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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica


De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Con la adición de un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se busca salvaguardar los derechos de las personas que por su situación de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social en el juicio de amparo.

Por lo que propone que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizadas las condiciones de pobreza o marginación, cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

With the addition of a paragraph to Article 171 of the Law of Amparo, regulation of articles 103 and 107 of the Political Constitution of the Mexican United States, it seeks to safeguard the rights of people whose poverty or marginalization are clearly social disadvantage in the amparo.

Therefore it proposes that the court before which the direct protection should consider updated conditions of poverty or marginalization, when you realize that the complainant lives in areas that require priority attention, registering high rates of poverty, marginalization, marked shortcomings and setbacks in the exercise of the rights to development, in accordance with general guidelines and criteria for defining, identifying and measuring poverty and its results nationally and federal entities, issued by the national Assessment of Policy development Social.

Los suscritos Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, México ha suscrito una cantidad importante de tratados internacionales y aprobado diversas reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Las más representativas, las reformas de junio de 2011, en materia de amparo y las propias específicas en materia de derechos humanos.

Estas reformas son consideradas especialmente trascendentes, al pretender una nueva era en materia de derechos humanos en nuestro país, en la que la aspiración a lograr estándares internacionales constituye un gran reto nacional, ante el reconocimiento expreso como derechos humanos, de todos aquellos reconocidos por el Derecho Internacional a través de las convenciones y tratados de los que el Estado mexicano sea parte, además de los establecidos en nuestra Constitución.

Reforma muy de la mano a la materia de amparo, que trajo como consecuencia una nueva Ley de Amparo más garantista, con mayores alcances con los que el Poder Judicial habría de constituirse como un factor determinante para que los derechos humanos alcancen las exigencias deseadas y coadyuvar a suprimir las desigualdades en el país.

Así, encontramos novedades como el interés legítimo, el juicio de amparo en línea, el amparo colectivo, una suplencia de la queja más amplia en favor de grupos vulnerables o en desventaja, incluso, casos de excepción a las tecnicidades que aún conservó la materia, en los que resulta de destacar un universo muy peculiar de sujetos entre estos grupos, como es el caso aquellos que por su situación de pobreza o marginaciónse encuentren en clara desventaja social en el juicio.

Esto constituyó un significativo avance, como un reconocimiento real a la situación de desventaja a dichas personas y por ende, como objeto de ciertas prerrogativas procesales, como las siguientes:

  • Suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, de conformidad al artículo 79 de la Ley de Amparo;

  • Excepción a la indispensabilidad de presentar copia para traslado en la interposición de recursos; y

  • La excepción al requisito de preparación del juicio de amparo directo a través de la interposición de los medios de defensa ordinarios.

Sobre esta última, consistente en la exigencia legal de que el quejoso, para hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento, las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, es de destacar lo siguiente:

  • Como ya se dijo, la materia de amparo conservó un grado considerable de tecnicidad, como lo es en este caso, el “preparar” el juicio de amparo directo por lo que hace a violaciones procesales que repercuten al fallo, pero también, como avance significativo, la nueva Ley de Amparo previo la posibilidad de que esta situación pusiera en seria desventaja y apuros a personas en situación de vulnerabilidad, como lo es la pobreza y la marginación. 

  • Sin embargo, también debemos destacar, para el caso concreto del juicio de amparo directo, que éste procede contra sentencias, fallos o laudos que ponen fin al juicio, que su interposición es ante la autoridad responsable y que no existe la posibilidad de ofrecer y presentar pruebas, que por ejemplo, acrediten el extremo de excepción de la desventaja por pobreza o marginación.

  • Asimismo, que es obligación de las autoridades que conozcan de un amparo directo, el eximir de la obligación de “preparar” el juicio a personas en estas condiciones.

Ante este escenario, la interrogante inexorable sería la forma o mecanismo mediante el cual, la autoridad de amparo, podría cumplir con esta prerrogativa social, fundamental y humanitariapara con las personas en pobreza o marginación, pues recordemos que es una situación oficiosa.

La puerta que ha abierto la solución a esta disyuntiva es la sistematicidad con la que debe observarse el derecho en nuestra nación. Esto es, a través de otras normas e instancias que interpretadas de manera correlacionada han sido útiles: la Ley General de Desarrollo Social.

Esto se traduce a que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizada dicha excepción cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, y los resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos ambos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su calidad de organismo público descentralizado y, por ende, deberá analizar directamente las violaciones procesales planteadas, aun cuando no hubiesen sido preparadas dentro del juicio natural, a través de los recursos ordinarios procedentes.

Así se complementaría y haría efectiva la reforma aludida en materia de amparo. Máxime que los instrumentos empleados resultan jurídicamente, de obvio conocimiento para los órganos jurisdicciones en materia de amparo, al ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Por ello, que para lograr la eficiencia de nuestro sistema jurídico, a fin de salvaguardar el derecho de las personas en situación de desventaja por pobreza o marginación, que la Ley de Amparo contemple que estas hipótesis se actualicen en base a los  Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Esto, a través de la consideración expresa en el artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la propuesta en concreto contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCLOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE POR SU SITUACIÓN DE POBREZA O MARGINACIÓN SE ENCUENTREN EN CLARA DESVENTAJA SOCIAL EN EL JUICIO DE AMPARO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

El órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizadas las condiciones de pobreza o marginación, cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

A T E N T A M E N T E

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO                 SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS

Dado en el Salón de Sesiones, a los 3 días del mes de marzo del 2016.