inclusión de concesiones de uso social indígena es la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyan las culturas e identidades indígenas”.

Posteriormente, dicho dictamen señala que la diversidad cultural, étnica, económica y social que hay en el país influye en los contenidos de los medios de comunicación. De ahí que “sea lógico que se utilicen lenguas indígenas; pero también, por ejemplo, en zonas del norte de México, las estaciones de radiodifusión se transmiten en idioma inglés.” Lo anterior es importante, continúa el dictamen, “[…]debido a que el artículo 2º., apartado B, de la Constitución Federal establece una garantía de igualdad a favor de los pueblos indígenas, en la medida en que impone […] la obligación de promover la igualdad de oportunidades de éstos, así como la de eliminar cualquier práctica discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los término que las leyes de la materia determinen.”

Por su parte, el dictamen elaborado por la Cámara de Diputados se limita a reproducir las consideraciones del dictamen de la Cámara de Senadores sobre el fin de las concesiones de uso social indígena.

No obstante, el artículo impugnado genera un efecto contrario a la integración y cohesión social, pues establece un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de los derechos lingüísticos en los medios de comunicación.

Y que en consecuencia, el artículo 230 de la LFTR resulta inconstitucional pues establece el uso de una sola lengua nacional –entendida ésta como el español– en las estaciones radiodifusoras de los concesionarios, cuando la Constitución General protege y reconoce de igual manera a las lenguas indígenas. [*] Por lo que desde el 20 de enero de 2016, la Suprema Corte declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 230 de la LFTR.

Cabe señalar con base en el párrafo tercero del inciso I, del artículo 105 de la Constitución, que las acciones de inconstitucionalidad en el caso de amparo como el que nos ocupa, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

Por lo que considero necesario que el Congreso de la Unión debe de actuar de manera pronta para remediar la situación considerada como discriminatoria, y dejar plasmado en un nuevo texto, tanto la pluriculturalidad de México como el respeto íntegro a los derechos de los Pueblos Originarios.

“Los seres humanos pensamos y nos comunicamos esencialmente con palabras. Nos relacionamos entre nosotros con ficciones, y esas ficciones nos pueden encadenar o liberar…”. [*] Hablar implica respetar al interlocutor. Gritar es un residuo de nuestro pasado evolutivo. Cuando perdíamos el control, queríamos recuperarlo de manera amenazante. Gritar es un camino hacia el monólogo. [*] Nunca más un México no incluyente y desigual.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 230de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 230.- En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso de las lenguas nacionales, entendidaséstas, como las lenguas indígenas y el español en conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SENADOR

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Senado de la República, a 5de abril de 2016.

[*] Monedero Juan Carlos (2011) “El Gobierno de las Palabras. Política para tiempos de confusión. Fondo de Cultura Económica, 2ª Edición, Mayo de 2011, Madrid España.

[*] Diario Oficial de la Federación, Lunes 14 de julio de 2014, Edición Vespertina.

[*] Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

[*] Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas; Diario Oficial de la Federación, 14 de enero de 2008.

[*] Amparo en Revisión 622/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[*] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última Reforma DOF 29-01-2016)

[*] Ídem.

[*] Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”

[*] Ídem

[*] Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” [En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf

[*] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.pdf

[*] Ídem.

[*] Convenio Internacional del Trabajo Num. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Organización Internacional del Trabajo. [En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OIT%20169.pdf

[*] Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015.

[*] Tesis CCLXXXI/2014 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (10ª), Libro 8, julio de 2014, Tomo I, p. 148. Citada en: Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015.

[*] Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015.

[*] Ídem.

[*] Ídem.

[*] Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

[*] Artículos 9, 10 y 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

[*] Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

[*] Ídem.

[*] Stavenhagen, Rodolfo. Los Derechos Indígenas: Nuevo Enfoque del Sistema Internacional, Revista IIDH, 1989 (10) p. 49. En Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

[*] CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, párr. 216. En Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

[*] Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

[*] Op. Cit. Ley Federal de Telecomunicaciones

[*] Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

[*] Ídem.

[*] Op. CitMonedero Juan Carlos (2011)

[*] Ídem.