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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en relación a la petición formulada por la “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y dictaminar las dos iniciativas que contienen proyecto de decreto de creación del municipio de Juan José Ríos y proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE FEDERALISMO.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE REVISIÓN CON  NUMERO DE EXPEDIENTE 02/2015, RESUELTO POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SINALOA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO LEGISLASTIVO EN RELACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA POR “COORDINADORA CIUDADANA PRO-MUNICIPALIZACIÓN DE JUAN JOSÉ RIOS, A.C.”. Y DICTAMINAR LAS DOS INICIATIVAS QUE CONTIENEN RESPECTIVAMENTE, PROYECTO DE DECRETO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS Y PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA EN SUS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN I, Y 112, FRACCIÓN III, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS EL 28 DE ENERO DE 2014.

El que suscribe, Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1,  fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 28 de Enero de 2014, un grupo de ciudadanos organizados en la asociación civil “Coordinadora Ciudadana Pro-Municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, presentó dos iniciativas que contienen Proyecto de Decreto de Creación del Municipio de Juan José Ríos y Proyecto de Decreto que Reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III.

Dichas iniciativas, las cuales versan sobre la misma petición, en síntesis establecen lo siguiente:

“La actualización de la división política en países, estados y municipios es muy dinámica, al grado de que en las últimas tres décadas y media han surgido 35 países nuevos, uno por año.

Después de la creación de Navolato aparecieron San Cristobal y Nieves en 1983, Brunei en 1984, Ishall Marshall y los Estados Federados de Micronesia en 1986, y Namibia, Lituania y Letonia en 1990.

La propia división política en los países nunca debe darse por cerrada, incluido México. Cuando nació, nuestro país se integraba apenas por 20 estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Jalisco, Yucatan y Zacatecas

Para 1857 ya se habían erigido en estados Aguascalientes, Colima, Guerrero, Sinaloa, Tlaxcala………………..

Si en aquella época hubieran existido resistencias a la modernización de la división política como las que actualmente oponen los gobernantes de nuestro estado acerca de la creación de nuevos municipios el estado de Sinaloa aún no existiera.

En el tema de los municipios la permanente evolución es todavía mayor. De 1990 a la fecha se han creado en México alrededor de 60 nuevos municipios, involucrando a 13 estados, entre los que destaca Tlaxcala con nuevas 16 nuevas demarcaciones municipales. En cambio en Sinaloa no se crea un nuevo Municipio desde el año de 1982, cuando surgió el de Navolato.

Dicha inamovilidad contrasta con el enorme potencial geográfico, económico y político con que cuenta Sinaloa para ampliar su actual división política municipal.

En el caso particular de la región de Juan José Ríos los estudios de factibilidad ordenados por el Congreso del Estado han concluido que ésta colma los requisitos exigidos por la fracción VII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

En cuanto a la población la sola cabecera municipal reúne el mínimo constitucional de habitantes. Además, la eventual cabecera municipal del nuevo municipio ocuparía el quinto lugar entre todas las del estado.

El estudio realizado por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local(CEDEL) de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostiene que “en el ámbito del nuevo municipio, existe una población que supera a varios de los municipios ya existentes”.

Sobre su potencial económico, el estudio ha demostrado que la proyección de ingresos para el nuevo municipio lo ubicaría por encima de, por lo menos, cinco municipios del estado, por lo que su sustentabilidad está fuera de toda duda.

Dice el estudio que “el municipio de Juan José Ríos nacería con mejores condiciones económicas que municipios como Elota, El Fuerte, Escuinapa, Choix o San Ignacio”.

Además de lo anterior, el nuevo municipio reúne condiciones muy adecuadas para la instrumentación de iniciativas de reorganización económica que impulsen el desarrollo”.

Sin embargo, y a pesar de haber transcurrido en exceso el termino para que dichas iniciativas fueran dictaminadas, ello no había ocurrido, por lo que el primero de junio de 2015, el C. Jesús Jaime Fuentes Román, en su calidad de representante legal de la Asociación Civil denominada “Coordinadora Ciudadana Pro-municipalización de Juan José Ríos”, presentó un medio de impugnación en contra de la omisión del Congreso del Estado de Sinaloa de dictaminar las iniciativas que son materia del presente punto de acuerdo.

En sesión pública del 26 de agosto de 2015, y luego de haber examinado exhaustivamente el agravio planteado por el ciudadano en su demanda, el Tribunal Electoral de Sinaloa consideró que le asistía la razón al impugnante, en virtud de que la omisión del Congreso de dictaminar las iniciativas referidas contraviene lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, el cual señala que “toda iniciativa deberá ser dictaminada por la Comisión o las Comisiones respectivas, dentro de un plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente en que fueren turnadas a la Comisión o Comisiones correspondientes…”.

En consecuencia, el Pleno del Tribunal Electoral de Sinaloa resolvió, por unanimidad de votos, ordenar al Congreso del Estado que tome las medidas necesarias para que instruya a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación a efecto de que continúe el proceso legislativo con base en lo dispuesto por el artículo 43, fracción VII, incisos a, b, c y d, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y emita los dictámenes correspondientes a las iniciativas presentadas por la asociación civil denominada “Coordinadora Promunicipalización de Juan José Ríos”. Y una vez emitidos los dictámenes por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación proceda a notificarle a la “Coordinadora Promunicipalización de Juan José Ríos”, A.C., por conducto de sus representantes, y se informe a ese órgano jurisdiccional del cumplimiento de la sentencia.

Uno de los temas centrales dentro del Derecho Público, lo es sin duda el derecho de participación política de ciudadanos en el ejercicio del poder político, derecho que se materializa no solamente en la posibilidad que tiene el ciudadano o el grupo de ciudadanos debidamente organizados de elegir a sus representantes, sino también en la facultad para intervenir directamente en los procesos de toma de decisiones públicas. En ese sentido, nuestro marco constitucional y legal reconoce en el sistema político y social un Ordenamiento Jurídico que concede garantías para la participación de los ciudadanos en los procesos decisionales.

En esa tesitura, la toma de decisiones públicas locales como atributo del poder político tiene una notable influencia en la gobernabilidad de un sistema político, en tanto ésta última depende fundamentalmente de la capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales, y es a nivel local comunitario donde se originan las demandas y necesidades más inmediatas de la ciudadanía, cuya insatisfacción puede redundar en la falta de credibilidad en las instancias locales de poder, e incluso puede llegar a deslegitimar al propio sistema de democrático en su conjunto, debilitando el consenso y la gobernabilidad.

Por ello, en un sistema democrático es requisito esencial el respeto irrestricto a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones como expresión real de la soberanía popular.

En síntesis, es muy importante la participación de los ciudadanos en las diversas fases del proceso, no como simples destinarios de esas decisiones, sino como sujetos activos de las mismas, y para ello se hace necesario la existencia de vías y mecanismo institucionales y jurídicos para la participación, es decir, se necesitan instituciones, organizaciones y normas jurídicas que canalicen y garanticen legalmente el derecho de participación. La ampliación de estos mecanismos favorece el consenso, legitima el sistema político y asegura su gobernabilidad.

En su dimensión jurídica la participación política debe ser atendida como un derecho político del ciudadano que expresa o materializa, a su vez, a través de otros derechos. Como derecho político debe implicar el involucramiento activo de los ciudadanos en tres relaciones jurídico políticas fundamentales: las que se derivan del proceso de conformación de los gobiernos (elección de los representantes); las que se derivan del control de los gobernantes (control de la representación); y las que se derivan de los procesos de toma de decisiones públicas (procesos decisionales).

En el caso específico de la participación en la toma de decisiones, puede definirse como el derecho político del ciudadano a intervenir directamente en el proceso de toma de decisiones públicas como manifestación esencial del ejercicio del poder político.

Lo anterior cobra vigencia y reconocimiento en estándares internacionales pues la Convención América de Derechos Humanos, en su artículo 23, señala: “Todos los ciudadanos, deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.

De ahí la trascendencia del punto de acuerdo en cuestión, pues nos encontramos en presencia de un derecho de los ciudadanos a participar en la vida democrática del Estadode Sinaloa, así como dar el debido cumplimiento a una sentencia de un Tribunal Electoral.

RESOLUTIVO

En virtud de todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, a fin de dar cumplimiento al recurso de revisión con número de expediente 02/2015, resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en el estado de Sinaloa, para continuar con el procedimiento legislativo en relación a la petición formulada por “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y dictaminar las dos iniciativas que contienen respectivamente, proyecto de decreto de creación del municipio de Juan José Ríos y proyecto de decreto que reforma la ConstituciónPolítica del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014.

México, Distrito Federal a 03 de Noviembre de 2015

A t e n t a m e n t e

SEN. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO