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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica


De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el Estado Mexicano es parte.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EL PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO RESOLUTIVOS; A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL TERCERO DE ÉSTOS.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS NECESARIAS PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DERIVADOS DE CONVENCIONES INTERNACIONALES DE LAS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE; A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE SE APERTURE EL CAPÍTULO 1000 EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SUSTANTIVO (MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL) ASIGNADO AL PROGRAMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS; A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; Y A LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE FORMAN PARTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE DEFINAN Y PROPONGAN UNA RUTA CRÍTICA QUE PERMITA CONSTRUIR EL ANDAMIAJE LEGAL PROPUESTO POR EL GRUPO DE EXPERTOS.

Los suscritos, SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA Y SENADOR ARMANDO RÍOS PITER, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura, con fundamento con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Estado mexicano ha firmado y ratificado la gran mayoría de tratados y convenciones internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, ello compromete a todos los Poderes de la Unión y a todos los órdenes de gobierno, así como a otras entidades con autonomía constitucional con el cumplimiento de las recomendaciones, sentencias u otros mecanismos establecidos a nivel universal por estos sistemas.

La reforma constitucional en derechos humanos obliga al cumplimiento de las normas de derechos humanos contenidas en los instrumentos internacionales de los que México forme parte, incluso con mandato vinculatorio con la sola limitación establecida por la SCJN en relación con aquello que no se oponga a la norma constitucional [*], es decir el arraigo de por sí violatorio de los derechos procesales.  El segundo párrafo del artículo 1 constitucional establece con claridad:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por ello, ha sorprendido en nuestro país y en la comunidad internacional que ante la apertura del Gobierno Federal a la cooperación y supervisión internacional en materia de protección a la dignidad de la persona humana, se exprese una conducta bipolar por parte de las autoridades federales al rechazar los alcances de las recomendaciones de las instancias internacionales que son invitadas por el mismo gobierno a realizar visitas en el marco de la colaboración que señalan los mecanismos internacionales,

Organismos diversos de derechos humanos tanto de la ONU como del Sistema Interamericano, así como de instancias internacionales como Amnistía Internacional o Human Right Watch, han emitido, desde principios de 2007, diversas recomendaciones al Gobierno mexicano que cuestionan el paradigma militarizante de la seguridad pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones graves a derechos humanos, especialmente la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, mismas que han sido, en el caso de la tortura y las desapariciones considerados por estos organismos internacionales como fenómenos generalizados, lo que constituye, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad, y han exigido políticas públicas de Estado y legislación conforme estándares internacionales que permitan contar con medidas de control para que no se sigan cometiendo arbitrariedades y abusos por agentes del Estado y se desplieguen acciones de transformaciones estructurales para una efectiva lucha en contra de la impunidad sistémica y crónica que se vive en México.

La desaparición de los estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de 6 personas la noche del 26 de septiembre de 2014 es uno de los acontecimientos de violaciones a derechos humanos más terribles de la historia contemporánea, y a ella, se suman otros hechos atroces, algunos de los cuales están bajo investigación de la instancia federal de procuración de justicia por presumirse la comisión de los delitos por parte de agentes federales:

  • Tlatlaya (30 de junio 2014, Edomex) en la que perdieron la vida 22 personas, se presume la ejecución extrajudicial de al menos 8 de ellos a manos de elementos del ejército; 7 de éstos  fueron consignados por el Ministerio Público Federal, el pasado lunes 5 de octubre, 4 fueron dejados en libertad por incumplimiento del debido proceso por parte de la instancia de procuración federal de justicia, abonando a la impunidad estructural.  
  • Apatzingan (6 de enero de 2015, Michoacán) 16 personas ejecutadas, se vincula a Policía Federal con dicha ejecución 
  • Tanhuato (22 de mayo de 2015, Michoacán) 42 personas ejecutadas, se ha reportado que fueron asesinados y les dieron el tiro de gracia a 16/17 de ellos 
  • Calera (7 de julio 2015, Zacatecas) 7 personas desaparecidas por elementos del ejército, posteriormente localizadas sin vida 
  • las masacres de San Fernando I (72 migrantes asesinados, 2010), San Fernando II (193 cuerpos encontrados en 49 fosas clandestinas, 2011), ambos en Tamaulipas; Cadereyta (49 torsos encontrados en una fosa clandestina, 2012); 

Es consigna principal en las acciones por el derecho a la verdad y a la justicia la frase “Nos faltan 43”; y como ladesaparición de personas suma, según cifra oficial del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de años anteriores a 2007 al 15 de julio de 2015: 25 918 registros a nivel de fuero común y 681 en el fuero federal, se oyen voces multiplicadas de que nos faltan miles.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

En 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de Control: tortura y otros malos tratos en México [*]. En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre el periodo 2003 a 2013.

Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por tortura; estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización de la seguridad para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó expansivamente la violencia, aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el arraigo, que es en sí mismo una violación a derechos humanos tanto por ser caldo para la comisión de la tortura como por la violación a la presunción de inocencia; de 2008 a 2013, se arraigó a 8 mil quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes.

El informe señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013, a nivel federal el Poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y apenas se lograron 7 sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico psicológico conocido como Protocolo de Estambul ha impedido que se investigue con certeza científica la comisión del delito de tortura y por ello, la pertinencia de contar con servicios forenses autónomos e independientes.

COMITÉ DE DESAPARICIONES FORZADAS DE NACIONES UNIDAS

En el mes de febrero de 2015, el Gobierno Federal participó en la sustentación de su Informe ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés).  Derivado de dicha audiencia, el Comité emitió una serie de recomendaciones derivadas de un diagnóstico en el que señalan que en México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de agentes del Estado, aunque no se conoce la información del gobierno de cuántas desapariciones forzadas se han cometido. Señalaron en particular, el no reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales e interestatales por lo que realizó un enérgico llamado a que se reconozca ya dicha competencia. 

Al igual que otros informes de organismos nacionales e internacionales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas puso un alerta en relación con la impunidad, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas y la reclasificación de los delitos. En sus varias recomendaciones destacó la solicitud de que se realicen, de inmediato y sin demora, investigaciones exhaustivas e imparciales, se sancione a quienes resulten responsables con penas adecuadas y, sobre todo, un trato digno y respetuoso a las familias de las víctimas y medidas para garantizar su participación.

El gobierno mexicano rechazó el diagnóstico realizado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En 2014, CIDH emitió un Informe en el que señaló que durante 2014 el mayor número de denuncias recibidas de los países de la región en cuanto a violaciones a derechos humanos fueron sobre México: 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en México [*].

En relación con medidas cautelares solicitadas, México estuvo en segundo lugar con 93 solicitudes de las que se otorgaron 6 entre las que se encuentran Tlatlaya e Iguala/Ayotzinapa, de la medida cautelar decretada para este caso surgió el acuerdo para la Asistencia Técnica que permitió la designación excepcional [*] de un grupo de expertos. 

Además de Tlatlaya e Iguala, mandataron medidas cautelares para:

1) La protección de la esposa de Arturo Hernández, presuntamente asesinado por José Luis Abarca, Sofía Mendoza y Nicolás Mendoza.  Éste fue asesinado a pesar de tener medidas cautelares;

2) La protección de unos defensores a derechos humanos indígenas Choreáchi en Chihuahua;

3)  La protección de los periodistas de la Revista Contralínea y 4) Daniel Ramos Alfaro, presuntamente desaparecido por integrantes del ejército en la comunidad de Betania, Michoacán.

Desde 2006 a la fecha, la CIDH ha concedido 50 solicitudes de medidas cautelares en México y enviado seis casos a la Corte Interamericana.

Los siete miembros de la CIDH además tiene 2 mil 212 peticiones pendientes “de estudio inicial” provenientes de México, el mayor número con respecto al resto de países. A estos se suman 130 casos que se encuentran en trámite de análisis. Colombia y Perú se encuentran en segundo y tercer lugar con 1747 y 1034, respectivamente.

Dos casos relevantes se encuentran ante la CIDH en proceso de análisis para Informe de Fondo (enviarse a la Corte Interamericana):

  • El caso Atenco, en el que las víctimas piden a la comisión mande el caso a la Corte;  
  • El caso de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado y dos familiares cometida presuntamente por militares del 35 Batallón asentado en Chihuahua.   

En septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a nuestro país, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México también es demoledor al considerar que se vive una crisis de derechos humanos y que la impunidad alcanza, según estadísticas oficiales, un 98% al existir crímenes que quedan sin resolver porque nunca son propiamente investigados.

El Gobierno Federal rechazó las recomendaciones preliminares bajo la consideración de que acompañan el planteamiento de la Comisión Interamericana de la “existencia de  retos en materia de derechos humanos”, mas no comparten que el “Informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país”, al mismo tiempo que confían en que el informe definitivo reflejará a cabalidad la situación que vive México en materia de derechos humanos.

RELATOR ESPECIAL SOBRE TORTURA DE NACIONES UNIDAS

En marzo de 2015, el Relator Especial contra la Tortura, Juan Méndez, presentó oficialmente su Informe de la visita que realizó en 2014 a nuestro país.  En el Informe,concluye que la tortura y los malos tratos en nuestro país son generalizadosy ocurren entre el periodo de la detención y la puesta a disposición ante autoridad ministerial.  La ausencia de investigación certeza y por tanto, de sentencias en firme, dan cuenta de que se vive un contexto de impunidad.

La respuesta oficial ante este Informe fue el rechazo y un maltrato inédito en la vida diplomática del país al relator al grado de que se le acusó de “irresponsable y poco ético”.

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Derivado de las cuatro medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de las víctimas del Caso Iguala/Ayotzinapa, se acordó entre el Gobierno Federal, la propia Comisión, las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos y sus representantes legales, una asesoría técnica que permitió la creación y operación a partir del 2 de marzo de 2015, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).  Este grupo de expertos, presentó el 6 de septiembre de 2015, un Informe de Conclusiones Preliminares que agrupa en cuatro grandes temas sus recomendaciones sobre este caso:

  • Investigación [*] 
  • Unificar la investigación;  
  • considerar otras violaciones a derechos humanos y delitos (tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, uso ilegítimo de la fuerza (no tipificado en ley federal pero con directrices emitidas el 30 de marzo de 2012 por el gobierno del estado de Guerrero), lesiones y amenazas a los sobrevivientes);  
  • realizar nuevas diligencias ministeriales y periciales (testimonios, telefonía, evidencia balística, cruces de ADN, etc);  
  • posible traslado de estupefacientes como hipótesis del desencadenamiento de la agresión tan brutal;  
  • investigar tortura y malos tratos a presuntos responsables;  
  • segunda autopsia de Julio César Mondragón;  
  • replantear algunas hipótesis de la investigación 
  • Responsabilidades (de este tema no ha habido respuesta conocida públicamente) 
  • Determinar otras responsabilidades (cuerpos de seguridad presentes y omisión o comisión);  
  • investigar otros posibles responsables (testimoniales presentan otros probables responsables);  
  • nuevas capturas de los imputados (ha sido capturado ya el Cabo Gil); patrimonio de probables responsables (ingresos, transacciones bancarias, prestanombres) y vínculos con otros probables intervinientes;  
  • obstrucción de la investigación 
  • Búsqueda (de este tema tampoco no ha habido respuesta conocida públicamente) 
  • Mantener la búsqueda en acuerdo con la Policía Federal;  
  • examinar otros lugares compatibles con restos cremados (crematorios públicos y privados);
  • actualizar mapa de fosas clandestinas e investigación de casos de otros desaparecidos en Iguala (tecnología láser-lidar);  
  • incorporar fotografías satelitales y tecnología de búsqueda 
  • Atención a víctimas 
  • Cumplir las recomendaciones para atención psicosocial, legal, social, médica y de salud, así como medidas de protección; consolidar mecanismos de información con familiares y víctimas;  
  • reformas [*] y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos con el estado (10 puntos de la reunión con el titular del Ejecutivo federal el 29 de octubre de 2014);  
  • considerar medidas de protección y prevención  

Además de las recomendaciones en particular sobre el caso Iguala, derivado de su  propio mandato, los expertos emitieron otras recomendaciones generales necesarias para atender con eficiencia y exhaustividad las investigaciones sobre desaparición de personas en México:

  • Registro de personas desaparecidas 
  • Protocolos de búsqueda  
  • Derecho a la verdad 
  • Investigación 
  • Medidas de protección 
  • Reparación 
  • Garantías de no repetición 
  • Educación y formación 
  • Declaración de ausencia 

Y proponen una serie de reformas legales de las que nos tenemos que hacer cargo las y los legisladores federales con la misma intensidad con la que hemos señalado las omisiones y errores en las investigaciones desplegadas por las autoridades federales.

  • REFORMAS LEGALES: 

Tema

Legislación sobre desaparición, en consulta con las víctimas, basada en estándares internacionales

Tipos penales con cuatro elementos:

Desaparición forzada:

  • privación de la libertad,  
  • negativa a informar la suerte u ocultar el paradero de la persona,  
  • sustraerla del amparo de la ley y perpetrada por agentes del estado o por un particular que cuente con aquiescencia de la autoridad 

Desaparición cometida por particulares:

  • privación de la libertad,  
  • negar la información sobre la suerte o el paradero y  
  • la sustracción del amparo de la ley sin aquiescencia de alguna autoridad 

establecer la autoría mediata o responsabilidad expresa de superiores jerárquicos

  • facultad de atracción federal cuando en la entidad federativa no se atienda la investigación 
  • capacidad de obligar a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas a proporcionar en tiempo real ubicación de un número telefónico (geolocalización) sin que implique intervención de la comunicación 
  • reformar nuevamente la legislación militar para que si la víctima de una violación cometida por militares, también se juzgue en el fuero civil 
  • tipificar apropiación de hijos de madres desaparecidas 
  • legislar beneficios por colaboración eficaz para la localización de personas desaparecidas y probables responsables 
  • las testimoniales no pueden constituir plena prueba y siempre debe ser confrontada con otros medios de prueba 
  • derogar el arraigo en la constitución
  • derogar en el código penal las figuras de cuasi flagrancia y flagrancia equiparada
  • elevar a rango constitucional el derecho a la verdad, el deber de recordar (memoria) y el derecho de las víctimas a saber 
  • reformar la Ley General de Víctimas para modificar los requisitos y las autoridades que reconozcan la calidad de víctima y eliminar en reparación de violaciones a derechos humanos el requisito de una sentencia ejecutoriada como prueba plena para probar calidad de víctima 
  • Reformas a las fuerzas de seguridad 
  • Profesionalizar a la policía a todos los niveles  
  • Regular el uso de la fuerza conforme estándares internacionales 
  • Regular que toda autoridad está obligada a intervenir para prevenir violaciones a derechos humanos 
  • Desmilitarizar las estrategias de seguridad en el país (plan de retiro de las FFAA de las operaciones de seguridad pública y determinar constitucionalmente que sólo participarán en seguridad externa) 
  • Mecanismos de control y vigilancia civil a las fuerzas policiales y militares 
  • Reformas institucionales para la investigación y sanción 
  • Organismo pericial y forense autónomo y competente a nivel federal y local con autonomía administrativa y financiera no dependiente ni del ejecutivo ni del judicial ( 
  • Unidad fiscal especializada en casos de desaparición 
  • Jueces federales especializados en derechos humanos con competencia exclusiva en la materia que laboren 24 hrs.  
  • Unidad de análisis de contexto en PGR 
  • Sistema de defensoría pública independiente de poderes ejecutivo 
  • Mecanismo de seguimiento eficaz de recomendaciones o expedientes abiertos por CNDH 
  • Independencia de los Ministros de la SCJN 
  • Reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones de casos individuales 

VISITA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS EN DERECHOS HUMANOS

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló después de una visita de tres días y decenas de reuniones con funcionarios de primer nivel del gobierno federal y organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que se “observa” una grave crisis humanitaria y, con preocupación, señaló la reticencia de las autoridades mexicanas a aceptar los señalamientos críticos que se emiten por esta crisis. El Alto comisionado manifestó su extrañamiento por el “doble discurso” del gobierno mexicano al ser un promotor muy activo por los derechos humanos a nivel internacional mientras expresa su “intolerancia ante la crítica”.  Remató con una frase lapidaria: “En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje” porque “ignorar lo que está sucediendo en México no es una opción para las Naciones Unidas” y no debiera ser tampoco una opción para los políticos mexicanos.

Consideró “impactantes” las cifras de víctimas “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto”: Más de 151 mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, “incluyendo miles de migrantes en tránsito”; al menos 26 mil desaparecidos desde 2007, “muchos posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”, así como miles de víctimas de feminicidios.

En todos los Informes recientes, se considera que la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y la ejecución extrajudicial de seis personas durante la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, devela con crudeza las fallas estructurales del sistema de justicia en México, así como la complicidad incluso en grado de participación directa de integrantes de la clase política a diversos niveles con los grupos delincuenciales de alto impacto dedicados a actividades ilícitas. 

El día martes 20 de octubre, la delegación del Gobierno federal participó en el 156 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se realizaron cuatro audiencias públicas relacionadas con nuestro país:

  • El caso Acteal como Informe de Fondo (es decir, el proceso previo a ser enviado el caso a litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) 
  • Derechos humanos y políticas de drogas en México  
  • Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México  
  • Presentación del Informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Caso Ayotzinapa 

Vale la pena destacar que en el contexto de las audiencias, se logró un acuerdo preliminar sobre la permanencia, en calidad de coadyuvantes del grupo de expertos, y nos parece importante señalar nuestro beneplácito de que ya no sea la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la que esté a cargo del seguimiento a la investigación, nunca hubo claridad del porqué habiendo una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas no fue esta instancia la que llevó a cabo toda la investigación desde sus inicios, por lo que es pertinente que todo el expediente pase a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y sea la Unidad, ahora convertida en Fiscalía, la que dé continuidad y desde ahí se conforme un equipo de trabajo con experiencia y de confianza para las partes.

Para que el cumplimiento de los acuerdos dados a conocer en el sentido de que en la nueva investigación se sigan las recomendaciones y el plan de trabajo del GIEI, se planifique una ruta de indagación, se dé relanzamiento a la búsqueda y se establezca una relación respetuosa y de compromisos con el nuevo equipo que asigne la Procuraduría General de la República, en acuerdo con las familias, sus representantes y el GIEI, agentes del Ministerio Público Federal con experiencia en desaparición que estén exclusivamente dedicados a la investigación de este caso y que, para la protección de otras familias, las investigaciones que actualmente están bajo su cargo de otros casos de desaparición de personas no sean abandonadas pues representan la esperanza de otras familias de que se están realizando las diligencias para la búsqueda y localización de sus familiares desaparecidos. 

Esto significa la necesidad urgente de que se amplíe la planta de autoridades ministeriales y policiales adscritas directamente a la actual Fiscalía y por tanto, de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen recursos suficientes a la Procuraduría General de la República para la búsqueda de personas desaparecidas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abra el capítulo 1000 para la contratación de personal sustantivo que dedique sus esfuerzos al programa de personas desaparecidas.

Un aspecto central de los acuerdos del gobierno federal con el GIEI de la CIDH, se refiere a que se valore el daño y el avance de la reparación integral del mismo, lo cual implica que la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asuma con absoluta responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones.

Y por último, la confidencialidad de la información ha sido una de las demandas que desde septiembre de 2014 ha sido exigida por las familias y sus representantes en el sentido de que, en estricto cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales de derechos de las víctimas, no se hagan públicas actuaciones ni informaciones sin darlas a conocer primero a las familias.  Acompañamos la exigencia de que a partir de este nuevo acuerdo para la continuidad de los trabajos del GIEI, en calidad de coadyuvante, se cumpla a cabalidad con este acto de respeto a la dignidad de las familias y las víctimas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual la Cámara de Senadores:

PRIMERO. SOLICITA AL  TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS NECESARIAS PARA ATENDER TODAS LAS RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DERIVADOS DE CONVENCIONES INTERNACIONALES DE LAS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE.

SEGUNDO. SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE APERTURE EL CAPÍTULO 1000 EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SUSTANTIVO (MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL) ASIGNADO AL PROGRAMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.

TERCERO. SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES A FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CUARTO. SE SOLICITA A LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE FORMAN PARTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE DEFINAN Y PROPONGAN UNA RUTA CRÍTICA QUE PERMITA CONSTRUIR EL ANDAMIAJE LEGAL PROPUESTO POR EL GRUPO DE EXPERTOS.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil quince.

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA

SEN. ARMANDO RÍOS PITER


[*] Septiembre, 2013. SCJN. Contradicción de tesis 293/2011.
Reconoce la jerarquía constitucional de los tratados y la obligatoriedad de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, al mismo tiempo, generó una regresión al cumplimiento del principio ‘pro persona’.

[*] http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/AIMexFueraControl.pdf

[*] https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/

[*] Resumen del Informe Anual de la CIDH.Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de-violaciones-de-derechos-ante-la-cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/indice.asp

[*] Sólo en dos ocasiones se ha acordado por la CIDH, la asistencia técnica: Caso Digna Ochoa y ahora Iguala/Ayotzinapa

[*]Lo señalado en rojo es sobre lo que ya ha habido algún pronunciamiento oficial

[*]Reformas a la Ley General de Víctimas, en especial el artículo 65 para revisar los supuestos para reparar violaciones a ddhh.  ESTOY PREPARANDO  YA LA REFORMA A LA LGV que incorpore este tema y otros que a la luz de la implementación se ha visto impide la reparación.  En este tema el Senado está en una falta terrible, porque es el órgano legislativo que nombró a la y los Comisionados que han incumplido la ley sin ninguna consecuencia.

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