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Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica









De los Senadores Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Elena Barrera Tapia y Roberto Albores Gleason, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inclusión de las personas con discapacidad.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


La iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 4 constitucional para establecer que el Estado deberá promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el mundo, 15% de la población total, quienes suelen ser objeto de discriminación a causa de prejuicios o ignorancia, además de que no tienen acceso a servicios esenciales.

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala que en México hay 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6% de la población total.

a).- Por género:

  • 2´931,134 (dos millones novecientas treinta y un mil ciento treinta y cuatro) que equivale al 51.1%, son mujeres. 
  • 2´800,136 (dos millones ochocientos mil ciento treinta y seis) que equivale al 48.9%, son hombres. 

b).- Clasificadas por rango de edad:

  • 60 años de edad o más: 26% 
  • 30 a 59 años de edad: 5% 
  • 15 a 29 años de edad: 2%  
  • 0 a 14 años de edad: 1.6%. 

c).- Por causa generadora:

  • 39% señaló que la causa fue alguna enfermedad 
  • 23% la edad avanzada 
  • 16% el nacimiento  
  • 15% por accidente. 

d).- Tipos de discapacidad:

  • 57.5% dificultad para caminar  
  • 32.5% dificultad para ver 
  • 16.5% dificultad para oír 
  • 8.6%  dificultad para hablar o comunicarse 
  • 8.1%  discapacidad intelectual 
  • 7.9%  dificultad para atender el cuidado personal 
  • 6.5%  dificultad para poner atención. 

Dentro las estadísticas encontramos datos preocupantes: más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi el 20% percibe menos de un salario mínimo.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en su edición 2010, nos revela que las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.

I. Contexto Internacional:

a).- Declaración Universal de los Derechos Humanos

El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el principio de igualdad y no discriminación, a la letra, señala:

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”

De ahí se parte para el desarrollo de una red normativa para hacer efectivos tales derechos.

b).-Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El 27 de septiembre de 2007, el Senado de la República aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, con lo que se dio un paso importante y fundamental en cuanto al respeto y fomento de sus derechos, al erigirse como medio para alcanzar el respeto a la dignidad y a la oportunidad de un desarrollo sano e integral de las personas con discapacidad.

Dentro de sus mecanismos de control y seguimiento, la Convención establece la creación de un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), órgano conformado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención y se encargan de evaluar los Informes presentados por los Estados Partes.

De lo anterior se deriva que los Estados que ratificaron la Convención están obligados a presentar al Comité, por conductos del Secretario General de la Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de 2 años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate. Los Estados deben presentar el primer informe 2 años después de la aceptación de la Convención y, posteriormente, cada 4 años.

Dichos informes deberán contemplar las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención, en los cuales se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas.

c).- Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

El 2 de julio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estableció una Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue impulsada por México, contando con el apoyo de 84 países, teniendo como objetivo consolidar en todo el mundo la promoción y protección a los derechos de las personas con discapacidad, así como identificar los obstáculos y barreras que impiden o frenan la plena participación de este grupo en la sociedad, con lo cual se refrenda una vez más el compromiso del Estado Mexicano.

d).- Informe de las observaciones realizadas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, al informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los pasados días 16 y 17 de septiembre de 2014, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en sus sesiones 145ª y 146ª examinó el informe inicial de México, aprobando las observaciones finales en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014.

Dentro de estas observaciones se recomienda al Estado Mexicano lo siguiente:

  • El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad.  
  • El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente.  
  • Recomienda al Estado parte establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión.  
  • Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación. 
  • Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones. 
  • Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones. 
  • Adoptar un plan nacional de atención en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que incluya de manera transversal a las personas con discapacidad, y a las instituciones que las atienden. 
  • Implementar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad.  
  • Revisar y armonizar su Código Civil para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos e hijas.  
  • Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación –primaria, secundaria y superior-, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares.  
  • Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado. 

e).- Tratado de Marrakech.

Este Tratado tiene como objetivo impulsar que en legislación nacional sobre derecho de autor, para establecer que las entidades autorizadas estarán facultadas a realizar, sin ánimo de lucro, ejemplares en formato accesible que podrán distribuirse mediante préstamo no comercial o comunicación electrónica, en favor del acceso a la información de las personas con discapacidad visual. En México hay aproximadamente 2.5 millones de personas con discapacidad visual.

Fue aprobado por el Senado de la República el 30 de abril de 2015 y depositado ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 29 de julio pasado, siendo México el noveno país en cumplir con su proceso de ratificación.

II. Contexto Nacional

a).-La reforma constitucional de 2011 generó un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano al aprobarse una ambiciosa reforma sobre Derechos Humanos. El espectro de la misma fue muy amplio al grado que aquella parte de la Constitución conocida en la doctrina como la parte dogmática, nombrada “Las Garantías Individuales” ha sido renombrada para pasar a ser “De los Derechos Humanos”.

Como muestra el Poder Judicial de la Federación ha emitido tesis 1a./J. 29/2015 (10a.) en donde se establece a los Derechos Humanos establecidos en tratados internacionales como parte del catálogo de derechos para el parámetro de regularidad constitucional siempre aplicando el principio pro persona.

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.

b).-El Estado Mexicano se ha colocado históricamente como un promotor de los derechos humanos a nivel internacional, particularmente de los derechos de las personas con discapacidad.

En esa virtud, desde el Poder Legislativo hemos trabajado en la creación y aplicación de marcos jurídicos cuyo objetivo es promover y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad.

En el año 2005,existían alrededor de 32 leyes que trataban el tema de la discapacidad. Cada una de manera diferente, sin contemplar la terminología, ni criterios adecuados para el reconocimiento de las personas con discapacidad.

La configuración de este marco normativo generó confusión, trato diferenciado y discriminación involuntaria. Por ello, fue necesario aprobar en ese mismo año una Ley General de Personas con Discapacidad que estableciera parámetros para la elaboración de normas locales y el desarrollo de políticas públicas, sin embargo aún tenía una visión asistencialista.

En ese sentido y en virtud de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que generó un cambio de paradigma sobre la conceptualización de la discapacidad y su atención, se trabajó en un marco normativo con enfoque de derechos humanos que fue publicada el 30 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación bajo la denominación de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que define trasversalmente los derechos de las personas con discapacidad en diversas materias como salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público por mencionar solo algunos.

Asimismo, en este Poder Legislativo, se ha trabajado en asegurar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, contemplando en las reformas estructurales más importantes del país, como lo fue la reforma en materia en telecomunicaciones y radiodifusión, y en materia de transparencia y acceso a la información en donde se establecen textualmente derechos y garantías de los mismos.

Derivado de las discusiones y aportaciones realizadas tanto por legisladores como por la sociedad civil, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla dos capítulos de derechos a personas con discapacidad, un esfuerzo en conjunto con la sociedad civil que promueve que los dispositivos tengan funcionalidades, programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad a la audiencia con discapacidad, quienes además contarán con servicios de subtitulaje, doblaje al español y Lengua de Señas Mexicana.

Asimismo, establece procedimientos accesibles para la solicitud de servicios de emergencia, el reconocimiento de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad; así como que los portales de internet de las instituciones públicas federal y de las entidades federativas deberán contar con funciones de accesibilidad.

Por su parte la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públicacontiene una serie de preceptos que tienen como finalidad cumplir con las disposiciones internacionales y nacionales en materia de discapacidad.

Ejemplo de ello, lo tenemos con el establecimiento de los “Ajustes Razonables” que son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos.

En igual sentido, la obligación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la promoción e implementación de acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información.

c).-En el Poder Judicial de la Federación se han emitido más a través de diversos tribunales, más de 20 tesis jurisprudenciales referentes a la discapacidad desde el año 2012, que nos permiten como legisladores incorporar estos elementos a ordenamientos jurídicos.

Igual de relevante resultan los lineamientos emitidos por la Primera Sala para la interpretación del estado de interdicción en torno a las personas con discapacidad, que fueron producto de una sentencia de amparo promovido por un joven con Síndrome de Asperger, en la cual se abordó el nuevo modelo social de discapacidad. 

De igual manera es importante reconocer los esfuerzos del Poder Judicial Federal tras la aprobación y adopción del “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y Pueblos Indígenas.” y emisión “El Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en caso que involucren Derechos de Personas con Discapacidad.” los cuales vienen abonar a la correcta aplicación de las normas para el respeto y ejercicio pleno de las personas con discapacidad. 

d).- En cuanto al Poder Ejecutivo contamos desde el año 2011 con el citado Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual ha sido creado con la finalidad de ser el órgano rector en materia de la política nacional dirigida al fomento, respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, entre las diversas acciones que contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para al actual sexenio, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad , que tiene como objetivo que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Asimismo en materia de inclusión, el PND destaca dentro de sus estrategias lo siguiente:

VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Líneas de acción

  • Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación. 
  • Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo. 
  • Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad. 

Es por lo anteriormente señalado en donde aún con todos los esfuerzos y trabajo el contexto que viven las personas con discapacidad no es el adecuado, así como por la necesidad de que sean reconocidos sus derechos sin restricción alguna, que la presente iniciativa tiene como objetivo elevar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad a la Carta Fundamental, la cual es concebida como el marco jurídico supremo de nuestro país.

En ese sentido, siendo congruentes con el papel fundamental que ha desempeñado México en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, se propone la adición de un párrafo al artículo 4° Constitucional en el cual se tiene como base el derecho a la igualdad, diversos derechos de índole social fundamentales para el desarrollo humano y un enfoque en el cual se establece la obligación del Estado para garantizar el ejercicio de derechos humanos y la inclusión de grupos poblacionales históricamente vulnerados.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se adiciona un párrafoal artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o…

El Estado deberá promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 17 de septiembre de 2015

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA

SENADORAANABEL ACOSTA ISLAS

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA.

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad