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Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Propone otorgar a la Secretaría de Gobernación la facultad de presidir, en casos excepcionales, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Señala que la coordinación de dicho Sistema recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de esta Secretaría.

Proposes to grant the Secretariat of the Interior the power to preside in exceptional cases, the National System of Comprehensive Protection of the Rights of Children and Adolescents. Her points out that coordination of the system must be one administrative agency of the Secretariat.

Quien suscribe la Senadora Martha Elena García Gómez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas orientadas para las niñas, los niños y las  personas adolescentes.

Con la reciente reforma en materia de derechos humanos se requieren de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto es imperante que en la aplicación de un enfoque de derechos para la niñez y la adolescencia se observe en todo momento el Interés Superior de la Niñez, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año.

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Asimismo se contemplan requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia a través de protocolos de actuación; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas.

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante “LGDNNA”, en su artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados .

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las atribuciones de este Sistema Nacional de Protección se encuentran en el artículo 125 de la LGDNNA, y a continuación se enuncian:

I.   Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

II.      Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III.    Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos;

IV.     Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

V.      Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo;

VI.     Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VII.   Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional;

VIII.  Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

IX.     Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;

X.      Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XI.     Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

XII.   Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;

XIII.  Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;

XIV.  Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XV.    Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI.   Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XVII.  Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y

XVIII Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.

Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema, el cual será presidido por el Presidente de la República. La presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley.

Para efectos del nombramiento de los representantes de la sociedad civil, el reglamento de la Ley publicado el pasado dos de diciembre, prevé los términos para la emisión de una convocatoria pública que contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos.

En lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y adolescentes en el Sistema, participarán sólo con voz y serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, se podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la materia.

También dentro de la integración del Sistema serán invitados permanentes a las sesiones, los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, así como representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz pero sin voto.

El Sistema se reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá de quórum de la mayoría de sus integrantes y la asistencia de su Presidente, el cual tendrá voto de calidad.

El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el Secretario de Gobernación, de conformidad con la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Así mismo, la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del Sistema podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley.

El Titular de esta Secretaría será nombrado y removido por el Presidente del Sistema, y deberá cumplir con los requisitos del artículo 131 de la LGDNNA.

Al respecto, es importante señalar que en el régimen transitorio de la Ley General en específico en su artículo segundo establece que el Congreso de la Unión realizará las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

En ese sentido, es que diversas legisladoras y legisladores hemos presentado reformas a diversos ordenamientos con el objetivo de iniciar con la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es así que es de suma importancia que se visualice la figura de la Secretaría Ejecutiva, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que en la estructura orgánica de esta Secretaría recaerá la función de la coordinación del Sistema de Protección Integral.

Por otro lado, es oportuno que se señale que en los casos excepcionales será el Secretario de Gobernación el que supla al Presidente de la República como Presidente del Sistema, tal y como lo menciona la Ley General.

Es imperante continuar con el proceso de armonización a la brevedad, por lo que exhorto a este Senado de la República a considerar esta reforma legislativa.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, no podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez y la adolescencia mexicana.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

Primero.- Se reforma y adiciona la fracción XLII, la actual fracción XLII pasa a ser la fracción XLIII, y la subsecuente pasa a ser la fracción XLV, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I…. a XLI….

XLII. Presidir en casos excepcionales el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La coordinación de dicho Sistema recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de esta Secretaría.

XLIII. Fijar el calendario oficial; y

XLIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.

Rúbrica

Senadora Martha Elena García Gómez

Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.-  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.