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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Propone establecer vínculos de carácter jurídico que obliguen a las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social, de los tres órdenes de gobierno, a cumplir con los preceptos y lineamientos contenidos en la Ley General de Desarrollo Social, para ello adiciona un segundo párrafo al artículo 17 a dicha ley, en el que se establece que se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de emitir oportunamente las reglas de operación de los programas sociales.

Proposes establishing links Legal requiring the agencies responsible for exercising social development spending, at all three levels of government, to meet the precepts and guidelines contained in the General Law of Social Development, for it added a second paragraph to Article 17 of the Law, which states that administratively sanction public servants in terms of the legislation on administrative liability for officials who fail to comply with the obligation to promptly issue the rules of operation of social programs .

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La opacidad en el manejo de los programas sociales es un problema que repercute de manera grave y directa en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, consagrados en la Carta Magna del país.

Es a partir de la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos,  de la nula existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que se consolidan las condiciones necesarias para que impere la corrupción y el uso político o partidista en la aplicación de los programas sociales.

Los derechos sociales son derechos plenamente exigibles y conllevan obligaciones específicas para los estados, entre ellas la protección del contenido mínimo de cada uno de ellos. El Constitucionalismo Social, del cual México es referente mundial, a partir de la Constitución de 1917, claramente establece que los derechos sociales de los mexicanos no responden a  visiones programáticas o plataformas políticas; esto es, no pueden estar sujetos al arbitrio de la administración en turno, ni ser objeto de cálculo político alguno. Los derechos sociales son, ante todo, y así lo avala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos de carácter normativo.

De igual modo, México ha suscrito diverso instrumentos internacionales sobre la materia, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el más significativo. En su Observación General No. 3 (14/12/90), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que los derechos económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones de acción y de resultado, concluyendo que si bien los derechos civiles y políticos están previstos en otro tratado internacional, las obligaciones a las que están sujetos los estados son muy similares.

Lo anterior significa que los derechos sociales también desencadenan obligaciones con efectos inmediatos, como garantizar los derechos sin ningún tipo de discriminación y adoptar las medidas necesarias (legislativas, administrativas, etc.) para satisfacer el contenido normativo de tal derecho.

Con la finalidad de garantizar estos derechos, el Estado Mexicano, a lo largo de varias décadas, ha ido adecuando su diseño institucional con la clara finalidad de establecer las dependencias y programas que de mejor manera contribuyan a garantizar el tutelaje de los mismos.

De esta manera, tenemos que el 29 de diciembre de 1976, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se presentaron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por medio de las cuales se creaba la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), contando, como principales atribuciones, con las siguientes:

a) Desarrollo urbano y asentamientos humanos.

b) Problema ecológico de la vivienda.

Seis años después, en diciembre de 1982, se creaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), cuya atribución primordial era la de: "atender de manera integral los problemas de vivienda, desarrollo urbano y ecología".

Diez años más tarde, en mayo de 1992, se publican las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fusionan a la Sedue y a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) –que manejaba el Programa nacional de Solidaridad (Pronasol)-, para crear la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

El objetivo primordial de esta nueva Secretaría era el combate a la pobreza extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas urbano-marginadas. Esta  dependencia basó su estrategia de combate a la pobreza, en un principio, en el programa de Solidaridad, buscando establecer una nueva relación entre Estado y sociedad. Entre sus principales atribuciones aún se encuentran:

a) La descentralización de algunas decisiones importantes y recursos a estados y municipios (federalización).

b) La creación de espacios comunitarios útiles para el combate a la pobreza.

Todo esto sirve para ilustrar como, a pesar de que ha existido una evolución del diseño institucional en materia de desarrollo social, culminando con el actual enfoque  programático, no es sino hasta el 20 de enero de 2004, a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, que se institucionaliza un criterio guía insoslayable.

La Ley General de Desarrollo Social estipula, en la fracción II del Artículo 1, como objeto de la misma, lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. …

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer  las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;

De esta manera, con la publicación de esta Ley, se asegura la existencia de un marco normativo que cumpla con diversos tratados internacionales, así como con la ineludible responsabilidad del Estado en este rubro.

Sin embargo, y en esto radica el espíritu de esta iniciativa, a pesar de que se ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en el establecimiento de  un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal, aún vemos como el flujo de los recursos se ve obstaculizado por diversas carencias normativas, impidiendo que el esfuerzo presupuestal del Estado llegue a la población meta, y sin contribuir de manera efectiva a la erradicación de la pobreza.

De acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014 se identificaron 5,904 programas de desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal, de los cuales alrededor de ochenta por ciento de los municipios del país no presentaron información sobre programas de desarrollo social.

El reporte señala que el gobierno federal invirtió en materia de gasto social programable más de 3mil  millones de pesos en la aplicación de 273 programas sociales, pero a pesar de la creación de más apoyos, no se ha logrado reducir el nivel de pobreza, que afecta a más del 40 por ciento de la población.

Las conclusiones del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2014 (INDEP), realizado por Gestión Social y Cooperación (GESOC), son aún más alarmantes. Según este estudio, en una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60, la calificación promedio general obtenida por los 119 programas considerados en el INDEP 2014 fue de 68.78.

De este total, 33 programas resultaron reprobados en su desempeño (27.7%), y sólo 15 alcanzan una calificación superior a 90.

Más grave aún, el INDEP indica que persisten graves problemas de opacidad en la forma en la que el Ejecutivo Federal informa al Congreso y a los ciudadanos sobre los niveles de desempeño de los programas sociales.

El 34.6% (63 de 182) de los programas y acciones federales de desarrollo social tienen graves problemas de opacidad y representan $41 mil 418 millones de pesos ($41,418,282,986.00), es decir 9.1% del total del presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó y el Ejecutivo ejerció para este tipo de programas durante el año fiscal 2014.

Es cierto que  la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destinada a transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, representa un avance significativo toda vez que fortalece las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización.

Sin embargo, no basta con tener información que sea comparable, que sea homogénea en los ingresos y en los gastos, si esa información no tiene consecuencias, si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la información que vamos a tener ahora.

En vista de lo anterior, resulta evidente la necesidad de contar con vínculos de carácter jurídico que obliguen a las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social, de los tres órdenes de gobierno, a cumplir con los preceptos y lineamientos contenidos en la Ley General de Desarrollo Social. De otra manera, continuaremos bajo esta lógica de acción donde miles de millones de pesos del erario, lejos de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados, son desviados con fines políticos o partidistas.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo único.- Se adiciona el artículo17 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y accionesfederales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.

Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de emitir oportunamente las reglas de operación de los programas sociales.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.