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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica



De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Elena García Gómez, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de centros de atención de asistencia social y presupuesto.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA EL PRIMER RESOLUTIVO Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL SEGUNDO DE ELLOS.


Los que suscriben ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ  Y MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrante de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÙBLICA,EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y PRESUPUESTO, al tenor de las siguientes consideraciones:

Diversas son las razones por las cuales niñas, niños y menores de 18 años de edad en México se encuentran hoy en día viviendo en albergues públicos y privados, sin embargo la situación física y jurídica de estos establecimientos es impredecible, pues operan sin normatividad uniforme, bajo una supervisión no estandarizada con recursos que no son auditables ni se conoce su procedencia, bajo la conducción de personas que no han pasado por ningún examen de idoneidad y con un registro – donde lo hay- poco confiable; por mencionar una cifra, por lo menos 25,700 niños a nivel nacional en situación de vulnerabilidad son atendidos por este tipo de estancias de acuerdo a diversos estudios.

En México a finales del 2013 se tenía registro de 25 mil 700 niños en situación de abandono, orfandad o que están separados de sus padres según datos proporcionados por el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF) 

La cifra aumentó durante el 2013, puesto que para el año anterior se tenía registro de 17 mil 522 menores de edad en esa situación los cuales se ubican en albergues públicos y privados a los largo del país, lo que se traduce en un aumento del 46.67 por ciento.

De entre los menores que se ubican en estos centros en el país, al menos 11 mil 1981 se encuentran ahí por razones de abandono o por maltrato por parte de los padres. 199 por orfandad, 99 por crimen organizado y 16 mil por ingreso voluntario o por disposición del Ministerio Público o tráfico de menores.

De la misma forma trasciende que de los más de 25 mil, 12 mil 869 son niñas y 12 mil 831 niños. Se conoce que el gobierno federal destinó 39 912 mil 500 pesos de subsidios para los 922 centro de acogida que existen en el país, 117 de ellos administración por el Estado y 805 de manera privada.

Desde hace 30 años aproximadamente, debido al número en aumento de menores desamparados, así como por falta de presupuesto e infraestructura, el gobierno federal realizó convenios con organizaciones civiles e instituciones de asistencia privada para la gestión y manutención de albergues, sin embargo no atendió  debidamente su superación y a lo largo de estos años no se tiene un control sobre sus características, no si se cumplen con los mínimos que garanticen condiciones de especialización y dignidad.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por su parte, ha planteado un panorama desalentador, puesto que ubica a más de 400 mil niños y adolescentes en México en situación de abandono, y de ellos tan solo 30 mil están ubicados en alguna institución.

Es impostergable que el Estado Mexicano y la sociedad en general optimicen la operación de este tipo de establecimientos, a través de una normatividad más rigurosa que garantice el registro obligatorio de este tipo de espacios, así como mejoras legales orientadas con normas internacionales y nacionales ya existentes.

Pese a la existencia de  la NOM-032-SSA3-2010, sobre Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad que tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los Establecimientos o Espacios de los sectores público, social y privado que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.Se debe recordar que diversas han sido las situaciones oprobiosas que han impactado a la sociedad mexicana, las cuales han demostrado el vacío jurídico en torno a las Reglas de Operación de los establecimientos públicos y privados que dotan a personas menores de edad de asistencia social.

Casos sobre irregularidades encontradas en albergues sobran. Enumeramos algunos:  En el año 2008, 15 menores de edad fueron sustraídos de la casa hogar “Casitas del Sur. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en enero de 2009 cateó y aseguró dos inmuebles del albergue, de donde 126 menores fueron rescatados.

Un mes después, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia ciudadana en la que se “narraba el tráfico de menores de edad de la casa hogar “Casitas del Sur”, así como hechos similares en el Centro de Adaptación e Integración Familiar (CAIFAC), en Monterrey, y en la casa hogar “La Casita”, en Cancún”.

El 17 de junio de 2014 las autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 jóvenes de 18 a 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en la central ciudad de Puebla, ante indicios de ser víctimas de abusos de su director.

Ese mismo año, el caso de “Mamá Rosa” evidenció mediante una orden de cateo, al ingresó del albergue, un cúmulo de numerosas y graves irregularidades que son inscritas en la falta a la ley, corroboradas por las condiciones deplorables en las que se encontraban viviendo los albergados, principalmente menores de edad.

En este último caso, la PGR ha documentado ampliamente la comisión de delitos graves en contra de personas menores de edad y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos mayores que ingresaron a este lugar siendo niños.

Los casos anteriores permiten conocer un escenario en el cual no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de establecimientos, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados los mismos y que convierte a las niñas, niños y adolescentes en víctimas de tratos crueles e inhumados y tortura.

Ante este escenario, el Estado está obligado a cumplir con lo establecido primordialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo y protegiendo los derechos de todos los mexicanos, y en este caso, de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad que hoy en día viven en algún tipo de albergue, pero que sin embargo la mayoría de los mismos se encuentran en situaciones precarias, sin un registro oficial y violando las garantías de los mismos.

A nivel internacional se ha garantizadola protección de  los derechos de la niñez, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la “Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)”  instrumento internacional para establecer que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos, y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo han firmado, incluido México  que ratificó la Convención en septiembre de 1990.

Con la CDN, las niñas, niños y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios de protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho.México asumió el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

La CDN define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

A nivel nacional, el marco jurídico de protección a este sector de la población se encuentra fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo sexto,  en el que se establece lo siguiente:

Artículo 4º… “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

A partir del 2014,  se promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano forma parte.

El principio del interés superior de la infancia abarca todas y cada una de las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Dentro del objeto de la Ley se incluye el mandato para crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de sus derechos cuando estos hayan sido vulnerados; al igual que la obligación de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia.

Sin embargo y a pesar de que en la mencionada Ley, en su artículo 109, se establece que:

Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

El Estado ha sido omiso en su obligación de proteger a la niñez frente a una problemática creciente de crimen, orfandad, maltrato y abuso, situación que se agrava porque tampoco supervisa o regula la actividad en los albergues a los que envía a miles de menores para su cuidado.

En la misma Ley en su artículo 111, se señalan las obligacionesde los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social, entre las que destacan: “Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, y remitirlo semestralmente a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa”.

Se requiere en lo inmediato que el gobierno federal actualice el único censo de menores albergados que se ha realizado en el país. En 2011, cuando se llevó a cabo ese conteo, existían cerca de 20,000 niños en más de 600 establecimientos asistenciales.

En esas instituciones se atiende a la infancia que ha sufrido maltrato, abandono, violencia familiar o abuso sexual, es decir, menores que han visto vulnerados sus derechos humanos y que, lamentablemente, en casos como el de La Gran Familia han sido revictimizados por quienes debían protegerlos.

De hecho, Naciones Unidas revela que los niños institucionalizados tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir abuso sexual en comparación con aquellos que tienen acceso a alternativas de protección basadas en la familia.

El caso que hoy nos ocupa se refiere al rescate por parte de la Fiscalía Estatal de Oaxaca de 24 niñas, niños y adolescentes que se encontraban en la casa-hogar “Hijos de la Luna”;  y la consignación de cuatro directivos de ese albergue por delitos graves que no alcanzan fianza.

Los diversos tipos de violencia que padecieron estos niñas y niños a manos de los responsables de la casa-hogar van desde abuso sexual infantil y violación equiparada agravada hasta violación física y psicoemocional, razón por la que los probables responsables alcanzarían penas de 9 a 35 años de cárcel.

En el operativo se puso a salvo a 10 niñas y 14 niños, quienes quedaron bajo el resguardo del Sistema DIF Oaxaca, en tanto se realizan valoraciones médica y psicológica, ya que varios de ellos refieren abusos por parte de María del Socorro Ramírez González, Mamá Coco; Aarón Iván Larracilla, José María Larracilla Ramírez y José Pastor Larracilla Carranza, conocido como Papá Pastor.

La situación de los albergues para niñas, niños adolescentes migrantes, es otro de los puntos más vulnerables del sistema de protección a la niñez, en ellos al igual que los centros de asistencia social, padecen de una problemática específica que a raíz del incremento de las detenciones de menores migrantes en el lapso de 2013 al 2014, desembocó en una crisis humanitaria.

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece todo un Capítulo -el Décimo Noveno- relativo a la niñez migrante, en el que contiene una serie de medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

De acuerdo con los artículos transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), el 3 de junio venció el plazo de 180 días naturales para que los congresos locales adecuaran la ley, que entró en vigor el 5 de diciembre y contiene un capítulo sobre la protección a niños migrantes.

El DIF informó el 2 de junio, un día antes de vencer el plazo, que sólo son 12 los estados que han armonizado la Ley: Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.

Pero en los estados con más afluencia de migrantes, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, no se ha  iniciado el proceso de armonización de la ley. El gobierno federal tampoco ha cumplido con la publicación del reglamento que tenía como plazo 80 días naturales desde la publicación de la Ley, que vencía el 23 de febrero. El DIF informó el 2 de junio se publicó el anteproyecto de Reglamento en una página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el cual podrá ser consultado por la sociedad civil y personas interesadas en el tema.

Estos datos nos permiten entender la magnitud del problema en la que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes mexicanos así como de otros países de Centroamérica, situación que merece una atención especial e integral por parte de las autoridades de nuestro país para poder dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Son responsabilidad y obligación del Estado Mexicano valer todas y cada una de las leyes y normas que permiten llevar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en albergues, orfanatos y en cualquier otro espacio de asistencia social.

Es tiempo de hacer algo por este sector tan vulnerable de la población en  el Estado Mexicano de ser omiso este estaría faltando a su compromiso internacional y nacional de proteger a los niños, las niñas y adolescentes.

En mérito de lo expuesto se sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. El H. Senado de la República exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su obligación para llevar a cabo el Registro Nacional de todos los Centros de Atención de Asistencia Social, tanto públicos como privados a la brevedad y diseñar los protocolos que garanticen que su funcionamiento y sus responsables estén apegados a la ley en la materia.

SEGUNDO. Se exhorta a la Cámara de Diputadosa que se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que esta pueda ser aplicada de manera eficiente en función del interés superior de la niñez.

ATENTAMENTE

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Angélica de la Peña Gómez

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Alejandro Encinas Rodríguez

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Martha Elena García Gómez