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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.


La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 REALIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 4 de septiembre de 2015, la CNDH emitió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014. Al respecto cabe señalar que el artículo 6º, Fracción XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, le otorga una atribución trascendental que permite orientar las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos en los centros de reclusión de nuestro país, a través de la elaboración de un diagnóstico que examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los derechos humanos. De igual manera, conforme a la reforma del 10 de junio de 2013 se adiciona un apartado sobre incidencias que se susciten al interior de los centros penitenciarios, tales como homicidios, riñas, motines y quejas, tanto del ámbito estatal como federal, para obtener información que nos permita llevar una estadística más clara.

Este instrumento denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), es ya un indicador importante de referencia obligada como consulta, tanto para autoridades penitenciarias como para académicos e investigadores interesados en el tema.

La CNDH señala que para llevar a cabo este Diagnóstico, se trabajó sobre una muestra conformada por los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, incluyendo varoniles, mixtos y femeniles, en las 32 entidades federativas, cuya población total al momento de aplicar las guías de supervisión fue de 195,329 internos; asimismo, se visitaron 20 centros federales, entre los cuales se encuentran los 5 que conforman el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), representado un incremento de 23,878 internos más; de igual manera se incluyeron las tres Prisiones Militares, con 838 internos, así la muestra abarcó el 90.06% del total de la población penitenciaria nacional1, lo que significó un incremento de 2.44% respecto del porcentaje considerado en el DNSP 2013; que fue de 87.62%; ahora bien, con relación al DNSP 2012, (79.93%), y DNSP 2011, (75.10%), el incremento fue de 10.13%, y 14.9%, respectivamente.

Es importante mencionar, que en el diagnóstico de la situación de las prisiones en nuestro país, no se reflejan cambios significativos entre los años 2013 y 2014, prevaleciendo el tema de sobrepoblación y la falta de personal de manera constante, y como una de las problemáticas más importante en donde se observa también un gran porcentaje población procesada.

Por lo que se refiere a centros estatales, las deficiencias detectadas se refieren a la no separación entre procesados y sentenciados, a la falta de personal capacitado y con un salario acorde a la actividad que desempeña, así como insuficiente suministro de equipamiento.

Existe deficiencia de acciones para prevenir y atender incidentes, así como la falta de protocolos para ello. Asimismo se observa insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación y en el proceso de reinserción social, hecho que vulnera el derecho a la protección a la salud y puede representar efectos negativos para la seguridad de los centros.

En la imposición de sanciones se ha observado que no en todos los casos se respeta el derecho de audiencia, no siempre se realiza certificación de integridad física y durante el cumplimiento de la sanción el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares, de la sanción impuesta.

En algunos centros se detectó deficiencia o inexistencia de áreas que deben conformar las instalaciones, a fin de que reúnan las condiciones necesarias para cumplir con sus objetivos, tal es el caso de las áreas de ingreso, cocina, comedores, servicio médico, aulas, talleres, de actividades laborales, entre otras, así como dormitorios lo que provoca hacinamiento, con deficientes condiciones materiales y de higiene, falta de mantenimiento, de agua y de mobiliario.

Se observaron en algunos casos áreas de privilegios así como de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia y control sobre el resto de la población, deficiencias que vulneran los derechos a recibir un trato digno, de igualdad y de legalidad.

La falta de reglamento interno, así como y de manuales de procedimientos para el ingreso, traslado de internos, uso de la fuerza, solicitud de audiencias con autoridades, presentación de quejas, ingreso de visitantes, revisión de estancias y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario, que regulen las actividades diarias de los centros, constituye una preocupación por el riesgo que representa para la debida observancia de los derechos humanos, así como también la deficiente o nula difusión de la normatividad.

Otra problemática detectada es la deficiencia en el control de los centros por parte de la autoridad, permitiendo que los internos intervengan con poder de decisión en la seguridad, los servicios y las actividades, productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima , uso de los teléfonos y otros, situación que vulnera la seguridad, favorece la violencia y presión que se ejerce para mantener el control, se destaca que 76 de los centros estatales visitados se observaron situaciones de esta índole.

No en todos los casos se prevé la existencia de registros sobre casos de probables violaciones a derechos humanos, así como de un procedimiento para su atención o procedimiento para la remisión de quejas por parte de los internos ante la instancia competente, no se facilita la comunicación con los Organismos Locales de Protección de los Derechos Humanos, en la mayoría de los centros visitados no existe acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos, lo que dificulta mecanismos efectivos para la prevención de prácticas que vulneren la integridad y la dignidad de los internos.

Por otra parte, la violencia al interior de estos establecimientos está relacionada con diversos factores derivados de las condiciones de encierro y de las deficiencias en las acciones para prevenir incidentes violentos, así como a la falta de manuales o protocolos de actuación que establezcan los procedimientos que deben observar las autoridades y particularmente el personal de seguridad y custodia en ese tipo de eventos.

Finalmente, en los CEFERESOS se detectaron también deficiencias en la prevención de probables violaciones a los derechos humanos así como de procedimientos para la remisión de quejas de los internos ante la CNDH.

En cuanto a las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública a implementar junto con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario una estrategia nacional que permita reorientar las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos y revertir las fallas estructurales de los centros de reclusión de nuestro país, que se desprenden del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ.