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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone reformar diversas disposiciones de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad para ampliar la cobertura de los principios de igualdad y de no discriminación reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hacerla extensiva al derecho público y privado.

Propone reformar diversas disposiciones de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad para ampliar la cobertura de los principios de igualdad y de no discriminación reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hacerla extensiva al derecho público y privado.

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El reto de la inclusión de las personas con discapacidad ha cobrado un significativo incremento de atención por parte de los profesionales y la sociedad en su conjunto en los últimos años. La problemática, dificultades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad han sido expuestas y analizadas públicamente y cada vez son más las personas, instituciones y asociaciones que se incorporan a la tarea de mejorar las condiciones de vida y bienestar personal de este grupo poblacional.

En primer término, debe señalarse que el análisis que se realice en materia de discapacidad debe hacerse a la luz de los principios de igualdad y de no discriminación. Lo anterior en virtud de que la regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha realizado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar una igualdad material entre las personas.

En primer lugar, debe indicarse que el texto constitucional protege a las personas con discapacidad, en virtud de que en su artículo 1º prohíbe de forma expresa toda discriminación, entre otras razones, por cuestión de discapacidades.

Es decir, la propia Constitución establece un vínculo entre el principio de no discriminación y las discapacidades como una categoría expresa de protección.

A efecto de desarrollar lo previsto en el artículo 1º constitucional, en relación a la proscripción de la discriminación en contra de personas con discapacidad, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que tiene como finalidad expresa, establecer “las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.

La anterior tendencia jurídica de proteger a las personas con discapacidad se refleja en los instrumentos internacionales de los cuales México es parte, cuyos derechos contenidos en los mismos conforman junto con los derechos previstos en la propia Constitución, un parámetro de regularidad normativa del resto de elementos jurídicos del país.

Si bien los principios de igualdad y de no discriminación se encuentran consagrados en instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 4 y 26) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2), debe señalarse que son pocos los tratados que sobre la materia de discapacidad se han emitido.

Al respecto, nuestro país forma parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. En dicho instrumento internacional, los Estados parte se comprometen a implementar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación en contra de las personas con discapacidad.

Debe resaltarse, que en tal Convención sí se define el término discapacidad (contrario a lo que sucede con nuestra Constitución y la ley general correspondiente, mismas que no realizan definición alguna del término), pues en su artículo 1º señala que la discapacidad “significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

Por otro lado, nuestro país es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que tiene como objetivo la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Esta Convención enuncia qué debe entenderse por la expresión “persona con discapacidad”, señalando en su numeral 1º, que se trata de aquellas personas con “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Como puede advertirse, al realizar una definición del término discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, señala que tales deficiencias limitan la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales, que pueden ser causadas o agravadas por el entorno económico y social, mientras que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que estas deficiencias, al interactuar con barreras contextuales, impiden la participación plena y efectiva en la sociedad.

Es decir, el instrumento internacional citado en último término, hace énfasis en que las limitaciones a una adaptación plena en el ámbito social, no surgen en razón de las diversidades funcionales per se, sino de la interacción de éstas con ciertas barreras sociales.

Lo anterior es coincidente con la doctrina que sostiene que debe superarse la visión de la discapacidad como un aspecto individual, en virtud del cual los problemas que enfrentan las personas con discapacidad atañen a su esfera personal, por lo que la Convención adopta el llamado modelo social, haciendo énfasis en la discapacidad como una construcción social que se encuentra determinada por la manera en que las personas son tratadas en un contexto. Por tanto, la Convención señala que la nota distintiva para la existencia de una discapacidad, no son las deficiencias que posee el individuo, sino las barreras que existen en una sociedad y que limitan su posibilidad de interactuar en el medio en igualdad de oportunidades.

Así, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representa en México la adopción normativa del modelo social, pues aborda el factor humano, es decir, la existencia de una persona con una diversidad funcional y, por otra parte, prevé el factor social conformado por las barreras contextuales que causan una discapacidad.

El modelo social señala que la premisa que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, por lo que las medidas que propone se encuentran dirigidas a aminorar tales barreras. Así, las limitaciones son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad son tomadas en consideración. Dicho esquema se encuentra relacionado con el pleno reconocimiento de derechos fundamentales, tales como el respeto a la dignidad con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad y la libertad personal, aspecto que incluye la toma de decisiones, teniendo como objeto la inclusión social basada en la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal en actividades económicas, políticas, sociales y culturales.

En suma, a la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. En tal virtud, la deficiencia individual es la que genera una diversidad funcional, misma que al ponerse en contacto con una barrera social produce una discapacidad.

En razón de lo anterior, se debe distinguir la igualdad formal de la material. La primera se refiere al derecho de cualquier persona a un trato igual, y por tanto, a la ausencia de medidas discriminatorias. Sin embargo, el modelo social tiene como finalidad, la búsqueda de una igualdad material, que se caracteriza por la introducción de desigualdades que parten del reconocimiento de las diversas circunstancias en que se encuentran inmersas las personas.

Es decir, si partimos de la base de que no todas las personas son iguales, y por el contrario reconocemos la diversidad de las mismas, tanto en su aspecto individual así como en el contexto en el que se desenvuelven las mismas, podemos concluir que una normativa que simplemente prohíba la discriminación, no puede propiciar una igualdad de facto, ya que las premisas de las cuales parte la misma distan mucho entre sí.

En consecuencia, primero se debe perseguir la nivelación de las oportunidades de las cuales gozan las personas para su plena inserción social, pues sólo a partir de tal escenario es que las políticas de no discriminación adquieren plena vigencia.

Este cambio de paradigma implica modificar la manera de concebir a la discapacidad, tanto por parte de las autoridades, así como por la sociedad en general, lo cual se traduce en un nuevo enfoque en las relaciones jurídicas, políticas y sociales.

En virtud de lo anterior, el modelo social y sus postulados no se agotan en un plano meramente doctrinal, sino que poseen plena fuerza vinculante al haberse adoptado en la normativa que en nuestro país es aplicable para la discapacidad, ante lo cual se trata de principios jurídicos que son vinculantes en todas las ramas del Derecho, lo cual se conoce como principio de transversalidad.

Contrario a la ausencia de criterios en nuestro país, otros tribunales sí han tenido la oportunidad de manifestarse en torno a las personas con discapacidad, de lo cual se advierte una tendencia jurisprudencial que vale la pena tenerse en consideración. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que toda persona con alguna discapacidad y que se encuentre en situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, la cual obliga a los Estados a tomar medidas positivas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier índole, necesarias para eliminar cualquier forma de discriminación y propiciar su plena integración a la sociedad.

En virtud de las consideraciones vertidas, considero necesario modificar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de ampliar el espectro de cobertura y aplicación de los principiosreferidos a la consecución de una situación óptima contextual para las personas con discapacidad.

               Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

               Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

               ARTÍCULO ÚNICO.Se reforman los artículos 2 en sus fracciones I y XIII, recorriéndose esta última y las subsecuentes en el correspondiente orden de prelación; 3 y 5 en su párrafo primero y fracciones VIII y XII, adicionándose además las fracciones XIII y XIV del mismo dispositivo; todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad universal. Las medidas pertinentes para asegurar la participaciónde las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, en todos los ámbitos y servicios de su entorno social;

II. a XII. …

XIII. Eficacia horizontal. Se refiere a la exigencia de los principios  contenidos en esta Ley tanto a las autoridades, así como a los particulares.

IV. a XXIX. ...

Artículo 3. Los derechos y libertades de las personas con discapacidad se encuentran protegidos por los principios de igualdad y de no discriminación reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte y su aplicación se hará extensiva al derecho público y privado.

Artículo 5.Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los siguientes principios:

               I. a VII. …

               VIII. La accesibilidad universal;

               IX. y X. …

               XI. La transversalidad;

               XII. El diseño universal;

               XIII. La eficacia horizontal y

               XIV. Los demás derivados de la presente Ley.

TRANSITORIO

               ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE

México D.F., a 09 de diciembre de 2015.

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA

SENADOR DE LA REPÚBLICA

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