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Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los poderes públicos de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para la adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

CONCLUIDO POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (05-10-2016)


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.

El  que suscribe,MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las reformas constitucionales más importantes de los últimos años ha sido, sin duda alguna, la realizada en el año de 2008 para transitar de un modelo de justicia inquisitiva, a un Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA),con el cual se pretende la aplicación irrestricta de la ley y terminar con la impunidad en México.

Con este nuevo sistema se busca que, ante la comisión de un delito, no sólo se logre la aprehensión del presunto responsable, sino que se le garantice también el debido proceso; asegurando los derechos de las víctimas y la reparación del daño, todo lo cual habrá de abonar al fortalecimiento y la plena vigencia del Estado de Derecho.

La instrumentación de esta reforma implica el establecimiento de un nuevo paradigma en la procuración y administración de justicia, para lo cual tuvieron que reformarse y/o adicionarse diez artículos constitucionales, siete de ellos -del 16 al 22-estrictamente en materia penal, el 73, el 115 y el 123, habiendo quedado en el centro de dichas adecuaciones, el artículo 20 de nuestra Carta Magna.

Es precisamente en las disposiciones de ese artículo en donde se define que hacia adelante y,a la plena implementación de la reforma, el sistema de justicia penal será de tipo acusatorio y oral; el que perfila los principios procesales y los derechos de los afectados y de los imputados de algún delito;y otros principios consustanciales a todo proceso penal como los de presunción de inocencia, los de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración; disposiciones en las que se precisan nuevas garantías judiciales para las víctimas relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y sus datos personales,así como la posibilidad de impugnación de las acciones del Ministerio Público.

Es una reforma de alcance nacional que, al haber tenido tras de sí innumerables consultas con la academia, con representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, con estudiosos, expertos y especialistas en Derecho Constitucional, y por haber sido ampliamente avalada no únicamente por el Congreso de la Unión, sino también por las legislaturas locales, compromete por igual en su cumplimiento a los más diversos actores que en la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, son parte de los procesos penales: los ministros, jueces, magistrados, ministerios públicos, abogados, defensores,policías y agentes de seguridad.

Una reforma que, como se ha señalado, es benéfica también para “… la sociedad en general, necesitada desde hacía ya varios años, de una impartición de justicia cimentada en una normatividad, cuya aplicación traiga como consecuencia hacer cada vez más estrechos los espacios a la impunidad, arbitrariedad, y abandono a las víctimas…” [*]

Dada la envergadura, implicaciones y alcance de esas reformas, y a la luz de los vicios e inercias con los que venían operando la procuración e impartición de justicia, el ConstituyentePermanente consideró de manera propia y acertadafijar un plazo razonable de ocho años, contados a partir del 18 de junio de 2008, para que los poderes públicos de la Federación, el Distrito Federal y los estados de la República, diseñaran e implementaran una serie de normativas, legislación secundaria, mecanismos administrativos e instalaciones materiales para el arribo exitoso a nivel nacional, de los juicios orales que son parte sustancial de esas reformas, tal y como se plasmó en los artículos transitorios segundo y tercero del decreto de aprobación.

A escasos seis meses de que se venza ese límite de tiempo para que el NSJPA quede debidamente implementado, o al menos con los elementos mínimos indispensables que le permitan avanzar en su consolidación plena en el mediano plazo, y sin desconocer los avances que ya se registran tanto por lo que toca a la Federación como al Distrito Federal y en algunas de las entidades federativas, resulta necesario apuntar por otro lado que, en todo caso, aquéllos resultan todavía insuficientes para garantizar que el nuevo sistema inicie su operación sin tropiezos ni contratiempos; y que persiste una alta disparidad en los progresos y etapas en que se encuentra cada actor responsable de su futuro funcionamiento.

Es importante destacar que, de lado de la Federación se han cumplido ya con encomiendas importantes que le fueron mandatadas para instrumentarse por la reforma constitucional en comento.

Destacan desde luego y en primerísimo lugar por el lado del Poder Legislativo, las modificaciones al marco constitucional en materia de derechos humanos, a raíz de la adecuación constitucional de junio de 2011, que entrañan una nueva visión de los mismos, en armonía y alineación con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, e inherentes per se a las personas, así como la obligatoriedad del Estado, de garantizarlos. Ello tomando en cuenta que la perspectiva de los derechos humanos es uno de los signos característicos de del nuevo sistema de justicia.
Y no menos importante resulta también la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, ya en plena vigencia en la mayor parte de sus contenidos.

El Poder Judicial Federal, por su parte, muestra avances significativos en muchos rubros. Por mencionar solo uno de ellos y sin duda de gran importancia, la cruzada que ha prohijado a nivel nacional, para capacitar y formar recursos humanos avezados en los contenidos y nuevos procedimientos implicados en el NSJPA, sus principios y juicos orales que deberán ser en perspectiva, rutina y cotidianeidad para la procuración y administración de justicia.

El Poder Ejecutivo Federal a su vez, ha gestionado los recursos financieros para facilitar la implantación del nuevo sistema en el ámbito de las entidades federativas; auspiciando por igual labores de capacitación; o coordinando y dando seguimiento a nivel nacional, a los logros y avances para la implantación del sistema en su conjunto, a través de Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal creado ex profeso para ello, dentro del ámbito de la Secretaría de Gobernación, y dando así cumplimiento a lo establecido por el Artículo Noveno Transitorio del decreto de la reforma en materia de justicia.

Desafortunadamente en el ámbito local, las adecuaciones normativas, administrativas y materiales -la infraestructura adecuada por ejemplo, para la realización de los juicios orales- no han corrido al parejo de los cambios observados a nivel federal.

Bajo este tenor, resulta muy preocupante frente al perentorio vencimiento del plazo que constitucionalmente se había otorgado para ello que sean, de acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal [*], solo seis entidades las que han adecuado su instrumental jurídico y administrativo para operar el nuevo sistema, las cuales de hecho ya operan
bajo su marco; que haya estados como el de Sonora en el que no se reporta ningún avance; y que la mayoría de entidades federativas registren solo resultados parciales.

Lo anterior obliga a acelerar el paso para cumplir en tiempo y forma con el compromiso constitucional adquirido, de disponer de los instrumentos y mecanismos necesarios para la implantación del sistema de justicia penal en todo el país.

De ahí la pertinencia de lo expresado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco del Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2015 en el que, al tiempo que ofreció garantías en el sentido de que Estado Mexicano atenderá la demanda ciudadana para una impartición de justicia pronta y expedita,conminóa los titulares de los tribunales de justicia, procuradores, jueces y magistrados ahí reunidos, a redoblar esfuerzos para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio llegue puntual a su aplicación en todo el país en junio de 2016 [*].

Los senadores que formamos parte de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, preocupados y conscientes de los problemas que pudiesen provocar los rezagos para la instauración de las condiciones mínimas para que opere el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, deseamos sumarnos a ese exhorto del Titular del Ejecutivo Federal para que en las entidades federativas se realice lo conducente para evitar que ello ocurra.

A nuestros compañeros senadores de otras fuerzas políticas les solicitamos su aprobación y apoyo a este punto de acuerdo para que, unidos, conminemos a las autoridades de las entidades federativas,a agilizar los procesos y toma de decisiones que permitan la efectiva implementación del nuevo modelo de justicia penal que habrá de ser,sin duda, en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto.

De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, me permito someter a la consideración de esta Alta Soberanía, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único.El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente a los Poderes Públicos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para la adecuada implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1° de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Miguel Romo Medina


[*]EL JUICIO DE AMPARO Y EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EDUARDO FERRER MAC-GREGOR *RUBÉN SÁNCHEZ GIL.
http://setecc.egobierno.gob.mx/files/2013/03/El-juicio-de-amparo-y-el-sistema-procesal-penal-acusatorio.pdf

[*]Sólo en seis estados, con 100% de avance en el nuevo SPA. EL ECONOMISTA
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/solo-seis-estados-100-avance-nuevo-spa

[*]Peña: el reto es la justicia cotidiana; llama a atacar la impunidad. El Presidente exhorta al Poder Judicial y a procuradores a preparar en tiempo y forma el nuevo sistema penal.
En:http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/27/1059770