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Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


La iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal para garantizar los derechos de cuarta generación, de las poblaciones minoritarias, con la finalidad de salvaguardar del derecho de los ciudadanos a ser considerados iguales en la ley, a través de la existencia de supuestos jurídicos iguales para todos.

Para ello, se propone que con la adición, en todos los casos en que se requiera, el Juez del Registro Civil, estará obligado a registrar en el acta de nacimiento, el nombre solicitado, con estricto apego a los caracteres pertenecientes a las lenguas y dialectos indígenas.

Con la reforma que se propone, se protegerán las costumbres indígenas así como todas sus lenguas y dialectos que forman parte de la cultura mexicana.

The initiative proposes to add a paragraph to Article 58 of the Federal Civil Code to guarantee the rights of fourth generation of minority populations, in order to safeguard the right of citizens to be considered equal in the law, through the existence of assumptions same for all legal.

To this end, it is proposed that with the addition, in all cases where the Judge of the Civil Registry shall be obliged to register on the birth certificate, the requested name, with strict adherence is required to characters belonging to languages and Indian dialects.

With the proposed reform, indigenous customs and all its languages and dialects that are part of Mexican culture will be protected.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la autodeterminación de los pueblos, es un derecho protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entre múltiples cosas, permite la libre elección de una cosmovisión, que otorga al individuo toda una categoría valorativa que se ve reflejada tanto en su actuar diario como en algo tan íntimo como es su nombre.

Este derecho se ve reflejado en distintos momentos dentro de nuestra Carta Magna, destacando: el artículo primero, en el cual se señala que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Además señala expresamente que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Asimismo, en el artículo segundo de la Carta Magna, consigna una serie de Derechos Fundamentales de los individuos pertenecientes a una comunidad indígenas, mismo que principalmente establece que:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. y III. …

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. a la VIII. …

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. a la IX. …

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

A su vez, el derecho internacional ha velado por libertad de los pueblos a la libre elección de una cosmovisión, compromiso que se vio reflejado en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado y ratificado por el Estado mexicano, en el cual se establecen diversas disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los usos costumbres indígenas, además de señalar que el estado, deberá asegurar por todos los medios necesarios que los pueblos indígenas gocen de plena igualdad.

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie  de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Lógicamente el debate sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es un tema que ha impactado en diversas esferas, siendo la convergencia de ideas de la esfera académica una de las más ricas y diversas sobre el tema 

Lo anterior se ve reflejado con autores como Elías Díaz, quien señala que un Estado debe establecer los mecanismos necesarios para que sea respetada la igualdad formal y material, tanto de la sociedad como del individuo. Teniendo como finalidad salvaguardar el derecho de los ciudadanos a ser considerados iguales en la ley, a través de la existencia de supuestos jurídicos iguales para todos.  El respeto en cuanto al sentido material se verá reflejado (explica el autor), en tanto  existan mecanismos para asegurar que los supuestos jurídicos se apliquen en la realidad.

La igualdad enunciada por Elías Díaz, es producto de un proceso de la sociedad civil en cuanto a esfera pública se refiere. Proceso que Thomas Humphrey Marshall explica como “generaciones” de derechos indispensables en la construcción de la ciudadanía, representados en tres generaciones:

  • “los de la primera generación serían los derechos civiles que aparecieron a finales del siglo XVIII, tales como los derechos de libertad de expresión (…);

  • los derechos  de segunda generación o derechos políticos que aparecen en el siglo XIX que tratan de garantizar la libre asociación o el votar y ser votado;

  • y ya en el siglo XX aparecen de forma generalizada los derechos sociales, derechos de tercera generación que pretenden garantizar un mejor desempeño de la competencia social” .  

Pero estos derechos, si bien otorgan seguridad social a una base importante de la población, no prevén las vicisitudes que las comunidades étnicas y en general las minorías enfrentan. Por lo cual resulta trascendental  retomar los estudios del Dr. Germán Pérez Fernández del Castillo, quien continua la línea instaurada por Thomas Marshall, señalando que posterior a la caída del bloque socialista, comenzó en el espectro internacional una nueva ola de derechos denominados “derechos de cuarta generación” los cuales, al igual que sus predecesores, dotan de libertades y responsabilidades al individuo. Dentro de los derechos enunciados por el Dr. Fernández, destacan los derechos de las minorías, los cuales brindan al individuo la oportunidad de contar con la autodeterminación en tanto constitución sexual, cultural y de étnica.  

De la misma forma Will Kimplica a lo largo de su vasta obra, ha señalado la importancia de reconocer el multiculturalismo y proteger a las minorías que conforman un país.

Es por ello que reconocer a México como un país multicultural, es reconocerlo como un país con una población abundante en cuanto a minorías. Abundancia que puede verse reflejada desde una perspectiva indigenista en los índices de población hablante de una lengua autóctona.   

Indicador

1950

1960

1970

1990

2000

2005

Población hablante de lengua indígena de 5 y más años

2 447 609

3 030 254

3 111 415

5 282 347

6 044 547

6 011 202

   Hombres

1 227 909

1 495 627

1 566 511

2 629 326

2 985 872

2 959 064

   Mujeres

1 219 700

1 534 627

1 544 904

2 653 021

3 058 675

3 052 138

Porcentaje de población hablante de lengua indígena 

11.2

10.4

7.8

7.5

7.2

6.7

   Hombres

11.5

10.3

7.9

7.6

7.3

6.8

   Mujeres

11.0

10.5

7.7

7.4

7.0

6.6

Porcentaje de población hablante de lengua indígena bilingüe

67.5

63.5

72.4

83.5

83.1

87.7

   Hombres

69.5

66.3

77.6

88.3

87.4

91.1

   Mujeres

65.5

60.9

67.1

78.7

78.8

84.4

Porcentaje de población hablante de lengua indígena monolingüe

32.5

36.5

27.6

16.5

16.9

12.3

   Hombres

30.5

33.7

22.4

11.7

12.6

8.9

   Mujeres

34.5

39.1

32.9

21.3

21.2

15.6

FUENTE: 

INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005..

Por estos importantes índices de población indígena en México, resulta trascendental proteger los derechos de “cuarta generación”, de las poblaciones minoritarias. Y más cuando en el país se cuentan con antecedentes controversiales, como los acontecidos en el año 2007, en el Estado de Hidalgo. Donde se presentó un  caso de discriminación en contra de una indígena hñahñú: Doni Zänä.

Todo comenzó cuando Marisela Rivas y César Cruz, padres de la pequeña, ambos pertenecientes a la etnia hñähñú de dicho Estado, quisieron registrar a su hija con el nombre de Doni Zänä. El Registro Civil, se negó a registrar a la niña, argumentando que no tenía la tipografía solicitada. Los padres alegaron no sólo su derecho a elegir el nombre de su hija, sino que argumentaron el drástico cambio de significado si escriben el nombre como sugiere la autoridad. Doni Zänä, significa “flor de luna”, en cambio Doni Zana, es el equivalente a “piedra que muerde”.

Los padres de Doni Zänä realizaron una larga campaña por diversas dependencias del gobierno de Hidalgo para poder ejercer su derecho, campaña que los llevaría a la alcaldía de Tepeji, en el Registro del Estado Familiar, posteriormente en las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en inclusive en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instituciones en las cuales la respuesta si bien diferente contenía una misma respuesta: “dejar a un lado el “capricho” y buscar un nombre “menos complicado” que ahorre problemas a la niña”.

Finalmente y después de un largo peregrinar, Doni Zänä fue registrada después de año y medio.

Como se representó anteriormente el tema de la protección de las costumbre y de las lenguas indígenas no es un tema menor ni sencillo. Es un tema que ha llevado a la constitución de un Instituto Nacional encargado de salvaguardar las Lenguas indígenas: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

El Instituto señala que en este país se hablan 364 variantes lingüísticas asociadas a 68 lenguas, que a su vez pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. A su vez el INALI publicó como resultado de la primera etapa del proyecto, en el año 2005, el Catálogo de lenguas indígenas mexicanas: Cartografía contemporánea de sus asentamientos históricos. Esta obra consiste en una colección de 150 mapas elaborados a partir de la información censal levantada en el año 2000 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En tales mapas se consignan, con respecto al territorio histórico de cada pueblo indígena del país, las localidades donde un determinado porcentaje de su población habla la respectiva lengua nacional originaria.

En la segunda etapa del proyecto, relativa a la presente síntesis, la atención se centró en la diversidad lingüística correspondiente al habla propia de los pueblos indígenas arraigados en el territorio nacional. Considerando las investigaciones realizadas hasta el presente, así como las consultas y los propios estudios realizados por el INALI para la elaboración del Catálogo.

Este logro resalta la realidad lingüística del país, además de reflejar que resulta impreciso, al parecer desde siempre, el uso que se le ha dado al concepto lengua en torno a la diversidad lingüística mexicana; por ejemplo, a partir de la época virreinal, o quizá desde antes, se difundió la creencia de que los pueblos indígenas hablaban "una sola lengua" -altamente uniforme en todos sus componentes-, sin advertir, las más de las veces, la existencia de distintas clases de variantes lingüísticas, explicables bien sea por razones geográficas, genealógicas o sociales, como ocurre en todo el mundo.

El estudio retoma dicho tema, señalando que la categoría “familia lingüística”, resulta más apropiada para referirse a las variantes lingüísticas.   Siendo la más inclusiva de los niveles de catalogación aplicados en el presente. Al definirse como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común.                 Permitiendo así la categorización de 11 familias lingüísticas indoamericanas.

Lo anterior nos exhibe la importancia de proteger las costumbres indígenas así como todas sus lenguas y dialectos que forman parte de la cultura mexicana, recordándonos constantemente que “el derecho a tener derechos o el derecho de cada individuo a pertenecer a la Humanidad tendría que ser garantizado por la misma Humanidad” (Hanna Arendt), por lo que proteger el derecho que tienen todos los indígenas a ser considerados iguales ante la ley es una responsabilidad de todos, buscando no permitir que vuelvan existir otros casos como el expuesto en la presente exposición de motivos.

Por lo anterior, se presenta ante ustedes el siguiente proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal para quedar en los siguientes términos:

Artículo 58.-

En todos los casos en que se requiera, el Juez del Registro Civil, está obligado a registrar en el acta de nacimiento, el nombre solicitado, con estricto apego a los caracteres pertenecientes a las lenguas y dialectos indígenas.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Legislaturas Locales de los todos los Estados que conforman la República Mexicana deberán ajustar su legislación Civil o Familiar, según sea el caso, conforme al presente Decreto, en un término no mayor a 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor el Decreto.

Atentamente,

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 5 del mes de abril del 2016.

Ayala Blanco, Fernando, Grupos de Poder en México, Ed. UNAM, México, 2011, p.p.72