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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica


Del Sen. Zoé Robledo Aburto, a nombre del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, para ampliar el plazo de finalización de la transición digital en la radiodifusión.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Propone modificar el párrafo tercero del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, publicado el 11 de junio de 2013, que establece que la transición digital debe concluir el 31 de diciembre de 2015, para que dicho proceso culmine el 30 de junio de 2016.

Proposed to amend the paragraph third of Article fifth transitory decree reforming various constitutional provisions on telecommunications, published on June 11, 2013, which states that the digital transition be completed on December 31, 2015, so that the process will culminate June 30, 2016.

Quien suscribe, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión,en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, para ampliar el plazo de finalización de la transición digital en la radiodifusión, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El desarrollo tecnológico es una condición indispensable para el desarrollo social y económico de los pueblos. Es un generador de bienestar, que multiplica las posibilidades de las personas para acceder a benefactores cada vez más eficacesen materia de salud, de alimentación, de vivienda, de información, educación y cultura, así como de esparcimiento.

Sin embargo, en las economías emergentes occidentales, el desarrollo tecnológico no siempre tiene una dinámica de inclusión social, no siempre tiende a diseminar con agilidad sus beneficios hacia el grueso de la población, sino que generalmente está sujeto a determinaciones comerciales, al lucro de los capitales que lo generan o lo incentivan.

Así sucede, por ejemplo, con la industria farmacéutica en materia de salud; con la industria agroalimentaria en materia de alimentación y con lasdistintas formas de comunicación masiva, destacadamente con la radiodifusión, en materias de información, cultura y esparcimiento. Por lo general, para hacer asequibles los beneficios del desarrollo tecnológico a esas mayorías, se precisa de la intervención del Estado; con mayor razón en áreas estratégicas para un país, donde el propio Estado mantiene un esquema más riguroso de gestión, vigilancia, control o, incluso, propiedad, siempre en aras al interés público.

Tal es el caso específico de la radiodifusión en nuestro país. Nuestra Constitución confiere al Estado Mexicano el dominio directo sobre el espacio que surcan las ondas eléctricas de las telecomunicaciones y establece un régimen especial de regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,siempre buscando maximizar los beneficios sociales que ofrecen esas vías de comunicación.

A esa necesidad de regulación especial responde el activo papel que ha desplegado el Estado Mexicano en los procesos de convergencia tecnológica y transición digital de la radio y la televisión.La historia viene de lejos y ha pasado por acciones diversas e incluso contradictorias: desde la sesión gratuita de espectro radioeléctrico a las televisoras para la creación de canales de televisión digital como “espejos” de los tradicionales canales analógicos, hasta la orden directa de la última reforma constitucional del llamado “apagón analógico” y el rescate de la banda por el Estado, sin olvidar la política social de regalo de aparatos televisivos que el gobierno en turno transformósin mucha destreza en mecanismo de cooptación electoral.

Unas y otras medidas han sido muy insuficientes en cuanto a los frutos esperados. Hoy enfrentamos de nueva cuenta los magros resultados de la política regulatoria en nuestro país, ante el riesgo de provocar un detrimento importante en las posibilidades de ejercicio de los ya diezmados derechos de acceso a la información social, a la cultura y al esparcimiento de una parte muy importante de la población mexicana; como siempre, quienes carecen de la posibilidad de adquirir en el mercado regular un aparato de radio o de televisión con las nuevas tecnologías.

¿Cuál es el problema?

En el proceso legislativo que desembocó en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada el 11 de junio de 2013, los legisladores federales consideraron pertinente establecer el 31 de diciembre de 2015 como plazo para dar por finalizada la transición digital terrestre en materia de radiodifusión; es decir, que a partir de esa fecha todas las estaciones de televisión deberán realizar sus transmisiones en todos los canales mediante la tecnología digital, misma que no puede ser recibida por los aparatos televisivos de tecnología analógica con los que cuenta una parte importante de la población mexicana. Tal medida es conocida como el “apagón analógico”.

Ese proceso de transición digital comenzó, puede decirse, en julio de 2004, cuando un Acuerdo del Ejecutivo Federal estableció el estándar tecnológico al que debían apegarse los radiodifusores para realizar la transformación de su infraestructura de comunicación. El estándar escogido ofrecía, según describe el propio acuerdo, los beneficios de

  1. “La eficiencia en la transmisión de las señales, que permita maximizar la cobertura de la población con la menor potencia posible, a fin de replicar con tecnología digital la actual cobertura analógica al menor costo;  
  2. El aprovechamiento de potenciales economías de escala en la producción global de aparatos de recepción, a fin de tomar ventaja de la reducción de costos en beneficio de la sociedad; 
  3. La disponibilidad de aparatos de recepción en condiciones favorables de calidad, diversidad y precio;”  

Por cierto, que para “facilitar” el tránsito, el Acuerdoasignó a los medios de comunicación un canal adicional para realizar transmisiones digitales simultáneas por cada canal analógico que tuvieran concesionado, los llamados “canales espejo”, y de paso estableció como fecha límite para concluir la transición digital el 31 de diciembre de 2021, fecha que podría ser “revisada” por el Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Pero para 2008, la propia autoridad advertía que los canales digitales que ya se transmitían no estaban siendo captados por la mayoría del público televidente, pues los aparatos digitales eran adquiridossólo por el segmento de la población que contrata televisión restringida. Es decir, no se habían dado los resultados esperados.

Por eso, para septiembre de 2010, en un intento por acelerar la transición digital, el Ejecutivo Federal emitió un Decreto por el que fijó como plazo para el apagón analógicoel periodo comprendido entre el año 2011 y el 31 de diciembre de 2015y estableció un esquema de reparto de televisiones digitales entre la población de escasos recursos por vía de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, el decreto fue objeto de controversias constitucionales y su vigencia fue suspendida por la Suprema Corte hasta noviembre de 2011, habiéndose perdido ya el primer año de esa transición. Tampoco estas medidas surtieron efectos en beneficio de la población que, en buena cantidad, siguió contando con aparatos de tecnología analógica.

Aún con la persistencia de esos problemas, la reforma constitucional de 2013 retomó el plazo del último día del año 2015 para realizar el llamado “apagón analógico” y ordenó al Congreso legislar para promover el acceso de la población a los equipos necesarios. Así, el párrafo segundo del artículo Quinto Transitorio de esa reforma dispone:

“La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.”

Para dar cumplimiento a dicha orden constitucional, el legislador federal estableció en el Artículo Transitorio Décimo Noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la obligación del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de implementar los programas y acciones vinculados a la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores; es decir, nuevamente, la política de reparto de televisores digitales.La política fue implementada y, como sabemos, convertida en un mecanismo para coaccionar el voto ciudadano en la pasada elección, los resultados no fueron los adecuados.

A pesar de todo, las disposiciones legales y las políticas gubernamentales tendientes a implementar con eficiencia el apagón analógico, garantizando una cobertura óptima de la población que tendrá acceso a la nueva tecnología, no consiguen un nivel aceptable de implementación. Ello, aún con las declaraciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, que asegura que antes de noviembre cumplirá con la meta de entregar 10 millones de televisores digitales a igual número de familias.

En diversas ciudades de la República se ha realizado ya el apagón de forma paulatina y los resultados no han sido claros. La última experiencia fue verificada el pasado 24 de septiembre en la ciudad de Monterrey y al día de hoy todavía persiste el debate público entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y diversos actores de ese sector. Mientras que el IFT sostiene que en Monterrey y su área metropolitana se quedaron sin señal de televisión alrededor de 472,000 personas, la firma de investigación de mercados Nielsen-Ibope argumenta que la cifra real podría alcanzar unas 645,441 personas sin televisión, es decir, cerca del 16% de los habitantes de esa zona.

Más aún, la misma firma considera que en 28 plazas que se encuentran bajo su estudio podrían quedar sin señales de televisión digital poco más de 7.4 millones de personas. Obviamente, integrantes de familias que no pueden destinar recursos para la compra de una televisión digital.

Aunque son divergentes los datos entre la autoridad de la materia y los empresarios del sector, consideramos preocupante la persistencia de un número importante de familias que pueden perder el acceso a esos medios masivos de comunicación durante las siguientes etapas del apagón analógico y, definitivamente, al 31 de diciembre de este año.

No postulamos que los contenidos difundidos por los medios electrónicos de comunicación signifiquen el cumplimiento efectivo de su función social, es decir, que en una medida adecuada realicen la difusión de programas culturales o educativos, ni calificamos de modo alguno la calidad de la información que transmiten; creemos que esa discusión es fundamental en nuestro país, pero debe darse por separado del análisis y discusión de las posibilidades de acceso de la población a las transmisiones televisivas.Sin duda, esas posibilidades de acceso afectan en forma positiva o negativa la eficacia de diversos derechos humanos.

Formar parte de la sociedad de la información y del conocimiento es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución, a la vez que constituye una obligación a cargo del Estado garantizar la eficacia del mismo. Estos lineamientos forman parte sustancial de la reforma constitucional en la materia de 2013.

La importancia de esta libertad pública radica en que, como derecho fundamental, es reconocido por diversos ordenamientos internacionales y constituye una de las tres vertientes de contención, contrapeso y vigilancia, que según los modelos internacionales debe tener todo Estado moderno democrático: Estado de derecho constitucional con garantías y desarrollo jurídico, división de poderes verdaderamente efectiva y derecho de acceso a la información pública. Su eficacia, por tanto, es de interés público.

Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los “Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente”, considera que para asegurar el acceso equitativo y en igualdad de oportunidades el derecho a la libertad de expresión “exige que los Estados no sólo se abstengan de realizar acciones que impidan el ejercicio de derecho, sino además que adopten medidas para garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad y no discriminación”. Derecho que convive, además, con los de difusión y acceso a la información social, correlativos a su vez de los derechos de acceso a la cultura y al esparcimiento.

Sin duda, el acelerar el final de la transición digital y, en consecuencia, ordenar el cese de toda transmisión de radio y televisión por vía de la caduca tecnología analógica debía traer como consecuencia el reforzamiento de las capacidades de ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos a la información, a la cultura y al esparcimiento de todos los mexicanos, así como facilitar su acceso a benefactores que aporten una mejor calidad de vida.

Sin embargo, a punto de cumplirse el plazo impuesto por el constituyente, las condiciones generadas por las políticas gubernamentales no parecen las óptimas.

Incluso, el vencimiento del plazo para la transición digital pone en riesgo la viabilidad de diversos medios públicos de comunicación, mismos que sí tienden a garantizar la difusión de contenidos culturales, educativos, informativos y de esparcimiento formativo, es decir, medios por vía de los cuales el estado promueve el cumplimiento de la función social de la radiodifusión.

Ello, porque las restricciones presupuestales, que incluyen recortes en tiempos de turbulencias financieras en el sector público, no les han permitido la implementación de los cambios tecnológicos suficientes para soportar el estándar de la digitalización.

Al respecto, también se ha pronunciado la CIDH en el manifiesto citado, al considerar que dentro de los estándares que deberían adoptar los países para garantizar estos derechos se encuentran “los diferentes tipos de medios de comunicación (públicos independientes del Poder Ejecutivo, privados con fines de lucro, y comunitarios o privados sin fines de lucro) deben ser reconocidos y deben poder tener acceso, en condiciones de equidad, a todas las plataformas de transmisión disponibles, incluyendo el nuevo dividendo digital”.

Lo anterior profundiza aún más nuestra preocupación sobre las posibilidades de ejercicio pleno de los derechos fundamentales de millones de familias en nuestro país que no han tenido acceso a los dispositivos adecuados para la recepción de la señal digital y que podrían quedar excluidos de los beneficios que reportan la transición digital y la convergencia tecnológica.

Así, con la finalidad de garantizar la materialización de este derecho y permitir el acceso a la información, al conocimiento, la cultura y esparcimiento en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, tal y como lo mandata la Constitución, es que se debe contar con los plazos necesarios para que existan las condiciones tecnológicas que permitan la eficacia de esta libertad pública.

Por eso se propone una modificación al párrafo tercero del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, publicado el 11 de junio de 2013, que establece que la transición digital debe concluir el 31 de diciembre de 2015, para que dicho proceso culmine el 30 de junio de 2016.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el párrafo tercero del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, para quedar como sigue:

QUINTO.

La transición digital terrestre culminará el 30 de junio de 2016. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República

21 de octubre de 2015

Suscribe

Senador Luis Miguel Barbosa Huerta