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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Quintana Roo a informar a esta soberanía del grado de cumplimiento de la recomendación emitida por la CDH del estado el 14 de octubre de 2015. Presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez, PRD.

TURNADA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGJ DE QUINTANA ROO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA CDH DEL ESTADO EL 14 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCRITA POR LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quienes suscriben, senadores Angélica de la Peña Gómez y Luis Humberto Fernández Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La tortura ha sido reconocida por el derecho y la comunidad internacional como una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Se ha llegado a reconocer que todos los derechos humanos requieren tanto de moderación y medidas positivas por parte del estado. Por ejemplo, el derecho de protección en contra de la tortura, frecuentemente se planteaba como el clásico derecho negativo que sólo requería que el estado se abstuviera de invadir la libertad personal e integridad corporal. En la actualidad, se ha reconocido que la garantía eficaz de este derecho, como una cuestión práctica, requiere prácticamente en todos los casos, de importantes iniciativas, tales como el entrenamiento, la supervisión y el control apropiado de la policía y las fuerzas de seguridad.

Por diversas notas periodísticas y a través de la denuncia de múltiples organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, hemos conocido del terrible caso de Héctor Manuel Cacique Fernández y Maximiliano Ezequiel Millán González, quienes, desde el momento de su detención en marzo de 2013, han sido víctimas de las peores formas de tortura infligidas en su contra por diversos funcionarios públicos del gobierno del estado de Quintana Roo, con el propósito de que se declararan culpables de un delito.

La tortura de la que han sido objeto ha sido tan grave que ha dejado marcas permanentes e irreversibles, tanto físicas como emocionales, en Héctor Cacique y Maximiliano Millán. Esto ha sido certificado en diversas constancias y documentales emitidas tanto por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la aplicación de los exámenes pertinentes de conformidad con el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

Derivado de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió, con fecha 30 de septiembre de 2014, la Recomendación CDHEQROO/021/2014/VG-II, sin embargo, ante el deficiente cumplimiento de la misma por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, con fecha tres de junio de 2015, el organismo autónomo de protección de los derechos humanos de esta entidad federativa, dictó el acuerdo de reapertura del expediente a fin de profundizar las investigaciones en relación a los hechos materia de las quejas interpuestas por la tortura a que fueron sujetos Héctor y Maximiliano.

Es así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con base en el cúmulo probatorio obtenido, con fecha 14 de octubre de 2014, emitió una nueva recomendación con número CDHEQROO/017/2015/II, dirigida al procurador general de Justicia del estado de Quintana Roo con los siguientes puntos:

Primero. Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de iniciar hasta su conclusión el procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, AR20, AR21, AR22, AR23, AR24, AR25, AR26, AR27, AR28, AR29, AR30, AR31, AR32, AR33, AR34, AR35, AR36, AR37, AR38, AR39 y AR40; y por último, AR41, AR42 y AR43, por los actos y omisiones relacionados con la tortura cometida en agravio de V1 y V2 descritos en la presente recomendación, para determinar el grado de responsabilidad en que incurrieron al violentar los derechos humanos de los referidos agraviados y, consecuentemente imponerles las sanciones que legal y administrativamente les sean aplicables.

Segundo. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que como medida de rehabilitación, en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos se les proporcione a los agraviados V1 y V2, atención médica, psicológica y psiquiátrica, los medicamentos que requieran hasta su recuperación total y en el caso específico de V1, interno del Centro de Reinserción Social en Benito Juárez, Quintana Roo, en su oportunidad, se le reubique en un lugar donde se garantice su integridad personal y su vida.

Tercero. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que como medida de compensación, se repare el daño ocasionado a V1 y V2, en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Cuarto. Gire instrucciones a quien corresponda para que como medida de satisfacción, se pida una disculpa pública a los agraviados V1 y V2, en la que se establezca la verdad de lo sucedido y se restablezca la dignidad de los mismos.

Quinto. Gire instrucciones a quien corresponda para que como medida de no repetición, se otorgue un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en el que se les brinde capacitación en materia de derechos humanos en general, así como en relación a la observancia de las normas éticas que deben regir su actuación.

Sexto. Como medida de no repetición, instruya a los agentes de la policía judicial del estado, agentes del Ministerio Público del fuero común y sus oficiales secretarios que se abstengan de instigar, cometer o autorizar a un tercero o se sirvan de él, para infligir a los agraviados V1 y V2 o a cualquier persona actos de tortura, o no eviten que se cometan dichos actos sobre una persona que esté bajo su custodia.

Séptimo. Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que de manera perentoria se emita la determinación correspondiente en la averiguación previa AP3, instruida por el delito de tortura, cometido en agravio de V1 y V2 y en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, AR20, AR21, AR22, AR23, AR24, AR25, AR26, AR27, AR28, AR29, AR30, AR31, AR32, AR33, AR34, AR35, AR36, AR37, AR38 y AR39; y por último, AR41 , AR42 y AR43, tal y como ha quedado descrito en la presente recomendación.

Asimismo, de manera inmediata se inicie la averiguación previa en contra de AR6, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR22 y AR40, a efecto de investigar y sancionar su responsabilidad penal por el delito de tortura, tal y como ha quedado descrito en la presente recomendación y se emita la determinación como legalmente corresponda.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al procurador general de Justicia del estado de Quintana Roo, para que informe a esta soberanía, el grado de cumplimiento de la recomendación número CDHEQROO/017/2015/II, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en fecha 14 de octubre de 2015, especificando los puntos que han sido cumplidos y las acciones que ha realizado para tal fin, así como aquellas acciones que están pendientes por realizar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senadores:
 Angélica de la Peña Gómez,
Luis Humberto Fernández Fuentes

(rúbricas)