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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DEL DISTRITO FEDERAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


Con la reforma se pretende facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que legisle en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Distrito Federal, atendiendo a la ley general en la materia.

The reform is intended to provide the Legislative Assembly of the Federal District to legislate on administrative responsibilities of public servants of the Federal District, based on the general law on the subject.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, BASE PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,en virtud de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S

Es un principio general del Derecho que todo aquél que cause un daño a otro debe repararlo. Esta obligación de reparar el daño, puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar, dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él, es de tal envergadura que ha dado lugar a una forma especial de responsabilidad distinta de las tradicionales, la responsabilidad administrativa.

Así, la responsabilidad administrativa surge como consecuencia del actuar ilícito de un servidor público en ejercicio de sus funciones, diferenciando esa responsabilidad de la penal y de la civil, a las que también está sujeto. Los actos u omisiones de los servidores públicos que vayan en demérito de la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones, darán lugar a responsabilidad administrativa.

En el caso del Distrito Federal, la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos es la establecida por el Congreso de la Unión mediante la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; lo anterior con fundamento en el denominado régimen de facultades expresas, bajo el cual, al no estar expresamente otorgada la facultad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en la materia en el artículo 122, Apartado C, Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Asamblea Legislativa está constitucionalmente impedida para hacerlo.

A pesar de que el Distrito Federal cuenta con mecanismos de administración, vigilancia y supervisión a través de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, la cual se encarga del sistema de control, evaluación y sanción de aquellos servidores públicos que actúan de manera irregularen ejercicio de sus funciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuenta con la facultad para legislar en la materia, lo que imposibilita que la Ciudad de México tenga una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos adecuada a las necesidades locales, a sus características específicas y tipicidades, todo ello en perjuicio del ciclo de fiscalización y de la posibilidad de una correcta y auténtica rendición de cuentas por parte de los servidores públicos del Distrito Federal.

No existe una razón jurídica, de estructura o ingeniería gubernamental, para que al Distrito Federal no le sea conferida, desde la propia Constitución, la facultad de legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; por el contrario, la ausencia de la facultad expresa en el artículo 122 de nuestra Constitución, responde, más bien, a una omisión legislativa que, en aras de una eficiente fiscalización, vigilancia, transparencia y fortalecimiento a una cultura de la rendición de cuentas, debe corregirse.

El pasado 27 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia de combate anticorrupción. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción deberá funcionar en todo el país y en todos los niveles de gobierno, por lo que las entidades federativas deberán llevar a cabo diversas reformas a su legislación local a efecto de implementar instancias especializadas de control, con la intención de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, bajo los mínimos fijados en el artículo 113 de nuestra Constitución.

Sin embargo, en cuanto al Distrito Federal, sólo se reformó el inciso C, BASE PRIMERA, fracción V, del artículo 122 constitucional a efecto de dotar a la Asamblea Legislativa de la facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, pero faltó hacer referencia expresa a la materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformael artículo 122, Apartado C, Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 122.-

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. a IV. …

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) a o) …

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea;

q) Legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Distrito Federal, atendiendo a la ley general a la que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-V de esta Constitución; y

r) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

…”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación yen la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

TERCERO.- En tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no expida la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal, deberá seguirse aplicando en el Distrito Federal,la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicaa los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

SEN. mariana Gómez del campo gurza

Cfr. Participación de la señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en la inauguración del ciclo de conferencias organizado por la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con motivo de la publicación de la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, llevada a cabo en el auditorio de dicha Secretaría en la Ciudad de México, el 21 de mayo de 2002.