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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO REGIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


Propone apoyar a la micro, pequeña y mediana industria a través del principio de regionalización, con la participación y apoyo gubernamental con el objetivo de impulsar su crecimiento a partir de la participación directa del gobierno en materia obras públicas con un carácter local, dando prioridad a la contratación de empresas locales.

It proposes to support micro, small and medium enterprises through the principle of regionalization, with the participation and government support in order to boost their growth from the direct involvement of government in public works with a local character, prioritizing hiring local companies.

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con la siguiente:

ESPOSICIÓN DE MOTIVOS

La federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos tiene a su disposición recursos económicos para la construcción de obra pública, tal encomienda está regulada por una serie de instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para darle forma a dicha atribución.

Todos conocemos que estos ordenamientos son generados a través del proceso legislativo que invariablemente emana de nuestra Carta Magna y presentan una materia reservada como es el caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que tiene su fundamento en el artículo 134 constitucional que eleva a rango constitucional la materia de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes así como la prestación de servicios de toda naturaleza.

Entre otras disposiciones el artículo de referencia señala:

… la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El precepto también nos indica que las acciones que se realicen en la materia deberán hacerse dentro de un marco de actuación que asegure “que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

De modo que podemos notar que la contratación de obra pública es un tema que ha adquirido relevancia ya que, invariablemente, tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos lo que se traduce en una especie de efecto multiplicador que tiene impacto sobre el campo económico a la vez que repercute directa e indirectamente en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública.

Los dos ámbitos en los que se circunscribe todo lo relacionado con los procesos contratación de obra pública son el jurídico y administrativo-organizacional, que tienen por objetivo el de regular, definir y determinar el quehacer de la gestión pública en lo relacionado a la planeación e instrumentación del procedimiento de dichas contrataciones, por lo que se requieren una serie de medidas y acciones que enmarquen estos mecanismos a fin de tener elementos de prevención y corrección de circunstancias que posiblemente vulneren todo este esquema.

En la presente propuesta pretendemos dar los argumentos para que uno de estos ordenamientos se modifique a efecto de poder asegurar que este esquema se encamine a dar prioridad a contratistas mexicanos bajo el principio de regionalización y con especial énfasis en procurar el impulso al sector social de la economía. A fin de lograr que estos recursos federales tengan como primera opción de destino compañías de índole local.

En relación con lo anterior, el artículo 25 de la Constitución deposita en el Estado la responsabilidad del desarrollo nacional con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional tomando como base, entre otras, la competitividad, el fomento del crecimiento económico, una más justa distribución del ingreso y la riqueza; para que cualquier individuo, grupo o clase social tenga las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico.

El ordenamiento constitucional de mérito también señala, en sus párrafos séptimo y octavo:

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Es en este punto donde encontramos que el gobierno tiene la obligación de promover un crecimiento económico a través de principios como la regionalización y el impulso al sector social de la economía.

Por lo que creemos que estos dos principios deben integrarse al esquema normativo que enmarca la contratación de obra pública y los servicios relacionados con las mismas, para lograr que los recursos públicos otorgados a este rubro se encaminen a impulsar el desarrollo económico regional y local a través de priorizar como sus potenciales depositarios a grupos empresariales locales en concatenación de lo que dispongan los programas anuales de obra pública, es decir, que el gobierno ejerza su gasto dando mayor importancia a empresas mexicanas regionales, buscando un doble efecto, ya que también se estaría beneficiando al sector social de la economía.

Lo anterior, en virtud de que cualquier grupo económico social debidamente conformado tendrá consideraciones especiales en cualquier proceso de contratación de obras de infraestructura pública.

En virtud de lo anterior, queremos destacar que el propósito nodal de esta iniciativa es el de apuntalar al sector empresarial mexicano de la micro, pequeña y mediana industria a través del principio de regionalización, en relación con la participación y apoyo gubernamental con el objetivo de impulsar su crecimiento a partir de la participación directa del gobierno en materia obras públicas con un carácter local.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) tienen como una  de sus características la falta de oportunidades para generar desarrollo por lo que sostenemos que a través de este proyecto el Estado asumirá en una mayor proporción su responsabilidad de asegurar y fomentar la competitividad y desarrollo de las mismas incluyendo obligatoriamente el principio de regionalización para que por ningún  motivo se margine a este sector en el tema de las contrataciones.

Si bien es cierto que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas considera una serie de criterios mediante los cuales pretende dar un trato especial a estas empresas aún hace falta que estos mecanismos se consoliden y se dirijan por razón de ley al principio de regionalización a fin de que las compañías referidas sean beneficiadas en un mayor número y sobre todo respondiendo a su carácter local.

En este sentido el artículo 9 de la Ley de mérito en lo conducente señala:

Artículo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, tenemos que destacar que este tipo de empresas resultan de gran relevancia para el sector económico en México, ya que ante la ausencia de un verdadero gobierno rector de la economía, estos grupos empresariales representan un pilar de la economía, un eslabón fundamental e indispensable para el desarrollo del país tanto por generar empleos como por crear riqueza.

De manera tal, que resulta imperativo que el ejecutivo federal consolide más mecanismos para estimular las labores que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país ya que por el papel que están jugando en la economía nacional merecen una atención efectiva, ya que en los hechos no hay un verdadero interés por parte de las administraciones por cumplir de manera cabal las responsabilidades legales frente al sector mencionado.

Por lo que creemos que la inclusión del principio de regionalización abonará para que la autoridad cumpla con sus atribuciones en la materia de una manera más definida y con un objetivo específico: impulsar el desarrollo de las empresas locales y con esto se dará un mayor impulso al sector social de la economía.

Lo anterior, basados en el "Principio de no Discriminación" a las empresas que deseen participar en alguna licitación pública emitida por el gobierno mexicano; además de establecer la obligación de otorgar a todas las compañías las facilidades para su participación.

Lo anterior viene a colación en virtud, de que a nivel internacional nuestro país a suscrito tratados que se sustentan en una legislación de avanzada en materia de licitaciones públicas encaminada a abrir la participación en dichos procesos a compañías extranjeras; y dentro de su propio territorio a dejado a su suerte al sector local de la micro, pequeña y mediana industria, al no otorgarle las condiciones jurídicas indispensables para su pleno desarrollo y crecimiento al no lograr beneficiarse del todo en los procesos de contratación de obra pública y cualquier servicio relacionado con las mismas.

Ahora bien, la Ley de mérito en su artículo 30 determina el carácter de las licitaciones públicas en nuestro país, para pronta referencia citamos algunas de estas disposiciones:

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:

I.          Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente;

II.        Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, o

Logramos observar que existe un cuidado en estipular que el origen de las empresas sujetas a concurso mayoritariamente tiene que ser mexicanas. Sin embargo, esta condición no define bien el tipo de empresa, situación que ha valido para beneficiar solo a algunas compañías mexicanas, cuando la Ley deja abierta la posibilidad a cualquier empresa.

Esta es precisamente la problemática a resolver en la presente propuesta, a saber: las administraciones públicas federales se han servido de esta particularidad para favorecer a ciertas empresas y sectores.

Haciendo a un lado de prácticamente todos los procesos de licitación a las micro, pequeñas y medianas empresas de índole local dificultando su desarrollo y sin tomar en cuenta que es en sector preponderante en la economía nacional.

De modo que integrando al precepto legal la obligación de incorporar de forma prioritaria al sector empresarial de mérito con base al principio de regionalización, pretendemos dar solución a esta circunstancia.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 17, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Único.- Se adiciona una fracción al artículo 17, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para quedar como sigue:

Artículo 17. …

I. …

II. …

III. …

IV. Lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución en lo relativo a la expansión de la actividad económica del sector social y el principio de regionalización a fin de dar prioridad a la contratación de empresas locales.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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