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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las fracciones I y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo 19, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone como objetivo de la política nacional sobre personas adultas mayores el propiciar un trabajo decente o bien actividades productivas de calidad.

It proposes as an objective of national policy on older persons the favor decent work or productive activities quality.

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de los distintos esfuerzos que se han alcanzado para el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, el derecho al trabajo depende de múltiples factores que interaccionan entre sí, tales como los termómetros económicos, los parámetros educativos de competencia e incluso las condiciones sociales de cada grupo de habitantes.

Por ende, facilitar a los trabajadores el que puedan ejercitar sus derechos laborales es una situación que requiere la generación de condiciones idóneas tanto en materia legislativa, como presupuestal e institucional, y la implementación de medidas que no solo permitan el acceso al trabajo, sino a uno de calidad, con las prestaciones correspondientes, en donde las labores se realicen con apego a las normas de seguridad, protegiendo la integridad física y mental del trabajador, entre otras características que debe tener la realización de cualquier trabajo decente, como lo estipula la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El concepto de trabajo decente, contempla que todo trabajo debe estipularse en un contrato, con una remuneración justa por las actividades realizadas y con el derecho a recibir prestaciones sociales básicas, entre otras disposiciones, con la finalidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores en ambientes seguros, cuenten con un crecimiento y capacitación, puedan superarse profesionalmente e incluso mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Este concepto forma parte dela Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y los Estados miembros han aceptado el compromiso de conseguir las metas planteadas.

En este sentido, pareciera ser que este reto es aún más grande para las economías que están en desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT, en su Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2014, la principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo la remuneración que se recibe directamente de un empleo y donde gran parte de estos empleos se generan en el sector informal, mismo que opera fuera del marco normativo pero genera gran parte del flujo de capital en estos países.

En el caso de México, la situación no es tan diferente, en los últimos años no se han podido crear los puestos de trabajo suficientes, en cuanto a calidad y cantidad, manteniendo grandes tasas de ocupación en el sector informal, rotativo, sin especialización, capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones adecuadas de trabajo, dando como resultado, una problemática que lleva mucho tiempo sin encontrar solución y que solo se ha ido agravando por la falta de atención por parte de las autoridades en la materia.

En este contexto, las políticas en nuestro país deben facilitar que el campo laboral transite cada día más a la formalidad, fomentando la inversión, el crecimiento y la generación de empleos suficientes y de calidad.

Uno de los sectores más se ven afectados en esta temática, es el conformado por las personas adultas, ya que se encuentran en una situación en la que su edad es determinante para que las empresas les nieguen injustificadamente los puestos de trabajo o los acepten sin cualquier tipo de prestación adicional, con plazas temporales, sin contrato, en áreas de poca jerarquía y con un pago inferior, sin que este sea suficiente para solventar sus gastos más elementales, además, hay que considerar que muchos de ellos cuentan con alguna enfermedad que genera costos médicos adicionales que muchas veces deben cubrir solos y en otras circunstancias, carecen de pensiones o seguridad social. Esta serie de factores solo da lugar a que sus derechos se violenten de forma reiterada y que no puedan gozar de una vejez digna.

Esto se transforma en un factor de vulnerabilidad para la seguridad económica de este grupo, donde sus ingresos se reducen y aumenta la probabilidad de pobreza en sus hogares. Es por esta situación, que muchos de los adultos mayores se ven en la necesidad de aceptar trabajos bajo condiciones que atentan contra el pleno ejercicio de sus derechos personales, laborales, sociales, económicos, etc.

En nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de adultos mayores, lo que representa al 9.7% de la población total, de acuerdo con cifras proporcionadas por el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de participación económica del 33%, mismo que disminuye conforme se incrementa su edad, llegando a 10.6% en aquellos que se encuentran en una vejez avanzada, ahora, de estos porcentajes, se desprende que la mitad trabaja por cuenta propia o en trabajos temporales y un 4.9% realiza actividades sin pago, lo que se considera por diversas organizaciones internacionales como “trabajo vulnerable” al no contar con lo establecido por la ley para cualquier empleo formal, siendo alarmante que aproximadamente la mitad de ellos no reciba prestaciones y en muchas ocasiones gane menos de 1 salario mínimo.

Continuando en esta dirección, la realidad es aún más cruda cuando los datos revelados por la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) de 2013 nos indican que solo una cuarta parte de los adultos mayores cuentan con una pensión, misma que en ocasiones resulta insuficiente para cubrir sus gastos, lo que obliga a un gran número de personas a verse en la necesidad de trabajar tan solo para “sobrevivir”, convirtiendo así, a muchos trabajadores que vivían en situaciones más favorables en su juventud y vida adulta, en personas carentes de empleo o con trabajos que los mantienen en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

Incluso, el panorama actual, nos permite encontrar a muchos trabajando en puestos relegados de sus cargos o realizando actividades básicas a pesar de que se encuentren capacitados para poder hacer tareas más complejas y en muchas ocasiones, aunque se les “acepte” a prestar sus servicios dentro de alguna empresa, no se les entregan prestaciones y se les exige contar con algún tipo de seguridad social, lo que pudiera parecer irónico cuando notamos que el porcentaje de personas que es derechohabiente es reducido, negando así, la obtención del puesto a un gran número de adultos mayores, que sin más opciones tienen que recurrir a fuentes informales de trabajo.

Esta compleja situación requiere atención inmediata, considerando además que múltiples proyecciones revelan que la demografía del país se está transformando gradualmente, pasando de presentar altas tasas de población joven a un incremento en la población que pertenecerá a este grupo que está siendo sometido a condiciones de vulnerabilidad.

Es por estas razones que el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan la problemática y velar porque sus derechos humanos sean respetados, aún en el complejo escenario, merecen gozar de todos sus derechos si deciden prolongar su vida laboral.

Cuadro de cambios propuestos


LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

PROPUESTA DE REFORMAS

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. al IV. …

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral

VI. al IX. …

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. al XIV. …

XV. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a la planta productiva del país, y en su caso a su desarrollo profesional;

XVI. al XX. …

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. y III. …

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

V. al VII. …

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. al IV. …

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo decenteo de otras opcionesde calidad que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos e instrumentos internacionalesde carácter laboral;

VI. al IX. …

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. al XIV. …

XV. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a un trabajo decenteo bien a actividades productivas de calidad, y en su caso a su desarrollo profesional;

XVI. al XX. …

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover el trabajo decente,así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. y III. …

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales de calidad que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

V. al VII. …

VIII. Promover y estimularel mejoramiento de fuentes de empleo para adultos mayores hacia estándares de calidad apegados a los principios y normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajosobre trabajo decente, definiendo la aplicación de estímulos fiscales para tal efecto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las fracciones I y IV del artículo 19 y se ADICIONA la fracción VIII al mismo, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. al IV. …

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo decente o de otras opciones de calidad que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos e instrumentos internacionales de carácter laboral;

VI. al IX. …

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. al XIV. …

XV. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a un trabajo decente o bien a actividades productivas de calidad, y en su caso a su desarrollo profesional;

XVI. al XX. …

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover el trabajo decente, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. y III. …

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales de calidad que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

V. al VII. …

VIII. Promover y estimular el mejoramiento de fuentes de empleo para adultos mayores hacia estándares de calidad apegados a los principios y normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente, definiendo la aplicación de estímulos fiscales para tal efecto.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de Noviembre de 2015.

SUSCRIBE

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS