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Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, a nombre de las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expiden, reforman y adicionan diversas leyes para la reglamentación integral del Sistema Nacional Anticorrupción.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Inic_PRD_Sistemna_Nacional_Anticorrupcion.pdf)

La iniciativa se compone de: dos nuevas leyes de carácter general, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; dos nuevas leyes de carácter federal: La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de crear la Secretaría del Control Interno.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que se pretende expedir tiene como objeto reglamentar el ejercicio eficaz de la prevención, detección, investigación, combate, sanción y erradicación de la corrupción mediante la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la distribución de competencias y la disposición de las bases de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

La Ley se divide en cuatro Títulos: Disposiciones Generales; Del Sistema Nacional Anticorrupción; Del Registro Nacional de los Servidores Públicos; y, De la denuncia, la queja, la protección a personas y beneficios.

La iniciativa propone expedir la Ley General de Responsabilidades Administrativas que tiene por objeto establecer los principios, bases y procedimientos, para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción, así como garantizar el eficiente ejercicio de la función pública para proteger el patrimonio de la Nación.

Se establecen reglas y herramientas para la investigación de faltas administrativas, a efecto de propiciar la adecuada coordinación de investigaciones, de entre las que destacan, la prohibición a que un órgano interno de control investigue al titular de la dependencia que integra, caso en que deberá declinar su competencia a favor de la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso dar vista a la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción; la coadyuvancia obligada de los entes públicos en la conducción de las investigaciones; la coordinación de la Secretaría en las investigaciones que involucren a órganos internos de control de dos o más dependencias; la posibilidad de declinación de competencia de los órganos Internos de Control a favor de la Auditoría Superior de la Federación; la acumulación ante el Tribunal de expedientes conexos, y la atracción de expedientes locales cuando se involucren recursos públicos federales.

Con la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se busca regular la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación; los procedimientos de verificación, fiscalización e imposición de responsabilidades resarcitorias y aquellos derivados de la prevención y el combate a la corrupción; la apertura de la participación de la sociedad en los procesos de fiscalización; la evaluación de la gestión pública en la progresividad o regresividad de los derechos de las personas o comunidades; la estabilidad de las finanzas públicas; el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización; y, las bases del Subsistema Nacional de Evaluación.

La iniciativa incluye como sujetos obligados a todos aquellos que ejerzan recursos públicos, como los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; los órganos constitucionalmente autónomos; los órganos reguladores coordinados en materia de energía; y, las empresas productivas del Estado.

Asimismo, se incluye a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que administren o ejerzan recursos públicos federales, incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; partidos políticos; entidades de interés público; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social.

De la misma manera, la iniciativa propone expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el objeto de determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Estableciendo que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá de 16 Magistrados, de los cuales, 1 será el Presidente del tribunal, 2 formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración y 13 ejercerán funciones jurisdiccionales. La Sala Superior del Tribunal actuará en Pleno o en Secciones. El Tribunal contará con tres secciones, dos de ellas estarán integradas por 5 Magistrados de Sala Superior y la Tercera se integrará por 3 Magistrados de Sala Superior.

Principalmente pretende que el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares con ellas relacionadas, sea resuelto en única instancia por la Sección Especializada de la Sala Superior, esto con el objetivo de agilizar el procedimiento sancionador y reducir los tiempos de resolución.

Con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se busca crear una Secretaría de Control Interno como órgano de la Administración Pública Federal encargado del control y auditoría de los recursos públicos, de la evaluación del desempeño en el ejercicio de la función pública, así como de la prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción y se propone sea encabezada por un Secretario nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República mediante el voto de la mayoría de los miembros presentes.

The initiative consists of: two new general laws, the General Law of the National Anticorruption System and the General Law of Administrative Responsibilities; two new federal laws character: Law Enforcement and Accountability and the Organic Law of the Federal Court of Administrative Justice, and an amendment to the Organic Law of the Federal Public Administration, in order to create the Secretariat of Internal Control.

The General Law of the National Anticorruption System is intended to issue aims to regulate the effective exercise of the prevention, detection, investigation, combat, punish and eradicate corruption through integration, organization and functioning of the National Anticorruption System, the distribution of powers and the arrangement of the bases of coordination between the authorities of all orders of competent government, as well as the supervision and control of public resources.

The Law is divided into four Titles: General Provisions; Anticorruption National System; The National Register of Public Servants; and the complaint, the complaint, the protection of persons and benefits.

The initiative proposes to issue the General Law on Administrative Responsibilities that aims to establish the principles, rules and procedures for the prevention, detection, investigation, punishment and eradication of corruption and ensure the efficient exercise of public function to protect the heritage of the nation.

Rules and tools for the investigation of administrative offenses are established, in order to facilitate the proper coordination of research, among which, the ban on an internal control body investigate the head of the agency which integrates, in which case you must decline jurisdiction in favor of the Superior Audit of the Federation, and if sight to the Special Prosecutor's Office for Combating Corruption; junction forced the public authorities in the conduct of investigations; coordination of the Secretariat in investigations involving internal control bodies of two or more units; the possibility of declining jurisdiction of the Internal Control bodies for the Superior Audit of the Federation; accumulation before the Court of related records, and attracting local records when federal public resources involved.

With the issuance of Law Control and Accountability seeks to regulate the organization and functioning of the Superior Audit of the Federation; verification procedures, inspection and enforcement of compensate responsibilities and those derived from the prevention and combating corruption; the opening of the participation of society in control processes; assessment of governance in the progressivity or regressivity of the rights of individuals or communities; the stability of public finances; the operation of the National Control System; and the bases of National Evaluation Subsystem.

The initiative included as obligors to all those who exercise public resources, as the Powers of the Union, federal public authorities and courts that are not part of the Judiciary of the Federation; constitutionally autonomous bodies; coordinated regulatory bodies in energy; and productive state enterprises.

Additional features to states, municipalities and territorial boundaries of the Mexico City that manage or exercise federal public resources, including their respective departments and para-statals and para-municipalities entities; political parties; public interest entities; constituents, agents, trustees, trustees, trustees or other similar legal figure as well as the mandates, funds or public or private trusts when they have received for any reason, federal public resources, however they are not considered para-statals by law of matter and even if they belong to the private or social sector.

Similarly, the initiative proposes to enact the Organic Law of the Federal Court of Administrative Justice in order to determine the integration, organization, powers and functioning of the Federal Court of Administrative Justice.

Establishing the Superior Court of the Federal Court of Administrative Justice shall consist of 16 judges, of whom one shall be the President of the court, 2 form part of the Governing Board and Administration and 13 exercise judicial functions. The Upper Chamber of the Tribunal shall sit in full or in sections. The Court will have three sections, two of which shall be composed of five judges of the Third Superior Court and shall comprise 3 Superior Magistrates Court.

Mainly it intended that the process of administrative responsibilities of public servants and individuals associated with them, be resolved in a single instance by the Section of the Superior Court, this in order to speed up the disciplinary procedure and reduce resolution times.

With the amendments to the Organic Law of the Federal Public Administration seeks to create a Secretariat of Internal Control as an organ of the Federal Public Administration responsible for control and auditing of public resources, performance assessment in the exercise of public function, as well as the prevention, control and deterrence of administrative offenses and acts of corruption and is proposed to be headed by a Secretariat appointed by the head of the Federal Executive Branch with the ratification of the Senate of the Republic by majority vote of the members present .