+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Proposiciones

Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica



De los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, con punto de acuerdo en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra tarahumara del estado de Chihuahua.

Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.


Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, legisladores ante la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes:

HECHOS

El 3 de junio de 2014 una delegación de 35 gobernadores y acompañantes indígenas de 8 comunidades Rarámuri o Tarahumaras, O’obas o Pimas, Guarojío y Ódames de la Sierra Tarahumara, organizados en la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, acudieron al Senado de la República, a efecto de exponer ante los senadores Javier Corral Jurado, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, los problemas que enfrentan en sus comunidades, los cuales involucraban el despojo de sus territorios, falta de cumplimiento a las sentencias judiciales a su favor, violencia que viven por el narcotráfico, así como el acoso que hace el gobierno estatal por la defensa que han emprendido de sus derechos.

Para la reunión con la Caravana, se convocó a los diferentes Secretarios de Estado involucrados en esta difícil situación. Asistieron representantes de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Turismo; Desarrollo Territorial y Urbano; Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobernación; así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional del Agua; Fondo Nacional de Fomento al Turismo; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).También asistieron representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua.

A casi dos años de esa visita al Senado, el 2 de marzodel año en curso se recibió en este recinto parlamentario a la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, bajo la mediación de los suscritos y el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México,acudieron ocho comunidades de los pueblos Rarámuri y Ódami acompañadas de organizaciones de la sociedad civil por una parte, y por la otra, funcionarios del gobierno federal y el gobierno del estado de Chihuahua. El objetivo de la visita fue conocer los avances logrados en los diversos compromisos asumidos por los representantes del gobierno federal y estatal en el 2014, porque si bien, durante el segundo semestre de 2014 y 2015 se tuvieron mesas de seguimiento, al 2 de marzo del año en curso algunos de ellos no habían avanzado en forma adecuada y requerían de un nuevo seguimiento.

Dentro de los acuerdos adoptados en la mesa 4, denominada “seguridad y derechos humanos”, se adoptaron los dos siguientes:

I. Pino Gordo, Chóreachi

3. Los senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, promoverán un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal atienda losproblemas de seguridad y violencia en la Sierra Tarahumara.

II. Coloradas de la Virgen

3. Los senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, promoverán un punto de acuerdo dirigido al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que se dé una respuesta pronta y eficaz a la situación planteada y realice a la mayor brevedad una nueva evaluación de riesgo.

CONSIDERACIONES

El Reporte de Incidencia Delictiva en el Estado de Chihuahua de enero del presente año, elaborado por el Observatorio Ciudadano Prevención, Seguridad y Justiciadestaca que por lo que respecta a los homicidios dolosos, la tasa anual por cada 100,000 habitantes, en la media nacional reportada es de 14.1, mientras que para el estado de Chihuahua se eleva a 24.7. En los municipios serranos de Guadalupe y Calvo y Guachochi, la tasa aumenta exponencialmente: en el primero a 150.6 y en el segundo a 106.6.

Hay 9 municipios cuyas tasas registraron un aumento con respecto al 2015. Las poblaciones más afectadas fueron Balleza, Urique, Bocoyna.

El 58% de los homicidios dolosos se concentra en los municipios de Juárez (30) y de Chihuahua (15). El 71% en 5 municipios: Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Guachochi.

Inclusive, siguiendo el informe del observatorio ciudadano, la región sur comprende los municipios con mayor incidencia en delitos dolosos: Balleza, Bocoyna, Carichi, Cusuhuirichi, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, Matachi, Nonoava, Rosario, San Francisco de Borja, Temósachi, Batopilas, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo.

Un caso que llama la atención es el de la Comunidad denominada Coloradas de la Virgen, asentada en el Municipio de Guadalupe y Calvo. La Fiscalía General del estado informó que del 1 de enero del 2000 al 31 de agosto del 2012 los homicidios dolosos en el municipio de Guadalupe y Calvo fueron 955. En su mayoría los homicidios fueron cometidos con armas de fuego en donde hubo enfrentamientos, ejecuciones con tiro de gracia, acribillados con más de 50 balazos, degollados o decapitados, asfixiados y algunos fueron muertos a cuchilladas. En la mayoría de los casos las víctimas fueron detenidas y asesinadas en los caminos, sacados de sus casas, del velorio o de alguna fiesta de graduación. Los homicidas actuaron en grupo encapuchados, uniformados e inclusive equipados con chalecos antibalas. Aunque la autoridad tiene conocimiento de los homicidios, en la mayoría de estos casos las investigaciones judiciales no han arrojado resultados.

En la actualidad, dicho municipio es uno de los más violentos del país, cuenta con una población de 53,499 habitantes que representa el 1.57% de la población total del estado, solo en el 2011 se presentaron 345 defunciones. En el 2013, el municipio de Guadalupe y Calvo concentró mayor tasa de homicidios dolosos que las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez.

En ese contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Alianza Sierra Madre, A. C. (ASMAC) acompaña y brinda asesoría jurídica a las comunidades rarámuri de Coloradas de la Virgen y Choréachi (Pino Gordo) con acciones encaminadas al reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, se brinda acompañamiento y asesoría jurídica para la defensa de su territorio y acceso preferente a los recursos naturales de las dos comunidades ubicadas en municipio antes mencionado. Desde hace más de 30 años estas comunidades han promovido diversas acciones administrativas y legales ante las instituciones agrarias y ambientales, así como en tribunales en la ciudad de Chihuahua.

Las acciones promovidas han tocado a quienes se sienten lastimados en su interés como en el caso lo son, en Coloradas de la Virgen, el ejido Coloradas, representado por Artemio Fontes y su familia. Los antes mencionados, siempre han intentado dirimir las controversias legales con actos de intimidaciónhacia los dirigentes comunitarios, así como al personal de ASMAC, especialmente al equipo jurídico.

Cabe mencionar, que el último proceso agrario iniciado en contra del ejido Coloradas data de 2007. Durante el desahogo de diversas audiencias en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 (TUA 5), compareció la contraparte de los indígenas, los representantes legales y líderes del ejido Coloradas,Artemio Fontes Lugo, el Lic. Arcadio Fontes Martínez y Elías Fontes Martínez.

Con motivo de una de las audiencias, el día 2 de junio de 2011, Artemio Fontes Medina se dedicó a tomar fotografías de los indígenas de Coloradas de la Virgeny de los defensores de derechos humanos que los acompañaban. Al concluir la audiencia, dentro de las instalaciones del Tribunal y posteriormente sobre la banqueta, Isela González Díaz, directora de ASMAC fue objeto de agresión verbal y amenaza de muerte por parte de Elías Fontes Martínez, lo cual se hizo del conocimiento de la Fiscalía Zona Centro, mediante escrito que fue recibido el mismo día y que fue registrado bajo carpeta de investigación 7907-8003/11.

Las intimidaciones y amenazas se agudizaron a partir de que se acercaba la fecha en que el TUA 5 resolvería la controversia legal que se tramita en el expediente número 374/2009, en el cual funge como representante común de los indígenas, la señora Adelina Fontes Medina.

En el mes de Agosto de 2013, al esposo de Adelina Fontes Medina, representante común de los demandantes en el juicio en el que se pide la cancelación del permiso de aprovechamiento forestal, otorgado por SEMARNAT al Ejido, fue advertido por una persona de Baborigame, de que los trabajadores de los Fontes: “si Isela sigue apoyando a los indígenas, le vamos a mandar a los sicarios. También vamos a acabar con las brujas”. Consideramos lo último es una clara alusión al ejercicio de Adelina como médica tradicional. En medio del clima de inseguridad y violencia que priva en el municipio de Guadalupe y Calvo y en otras partes de la Sierra Tarahumara, esos comentarios no se pueden omitir.

Está claro que la situación de violencia, hostigamiento y amenazas que privan en la comunidad de Coloradas de la Virgen y de manera particular a las autoridades tradicionales, líderes indígenas y el personal de Alianza Sierra Madre, están íntimamente relacionadas con la controversia agraria que actualmente se encuentran en trámite ante el TUA 5 en la ciudad de Chihuahua, lo que obligó a tomar acciones para salvaguardar la integridad personal de los antes mencionados.

La situación que se vive en Chihuahua es conocida tanto por autoridades como por diversas instancias internacionales de protección de derechos humanos. En tal sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Mx) ha señalado que “Los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores en los dos informes temáticos publicados por la Oficina del ACNUDH en México.”

La continua exigencia y resistencia por las y los defensores de derechos humanos ha conllevado importantes riesgos. En este sentido, de 2009 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil han documentado 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas.

Ello se suma a las amenazas, desapariciones, allanamiento de oficinas, amenazas veladas y/o explícitas, robo de información, agresión, daños y allanamiento a las instalaciones y agresiones físicas que han sufrido otros más. Varias familias completas relacionadas con defensores/as y periodistas se han visto obligadas a solicitar asilo político en otros países para salvar su vida y decenas de defensores y defensoras se encuentran desplazadas de sus comunidades por el riesgo en que se encuentran.

Debido a lo anterior, en Chihuahua existen más de 80 personas defensoras y colectivos con medidas de protección nacionales o internacionales en virtud a su situación de riesgo.

Ello hace de esa entidad federativa la de mayor número de medidas de protección internacional dictadas para personas defensoras de derechos humanos, como se detalla a continuación. De 2008 a la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un total de 47 medidas cautelares, de las cuales 20 se refieren a personas defensoras de derechos humanos y de éstas el 30% corresponde a Chihuahua.

Lo anterior, sin contar las diversas personas y colectivos que se encuentran incorporadas en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De igual manera, junto con Guerrero, Chihuahua es el estado con más medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana para personas defensoras de derechos humanos en riesgo.

Adicionalmente, en los últimos meses se han registrado serios incidentes que han puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las personas bajo protección especial, como lo demuestra el hecho que varias personas beneficiarias de medidas cautelares se han desplazado forzadamente a otras comunidades por estar en peligro su vida, caso de Ángela Ayala Ramos y la familia Sánchez. También se ha registrado el asesinato de Víctor Carrillo Carrillo, hijo de Julián Carrillo Martínez, quien es beneficiario del Mecanismo de Protección, perpetrado el pasado 5 de febrero de los actuales.

Finalmente, las agresiones también se están dando a partir de las campañas de desprestigio orquestadas por funcionarios/as o por la tolerancia de las autoridades correspondientes. Sobre este particular, vale recordar que, ante la falta de reacción por parte de las autoridades estatales, las personas defensoras de derechos humanos han tenido que acudir a instancias nacionales e internacionales de protección a derechos humanos, lo cual también motivó que concurrieran nuevamente ante los senadores que suscribimos la presente proposición.

Por ello, no debe perderse de vista que el artículo 1º de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas retoma la obligación del Estado mexicano en su conjunto, de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

De igual manera, el artículo 74, fracc. VII de la Ley General de Víctimas incluye como una medida de no repetición “la protección de los defensores de derechos humanos”. Todo lo anterior debe verse a la luz de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Si bien existe una obligación de proteger efectivamente a las personas beneficiarias de medidas de protección en los ámbitos nacional o internacional, consideramos que la situación en el estado no puede ser vista de manera individual o aislada sino que las medidas globales, estructurales y extraordinarias que se adopten, son las que pueden tener mayor eficacia en el contexto actual.

Más aún, dado el contexto actual, estimamos que es fundamental que se adopten medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones a la labor informativa y de defensa de derechos humanos. Pero sobre todo, se vele por la seguridad y el amplio ejercicio de los derechos ciudadanos de cada uno de los miembros de la comunidad tarahumara en Chihuahua.

El artículo 43 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas determina que “Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”; y, de manera complementaria, el artículo 70 del Reglamento de la Ley señala el objetivo de tales medidas de prevención, las cuales deberán “incentivar[…] la elaboración de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, con la finalidad de evitar potenciales agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, que realice las acciones pertinentes, a efecto que en estricto apego a derecho y bajo un enfoque de derechos humanos, atienda los problemas de seguridad y violencia en la Sierra Tarahumara y, en su caso, realice la coordinación que el caso amerite con el Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin de privilegiar el respeto a los derechos ciudadanos y la promoción de la paz en la región.

SEGUNDO.- Se exhorta a la representación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que en el breve término se dé una respuesta pronta y eficaz a la situación de inseguridad y violencia que se vive en la comunidad de Coloradas de la Virgen y realice a la mayor brevedad una nueva evaluación de riesgo e informe al Senado de la República sobre el avance y resultado de sus actuaciones.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

Sen. Sylvia Martínez Elizondo

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez

Sen. Eviel Pérez Magaña


1 Observatorio Ciudadano de Prevención Seguridad y Justicia. Año 3 Numero 40. Marzo de 2016.

2 Observatorio Ciudadano Año 3 Numero 40. Marzo de 2016

3 A través del sistema INFOMEX.Folio 073142012 del 27 de septiembre de 2012

4 Según el censo del INEGI 2010

5Las autoridades indígenas y ancianos de Coloradas de la Virgen, atribuyen a Fontes Lugo la autoría intelectual en el. fallecimiento de: Cenón Torres Palma, presidente de bienes comunales asesinado en 1966, por oponerse al permiso de aprovechamiento forestal.

José Fontes Valdez, comisario de policía, asesinado en 1977 por oponerse al aprovechamiento forestal y alos desmontes para siembra de mariguana y amapola.

Julio Baldenegro Peña, dirigente asesinado un 27 de septiembre de 1986 en su propia casa,

Juan Molina Gastelon, gobernador indígena asesinado el 11 de junio de 1989 cuando se celebraba otra junta para un reparto de [utilidades de] parte de la compañía maderera.

Lucio Carrillo Torres,comisariado de bienes comunales, asesinado un día 24 de junio de 1990, por los mismos pistoleros manejados por el Sr. Artemio Fontes lo mataron según “para que ya no existiera autoridad a favor de los pobres y todo esto ha venido pasando a todos los comuneros y ejidatarios bajo su dominio…”

Cirilo Portillo Torres,suplente del comisariado, lo mataron el 14 de marzo de 1992.

Martín Torres Molina, un mes después, el 16 de abril de 1992 “mataron a nuestro comisariado [bienes comunales] cuando se encontraba muy tranquilo en su casa”.

OACNUDH-Mx. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización 2012 y balance 2013, párr. 12.

Entre estas instancias se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las dos instancias de protección son la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Vale aclarar que no se incluyen en estos números las ampliaciones de medidas cautelares, como ha sido el caso de Edgar Ismael Solorio Solís y otros (MC 388/12), que han incluido en dos ocasiones (2012 y 2016) a más personas beneficiarias por el riesgo en el que se encuentran.

Ver las medidas provisionales sobre el asunto Alvarado Reyes y Castro Rodríguez respecto de México.